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La ‘4T’ denigra, humilla a sus oficiales

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Qué les cuento, que la ‘4T’, a los oficiales del Servicio de Protección Federal les vendió gato por liebre. No bastó con que fueran atraídos con falsas promesas a su reclutamiento; ahora, con menos de un año de servicio, son víctimas de despidos exprés disfrazados de “baja voluntaria” para evitar liquidarlos conforme a la ley.

Así como lo están leyendo

Las anomalías en el SPF que he venido documentando empezaron desde que se enrolaron, pues, aunque les plantearon ofertas laborales atractivas, la realidad es que los hoy 13 mil 100 elementos desplegados en oficinas de migración, muelles, bancos de bienestar, ISSSTE y otros, enfrentan condiciones humillantes:

Inhale y exhale

Sin uniformes, entrenamiento, armas, comida, alojamiento y a la merced del crimen.

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Al cierre de 2023, de buenas a primeras, el SPF, a cargo del comisionado Luis Wertman Zaslav, a través de Violeta Millán, les notificó a decenas de oficiales el término de su contrato. Los oficios les fueron entregados por sus supervisores o jefes de turno en las delegaciones a las que estaban asignados en los 32 estados del país. Sin decir agua va, les presentaron hojas cuasi en blanco con la palabra “baja”, obligando a muchos a firmar su cese, bloqueando, con ello el pago correspondiente a sus finiquitos, primas y otras prestaciones.

¿La justificación?

El presuntamente haber reprobado los exámenes de control de confianza. El pero es que los contrataron.

¿Si habían reprobado por qué los dejaron ingresar?

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Tres de los afectados hablaron para este espacio.

El primer caso es una mujer a quien llamaremos oficial ‘C’ para resguardar su identidad. Ella se accidentó en diciembre pasado de camino a su lugar de trabajo como guardia de seguridad en el ISSSTE. La caída de una combi se convirtió en una dolorosa cirugía de tobillo que la mantiene con incapacidad y problemas de movilidad.

La oficial ‘C’ cumpliría su primer año en el SPF el 1 de enero de 2024; sin embargo, fue hasta que acudió a tramitar su incapacidad subsecuente que se le informó que ya no formaba parte de la corporación. En realidad, fue una confirmación, reconoce, ya que uno de sus compañeros le había advertido que su nombre figuraba en una lista de al menos 87 elementos dados de baja, tan sólo en la CDMX.

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“Yo me entero por compañeros en chat de guardias. Pero a mí jamás me notifican, ni por medio de mensajes, ni llamadas, ni por medio de nada. Yo voy a entregar la incapacidad y ya no me la aceptan por la misma situación”, lamenta la oficial, a quien le restan al menos otras tres semanas de reposo.

Café con piquete

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No fue la única. A otros de sus compañeros les llegó la notificación desde el 29 de diciembre, previo al Año Nuevo. La comanda era que debían presentarse a la base de las oficinas que están en Miguel Ángel de Quevedo, en la capital del país, por no haber aprobado su examen.

“Esa es la justificación que dan ellos, pero pues estamos de acuerdo que si tú no pasas un examen de control y confianza simplemente no te contratan”, señaló la oficial ‘C’, quien sólo presentó esta prueba antes de entrar a la institución y no hubo una subsecuente. ¿Para qué contratar entonces en un inicio a quien no aprobó? No es creíble ese pretexto”, insistió.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de 2018 a la fecha el número de elementos en el SPF había pasado de 3 mil 504 a 13 mil 100. Mientras que el número de inmuebles bajo su resguardo pasó de 100 a 2 mil 454.

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El oficial Luis ingresó al Servicio de Protección Federal en marzo de 2023, en el reclutamiento que se hizo para trabajar en el Banco del Malestar… ah no, perdón, del Bienestar.

“Nunca falté, nunca tuve arrestos, nunca tuve ni una falta, nada”, aseguró. Pese a eso, también fue despedido en vísperas del Año Nuevo.

