En abril de 2006, el inesperado aterrizaje en Ciudad del Carmen, Campeche, de un avión cargado de cocaína cruzó los caminos de tres personas muy distintas: el entonces legislador venezolano y futuro presidente Nicolás Maduro, el ex jefe de la Policía Federal Preventiva y próximo secretario de Estado, Genaro García Luna, y el capo de las drogas Joaquín El Chapo Guzmán. Un avión, tres nombres y una ruta criminal. MILENIO te cuenta cómo pasó.

La historia narrada en el expediente mexicano PGR/SIEDO/UEIDCS/071/2006 y en la acusación 1:25-cv-20040 contra Nicolás Maduro en el Distrito Sur de Nueva York arranca el 9 de abril de hace 20 años: un avión bimotor tipo DC-9 despega del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, la terminal aérea que sirve a Caracas, Venezuela.

En lugar de pasajeros, el copiloto venezolano Miguel Vicente Vázquez Guerra identifica que el avión lleva pilas de maletas azules y negras.

Parece un vuelo de carga como muchos otros, así que no pregunta por el contenido al piloto. Horas después, ya detenido, se arrepiente de no haber cuestionado el motivo del viaje: las maletas llevan, en total, 5.5 toneladas de cocaína que deberán ser entregadas al Cártel de Sinaloa.

El plan fallido de la Policía Federal

Mientras el avión está en el aire, al menos cuatro agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), ascendidos en los tiempos en que Genaro García Luna fungió como coordinador general, ponen en marcha el plan para el aterrizaje en México: necesitan un aeropuerto donde tengan sobornados a inspectores de la Policía Fiscal para que no hagan revisiones al contenido del avión proveniente de Venezuela.

El plan original es usar el Aeropuerto Internacional de Toluca, pero el ofrecimiento económico a los inspectores no fue aceptado de último momento, así que echan a andar un plan de contingencia: que el avión haga escala en otro aeropuerto mexicano para que el vuelo sea registrado como nacional y que la Policía Fiscal –encargada de inspeccionar vuelos internacionales– no les estorbe hasta el destino final y lugar de entrega de la droga, que es el Estado de México.

El cambio inesperado hace que los agentes de la PFP tomen una decisión apresurada y elijan para el aterrizaje el Aeropuerto Internacional de Mérida, Yucatán.

Así se lo comunican al piloto, quien anuncia a las autoridades aeroportuarias su cambio de destino. Apenas lo hace, recibe una nueva instrucción: es mejor llegar a una “plaza” controlada por el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán. Así que ahora debe pilotear hacia el Aeropuerto Internacional Ingeniero Alberto Acuña Ongay, ubicado en Ciudad del Carmen, Campeche.

Son dos cambios de destino en minutos, que la tripulación no puede justificar por una falsa falla mecánica. El avión está en perfectas condiciones. Por ello los cambios en el plan de vuelo prenden las alertas en las oficinas en México de la agencia antidrogas estadunidense (DEA) que lanza una advertencia a sus homólogos mexicanos.

Cuando el avión llega a la pista de aterrizaje, ya está rodeado por agentes del Ministerio Público Federal.

Ayudados por militares y binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, los agentes sacan del avión 128 maletas repletas de polvo blanco comprimido.

Al mismo tiempo, esposan al copiloto venezolano Vázquez Guerra y a los pilotos mexicanos Fernando Poot Pérez y Marcos Pérez de Gracia, adscritos oficialmente a la Comisión Nacional del Agua, a pesar de contar con antecedentes penales por narcotráfico.

La indecisión de los agentes corruptos de la PFP le cuesta al Cártel de Sinaloa un cargamento con un valor cercano a los 700 millones de dólares.

A pesar del golpe financiero, tres involucrados en esa operación crecerán en los meses siguientes en el mismo 2006: Nicolás Maduro se convertirá en el canciller de Venezuela y, a la postre, en presidente al suceder a Hugo Chávez; Genaro García Luna llegará a ser el “arquitecto de la guerra contra el narco” y mano derecha presidencial antes de caer preso en Estados Unidos por favorecer al Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán Loera se consolidará como el narcotraficante más famoso y poderoso del mundo.

