La empresa enfrenta serios problemas de liquidez, pero no se considera que esté insolvente. Salinas Pliego podría estar buscando una reestructuración en lugar de una bancarrota formal, señala el economista Mario Campa. En tanto, TV Azteca oculta sus finanzas gracias a un juez.

Grupo Salinas es uno de los conglomerados más poderosos y diversificados de América Latina, por lo que parecería próspero. Pero actualmente se encuentra en el centro de una disputa con las autoridades fiscales de México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), debido a una presunta deuda fiscal que supera los 63 mil millones de pesos, la cual su propietario, el multimillonario Ricardo Salinas Pliego, niega rotundamente. La discusión actualmente gira en torno a una deuda derivada sólo de una de las marcas del consorcio.

Este adeudo, según lo comentan las autoridades fiscales, se origina en los costos derivados de créditos fiscales y juicios legales iniciados entre 2008 y 2018 de la firma Elektra. No obstante, la deuda de dicha empresa no es el único problema del consorcio de Salinas Pliego. Mientras que el SAT afirma que la deuda de Elektra es legítima, el conglomerado argumenta que no tiene adeudos firmes y que las acciones contra él son parte de una supuesta persecución política. Además, otra de sus firmas, Televisión Azteca, mejor conocida como TV Azteca, presenta recursos legales para ocultar sus finanzas.

En mitad de esta disputa, los reportes financieros de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) revelan el interés de TV Azteca, la firma en telecomunicaciones del consorcio, por diversificar sus fuentes de ingresos. Al mismo tiempo, el Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, a través del Código de Procedimientos Civiles, exoneró a la empresa de presentar información financiera a la BMV, una práctica que el economista y académico Mario Campa califica como poco convencional. Dado que no se trata de personal hacendario, la empresa TV Azteca, vía civil, logró resguardar información sin apelar al Secreto Fiscal.

El académico comenta que, en efecto, la empresa (TV Azteca de Grupo Salinas) enfrenta serios problemas de liquidez, pero no se considera que esté insolvente. Por lo que la reestructuración de la que se habla en los informes de la BMV solamente aborda el modelo por el cual la empresa pretende pagar menos impuestos. Asimismo, comenta que la búsqueda de un comprador “aún no ha ocurrido”, motivo por el cual Mario Campa afirma que TV Azteca podría estar buscando «comprar tiempo» a través de una reestructuración, en lugar de una bancarrota formal.

“Una decisión inusual por parte de un juez ha prohibido a TV Azteca publicar información financiera, lo cual va en contra de lo que normalmente se espera de una empresa que usa recursos públicos. Esta medida genera sospechas sobre intereses particulares en el sistema judicial. Además, se menciona que los procesos de quiebra pueden ser usados estratégicamente por las empresas para ganar tiempo y reorganizarse, sin que necesariamente implique insolvencia total”, explica el académico.

La compleja estructura de Grupo Salinas

Grupo Salinas, cuya razón social es GS Definición, SA de CV, tiene operaciones en múltiples sectores clave, como medios de comunicación, telecomunicaciones, servicios financieros y comercio minorista. Siendo las marcas Elektra, Italika, Televisión Azteca, Banco Azteca (y derivados), Neto, Purpose, TotalPlay, Dopanime, Dragon y Promo algunos de sus principales negocios.

La deuda en cuestión está vinculada con el uso del esquema de consolidación fiscal (es decir, el modelo por el cual la empresa pagará impuestos), el cual permitía a las corporaciones compensar pérdidas entre subsidiarias. Grupo Salinas opera a través de cinco grandes núcleos estratégicos: finanzas, medios de comunicación, telecomunicaciones, comercio especializado y nuevas tecnologías. En el sector financiero, Grupo Elektra, SAB de CV es el actor principal, integrando entidades como Banco Azteca, Seguros Azteca, Afore Azteca y Purpose Financial, con más de 6 mil puntos de contacto en México y Centroamérica. Además, Italika, la marca de motocicletas, lidera el mercado mexicano con más del 60% de participación.

