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“No es mi culpa, son los jueces”; no, Ernestina, tú judicializas 

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“Esta no es una fiscalía, es un negocio para el que quiera comprar la justicia o el que quiera corromper la justicia de manera segura”, me aseguró ‘Juana’, víctima de Ernestina.

¡Quihúboles! Trágico, por decir lo menos, lo que los capitalinos vivimos con y por esta fiscal, ¿o no?

Ernestina y su fiscalía no solamente le fallan a las víctimas de violencia vicaria y familiar, sino que las acusan de ser criminales y las someten al viacrucis que representa en México el acceso a la justicia, mientras hacen favores a los agresores para que sus agencias del Ministerio Público les destrocen la vida.

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Historia de terror

Su agresor y padre de su hija, el abogado José Miguel Castillo Hernández, no sólo es un deudor alimentario, sino un hombre violento, que amenaza, capaz de usar el aparato de justicia para tejer una red de mentiras y falsos delitos que la llevaron a ser encarcelada sin ninguna prueba en julio de 2022 en Santa Martha Acatitla.

Café con piquete

José Miguel también es abogado de un feminicida, sí, de Juan Carlos García, exdirector de Amazon en México y autor intelectual del feminicidio de Abril Pérez.

Pero “ella (Ernestina) permite que un abogado corrupto les dé órdenes a siete ministerios públicos. Puede llegar un civil a orquestar un cártel de ministerios públicos a su servicio para manejar el aparato jurídico en contra de una persona y así eludirse de la acción de la justicia”, advirtió.

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“¿Te crees muy autosuficiente? Te las ves sola”

Desde la etapa de embarazo, Castillo fue un padre ausente. Reapareció en los primeros tres meses de la niña para “convivir”, pero volvió a alejarse y desapareció cuando ella se negó a casarse: “Tú te crees una mujer muy autosuficiente, entonces tú te las ves sola, no te doy dinero y no la reconozco (a su hija)”. Así intentó manipularla una y otra vez.

Omiso para dar pensión, acudir a los cumpleaños o acompañarla al pediatra, simplemente prefirió renunciar a su hija, no sin antes advertirle que la metería a la cárcel, tal y como hizo con sus parejas anteriores.

“Estamos hablando de un sujeto de alta peligrosidad que además te amenaza con fabricarte delitos y te lo dice así, no soy yo la única”, comentó.

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A Castillo Hernández nunca le importó su hija. Desapareció por tres años y cuando regresó lo hizo para someterla a un infierno, en complicidad con siete MP, incluida la Fiscalía de Delitos Financieros, que nada tenía que ver en este caso, pero se prestó para fabricar procesos sin pruebas e investigó a una niña. Así como lo están leyendo.

El terror psicológico y las amenazas estuvieron presentes una y otra vez. La gota que derramó el vaso fue cuando una noche de 2021, un supuesto agente de la Policía de Investigación (PDI) se presenta a su casa con la intención de llevarse a su hija, sin una orden, sin identificarse, en un vehículo negro que ni siquiera tenía placas ni logos.

Agárrense bien de la silla

“Esta no es una fiscalía, es un negocio para el que quiera comprar la justicia o el que quiera corromper la justicia de manera segura”.

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Ministerios públicos al servicio de un agresor

Al interponer la denuncia por violencias familiares, su agresor se enteró, y cuando la justicia debía protegerla, le dio la espalda. Durante meses, y pese a ser la denunciante, le negaron el acceso a la carpeta de investigación, mientras que él ya había comparecido con mentiras.

Inhale y exhale

“La MP Haydee Vargas Santander, muy grosera me dice que ya me deje de denuncias, que dé gracias de que la niña no es una bastardita, ya mejor váyase, póngase a trabajar, deje al señor en paz”.

