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Michoacán, territorio de tres cárteles terroristas en la mira de Estados Unidos

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Los 58,599 kilómetros de Michoacán no solo son tierra fértil para el cultivo de limón, aguacate y otras frutas, también lo son para la operación de, al menos, 24 grupos delictivos que se tienen identificados en la entidad y entre los que se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos y La Familia Michoacana. Estos tres grupos fueron clasificadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras por el gobierno de Estados Unidos y contribuyen a que la entidad esté sumergida en una ola de violencia que al año deja más de 1,000 homicidios dolosos.

Michoacán es una tierra fértil para la proliferación de una multiplicidad de economías formales e informales, particularmente de estas economías que son claves no solamente para el desarrollo local, regional, sino nacional como el aguacate y el limón.

Esa organización que tiene como líderes regionales a Miguel Ángel Gallegos “Migueladas” tiene como antecedentes de su operación el año 2001 y se dedica al narcotráfico y extorsión.

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En 45 de 113 municipios de la entidad gobernada por Alfredo Bedolla, de Morena, se tiene identificada la operación de las 24 organizaciones criminales que producen y trafican drogas, extorsionan, secuestran, asesinan, venden y compran armas de manera ilícita e incursionan en la minería ilegal. Facundo Rosas, experto en seguridad pública y director de la consultora BlackIND, explica que el abandono que ha tenido Michoacán durante años y la permisividad de autoridades provocaron que en el estado crecieran organizaciones criminales.

“Hay tres elementos: el abandono derivado de la disputa política de quién gobierna qué, en ese enfrentamiento a nivel político entre partidos, entre gobernantes se pierde el control, se pierde la visión; el segundo tiene que ver con los mercados ilícitos porque son fuente de ganancias para los grupos delictivos, entre ellos la extorsión a la actividad agrícola, la actividad minera, y tres que Michoacán es territorio para producción y paso de algunas sustancias ilícitas”, explica en entrevista.

La disputa de las organizaciones criminales sumergió a Michoacán en una crisis de violencia cíclica. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desde el año 2016 el estado se mantiene por encima de los 1,000 homicidios al año, pero en años como el 2021 y 2022 rondó los 2,000 eventos.

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Armando Vargas, coordinador de Seguridad en la organización México Evalúa, explica que a la proliferación de organizaciones también contribuye en la cooptación de autoridades. ‘Para que las organizaciones criminales proliferen, necesitan en alguna medida de protección por parte del Estado. La protección se puede construir a través de la corrupción, pero también de la violencia. Me parece que del lado político ha habido una colaboración, al menos por omisión, por parte de los tres niveles de gobierno frente al crimen organizado’, detalla.

Cuando en un territorio hay más organizaciones, la violencia criminal y política se acentúa por la disputa que hay de los mercados y la geografía.

‘Con la política de descabezamiento que llevó a cabo el expresidente Felipe Calderón, las organizaciones criminales incrementaron su número y esto incrementó la violencia porque hay jugadores que intentaban disputar los diferentes mercados ilícitos’, agrega Vargas.

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Michoacán tiene en su tierra fértil un incentivo también para los criminales, donde los empresarios y productores se han convertido en víctimas de los grupos criminales que los extorsionan, fijan precios del producto y controlan los caminos por donde pasan las mercancías.

La entidad es líder nacional en producción de limón, fresa, zarzamora, lenteja, durazno y ciruela, de acuerdo con datos estatales, pero sin duda, el aguacate es el producto estrella: anualmente produce más de 2 millones de toneladas de la fruta y se exportan cerca de 3,500 millones de dólares, en su mayoría al mercado estadounidense.

La comercialización a ese país es tan importante que, si bien el cultivo del aguacate de Michoacán está en gran medida en manos de productores mexicanos, la comercialización, empaque y distribución internacional, sí involucra la participación de empresas transnacionales, muchas de ellas estadounidenses, por lo que este mercado se vuelve prioritario para los intereses del gobierno de Donald Trump.

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De cárteles a terroristas

En febrero pasado, el gobierno de Estados Unidos declaró a seis organizaciones mexicanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados (ODS) al considerar que constituyen una amenaza para la seguridad nacional “que va más allá de la que plantea la delincuencia organizada tradicional”. Los cárteles designados fueron el de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste (CDN), La Nueva Familia Michoacana (LNFM), Cártel de Golfo (CDG) y Cárteles Unidos). De ellos, tres tienen fuerte presencia en Michoacán.