Ni bien terminaba su turno, se le avisó que había sido dado de baja y que debía presentarse en la CDMX para entregar su uniforme, el único que le dieron. Además, lo corrieron del hotel donde dormía.

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Con dinero prestado y mucha incertidumbre, el oriundo de Tlaxcala viajó junto con otros de sus compañeros a la capital. El primero de enero estuvieron desde las 5:00 am en las oficinas de Miguel Ángel, esperando una respuesta. A las 11, y con los ánimos encendidos, salió Jorge Aaron Hirschberg Salazar, director general de Servicios de Seguridad para recibirlos. La excusa fue la misma: fallas en el examen de confianza.

Ojo, pues Luis presentó su examen ocho meses después de entrar y no como requisito para el empleo. Pese a ello, se le rescindió su contrato, haciéndole firmar una hoja en blanco, con amenazas y presiones. ¡Quihúboles!

“Lo que le estamos diciendo a los compañeros del grupo es fijarse lo que vayan a firmar. Pónganse abusados porque si firman baja les van a agregar que ustedes están pidiendo su renuncia voluntaria”.

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Increíblemente, Luis refiere que a todos les dieron la opción de volver a ser contratados en los próximos seis meses, pero sería volver a hacer exámenes, su academia de dos semanas y dejar toda la documentación para tener al final el mismo problema.

Son oficiales de todos los estados del país, muchos de los cuales no sólo cambiaron su residencia para trabajar, sino que se llevaron a su familia confiados en el trabajo que les prometieron.

Irreal, pero cierto

Para quienes no alcanzan hotel, el SPF les otorgaba una dispersión para pagar comidas y rentas, pero muchas veces el pago no caía. Se les pedía ser comprensivos y apoyar la “difícil situación” en la institución que, según los afectados, cobraba sueldos completos a las dependencias y pagaba por debajo a los guardias.

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A la guerra sin fusil

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Tampoco les dan chamarra, uniformes o ropa adecuada para aguantar de 12 a 24 horas de servicio, a la intemperie. Menos aún armas, o entrenamiento para usarlas. Y aunque no hay pruebas, sí rumores de algunos que se han disparado en su propio pie.

Para quienes se resignan al despido, se viene otro problema. La pérdida de sus documentos, como cartillas, sin las cuales no pueden buscar otro empleo para seguir manteniendo a sus familias.

El oficial ‘E’ denuncia incluso que los atraen con engaños, porque el salario real que reciben es de 109 pesos al día cuando ingresan.

Al inicio de su gobierno, el presidente AMLO instruyó a fortalecer el Servicio de Protección Federal y ofrecer empleo digno a mujeres y hombres.

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Pero más bien, esto parece ser un mal-trato.

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La columna se publicó originalmente en El Financiero reproducida aquí con permiso de la autora.

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Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

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El costo de la violencia

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El crimen organizado y la violencia en América Latina suponen un lastre para el desarrollo económico de América Latina. Es lo que sostiene el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe Crimen violento e inseguridad en América Latina y el Caribe: una perspectiva macroeconómica. El principal hallazgo es que la operación de grupos delictivos genera pérdidas equivalentes al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) latinoamericano. Así, el crimen disminuye la productividad laboral, los altos costos de seguridad reducen la probabilidad de que las empresas inviertan en innovación y las pequeñas empresas son las más vulnerables a sus efectos nocivos.

Con apenas el 8% de la población mundial, América Latina y el Caribe registra un tercio de los homicidios del mundo. Los grupos delictivos organizados y las pandillas están vinculados al 50% de los asesinatos en América Latina, más del doble del promedio mundial. Existe evidencia creciente de grupos transnacionales de narcotráfico organizado que están expandiendo sus operaciones a la minería ilegal de oro, la tala y el tráfico de vida silvestre en la cuenca del Amazonas. Las actividades ilícitas a menudo implican delitos convergentes como corrupción, extorsión, fraude, lavado de dinero, asalto violento o violencia sexual.