A ‘Juana’ la acusaron por falsedad de testimonio al decir que Castillo no daba pensión

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¡Imagínense! No sólo hay denuncias, sino carpetas de investigación que documentan con hasta cinco tomos de pruebas lo dicho. Bueno, hasta hubo un juicio en el que ‘Juana’ logró demostrar que no estaba interesado en su hija y por lo cual le negaron la convivencia con la menor.

Fuera de broma, agárrense

En la fiscalía de Ernestina es muy fácil meter a alguien a la cárcel y José Miguel Castillo tuvo todo a su favor: una jueza doblegada, un delito fabricado de un supuesto fraude por una demanda de alimentos, ninguna prueba, justificaciones absurdas que se usaron para vincularla a proceso y después dictarle prisión preventiva justificada.

“En menos de 12 días judicializaron y pidieron audiencia inicial para formular mi imputación sin pruebas”.

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“El MP declaraba que hay riesgo de fuga, sin investigar, sin nada. Así me la armaron. ¿De qué habla la fiscal diciendo que no pueden actuar, que si nos meten a la cárcel? No es su culpa, es de los jueces, pero si tú no armas una carpeta falsa y no judicializas, no hay juez, o sea, tú eres la que nos pones en charola para que el Poder Judicial, con otro juez corrupto, encarcele a gente inocente”, reprochó.

Te despedazan la vida

En aquella audiencia donde se le dictó prisión preventiva había 20 policías bancarios esperándola para ingresarla al reclusorio.

No importó nada, la querían encarcelar y lo hicieron.

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“Estar en un lugar así (el reclusorio), pasar un túnel, es impactante y más siendo inocente. ¿Por qué tenía que estar yo en ese lugar?, ¿por qué se le ocurrió a una fiscalía corrupta hacerle el favor a un agresor cuando el investigado debería ser él?”, cuestionó.

En Santa Martha le bloqueaban el acceso y su derecho a una defensa, intentaron extorsionar a su familia con su libertad, pretendían que desistiera de sus denuncias ya que sólo así permitirían que saliera del reclusorio o, de lo contrario, la dejarían siete años presa.

Siete días le tomó a su abogado conseguir la suspensión provisional del proceso que le permitió salir.

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No estaba sola, madres de los colectivos de víctimas de violencia vicaria también se manifestaron para exigir su liberación.

“Una niña que era tranquila y estable se me despierta en las noches con pesadillas llorando: ‘mamá, mamá, es que no quiero que te maten’. ¿Por qué una niña de 7 años tiene que tener ese tipo de pesadillas?”.

Como otras víctimas, ha estado presente en las interminables mesas de trabajo de la fiscalía donde se presenta Ernestina. ¿De qué sirve que las escuche si no va a resolver nada, si los casos siguen pendientes, si pasa más de un año y no pueden judicializar una carpeta de investigación?

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“Ernestina, deje de escuchar a las víctimas, resuélvanos”.

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La columna se publicó originalmente en El Financiero reproducida aquí con permiso de la autora.

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Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

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El costo de la violencia

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El crimen organizado y la violencia en América Latina suponen un lastre para el desarrollo económico de América Latina. Es lo que sostiene el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe Crimen violento e inseguridad en América Latina y el Caribe: una perspectiva macroeconómica. El principal hallazgo es que la operación de grupos delictivos genera pérdidas equivalentes al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) latinoamericano. Así, el crimen disminuye la productividad laboral, los altos costos de seguridad reducen la probabilidad de que las empresas inviertan en innovación y las pequeñas empresas son las más vulnerables a sus efectos nocivos.

Con apenas el 8% de la población mundial, América Latina y el Caribe registra un tercio de los homicidios del mundo. Los grupos delictivos organizados y las pandillas están vinculados al 50% de los asesinatos en América Latina, más del doble del promedio mundial. Existe evidencia creciente de grupos transnacionales de narcotráfico organizado que están expandiendo sus operaciones a la minería ilegal de oro, la tala y el tráfico de vida silvestre en la cuenca del Amazonas. Las actividades ilícitas a menudo implican delitos convergentes como corrupción, extorsión, fraude, lavado de dinero, asalto violento o violencia sexual.

