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La trampa perfecta

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Pocas veces una autoridad electoral enfrenta un dilema tan perverso como el que atraviesa hoy el Instituto Nacional Electoral y los Oples. La elección del Poder Judicial federal y estatal mediante voto popular —reforma impulsada desde Palacio Nacional— ha colocado al INE en el centro de una trampa institucional cuidadosamente diseñada. Si fracasa, se le acusará de incompetente y se exigirá su transformación. Si logra organizarla con eficacia, se interpretará que puede funcionar con recortes presupuestales, con menor personal y sin autonomía plena. En ambos escenarios, el árbitro pierde.

El nuevo modelo de elección judicial fue aprobado con celeridad, en un ambiente marcado por el desgaste institucional y el triunfalismo de una mayoría legislativa que venía de arrasar en las urnas.

La situación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) es aún más dramática. De las 19 entidades que renovarán sus poderes judiciales locales, 12 reportan cero pesos para organizar la elección. Colima, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas operan con menos del 35% de lo solicitado para su funcionamiento anual. En estados como Chihuahua y Tamaulipas las campañas locales deben iniciar el 30 de marzo —al mismo tiempo que las federales— y los OPLE no tienen recursos para hacerlo. El caso de Nayarit es particularmente grave: sufrió un recorte en su presupuesto anual del 66.55%.

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Esta asfixia presupuestal genera problemas técnicos casi insalvables. El INE ha tenido que rechazar, por ejemplo, la utilización de boletas en braille para personas con discapacidad visual, aduciendo «imposibilidad técnica y financiera». Debe imprimir aproximadamente 600 millones de boletas (el doble que en elecciones federales regulares) con listas de decenas de candidatos.

La trampa se extiende a aspectos normativos. Las demarcaciones electorales (entidades federativas y 300 distritos) son diferentes a las judiciales (circuitos y distritos). Agrupar a los electores y distribuir candidaturas requirió improvisación técnica y dosis inevitables de arbitrariedad. Muchos juzgados o tribunales especializados (en materias como competencia económica o telecomunicaciones) sólo podrán ser votados en la Ciudad de México, aunque sus decisiones tengan alcance nacional, incumpliendo dos principios: la igualdad entre ciudadanos y el derecho a votar por sus potenciales juzgadores.

Lo más grave no es sólo la asimetría de condiciones, sino la asimetría del relato. Si la elección se complica, dirán: «el INE no sirve, hay que rehacerlo». Si transcurre sin mayores incidentes, se argumentará que los altos presupuestos eran innecesarios y que bastaba con voluntad política para hacer más con menos. La trampa consiste en que cualquier resultado alimenta la misma narrativa de necesidad de una reforma electoral.

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Y mientras el INE batalla en estas condiciones imposibles, el interés ciudadano en la elección judicial sigue sin nacer. Las estimaciones oficiales —las más optimistas— consideran que la participación ciudadana oscilará entre 8 y 15%. Una de las razones por las que la ciudadanía no está interesada en participar es que este experimento institucional sin precedentes se realiza en un contexto donde la ciudadanía carece de información suficiente para ejercer un voto informado. ¿Cómo evaluar las competencias técnicas de más de mil candidatos judiciales sin un sistema previo de información pública sobre su desempeño? La abstención masiva que se prevé no será resultado de apatía, sino de un diseño que hace prácticamente imposible el ejercicio consciente del voto. Se pretende legitimar con la voluntad popular lo que, en realidad, será decidido por minorías organizadas en torno a intereses partidistas.

La ciudadanía debe entender que la democracia no se defiende sólo en las urnas, sino también en las condiciones que hacen posible el voto libre, informado y efectivo. Un árbitro debilitado es una democracia en riesgo. La elección judicial de este año puede salir técnicamente bien, es posible, aunque quizá poco probable. Pero si lo hace, no será gracias al nuevo modelo, sino a pesar de él. No será gracias al entorno institucional, sino al profesionalismo de quienes, dentro del INE y los OPLE, siguen creyendo en el valor de las reglas y la legalidad, aun cuando se les coloca en una trampa perfecta: hagan lo que hagan, las llevan todas de perder.

Esta trampa institucional no es un fenómeno aislado, sino parte de un patrón reconocible en procesos de erosión democrática. En muchos otros países las reformas judiciales precedieron a transformaciones más profundas del Estado de derecho. El debilitamiento simultáneo de los órganos electorales y judiciales ha sido, históricamente, el preludio a concentraciones de poder que terminan desdibujando la separación de poderes. En nuestro caso este riesgo se amplifica, porque ambas instituciones se debilitan en paralelo.

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Frente a esta trampa perfecta, como sociedad, tenemos tres caminos: la resignación ante el deterioro institucional, la denuncia pasiva o la defensa activa de la autonomía electoral y judicial. Este momento exige una ciudadanía que comprenda que los procedimientos, las formas y las garantías institucionales no son tecnicismos prescindibles, sino la esencia misma de la democracia. Quizás sea hora de que la sociedad civil, la academia y los profesionales del derecho construyan redes de vigilancia y protección institucional, porque una vez desmantelados, los contrapesos democráticos no se reconstruyen fácilmente. Es muy difícil salir de la trampa perfecta.