Cárteles Unidos

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Liderada por Juan José Álvarez Farías, ‘El Abuelo’, esta organización tiene sus antecedentes en el 2010. Tiene presencia en 12 municipios entre ellos Buenavista, Aguililla, Apatzingán y Tepaltepec, que están entre los principales productores limoneros. Estas localidades producen 600,000 de las 670,000 toneladas del cítrico

que genera anualmente la entidad. Cuando el gobierno de Estados Unidos la designó, la describió como una organización transnacional violenta que participa en “actividades violentas que han causado numerosas bajas civiles, militares y policiales”. Entre las actividades criminales que realizan están tráfico de drogas, secuestro, homicidio, tráfico de armas y extorsión. De acuerdo con Armando Vargas, Michoacán es altamente atractivo por las diferentes economías legales e ilícitas en las que pueden obtener recursos económicos. ‘Es un territorio apropiado para la instauración de estructuras criminales por el alto potencial de explotación de rentas, ya sea por la vía legal o ilegal’, indica el experto en seguridad.

Cártel Jalisco Nueva Generación

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En Aguililla, Michoacán, están los orígenes del CJNG, pues en el poblado de Naranjo de Chila nació Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. El CJNG tiene presencia prácticamente en todo México y debido a la disputa interna en el Cártel de Sinaloa, esa organización se ha extendido y fortalecido. Este cártel no solo se dedica al tráfico de fentanilo, también a la extorsión, el tráfico de migrantes, el robo de petróleo y minerales, y al tráfico de armas. El gobierno estadounidense lo clasifica como una organización sumamente violenta y con contactos en todo el continente americano, además de tierra europea y asiática.

“El CJNG ha perpetrado actos de violencia intimidatorios, incluyendo ataques contra militares y policías mexicanos con armamento militar, el uso de drones para lanzar explosivos contra las fuerzas del orden mexicanas y asesinatos o intentos de asesinato de funcionarios mexicanos”, señala el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con el Mapa delincuencial de Michoacán de AC Consultores, el CJNG tiene presencia e 21 de los 113 municipios de estado. Entre los municipios que tiene actividades están La Piedad, Zamora, Sahuayo, Los Reyes, Uruapán, Buenavista, Tepaltepec, Aguililla, Apatzingán, Tacámbaro y Madero.

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La Nueva Familia Michoacana

Sucesora de La Familia Michoacana, esta organización también fue clasificada como terrorista por el gobierno de Donald Trump, quien a su regreso a la Casa Blanca ha emprendido “una guerra” contra el narcotráfico. “Además del narcotráfico, el secuestro y la extorsión, LNFM ataca a funcionarios gubernamentales y utiliza la violencia, incluyendo ataques con drones y explosivos, para ejercer su control criminal y aterrorizar a las comunidades”, describió el Departamento de Estado a esta organización que además de Michoacán tiene operaciones en Guerrero, Morelos y Estado México.

Su presencia en Michoacán está identificada en 16 municipios, entre ellos Tangamandapio, Tepaltepec, Huetamo, Carácuaro, Madero, Maravatío, Hidalgo, Tacámbaro y Uruapan, estos dos últimos con producción aguacatera. Sus antecedentes se remontan a 2005 y sus actividades delictivas incluyen tráfico de drogas, secuestro, extorsión y minería ilícita. Como sus líderes regionales se identifica a Javier Eduardo Cruz “El jabalí” y José Alfredo Hurtado “La fresa”. “Nosotros no estamos de acuerdo con ningún proceso de injerencismo, ni intervencionismo y que colaboramos y nos coordinamos, y somos un Estado soberano”.

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Un plan para la entidad, ¿Posible una intervención de EU?

Tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el subsecretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Christopher Landau, ofreció profundizar la cooperación en seguridad con México contra el crimen.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó aceptar algún tipo de ayuda del gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, Facundo Rosas afirma que ese ofrecimiento de Estados Unidos es más una forma de presionar a México en el combate contra el crimen.

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“No hay forma de predecir cómo va a actuar para negociar, él utiliza los recursos a su alcance para presionar y de estar preparando alguna fuerza para intervenir sería una medida de presión para arrinconar a las autoridades al gobierno de México para que haga lo que corresponde conforme a la ley porque a ellos les interesa que no se muevan drogas hacia su territorio”, explica.

La presidenta Sheinbaum anunció el Plan Michoacán por la Paz y Justicia, una estrategia de seguridad para la entidad que, dijo, no se sostendrá ‘con guerras’ sino con justicia, desarrollo y respeto. La estrategia se basa en tres ejes: seguridad y justicia; desarrollo económico con justicia y educación y cultura para la paz, entre los que se incluye el fortalecimiento de la presencia de las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía Estatal, una Oficina de la Presidencia de la República en diferentes municipios de Michoacán, mesas de seguridad cada 15 días y alerta para los presidentes municipales.

En materia de desarrollo económico se prevén salarios dignos a jornaleros agrícolas y trabajadores de la agricultura de exportación; inversión en infraestructura rural y convenios con el sector productivo para el desarrollo de más polos de bienestar.

