Columnas
La ‘4T’ denigra, humilla a sus oficiales

Qué les cuento, que la ‘4T’, a los oficiales del Servicio de Protección Federal les vendió gato por liebre. No bastó con que fueran atraídos con falsas promesas a su reclutamiento; ahora, con menos de un año de servicio, son víctimas de despidos exprés disfrazados de “baja voluntaria” para evitar liquidarlos conforme a la ley.
Así como lo están leyendo
Las anomalías en el SPF que he venido documentando empezaron desde que se enrolaron, pues, aunque les plantearon ofertas laborales atractivas, la realidad es que los hoy 13 mil 100 elementos desplegados en oficinas de migración, muelles, bancos de bienestar, ISSSTE y otros, enfrentan condiciones humillantes:
Inhale y exhale
Sin uniformes, entrenamiento, armas, comida, alojamiento y a la merced del crimen.
Al cierre de 2023, de buenas a primeras, el SPF, a cargo del comisionado Luis Wertman Zaslav, a través de Violeta Millán, les notificó a decenas de oficiales el término de su contrato. Los oficios les fueron entregados por sus supervisores o jefes de turno en las delegaciones a las que estaban asignados en los 32 estados del país. Sin decir agua va, les presentaron hojas cuasi en blanco con la palabra “baja”, obligando a muchos a firmar su cese, bloqueando, con ello el pago correspondiente a sus finiquitos, primas y otras prestaciones.
¿La justificación?
El presuntamente haber reprobado los exámenes de control de confianza. El pero es que los contrataron.
¿Si habían reprobado por qué los dejaron ingresar?
Tres de los afectados hablaron para este espacio.
El primer caso es una mujer a quien llamaremos oficial ‘C’ para resguardar su identidad. Ella se accidentó en diciembre pasado de camino a su lugar de trabajo como guardia de seguridad en el ISSSTE. La caída de una combi se convirtió en una dolorosa cirugía de tobillo que la mantiene con incapacidad y problemas de movilidad.
La oficial ‘C’ cumpliría su primer año en el SPF el 1 de enero de 2024; sin embargo, fue hasta que acudió a tramitar su incapacidad subsecuente que se le informó que ya no formaba parte de la corporación. En realidad, fue una confirmación, reconoce, ya que uno de sus compañeros le había advertido que su nombre figuraba en una lista de al menos 87 elementos dados de baja, tan sólo en la CDMX.
“Yo me entero por compañeros en chat de guardias. Pero a mí jamás me notifican, ni por medio de mensajes, ni llamadas, ni por medio de nada. Yo voy a entregar la incapacidad y ya no me la aceptan por la misma situación”, lamenta la oficial, a quien le restan al menos otras tres semanas de reposo.
Café con piquete

No fue la única. A otros de sus compañeros les llegó la notificación desde el 29 de diciembre, previo al Año Nuevo. La comanda era que debían presentarse a la base de las oficinas que están en Miguel Ángel de Quevedo, en la capital del país, por no haber aprobado su examen.
“Esa es la justificación que dan ellos, pero pues estamos de acuerdo que si tú no pasas un examen de control y confianza simplemente no te contratan”, señaló la oficial ‘C’, quien sólo presentó esta prueba antes de entrar a la institución y no hubo una subsecuente. ¿Para qué contratar entonces en un inicio a quien no aprobó? No es creíble ese pretexto”, insistió.
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de 2018 a la fecha el número de elementos en el SPF había pasado de 3 mil 504 a 13 mil 100. Mientras que el número de inmuebles bajo su resguardo pasó de 100 a 2 mil 454.
El oficial Luis ingresó al Servicio de Protección Federal en marzo de 2023, en el reclutamiento que se hizo para trabajar en el Banco del Malestar… ah no, perdón, del Bienestar.
“Nunca falté, nunca tuve arrestos, nunca tuve ni una falta, nada”, aseguró. Pese a eso, también fue despedido en vísperas del Año Nuevo.
Ni bien terminaba su turno, se le avisó que había sido dado de baja y que debía presentarse en la CDMX para entregar su uniforme, el único que le dieron. Además, lo corrieron del hotel donde dormía.