Información | PROCESO

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Fuente: Agencias

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Nacionales

Hernán Bermúdez, líder de «La Barredora», teme ser extraditado a EU

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«El abuelo» tramitó amparo para frenar presunto proceso

El presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, “El Abuelo” o “Comandante H”, teme ser extraditado a los Estados Unidos.

Por ello, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco tramitó un amparo ante el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal con residencia en Toluca, Estado de México, con el fin de frenar el proceso de traslado y su ejecución.

Sin embargo, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez desechó la solicitud del exmando policiaco tabasqueño, toda vez que no existe un acuerdo de extradición al momento de que tramitó la demanda de amparo.

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En la demanda que tramitó, Bermúdez Requena dijo que recurrió a la protección de la justicia federal contra la extradición, porque el 5 de marzo pasado custodios del penal del Altiplano, en donde se encuentra preso, le comentaron que “ya me iba al gabacho” porque existe una orden de extradición en su contra.

«[.] 5.- En este contexto y durante mi reclusión, el día de ayer, 5 de marzo de 2026, personal (custodios) del Centro Federal de Readaptación Social número 1 «Altiplano» me comentaron que «ya me iba al gabacho» porque existe una orden de extradición en mi contra, lo que se robustece con las notas periodísticas de circulación nacional que agrego al presente (anexo 2), sin que a la fecha se me haya notificado procedimiento dicho formalmente de extradición a solicitud de autoridades de los Estados Unidos de América”, indicó en su resolución.

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Nacionales

Soberanos y solos

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Opinión de Alberto Guerrero Baena

El nuevo escudo del continente: una alianza que México no firmó

El 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral de Florida, 12 países de América Latina y el Caribe firmaron la Doral Charter y fundaron el Shield of the Americas. No se trató de una cumbre de diálogo ni de un foro de cooperación regional al estilo de los que México conoce y frecuenta.

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El costo de siete años de complicidad institucional con el crimen

Se trató del acto constitutivo de algo cualitativamente distinto: una alianza de seguridad colectiva modelada sobre la lógica de la OTAN, donde los países firmantes identifican una amenaza común y se comprometen a enfrentarla con herramientas militares, de inteligencia y operativas coordinadas. La diferencia con la OTAN es reveladora: aquella nación contra una amenaza externa. El Shield nació contra una amenaza que habita dentro de un país que no fue invitado a firmarlo. Ese país es México. Esa asimetría no tiene precedente en la historia de las alianzas hemisféricas, y su peso político apenas comienza a dimensionarse. Llamarlo exclusión diplomática sería demasiado gentil. Lo que ocurrió en Doral fue el veredicto colectivo de una región que observó durante siete años cómo México desmantelaba sus instituciones de seguridad, pactaba con el crimen organizado bajo el eufemismo de los ‘abrazos, no balazos’, y convertía la soberanía en coartada para la inacción. No fue Trump quien aisló a México. Fue México quien se aisló a sí mismo, ladrillo por ladrillo, sexenio tras sexenio, cada vez que eligió la negociación con los cárteles por encima del combate institucional serio. El resultado está en las cifras que ningún comunicado puede maquillar: más de 70 mil estadounidenses muertos el año pasado por sobredosis de fentanilo producido y traficado mayoritariamente desde México. Más de 450 mil mexicanos asesinados en la última década. Un Estado que controla cada vez menos su propio territorio y que llega al momento más delicado de su relación bilateral sin doctrina, sin cuadros técnicos y sin credibilidad operativa ante sus interlocutores más importantes. Ante sus pares latinoamericanos, la imagen de México no es la de un país en dificultades que merece solidaridad. Es la de un Estado que toleró, alimentó y en algunos casos facilitó la expansión de los cárteles hasta convertirlos en el problema de seguridad más grave del hemisferio occidental. Sentarse a la mesa con México habría sido, para los once firmantes, un gesto de complicidad que ninguno estaba dispuesto a asumir.

Washington habla con México, pero no con su gobierno Lo que todavía puede hacerse, si queda voluntad política