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¿Qué pasa con GAC? Caen sus ventas, aumentan inventarios y la Bolsa de Shanghái pide explicaciones

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La Bolsa de Shanghái pidió a GAC Group detalles sobre el desempeño de su negocio automotriz durante 2025, después de que la compañía reportara una combinación de menor demanda, crecimiento de inventarios y un aumento en los costos asociados con la fabricación de vehículos.

GAC, que cotiza en ese mercado bajo la clave 601238, recibió el requerimiento el 30 de enero. La empresa respondió el 15 de marzo mediante un documento de 26 páginas en el que explicó los factores que afectaron sus operaciones durante el año pasado.

Uno de los principales puntos estuvo relacionado con el comportamiento de Trumpchi y AION. Las dos marcas comercializaron 609 mil 242 unidades en 2025, una reducción de 22.83 por ciento frente al año anterior. El menor volumen de ventas tuvo consecuencias sobre la producción y dejó una mayor cantidad de vehículos en existencia.

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Los inventarios conjuntos de ambas marcas aumentaron más de 35 por ciento durante el año. GAC describió este comportamiento como una “acumulación pasiva” de unidades terminadas y, ante la posibilidad de colocar parte de esos vehículos por debajo de su valor, elevó sus provisiones a casi cuatro veces el nivel previo.

El ajuste también alcanzó a determinados modelos de AION. En esos vehículos, los precios de venta disminuyeron con mayor rapidez que los costos de fabricación, por lo que la diferencia generó pérdidas adicionales sobre las unidades que permanecían almacenadas.

La menor producción modificó además la estructura de costos de la compañía. Los gastos de mano de obra, depreciación y amortización se distribuyeron entre una cantidad menor de automóviles, lo que llevó a GAC a calcular un incremento de alrededor de 40 por ciento en sus costos fijos por unidad.

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La automotriz también aplicó reducciones de precio para estimular la demanda. En algunos de sus principales modelos, los descuentos se ubicaron generalmente entre 15 mil y 30 mil yuanes, equivalentes a unos 2 mil 232 y 4 mil 464 dólares. Con estas medidas, la empresa buscó elevar la comercialización en un contexto de menor volumen de ventas.

El deterioro de las condiciones del negocio no quedó limitado a las marcas propias de GAC. En su información a la Bolsa de Shanghái, el grupo incluyó la situación de sus empresas conjuntas, entre ellas GAC Honda, que reconoció un deterioro de activos cercano a 700 millones de yuanes, unos 104 millones de dólares.

GAC Honda también inició modificaciones en su infraestructura industrial, con el retiro, cierre o modernización de instalaciones destinadas a estampado, soldadura, pintura y ensamble. Los datos del grupo muestran que la participación de las marcas japonesas en las ventas de automóviles de pasajeros pasó de 24.1 por ciento en 2020 a 9.7 por ciento cinco años después.

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En GAC Honda, además, más de 95 por ciento de las ventas de los últimos tres años correspondieron a vehículos con motores de combustión. En el conjunto de la operación automotriz de GAC, la combinación de menores ventas, mayores costos por unidad, inventarios más altos y ajustes en sus empresas conjuntas quedó bajo revisión de la Bolsa de Shanghái a partir de la información presentada por la compañía sobre sus resultados de 2025.

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SiGMA North America pone el foco en regulación e innovación del juego en México

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La discusión sobre el futuro de la industria del juego regulado en México tuvo esta semana un punto de encuentro en SiGMA North America 2026, cuya primera edición reunió en la Ciudad de México a autoridades, empresarios y especialistas, justo cuando el Gobierno federal prepara una propuesta para actualizar la legislación vigente desde 1947.

El encuentro se celebró los días 2 y 3 de septiembre en Centro Banamex, con la participación de representantes de los sectores de juego regulado, esports, fintech, inteligencia artificial, blockchain, pagos digitales y ciberseguridad. La regulación, la innovación tecnológica y el crecimiento sostenible estuvieron entre los principales temas de discusión.

La inauguración contó con Edgar Ciceño Velasco, titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030, en representación de la Secretaría de Economía; Omar Monroy, titular de Convenciones y Congresos del Fondo de Desarrollo Turístico; Genaro Lozano, embajador de México en Italia, Malta y San Marino, y Eman Pulis, fundador de SiGMA World.

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Durante la apertura, Ciceño Velasco señaló que la realización de SiGMA en el país refleja la creciente relevancia de México y Latinoamérica dentro de una industria cada vez más relacionada con los servicios digitales, fintech, inteligencia artificial y el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

El encuentro coincidió con una definición relevante para el sector. Este jueves, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Gobierno federal prácticamente concluyó la revisión interna sobre casinos y centros de apuestas y ya cuenta con una propuesta para renovar el marco legal.