Con dinero prestado y mucha incertidumbre, el oriundo de Tlaxcala viajó junto con otros de sus compañeros a la capital. El primero de enero estuvieron desde las 5:00 am en las oficinas de Miguel Ángel, esperando una respuesta. A las 11, y con los ánimos encendidos, salió Jorge Aaron Hirschberg Salazar, director general de Servicios de Seguridad para recibirlos. La excusa fue la misma: fallas en el examen de confianza.
Ojo, pues Luis presentó su examen ocho meses después de entrar y no como requisito para el empleo. Pese a ello, se le rescindió su contrato, haciéndole firmar una hoja en blanco, con amenazas y presiones. ¡Quihúboles!
“Lo que le estamos diciendo a los compañeros del grupo es fijarse lo que vayan a firmar. Pónganse abusados porque si firman baja les van a agregar que ustedes están pidiendo su renuncia voluntaria”.
Increíblemente, Luis refiere que a todos les dieron la opción de volver a ser contratados en los próximos seis meses, pero sería volver a hacer exámenes, su academia de dos semanas y dejar toda la documentación para tener al final el mismo problema.
Son oficiales de todos los estados del país, muchos de los cuales no sólo cambiaron su residencia para trabajar, sino que se llevaron a su familia confiados en el trabajo que les prometieron.
Irreal, pero cierto
Para quienes no alcanzan hotel, el SPF les otorgaba una dispersión para pagar comidas y rentas, pero muchas veces el pago no caía. Se les pedía ser comprensivos y apoyar la “difícil situación” en la institución que, según los afectados, cobraba sueldos completos a las dependencias y pagaba por debajo a los guardias.
A la guerra sin fusil

Tampoco les dan chamarra, uniformes o ropa adecuada para aguantar de 12 a 24 horas de servicio, a la intemperie. Menos aún armas, o entrenamiento para usarlas. Y aunque no hay pruebas, sí rumores de algunos que se han disparado en su propio pie.
Para quienes se resignan al despido, se viene otro problema. La pérdida de sus documentos, como cartillas, sin las cuales no pueden buscar otro empleo para seguir manteniendo a sus familias.
El oficial ‘E’ denuncia incluso que los atraen con engaños, porque el salario real que reciben es de 109 pesos al día cuando ingresan.
Al inicio de su gobierno, el presidente AMLO instruyó a fortalecer el Servicio de Protección Federal y ofrecer empleo digno a mujeres y hombres.
Pero más bien, esto parece ser un mal-trato.
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La columna se publicó originalmente en El Financiero reproducida aquí con permiso de la autora.
Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.
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Un vuelco en la estrategia de seguridad

Opinión de Alfonso Zárate | El Universal |
Quizás resulte inverosímil, pero hay una materia en la que las exigencias del hombre naranja empatan con las de las fracciones más conscientes de la sociedad mexicana: la de abandonar la simulación y la complicidad y poner en marcha una estrategia que contenga y repliegue a la delincuencia.
El secretario Omar García Harfuch encabeza una estrategia que, sin admitirlo, rompe con años de inacción y simulación (“abrazos, no balazos”). De dientes para afuera el gobierno federal podrá seguir con la cantaleta de que se propone atender primero las causas estructurales de la violencia, haciendo creer que el reparto de los dineros sirve para eso, pero lo crucial es que está empezando a usar los enormes recursos humanos, tecnológicos y bélicos con los que cuenta el Estado para enfrentar a las organizaciones criminales.
Unos cuantos hechos dentro de estos primeros seis meses del gobierno de la doctora Sheinbaum muestran un vuelco en la estrategia de seguridad que impuso López Obrador: la entrega de Rafael Caro Quintero y 28 narcotraficantes, la utilización de la Plataforma México, la atención a los territorios prioritarios, las capturas de generadores de violencia, el incremento de decomisos de armas y drogas…
Un ejemplo mayor: la noche del 21 de octubre en el ejido Plan de Oriente (El Doce) en Culiacán, tuvo lugar una operación militar para detener a Edwin Antonio Rubio López, alias El Max, integrante de una célula de El Mayo Zambada; de acuerdo con la información oficial, sicarios habrían abierto fuego contra los militares que repelieron el ataque con un saldo de 19 personas abatidas y ninguna baja del Ejército. Los militares aseguraron 4 ametralladoras, 17 armas largas, 5 armas cortas y un fusil Barret. No resulta creíble que tomando por sorpresa a los militares y disponiendo de semejante capacidad de fuego, los sicarios no hayan herido o matado a ningún soldado y que el “enfrentamiento” haya terminado con ese saldo.