El FMI asegura que la reducción en la tasa de homicidios de América Latina y el Caribe impulsaría el crecimiento del PIB hasta en un 30% de la región, a través de una mayor acumulación de capital y productividad total de los factores. La disminución de la violencia de género también aumentaría el empleo entre las mujeres.

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Las ondas expansivas de los efectos del crimen organizado alcanzan desde el ciudadano de a pie hasta las grandes empresas. Un 30% de las compañías de la región perciben a la delincuencia como su problema clave y los costos directos —el valor de las pérdidas debido al delito y el gasto de las empresas en seguridad— se estiman en alrededor del 7% de sus ventas anuales. El análisis muestra además, que el tamaño de la empresa es importante. Las pequeñas empresas enfrentan pérdidas relativamente mayores debido a la delincuencia y gastan relativamente más en seguridad. Los costos directos de la delincuencia como porcentaje de las ventas anuales son casi el doble para las pequeñas empresas, un 7.8%, mientras que para las grandes empresas sólo supone un 4.1%. El impacto regresivo del delito también podría empujar a las pequeñas empresas hacia el sector informal.

En cuanto a México, el organismo señala que las redes criminales están profundamente vinculadas al tráfico de drogas y la extorsión. Al poner el foco en la segunda economía de América Latina, sólo detrás de Brasil, el FMI señala que la presencia de bandas criminales en México reduce la actividad económica, los ingresos y la educación al obstaculizar la movilidad de la población. La presencia de las bandas delictivas en México se concentra en algunos estados del norte del país, como Baja California, así como en el Bajío y centro de México, de acuerdo con un mapa elaborado por el organismo, a partir de datos oficiales. Como en otros países de América Latina, el órgano multilateral advierte una fuerte percepción de impunidad y corrupción al interior de las corporaciones de seguridad, misma que inhibe que los crímenes lleguen a denuncias.

Dadas las complejidades y los efectos indirectos de la violencia, el FMI insta a seguir dos recomendaciones:

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El fortalecimiento de la cooperación internacional contra las drogas ilícitas, el tráfico de armas y el lavado de dinero mediante la mejora del intercambio de inteligencia y la coordinación de operaciones conjuntas también ayudaría a reducir la rentabilidad del crimen organizado y la accesibilidad a las armas de fuego.

La seguridad se mejora fomentando un entorno de estabilidad económica, con políticas de educación, protección social y seguros bien diseñadas, que contengan la pobreza, el desempleo y las desigualdades. Las políticas que mejoran la educación de alta calidad y las oportunidades laborales para los jóvenes pueden debilitar el reclutamiento de organizaciones criminales al aumentar las recompensas por la educación y el empleo.

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May señala de liderar grupo criminal a jefe de SSP nombrado por Adán Augusto

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Historia de Expansión Política

El morenista Javier May, gobernador de Tabasco, dijo que Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública en los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino, dirigía al grupo criminal ‘La Barredora’. El mandatario acusó a las administraciones pasadas de haber permitido que los grupos de la delincuencia organizada »echaran raíces» en la entidad. ‘Nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada. Va a haber cero impunidad y vamos a atender las causas. Entonces yo creo que quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto’, dijo sobre mantas en las que presuntos miembros de crimen organizado aludieron al actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Tabasco, Víctor Hugo Chávez Martínez, y al comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Morán. ‘La Barredora’ es un grupo criminal local vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