Ya tenemos una propuesta de ley, todavía la vamos a poner a consideración del Gabinete de Seguridad, pero ya la hemos estado viendo con diferentes instancias”, señaló Rodríguez. La funcionaria agregó que la propia industria ha solicitado una actualización de la legislación.

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La primera edición de SiGMA North America se desarrolló así en medio de la discusión sobre las reglas que definirán la siguiente etapa del sector en México. La eventual actualización de una legislación que data de 1947 abre un nuevo escenario para una industria que en los últimos años ha incorporado tecnologías, plataformas y modelos de negocio que no existían cuando se diseñó el marco jurídico actual. DA

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Aseguran tres predios en Ciudad Juárez por presunta red de combustible; investigan vínculo con LPE Transportes

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Una investigación iniciada tras el hallazgo de una toma clandestina de hidrocarburos en Ciudad Juárez llevó al aseguramiento de tres predios, donde las autoridades buscan establecer la posible operación de una red dedicada al almacenamiento y distribución ilegal de diésel.

Entre los elementos que forman parte de las indagatorias se encuentra LPE Transportes, empresa dedicada al transporte de personal. Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución judicial que determine que la compañía haya cometido algún delito.

¿Qué encontraron las autoridades?

Uno de los inmuebles asegurados está ubicado frente a Riberas del Bravo, en el cruce de Puerto de Dunquerque y Hermenegildo Luna, y permanece bajo resguardo de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano.

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Reportes publicados el 23 de julio de 2026 señalaron que en ese sitio fueron localizados autobuses utilizados para transporte de personal, además de estructuras que aparentaban haber sido empleadas para el despacho de combustible. Estos elementos forman parte de la evidencia que deberá ser revisada por las autoridades para determinar su relación con la investigación.

La indagatoria tiene como antecedente el descubrimiento de una toma clandestina en la zona de El Sauzal. Después de ese hallazgo se realizaron aseguramientos en otros puntos, con el objetivo de determinar si existe una conexión entre los inmuebles y establecer la posible ruta del hidrocarburo.

Las versiones periodísticas sobre el caso apuntan a una operación con capacidad para movilizar cientos de miles de litros de combustible al año. No obstante, el volumen y el destino del diésel aún requieren confirmación mediante documentación oficial y las pruebas que formen parte de la carpeta de investigación.

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El origen del combustible, una de las claves

Uno de los aspectos que deberán esclarecer las autoridades es la forma en que el combustible habría sido adquirido, almacenado, trasladado y distribuido.

Para determinar esa ruta será necesario revisar documentos fiscales, registros de compra, movimientos financieros, bitácoras de vehículos, permisos y otros elementos que permitan establecer la trazabilidad del diésel. La presencia de infraestructura para el manejo de hidrocarburos, por sí sola, tampoco permite determinar quién la utilizó o cuál era su propósito.

Otro dato incorporado al contexto de las indagatorias es el crecimiento de la flota de LPE Transportes. En agosto de 2025, la empresa adquirió 28 autobuses modelo 2026, marca Internacional Zafiro GT, con calefacción, aire acondicionado y conexión WiFi.

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La incorporación de estas unidades refleja una ampliación de la capacidad operativa de la compañía, pero no acredita que los recursos destinados a la compra tuvieran un origen ilícito. Para establecerlo se requeriría una revisión financiera que, hasta ahora, no ha sido acreditada públicamente.

El costo del combustible también forma parte del contexto del sector. El diésel representa uno de los principales gastos para las empresas de transporte y, durante 2026, operadores de Ciudad Juárez reportaron presión sobre sus costos a causa del incremento del combustible.

Esa situación puede explicar el interés económico que tendría el uso de combustible de procedencia ilegal para cualquier operador, pero no constituye evidencia de que LPE Transportes haya recurrido a esa práctica. Para establecer una relación sería necesario acreditar el origen y destino del combustible utilizado por sus unidades.

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¿Quiénes aparecen vinculados a la investigación?

En las versiones difundidas sobre el caso también figuran Jorge Ortega Trejo, conocido como “El Contador”, y Eduardo Ortega Ramírez, señalados por posibles vínculos con la estructura bajo investigación.

Hasta la fecha de corte no existe información oficial que confirme una imputación, una orden de aprehensión o una sentencia contra ellos. Por ello, los señalamientos forman parte de una línea de investigación y no constituyen una determinación de responsabilidad.

La investigación deberá establecer, con base en pruebas, si existe alguna relación entre LPE Transportes, los tres predios asegurados y la presunta red de combustible ilegal, además de determinar el origen del hidrocarburo y de los recursos involucrados.

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Por ahora, los aseguramientos confirman la existencia de una investigación en curso, pero no permiten atribuir responsabilidad penal a la empresa o a las personas mencionadas. Cualquier conclusión deberá derivar de las pruebas reunidas y de las determinaciones de las autoridades competentes.

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