En medios, TV Azteca, SAB de CV (empresa que logró ocultar información) es uno de los conglomerados televisivos más grandes de habla hispana, con canales como Azteca Uno y ADN40, y una fuerte presencia en plataformas digitales a través de su productora Dopamine. Esta empresa, matriz con la que operan los negocios de comunicación, es la misma que actualmente reporta pérdidas por encima de sus ganancias (-77 millones de pesos), las cuales levantan las alertas de personas especialistas.

Según lo explica el economista y politólogo Mario Campa, en caso de bancarrota los trabajadores y proveedores tienen prioridad sobre los accionistas en la recuperación de activos. Aunque TV Azteca no ha declarado insolvencia, enfrenta problemas de liquidez que ya han generado incumplimientos en el pago de deuda. PODER buscó a las áreas de comunicación de Grupo Salinas a fin de entender los procedimientos fiscales por los que transita, sin embargo, hasta el momento de cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

En telecomunicaciones, Totalplay, SA de CV, se ha consolidado como un actor clave en México, ofreciendo servicios de internet, telefonía y televisión de paga, gracias a su infraestructura basada en fibra óptica. Además, el grupo opera en sectores de comercio electrónico y tecnología avanzada a través de marcas como Neto, Dial Güs y Algorithia, involucrándose también en energías limpias.

 El magnate y la política

Ricardo Benjamín Salinas Pliego, fundador y líder de Grupo Salinas desde 1987, ha sido clave en la expansión global del conglomerado. A lo largo de su carrera ha dirigido empresas como Grupo Elektra, SAB de CV, TV Azteca, SAB de CV, y Azteca Holdings, consolidándose como uno de los empresarios más influyentes de la región.

Sin embargo, su influencia no se limita al ámbito corporativo; también ha fortalecido vínculos con movimientos conservadores internacionales de tinte político, destacando su participación en la Conservative Political Action Conference (CPAC) en Estados Unidos. En estos foros ha defendido principios como la libertad de empresa, la propiedad privada y la desregulación económica, alineándose con figuras como Steve Bannon y Eduardo Verástegui.

Además, Salinas Pliego ha promovido su ideología a través del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, donde apoya debates sobre libertad individual, libre mercado y desregulación. Estas acciones no sólo refuerzan su posición en la política y la economía, sino que también funcionan como un contrapeso a las críticas fiscales que enfrenta en México, proyectando a Salinas no sólo como un magnate, sino como una figura política transnacional.

En diciembre de 2024, durante la edición de la CPAC celebrada en Buenos Aires, Argentina, Salinas Pliego hizo un llamado directo a los empresarios a involucrarse activamente en los problemas estructurales de sus países. “Todos somos responsables de sacar esto adelante”, afirmó en su intervención, subrayando que el deterioro institucional y económico también impacta el entorno de negocios.

Desde el escenario, criticó abiertamente la concentración del poder en México, acusando al gobierno actual de intentar reinstaurar un régimen de partido único liderado por Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En la misma CPAC, propuso incluso que los ciudadanos mexicanos deberían tener derecho a portar armas, citando la Segunda Enmienda de la Constitución estadunidense como ejemplo de una política que, en su visión, fortalece la libertad individual.

Este tipo de afirmaciones ha hecho eco en círculos conservadores de la región y refuerzan su imagen como un defensor de causas afines al pensamiento libertario. Lejos de limitarse al ámbito empresarial, su participación en estos espacios busca proyectar un liderazgo ideológico transnacional.

Impacto en la libertad de expresión

En medio de una evidente crisis financiera, recortes de personal y pérdida de influencia, TV Azteca sigue siendo una de las empresas mediáticas que más recursos recibe del gobierno federal por concepto de publicidad oficial. A pesar del discurso de austeridad y transformación, la asignación de pauta publicitaria en México continúa marcada por la opacidad y la discrecionalidad, según advirtió Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19.

