Un operativo federal realizado en la zona centro de Veracruz dejó siete personas detenidas, entre ellas el director de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 61 del IMSS, ubicada en Córdoba.

El detenido fue identificado como José Roberto Balcázar Castillo, cuya captura ocurrió durante las primeras horas del viernes 6 de noviembre, en el fraccionamiento Residencial Los Pinos, en Fortín de las Flores.

Hasta el momento, las autoridades federales y la Fiscalía no han precisado los delitos formales que se les imputan a los detenidos, aunque reportes preliminares y el contexto de la operación apuntan a posibles investigaciones por vínculos con la delincuencia organizada, colusión o redes de protección institucional.

Entre los asegurados también figuran otros cuatro trabajadores del IMSS, adscritos a distintas áreas de la institución en la región Córdoba-Orizaba.

El IMSS Veracruz Sur confirmó que cinco de los siete detenidos pertenecen a su plantilla laboral y precisó que ninguno tenía funciones relacionadas con el manejo de recursos, compras o suministro de insumos.

Tras las detenciones, el Instituto informó que colaborará con las autoridades y garantizará la continuidad de los servicios médicos. La doctora Liliana Rodríguez Gutiérrez quedó a cargo de la dirección de la Clínica 61.

Atzacan, Ver.- El cuerpo de una mujer asesinada a balazos fue encontrado en medio de unos cañales, a un costado del camino de Vista Hermosa, hechos de los que tomó conocimiento la Fiscalía del Estado.

Los hechos se registraron este fin de semana, cuando personas que pasaban por el camino vecinal que comunica a Ixtaczoquitlán con Santa Anna Atzacan, se percataron que había una persona sin vida entre los cañales.

Al lugar se trasladaron elementos de las diferentes corporaciones de seguridad, que al confirmar el hallazgo, procedieron con el acordonamiento del sitio, además que dieron parte a las autoridades competentes.

Trascendió que la víctima, que permanece en calidad de desconocida, presentaba impactos de arma de fuego. El cuerpo lo trasladaron al Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley.

La Fiscalía del estado abrió la carpeta de investigación respectiva para intentar esclarecer los hechos.

Xalapa, Ver.- El Congreso de Veracruz dejó de ser el filtro para proceder penalmente contra alcaldes y síndicos, al aprobar con 38 votos a favor, 9 en contra y una abstención una reforma que elimina la declaración de procedencia como requisito previo para investigarlos y procesarlos por la probable comisión de delitos.

Hasta ahora, para proceder penalmente contra esas autoridades se requería que dos terceras partes del Congreso determinaran si había lugar a retirarles la protección procesal conocida como fuero. Con la reforma, la Fiscalía y los jueces podrán actuar sin esperar una autorización previa del Poder Legislativo.

Al tratarse de una reforma a la Constitución de Veracruz, la aprobación del Congreso no concluye el procedimiento. Para que el cambio entre en vigor deberá ser avalado por la mayoría de los 212 ayuntamientos del estado, mediante sesiones de Cabildo.

Los municipios cuentan con 30 días naturales, a partir de que reciban el proyecto, para comunicar su decisión al Congreso; si no responden dentro de ese plazo, la reforma se tendrá por aprobada por ese ayuntamiento.

Precisa que con esta reforma, las autoridades competentes podrán ejercer sus atribuciones sin requerir previamente una declaración del Congreso del Estado, evitando que dicho requisito constituya un obstáculo para la investigación y persecución de los delitos. La modificación se limita a los cargos expresamente señalados y mantiene sin cambios el régimen de las demás personas servidoras públicas comprendidas en el primer párrafo del artículo 78 constitucional.

La instancia legislativa detalla que los Artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen regímenes de responsabilidad para determinadas autoridades locales, entre ellas las personas titulares de los poderes ejecutivos, las diputaciones y ciertos cargos judiciales, sin incluir a las autoridades municipales dentro del procedimiento previsto en el artículo 111 por delitos del orden común.

De igual forma, ejemplifica legislaciones locales en las que las presidencias municipales y demás integrantes de los ayuntamientos no requieren una declaración previa del Congreso para que las autoridades competentes puedan proceder penalmente en su contra.

Fuente: Agencias