El segundo episodio tuvo lugar el 4 de enero en Bácum, Sonora, donde —según la información oficial— una agresión de hombres armados contra agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dejó un saldo de ocho sujetos abatidos, entre ellos dos que eran objetivos criminales y contaban con órdenes de aprehensión. Sorprende que en ambos sucesos la narrativa oficial fue la de una agresión de los criminales con armas de fuego, a la cual se respondió con una eficacia y letalidad sorprendentes.
Si, en efecto, en el primer tramo del gobierno de Claudia Sheinbaum los homicidios dolosos se han reducido 12%, los secuestros 9.3% y las extorsiones casi el 13%; una conclusión provisional sería que enfrentar a los criminales con la fuerza del Estado, en vez de darles abrazos, rinde resultados positivos. Pero, más allá de la detención de alcaldes de municipios pequeños coludidos con bandas delincuenciales, sigue ausente un enfoque integral, la participación de todas las instituciones del Estado y actores sociales e intocadas las redes políticas de protección a los grupos criminales.
Presidente de GCI.
@alfonsozarate
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No es la apología, es el tejido social roto

Opinión de Jorge Nader Kuri | El Universal |
El reciente concierto en Zapopan, donde se proyectó la imagen de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, y se coreó con euforia una canción que lo glorifica, no es un hecho aislado ni un simple exceso artístico. Es el reflejo brutal de un fenómeno más profundo: la fractura del tejido social y la derrota simbólica del Estado en muchas regiones del país.
Limitar la discusión a si se violó o no el reglamento municipal, o si procede una investigación penal por apología del delito, es una respuesta jurídicamente correcta, pero éticamente insuficiente. Porque lo verdaderamente preocupante, más allá de la proyección de la imagen de un capo, es que haya sido celebrada, grabada, compartida y aplaudida por cientos de asistentes.
Ese aplauso espontáneo, cómplice o inconsciente, es la expresión de un quiebre colectivo. Cuando una comunidad comienza a admirar al que impone el miedo; cuando el narcotraficante se convierte en símbolo de poder, justicia o éxito, estamos frente a un fenómeno estructural: la sustitución del Estado por el crimen organizado como proveedor de orden, recompensa y sentido de pertenencia. Cada ovación a un criminal es un silencio ensordecedor ante la ausencia del Estado.
El problema es esencialmente político, ético y cultural; y mientras se pretenda enfrentar con boletines y carpetas de investigación lo que en realidad exige una estrategia integral de reconstrucción comunitaria, seguiremos perdiendo la batalla por el alma colectiva.
El gobernador de Jalisco ha condenado los hechos y anunciado sanciones, y la Universidad de Guadalajara ha intentado deslindarse institucionalmente del contenido. Pero esa reacción reactiva llega tarde, y no basta. ¿Dónde estaban los controles previos? ¿Qué protocolos existen para evitar que los símbolos del crimen se normalicen en espacios públicos administrados por entidades educativas?
La verdadera respuesta pasa por recuperar la presencia estatal en los territorios y en el imaginario social. Porque mientras el narco reparta despensas, organice festivales, construya canchas y brinde «justicia» inmediata, seguirá ocupando el lugar que el Estado ha abandonado. La legalidad necesita ser visible, rentable y confiable. De lo contrario, el mito del narco justiciero seguirá siendo más creíble que la promesa vacía de la democracia.
La cuestión no radica en censurar a los músicos ni en restringir los contenidos de sus canciones, sino en reflexionar sobre las condiciones sociales y culturales que permiten que esos mensajes resuenen profundamente en ciertas comunidades. ¿Qué futuro puede vislumbrar un joven que crece en una colonia donde el éxito se asocia con quien ostenta armas, lujos y una legión de seguidores? Estamos formando generaciones para quienes el criminal deja de ser una figura temida y se convierte en un modelo a seguir, y eso es un peligro potencial.
