Opinión de Raymundo Riva Palacio | Debate |

Tan pronto como Donald Trump ganó las elecciones presidenciales, en Palacio Nacional comenzaron a hacer cuentas alegres. Personas cercanas a la presidenta Claudia Sheinbaum estaban de plácemes. No querían que ganara Kamala Harris, porque decían que la relación sería muy complicada. En cambio, con Trump, que creían era amigo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que decían conocer de su primer cuatrienio, las cosas correrían tersamente. La realidad tocó la Puerta Mariana el primer día de la nueva administración, al declarar terroristas a los cárteles de las drogas. Y de ahí en adelante, todo ha sido cuesta arriba.

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, metabolizó las embestidas de Trump contra México y, por primera vez en casi un año, sus amenazas intervencionistas para aniquilar a los cárteles, fueron procesados por el régimen como una opción real. Sheinbaum ha reiterado que esa no es una opción para México, lo que es cierto, y que no hay razones para pensar en ello porque la colaboración con Estados Unidos ha sido buena, lo que es parcialmente verdad, porque si bien ha actuado en el tema de la seguridad como se lo han pedido, cuando se trata de actuar judicialmente contra políticos o funcionarios de Morena con vínculos al crimen, ha sido refractaria.

Durante siete meses, que es cuando aterrizó en México el nuevo embajador Ron Johnson, un coronel retirado y operador de campo de la CIA, el gobierno mexicano ha experimentado una presión sin precedente para que actúe, con peticiones específicas y extrañamientos no para que entregue a nadie -que no sea un narcotraficante declarado-, sino para que aplique la ley y proceda contra quienes dentro de la cuatroté se ligaron con criminales.

En todo este tiempo, Washington le ha enviado mensajes y aportado información para que ejecute. Sheinbaum lo ha hecho de manera general, como aceptar la petición de luchar contra las extorsiones, sobre todo en Michoacán contra los productores de aguacate y cítricos, y contra el robo y contrabando de combustible, aunque esto último se estancó en terceros niveles de responsabilidad, que ha provocado fricciones en la relación bilateral y creciente exasperación por la forma como, estiman, está protegiendo a políticos y funcionarios del régimen vinculados a López Obrador. “Todos los caminos conducen a Palenque”, dijo un funcionario estadounidense, “pero (la presidenta) ya dejó de dar la pelea interna. Nosotros, sí la daremos”.

Desde las primeras semanas de haber llegado Johnson, le pidieron combatir de manera coordinada la venta ilegal de hidrocarburos, y le dijeron que habían detectado una red de empresas y empresarios ligados a Morena que se habían enriquecido durante el gobierno de López Obrador. Pronto comenzaron a saltar las quejas de que si bien reconocían los esfuerzos, eran insuficiente y, sobre todo, había pocos detenidos, de bajo perfil, y no veían acciones contra el desmantelamiento de las redes de complicidades dentro del gobierno, las gasolineras y las cámaras del ramo.

En otoño, volvió a haber quejas directas, cuestionando que cómo una investigación que les decían llevaba años, no había producido resultados para frenarlo -hasta hoy sigue floreciendo-, y que debería haber llegado hasta los más altos niveles del crimen organizado, en donde, por la información que les habían proporcionado, involucraba a miembros de alto rango de la Marina.

Estados Unidos le proporcionó a México una lista de personas cercanas a López Obrador, involucrados, por omisión o comisión, en ese delito, entre quienes figuraban el senador Adán Augusto López Hernández, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y los exdirectores de Aduanas, Ricardo Peralta y Horacio Duarte. Funcionarios estadounidenses dijeron que esa información no produjo nada, y lo interpretaron como un blindaje político. Una de las formas como dejaron ver su molestia, fue haber filtrado a la prensa la fotografía del empresario Ms. Universo Hugo Rocha en el hotel más lujoso de Francia, el Ritz de París, acusado de contrabando de combustible, pero mostrar una perla de impunidad.

No fueron los únicos señalados por los estadounidenses que no produjeron las acciones esperadas. Una lista de 12 altos funcionarios entregada en Estados Unidos a un secretario de Estado, quedó archivada. Otra lista de 55 funcionarios y políticos de Morena involucrados con el crimen organizado, también. “No pasa nada”, agregó un funcionario estadounidense. “Todo se lo traga Palenque”.

Lo mismo sucedió con uno de los escándalos del sexenio, el del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, acusado de crear y dirigir al grupo criminal La Barredora. Los estadounidenses informaron a Sheinbaum que era factible que pidieran a los mexicanos juzgar o extraditar a políticos o funcionarios de alto nivel involucrados directamente con el crimen organizado, mencionando específicamente a Bermúdez Requena, y a quien lo nombró, el entonces gobernador López Hernández, pero no pasó nada. No creyeron en Palacio que hablaban en serio.

Tampoco escucharon cuando en los primeros meses de Trump en la Casa Blanca, le envió un mensaje donde decía creer que por colusión, asociación o vinculación, las autoridades mexicanas se encontraban rebasadas y no actuaban contra los cárteles de las drogas, por lo que esperaba una mayor apertura para una mayor colaboración con las agencias estadounidenses. Sheinbaum tomó nota, pero lo soslayó. Trump se lo repitió varias veces por teléfono, pero rechazó que esa colaboración significara el envío de tropas a México. Como resultado de ello, además de las declaraciones de que México está gobernado por los cárteles y que había que “hacer algo”, como lo dijo el domingo, la CIA y el Pentágono comenzaron a recopilar información de inteligencia sobre territorio mexicano de manera unilateral.

Otras áreas de inteligencia están actuando en México y lo sabe la presidenta. Por ejemplo, fue informada que tenían identificada y mapeada toda la red criminal de Hernández Requena, y que estaban bajo investigación del Departamento de Justicia, por presuntos delitos conexos, además de López Hernández el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, y el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez.

Tras la captura de Maduro, Sheinbaum ha estado insistiendo en la soberanía mexicana. Funcionarios estadounidenses dicen que sus palabras no significan nada porque todo ya está fuera de sus manos, sugiriendo que la decisión sobre actuar está tomada, aunque el momento aún no está definido.

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