‘Los que informaban también tendrán que explicar si tienen ellos información de que había pacto con la delincuencia organizada. No es que no hubiese pasado nada en Tabasco, no es que no hubiese secuestro, no hubiera extorsión, era un secreto a voces que había cobro de derecho de piso, que se les cobraba a las fondas, a los comerciantes», expresó May durante la conferencia de prensa. ‘Todos saben, aquí era vox pópuli quién comandaba ‘La Barredora’ ¿O no sabemos?’, cuestionó May. ‘Hernán Bermúdez’, respondió uno de los asistentes al evento. ‘Sí, ¿no?», aceptó el mandatario. »Pareciera ser que tenemos amnesia de lo que pasó, yo llevo en el encargo apenas un mes y medio, y ya vimos cómo se perfilan, cómo van cambiando su línea de comunicación, ahora es la nota roja lo más importante, lo más preponderante de algunos medios, y antes no destacaban nada’, expuso el mandatario que rindió protesta el 30 de septiembre pasado. ‘A nosotros no, ni nos van a buscar porque ya saben que no vamos a pactar. Con nosotros no hay ninguna relación, ningún encuentro con este tipo de cárteles u organizaciones’, expuso. Enero de este año, tras episodios de violencia en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena renunció a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad gobernada en ese momento por Carlos Merino. La salida del secretario se dio tras los asaltos que se registraron en Villahermosa la tarde del 4 de enero y las balaceras, incendios de autos y bloqueos de vialidades acontecidos en diciembre de 2023. Tras la renuncia de Bermúdez, el entonces comisionado de la Policía Estatal José del Carmen Castillo quedó como encargado de despacho de la SSP. Hernán Bermúdez Requena fue nombrado como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tabasco en diciembre 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López. En enero de este 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de propaganda los hechos de violencia ocurridos en Tabasco. Adán Augusto López Hernández gobernó en Tabasco entre el 1 de enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021. Después se unió al Gabinete de López Obrador.

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Y la Gobernadora Evelyn Salgado canta: ‘Si nos dejan…’

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Desde 2021, en su campaña por la Gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado acostumbraba a cerrar sus mítines políticos entonando canciones de Selena Quintanilla.

Sin embargo, ya a cargo de la entidad y mientras la violencia azota a los guerrerenses, la morenista ha sido criticada por estar más presente en “palomazos” que en momentos críticos de su Administración.

La noche del miércoles, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Acapulco (OFA), la Mandataria estatal cantó a dueto con el intérprete Jorge “Coque” Muñiz la canción “Si nos dejan”.

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Esa misma noche, a las 21:30 horas, fueron abandonados a un costado del carril sur-norte de la Autopista del Sol, en el Kilómetro 272, en el paraje conocido como “El Parador de Marqués”, 11 cuerpos desmembrados de comerciantes que estaban desaparecidos desde octubre pasado.

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“Se burlan de Guerrero, tanto su padre como ella, mientras el Estado ardiendo por la inseguridad”, comentó un usuario de redes sociales.

“Se la pasa cantando y divirtiéndose a costa del luto de familias”, apuntó otro.

Y es que la Mandataria se encontraba en la inauguración del recinto turístico y cultural El Partenón de Zihuatanejo, inmueble que pertenecía el ex jefe de la Policía de la Ciudad de México, Arturo Durazo, y que fue incautado por la ex Procuraduría Federal de la República.

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Lo que llamó la atención fue que se trasladó en helicóptero, en lugar de hacerlo por tierra en la carretera federal de la Costa Grande, donde en las últimas tres semanas se han registrado múltiples hechos de violencia y sus pobladores han tenido que encerrarse en sus casas para evitar ser víctimas del crimen.

“Pronto vamos a ir a Tecpan de Galeana y a Atoyac, en donde hay el apoyo de las fuerzas de seguridad que nos están ayudando”, alcanzó a decir la Gobernadora.

Los habitantes de los Municipios de Tecpan, Atoyac y San Jerónimo no han regresado al cien por ciento a la normalidad, luego los enfrentamientos que se registraron entre dos organizaciones de la delincuencia organizada con el Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal que dejaron un saldo de al menos 30 muertos.

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Sólo entre el miércoles y el jueves pasado, de acuerdo con informes, Guerrero vivió una ola de violencia con 30 asesinatos: 11 en Chilpancingo; 4 en Coyuca de Benítez; 3 en Teloloapan; 3 en Tecpan de Galeana, y uno en Cochoapa el Grande.

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