Desde el sexenio de Felipe Calderón hasta el de Andrés Manuel López Obrador, la televisora del Grupo Salinas ha estado entre las principales beneficiarias del gasto público en comunicación social. “Siempre han sido las televisoras las que encabezan la lista. La ley actual lo único que hizo fue legalizar malas prácticas, no corregirlas”, explicó Maldonado en entrevista.

La Ley General de Comunicación Social, aprobada tras una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2017, carece de criterios claros para asignar estos recursos, lo que potencialmente convierte a la pauta oficial en un mecanismo de premio o castigo según la línea editorial de los medios.

A pesar de los intentos de Artículo 19 y otras organizaciones para impulsar una legislación más transparente y justa —incluyendo amparos y propuestas ciudadanas—, el Congreso ha postergado la discusión. Durante el proceso de transición en 2018, se presentó una iniciativa respaldada por periodistas independientes y académicos que incluía criterios técnicos de cobertura, medición objetiva de audiencias y el respeto a los derechos laborales como condición para recibir fondos públicos. Sin embargo, esta propuesta fue desechada por la mayoría legislativa. “La discrecionalidad se mantiene intacta, aunque el presupuesto se haya reducido”, señaló Maldonado.

No sólo es la publicidad oficial. Recientemente otro debate apareció en la discusión pública debido a las recientes modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio difusión. Dichas reformas han sido objeto de controversia debido a que han generado preocupaciones sobre la libertad de expresión y la autonomía institucional.

Una de las reformas más debatidas es la que otorga al Ejecutivo el control sobre el espectro radioeléctrico y permite el bloqueo de plataformas digitales sin criterios claros, lo que ha sido interpretado por opositores como una potencial herramienta de censura. Además, la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la concentración de poder en la Secretaría de Gobernación han sido criticadas por reducir la pluralidad y la independencia en la regulación del sector. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y expertos en telecomunicaciones han señalado que estas modificaciones podrían vulnerar los derechos de las audiencias y limitar el acceso equitativo a la información. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la reforma como una medida para proteger la soberanía nacional, la falta de definiciones claras en la ley ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza entre diversos sectores de la sociedad.

El caso de TV Azteca resulta paradigmático. Mientras la empresa reduce su base laboral y otras compañías del mismo grupo enfrentan denuncias por violaciones a derechos laborales, sigue recibiendo contratos públicos y publicidad oficial. No existe ninguna disposición legal que condicione la asignación de estos recursos al cumplimiento de obligaciones laborales. “Esto no es sólo una falla del sector privado. Es responsabilidad del Estado verificar que se respeten los derechos laborales”, sostuvo el director de Artículo 19. Esta omisión institucional alimenta un ecosistema mediático cada vez más precario, en el que las crisis de los grandes conglomerados arrastran a cientos de comunicadores al desempleo o a condiciones laborales frágiles.

Maldonado también advirtió sobre un problema estructural que ha sido ignorado: la alta concentración del espectro radioeléctrico en manos de tres grandes grupos —Televisa, TV Azteca e Imagen— y la ausencia de políticas para diversificar el ecosistema de medios. La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones cerró aún más las puertas a una regulación autónoma. “La concesión del espectro se ha vuelto a politizar. Esta crisis debería ser una alerta para repensar el modelo y abrir espacio a medios comunitarios y sociales”, afirmó.

Aunque reconoce que toda crisis abre también oportunidades, Maldonado enfatiza que sin una intervención decidida del Estado para garantizar pluralidad, transparencia y derechos laborales, el sistema de medios seguirá funcionando como herramienta política y no como un espacio democrático de información. La pregunta que queda en el aire es: ¿está preparado México para enfrentar el colapso de uno de sus grandes medios sin alterar aún más el frágil equilibrio de su libertad de expresión?