Maduro y el eje Venezuela-México-EU

La acusación formal al mandatario Nicolás Maduro, elaborada desde el 2020 en Nueva York, apunta a que el avión DC-9 cargado con cocaína realizaba operaciones regulares de tráfico de drogas desde el aeropuerto de Caracas, Venezuela, y era protegido por el Cártel de los Soles, una supuesta organización dedicada al tráfico de drogas que desde el 24 de noviembre de 2025 es designada por el gobierno del presidente Donald Trump como terrorista.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Cártel de los Soles “tiene sede en Venezuela y es dirigido por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen ilegítimo de Maduro que han corrompido al ejército, los servicios de inteligencia, la legislatura y la judicatura de Venezuela”.

El nombre del presunto grupo criminal proviene de las insignias en forma de sol que portan los generales venezolanos del ejército bolivariano, uno de los pilares más importantes para el chavismo, la corriente política con la que se identifica Nicolás Maduro.

Esos militares de crucial rango serían aliados de grandes capos latinoamericanos, como El Chapo Guzmán, quien se aseguraba de recibir los envíos de droga que le llegaban desde Sudamérica y colocar su contenido en calles de Estados Unidos, “envenenando” a la población al causar desde serias enfermedades hasta, por supuesto, muertes por sobredosis.

A cambio, los militares venezolanos, dice la acusación, recibían millones de dólares que terminaron en sus cuentas bancarias, en paraísos fiscales y en el financiamiento del régimen socialista.

Un negocio sucio cuyo corazón sería la ruta narcótica Venezuela-México-Estados Unidos, en la que también participaban cárteles colombianos como suministradores de cocaína.

La acusación incluye a otro cártel mexicano, Los Zetas, porque de acuerdo con los fiscales estadunidenses aunque el avión DC-9 fue incautado, la ruta narcótica siguió operando por varios años con más aeronaves saliendo desde Caracas hasta Campeche, una entidad que fue arrebatada por la guardia paramilitar del Cártel del Golfo.

Entre 2008 y 2011, Los Zetas comenzaron un proceso de independencia respecto de sus creadores y buscaron nuevos bastiones fuera de Tamaulipas. De tal manera que viajaron al sur de la mano de sus fundadores, Heriberto Lazcano, El Z3 y Mauricio Guízar Cárdenas, El Amarillo, quienes lideraron las incursiones en Veracruz, Tabasco y Campeche, atraídos principalmente por la bonanza petrolera en esas entidades.

Buscando petróleo y gasolina, Los Zetas encontraron otro negocio: el tráfico de drogas a escala continental gracias a la posibilidad de instalar pistas aéreas clandestinas en lugares poco vigilados como la selva de Campeche, donde los bajos salarios de policías y servidores públicos en general generaron condiciones ideales para la corrupción.

En poco tiempo, Los Zetas ya recibían aviones y avionetas en Campeche provenientes de Venezuela, que salían repletos de drogas desde aeropuertos como el de Caracas, sin que las autoridades hicieran los mínimos controles de seguridad.

Juicio de Maduro por narcoterrorismo

Ahora, con la declaración de no culpabilidad de Nicolás Maduro este lunes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por los delitos asociados al narcoterrorismo transnacional, el gobierno de Estados Unidos intentará comprobar ante un jurado que esa ruta narcótica contaba con la bendición del gobierno venezolano.

Específicamente, que Nicolás Maduro, antes de ser presidente, es un narcotraficante que durante dos décadas se desempeñó como jefe estratégico de una empresa criminal con sede en su país, y que su esposa Cilia Adela Flores es una participante activa con responsabilidad penal autónoma.

Tratarán de documentar, entre otros hechos, que aviones como el DC-9 de abril de 2006 salían de Venezuela debido a que el país sudamericano se volvió un centro de protección criminal, donde la droga durante años ha sido consolidada y despachada utilizando recursos oficiales, que incluyen aeropuertos, militares, escoltas y pasaportes diplomáticos con la firma y aprobación de Nicolás Maduro.