El FMI asegura que la reducción en la tasa de homicidios de América Latina y el Caribe impulsaría el crecimiento del PIB hasta en un 30% de la región, a través de una mayor acumulación de capital y productividad total de los factores. La disminución de la violencia de género también aumentaría el empleo entre las mujeres.

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Las ondas expansivas de los efectos del crimen organizado alcanzan desde el ciudadano de a pie hasta las grandes empresas. Un 30% de las compañías de la región perciben a la delincuencia como su problema clave y los costos directos —el valor de las pérdidas debido al delito y el gasto de las empresas en seguridad— se estiman en alrededor del 7% de sus ventas anuales. El análisis muestra además, que el tamaño de la empresa es importante. Las pequeñas empresas enfrentan pérdidas relativamente mayores debido a la delincuencia y gastan relativamente más en seguridad. Los costos directos de la delincuencia como porcentaje de las ventas anuales son casi el doble para las pequeñas empresas, un 7.8%, mientras que para las grandes empresas sólo supone un 4.1%. El impacto regresivo del delito también podría empujar a las pequeñas empresas hacia el sector informal.

En cuanto a México, el organismo señala que las redes criminales están profundamente vinculadas al tráfico de drogas y la extorsión. Al poner el foco en la segunda economía de América Latina, sólo detrás de Brasil, el FMI señala que la presencia de bandas criminales en México reduce la actividad económica, los ingresos y la educación al obstaculizar la movilidad de la población. La presencia de las bandas delictivas en México se concentra en algunos estados del norte del país, como Baja California, así como en el Bajío y centro de México, de acuerdo con un mapa elaborado por el organismo, a partir de datos oficiales. Como en otros países de América Latina, el órgano multilateral advierte una fuerte percepción de impunidad y corrupción al interior de las corporaciones de seguridad, misma que inhibe que los crímenes lleguen a denuncias.

Dadas las complejidades y los efectos indirectos de la violencia, el FMI insta a seguir dos recomendaciones:

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El fortalecimiento de la cooperación internacional contra las drogas ilícitas, el tráfico de armas y el lavado de dinero mediante la mejora del intercambio de inteligencia y la coordinación de operaciones conjuntas también ayudaría a reducir la rentabilidad del crimen organizado y la accesibilidad a las armas de fuego.

La seguridad se mejora fomentando un entorno de estabilidad económica, con políticas de educación, protección social y seguros bien diseñadas, que contengan la pobreza, el desempleo y las desigualdades. Las políticas que mejoran la educación de alta calidad y las oportunidades laborales para los jóvenes pueden debilitar el reclutamiento de organizaciones criminales al aumentar las recompensas por la educación y el empleo.

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May señala de liderar grupo criminal a jefe de SSP nombrado por Adán Augusto

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Historia de Expansión Política

El morenista Javier May, gobernador de Tabasco, dijo que Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública en los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino, dirigía al grupo criminal ‘La Barredora’. El mandatario acusó a las administraciones pasadas de haber permitido que los grupos de la delincuencia organizada »echaran raíces» en la entidad. ‘Nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada. Va a haber cero impunidad y vamos a atender las causas. Entonces yo creo que quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto’, dijo sobre mantas en las que presuntos miembros de crimen organizado aludieron al actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Tabasco, Víctor Hugo Chávez Martínez, y al comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Morán. ‘La Barredora’ es un grupo criminal local vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