Mientras no reconstruyamos los referentes culturales y los vínculos comunitarios, estaremos combatiendo ídolos con discursos y leyes penales insuficientes, y esto nunca ha funcionado. La legalidad no se impone por decreto cuando el imaginario colectivo ya se rindió ante otros símbolos. Es evidente que el verdadero peligro no es que el crimen se celebre en canciones, sino que se empiece a celebrar en las conciencias.
Abogado penalista.
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El cinismo como manejo de crisis
Opinión de León Krauze | el Universal |
Una de las muchas cosas que distinguen esta época por la que atravesamos de otras etapas de la vida política es la desfachatez. Comienzo con una aclaración obvia pero necesaria: el cinismo siempre ha sido parte de los políticos y asumir responsabilidades por una equivocación siempre ha sido algo raro. Pero lo de ahora es distinto. Y ejemplos sobran, tanto en México como en Estados Unidos.
El manejo de crisis —que, en otras épocas, al menos, daba cabida a la rendición de cuentas— ahora sigue un método recurrente: negar cualquier responsabilidad y evitar asumir costos en absolutamente todos los casos. Es el mantra del gobierno que encabeza Donald Trump. Y lo es porque ha sido el modo de operar del propio Trump desde su época como empresario. Trump nunca pierde, y cuando pierde trabaja para crear la ilusión de lo contrario. Aunque las circunstancias más esenciales de la decencia —e incluso de la evidencia— así lo sugirieran, Trump nunca admite un error.
El ejemplo más reciente es lo sucedido con el tristemente célebre chat de Signal, en el que el secretario de Defensa, Hegseth, compartió detalles confidenciales del ataque contra los hutíes. Tan clara y profunda es la falta que el desenlace correcto —e incluso legalmente congruente— sería la salida de Hegseth y, probablemente, del asesor de Seguridad Nacional, Waltz, quien fue quien sumó al periodista Jeffrey Goldberg a la conversación virtual. Si este escándalo hubiera ocurrido bajo cualquier otra administración, la rendición de cuentas sería inevitable.
Pero no con Trump.
Ante el escándalo, Trump se ha atrincherado, negándose a que los miembros de su gabinete rindan cuentas. Los rumores en Washington sugieren que Trump no está dispuesto a despedir a ninguno de los involucrados porque hacerlo implicaría, en su universo, reconocer debilidad y otorgarles un triunfo a sus adversarios. Por la cabeza no le pasa la rendición de cuentas elemental que debe ejercer un gobierno ético.
El cinismo es el principio rector de su manejo de crisis
Lo mismo pasa en México. Basta ver el caso de Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué el partido oficial se niega a quitarle el fuero a Blanco? Si la evidencia es clara, y la necesidad moral de hacerlo —mucho más para un partido que se dice progresista, que ha prometido renovación moral, que se autodefine como feminista, y bla, bla, bla— es tan evidente, ¿por qué Morena opta por arropar a Blanco?
La respuesta está en el manual de manejo de crisis, uno de los legados esenciales de Andrés Manuel López Obrador. Como Trump, López Obrador asumía cada crisis como una amenaza casi personal a su asidero en el poder. No concebía la rendición de cuentas como un acto de responsabilidad y fortaleza, sino todo lo contrario: quien acepta un error y toma decisiones difíciles para remediarlo, muestra debilidad, pierde puntos políticos y regala una victoria a los adversarios. ¿Cuántas veces escuchó el lector a López Obrador aceptar un error en público? ¿Cuántas veces reconoció un tropiezo propio o de su equipo y actuó en consecuencia, así fuera en contra de sus propios deseos? Se me ocurren muy, pero muy pocas veces, si acaso.
Todo esto podrá tener sentido como estrategia política populista. Después de todo, proyectar esa aura de invulnerabilidad es esencial para mantener el embrujo sobre la base electoral. Pero no hay que confundirlo con gobierno responsable. Ni mucho menos con gobierno ético.
¿Qué le queda al ciudadano? Recordar frente a las urnas. Los partidos en el poder que le han dado la espalda a la rendición de cuentas y actúan desde el cinismo apuestan por la amnesia colectiva. Trump quiere sacar del ciclo noticioso el chat de Signal y que sus “periodistas” afines desvíen la atención. En México llevamos años en un ciclo similar. Tocará al electorado demostrar que se puede tener memoria y se puede aspirar a gobiernos que asuman que rendir cuentas es de valientes.
@LeonKrauze
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