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Lo más corrosivo del momento no es la exclusión formal. Es lo que sucede detrás de ella. Washington no abandonó a México como pieza estratégica del tablero hemisférico. Lo que hizo fue más sofisticado, más deliberado y, para el gobierno de Sheinbaum, infinitamente más humillante: construir un canal de comunicación con México que prescinde por completo de su presidenta sin prescindir del país. Ese canal informal lo integran los cuadros técnicos que el cambio de régimen desplazó sistemáticamente del aparato del Estado desde 2018: exfuncionarios de inteligencia, ex oficiales de enlace con la DEA y la CIA, ex negociadores de acuerdos bilaterales de seguridad. Personas sin cargo hoy, sin título oficial, sin vocería pública. Pero con décadas de confianza acumulada con las agencias que diseñan la estrategia hemisférica real. Washington los prefiere exactamente porque no responden ante Sheinbaum, no requieren su autorización y no están atados a la doctrina de soberanía que paraliza al gobierno formal. El canal existe, es activo, y su influencia sobre las decisiones reales crece en proporción directa al deterioro de la relación bilateral oficial. México está siendo gobernado, en materia de seguridad hemisférica, por interlocutores que su propia presidenta no eligió y no controla. El escenario tiene salida, pero exige una lucidez que este gobierno no ha demostrado hasta ahora. Primero : reincorporar a los cuadros técnicos desplazados. La inteligencia operativa que hoy opera en paralelo al gobierno podría operar dentro de él, si hubiera la grandeza política de reconocer que prescindir de ella fue un error estratégico de consecuencias históricas. Segundo : abandonar la retórica de soberanía y sustituirla por resultados verificables. Desmantelamiento real de redes de fentanilo, reforma institucional medible en fiscalías y fuerzas de seguridad, cooperación que Washington pueda presentar como victorias propias. La soberanía invocada como escudo verbal no detiene ninguna alianza. La soberanía demostrada con hechos sí genera contrapeso político real. Tercero : nombrar el problema sin eufemismos. Un gobierno que entiende lo que le ocurre y propone activamente cómo revertirlo negocia desde una posición radicalmente distinta a uno que declara que todo está en orden mientras el poder real se desplaza.

El precio de llegar tarde a la historia

Hay algo profundamente revelador en que Sheinbaum haya descrito a México esta semana como el ‘escudo de las Américas’, apropiándose sin advertirlo de la metáfora fundacional de la coalición que la excluye. No fue torpeza comunicativa. Fue el síntoma más claro de un gobierno que no entiende el momento que vive, que no tiene un marco conceptual para nombrarlo y que, por tanto, no tiene estrategia para enfrentarlo. México estará en el nuevo orden hemisférico. La pregunta ya no es si fue invitado a diseñarlo, porque no fue invitado y esa oportunidad no regresa. La pregunta es si todavía existe voluntad real de ser algo más que el territorio donde ocurre el problema que el Shield fue creado para resolver. La silla vacía en Doral no es una afrenta pasajera. Es la fotografía más honesta del estado en que siete años de negligencia institucional dejaron a este país. _____

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Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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Columnas

La última llamada de Trump y Sheinbaum

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Opinión de Carlos Mota |

El domingo 22 de febrero, a las pocas horas del operativo en el que cayó el delincuente Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, aproximadamente a las 4 de la tarde, un alto funcionario del Gobierno de México recibió una llamada de la Casa Blanca. El funcionario no alcanzó a contestar, pero recibió un mensaje de texto que le solicitaba devolviera la llamada.

Al hacerlo, la asistente personal de Donald Trump dijo que el presidente quería hablar con la mandataria Claudia Sheinbaum para comprender lo que estaba ocurriendo. Varios grupos, de los que suelen hablar negativamente sobre México en redes sociales, ya habían inundado Internet con propaganda adversa, con publicaciones, algunas verdaderas, otras falsas, sobre escenas de lo que estaba ocurriendo. Nuestro país se estaba incendiando: esa era la interpretación que a bote pronto obtuvieron en Washington, pero en México aún no había información oficial sobre el operativo.

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El mexicano pidió unos minutos para consultar. En Palacio Nacional se determinó que se requerían dos horas para establecer la comunicación, a fin de validar información, particularmente la relacionada con posibles afectaciones a ciudadanos estadounidenses. Pero Trump no aceptó, y dijo que la llamada tenía que ocurrir máximo en 30 minutos. Cuando la llamada se estableció, Trump no esperó: “¿Qué está pasando en México?”. Y refirió, palabras más, palabras menos, que las escenas que circulaban lucían terribles, mientras inquirió con su particular énfasis cómo estaban los ciudadanos y los turistas estadounidenses.

La presidenta Sheinbaum atajó con particular serenidad. Explicó que se había llevado a cabo un operativo contra un narcotraficante muy peligroso; que los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta estaban bajo control; que los ciudadanos estadounidenses en la región no habían tenido ningún problema; y que la situación estaba bajo control del Estado mexicano.

La lista de referencias que hizo Sheinbaum, con tono calmado, la familiaridad de la enésima llamada hablándole en inglés y la prontitud con la que respondió a la solicitud terminaron por rendir frutos. A los pocos minutos Trump le dijo algo así como ‘está usted haciendo un gran trabajo’, y se lo repitió un par de veces más: ‘Está usted haciendo un gran trabajo’. La llamada terminó en calma. Dos días después, durante el State of the Union Address, Trump refirió el abatimiento del delincuente y matizó su postura al afirmar que “amplias zonas de México han sido controladas por cárteles de drogas asesinos”. En Palacio Nacional se respiró satisfacción.

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China

Preocupa la meta de crecimiento que ha establecido el gobierno de China para 2026: entre 4.5 y 5 por ciento. Es la meta más baja en décadas, desde los años 90. ¡Uf!

POR: CARLOS MOTA

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COLABORADOR TIKTOK: @SOYCARLOSMOTA

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TRÁMITE DE VISAS EN XALAPA

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