‘Los que informaban también tendrán que explicar si tienen ellos información de que había pacto con la delincuencia organizada. No es que no hubiese pasado nada en Tabasco, no es que no hubiese secuestro, no hubiera extorsión, era un secreto a voces que había cobro de derecho de piso, que se les cobraba a las fondas, a los comerciantes», expresó May durante la conferencia de prensa. ‘Todos saben, aquí era vox pópuli quién comandaba ‘La Barredora’ ¿O no sabemos?’, cuestionó May. ‘Hernán Bermúdez’, respondió uno de los asistentes al evento. ‘Sí, ¿no?», aceptó el mandatario. »Pareciera ser que tenemos amnesia de lo que pasó, yo llevo en el encargo apenas un mes y medio, y ya vimos cómo se perfilan, cómo van cambiando su línea de comunicación, ahora es la nota roja lo más importante, lo más preponderante de algunos medios, y antes no destacaban nada’, expuso el mandatario que rindió protesta el 30 de septiembre pasado. ‘A nosotros no, ni nos van a buscar porque ya saben que no vamos a pactar. Con nosotros no hay ninguna relación, ningún encuentro con este tipo de cárteles u organizaciones’, expuso. Enero de este año, tras episodios de violencia en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena renunció a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad gobernada en ese momento por Carlos Merino. La salida del secretario se dio tras los asaltos que se registraron en Villahermosa la tarde del 4 de enero y las balaceras, incendios de autos y bloqueos de vialidades acontecidos en diciembre de 2023. Tras la renuncia de Bermúdez, el entonces comisionado de la Policía Estatal José del Carmen Castillo quedó como encargado de despacho de la SSP. Hernán Bermúdez Requena fue nombrado como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tabasco en diciembre 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López. En enero de este 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de propaganda los hechos de violencia ocurridos en Tabasco. Adán Augusto López Hernández gobernó en Tabasco entre el 1 de enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021. Después se unió al Gabinete de López Obrador.

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Y la Gobernadora Evelyn Salgado canta: ‘Si nos dejan…’

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Desde 2021, en su campaña por la Gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado acostumbraba a cerrar sus mítines políticos entonando canciones de Selena Quintanilla.

Sin embargo, ya a cargo de la entidad y mientras la violencia azota a los guerrerenses, la morenista ha sido criticada por estar más presente en “palomazos” que en momentos críticos de su Administración.

La noche del miércoles, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Acapulco (OFA), la Mandataria estatal cantó a dueto con el intérprete Jorge “Coque” Muñiz la canción “Si nos dejan”.

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Esa misma noche, a las 21:30 horas, fueron abandonados a un costado del carril sur-norte de la Autopista del Sol, en el Kilómetro 272, en el paraje conocido como “El Parador de Marqués”, 11 cuerpos desmembrados de comerciantes que estaban desaparecidos desde octubre pasado.

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“Se burlan de Guerrero, tanto su padre como ella, mientras el Estado ardiendo por la inseguridad”, comentó un usuario de redes sociales.

“Se la pasa cantando y divirtiéndose a costa del luto de familias”, apuntó otro.

Y es que la Mandataria se encontraba en la inauguración del recinto turístico y cultural El Partenón de Zihuatanejo, inmueble que pertenecía el ex jefe de la Policía de la Ciudad de México, Arturo Durazo, y que fue incautado por la ex Procuraduría Federal de la República.

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Lo que llamó la atención fue que se trasladó en helicóptero, en lugar de hacerlo por tierra en la carretera federal de la Costa Grande, donde en las últimas tres semanas se han registrado múltiples hechos de violencia y sus pobladores han tenido que encerrarse en sus casas para evitar ser víctimas del crimen.

“Pronto vamos a ir a Tecpan de Galeana y a Atoyac, en donde hay el apoyo de las fuerzas de seguridad que nos están ayudando”, alcanzó a decir la Gobernadora.

Los habitantes de los Municipios de Tecpan, Atoyac y San Jerónimo no han regresado al cien por ciento a la normalidad, luego los enfrentamientos que se registraron entre dos organizaciones de la delincuencia organizada con el Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal que dejaron un saldo de al menos 30 muertos.

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Sólo entre el miércoles y el jueves pasado, de acuerdo con informes, Guerrero vivió una ola de violencia con 30 asesinatos: 11 en Chilpancingo; 4 en Coyuca de Benítez; 3 en Teloloapan; 3 en Tecpan de Galeana, y uno en Cochoapa el Grande.

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