Opinión de Carlos Ramírez | Debate |

Si se buscará el hilo que pudiera desenredar la estrategia de la Casa Blanca hacia México, habría cuando menos dos elementos para tomar en cuenta: la crisis de 1984-1985 por la deuda externa, Centroamérica, y el narco y la negativa de los gobiernos del presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum Pardo en el tema que en Washington lo tienen ya procesado como narcopolítica mexicana.

Uno de los principales avisos de la Casa Blanca sobre la agudización de los problemas con México en materia de narcopolítica fue la decisión unilateral de la versión estadounidense de la unidad de inteligencia financiera –allá conocida como FinCEN– para sancionar a tres empresas mexicanas que desde las evaluaciones estadounidenses estarían lavando dinero del Cártel de Sinaloa. El dato mayor estuvo la inclusión en esa lista de Casa Vector, del financiero Alfonso Romo que había sido coordinador de empresarios de la campaña de López Obrador y luego asesor principal en Palacio Nacional.

El otro llegó de manera indirecta: Estados Unidos se quejó de que México no estaba atacando el espacio muy importante de lavado de dinero del narco porque en la Unidad mexicana de Inteligencia Financiera estaba Pablo Gómez Álvarez, ya identificado por currículum público como un político procedente del viejo Partido Comunista Mexicano 1968-1989. Algunas voces comentaron que poner un comunista en una oficina que debía de tener relaciones directas con el sector más capitalista de Estados Unidos no era un buen mensaje, pero la respuesta enfatizó el papel de Gómez en el primer círculo lopezobradorista.

Después de explorar todos los caminos y de no recibir informaciones ni decisiones para desarticular el poder criminal, de drogadicción y político sobre todo del Cártel de Sinaloa, el presidente Trump tomó públicamente una decisión que ya había asumido en privado: imponer la seguridad nacional americana e incorporar al Ejército estadounidense en operativos territoriales en México contra el Cártel de Sinaloa y sus laboratorios de producción y contrabando de fentanilo.

No se tiene claro si por decisión propia o por filtración inducida, el sábado pasado el The New York Times colocó el cerrojo a la estrategia estadounidense de atacar en México a los cárteles mexicanos con la difusión de un reportaje –-obvio: trabajado con días o semanas de antelación, pero con un muy certero sentido de oportunidad política– en el que se denunciaba que el Cártel de Sinaloa seguía produciendo fentanilo en Sinaloa y también continuaba contrabandeando a Estados Unidos.

Esta fue la información que esperaba la Casa Blanca para salir con un argumento muy a la mexicana: “ya ven, se los dije, los narcos siguen estando protegidos en México”. Y ahora lo que falta es la dimensión de la puesta en marcha de la determinación operativa en la estructura del Gobierno de Estados Unidos de atacar con el aparato militar americano a los laboratorios y lugares en México donde se produce y se contrabandea el fentanilo. Aquí queda por descontado el hecho de que en Washington no tuvieron mucho interés en los decomisos de millones de litros de huachicol porque esta gasolina robada no es ingerida por los adictos americanos.

Desde 2016 Trump puso en la mira a México en el tema de la narcopolítica y en su primera presidencia le preguntó a su secretario de Defensa lo que ocurriría si Estados Unidos le declarara la guerra de México por el narcotráfico y a otro secretario de Defensa le pregunto si podría lanzar un misil sin identificación oficial sobre los lugares ya identificados por drones de inteligencia en zonas de Sinaloa donde se cocinaba el fentanilo.

Al arrancar su segundo gobierno, el mismo día de su toma de posesión, Trump decretó a los cárteles del narcotráfico mexicano como narcoterroristas y elevó a decisión de estrategia militar de seguridad nacional los objetivos físicos sobre todo y por ahora en Sinaloa donde EU tiene identificados los laboratorios productores de droga. Y antes de dar a conocer una “directiva secreta” –que hay varias– para autorizar al Ejército estadounidense a atacar posiciones mexicanas de los cárteles, el Departamento de Estado aumentó la recompensa por el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro a 50 millones de dólares y señaló oficialmente que cuando menos dos cárteles venezolanos estaban aliados al Cártel de Sinaloa.

La carta del presidente del 11 de julio dejó claro, además del punto que tenía que ver con pequeños proteccionismos comerciales mexicanos, dos advertencias que se referían concretamente al tema del narcotráfico y reiteró el señalamiento de que México nada ha hecho para destruir la infraestructura criminal, física, productiva y política del Cártel de Sinaloa, mientras que EU ya exprimió información de inteligencia a los jefes de esta organización criminal.

Después de los bombardeos de Trump a laboratorios nucleares en Irán que presuntamente estaban produciendo armas nucleares, la amenaza de EU de usar a su Ejército contracarriles en territorio mexicano debe ser tomada en cuenta.

Política para dummies: La guerra –otra vez Clausewitz– es la política por otros medios.

carlosramirezh@elindependiente.com.mx