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No son los ministros, es la justicia

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Opinión de Diego Petersen Farah / Sin Embargo /

Los opositores han centrado sus baterías en la defensa de la Suprema Corte de Justicia, como si la reforma judicial se tratara solo de eso. Los obradoristas, montados en la euforia del triunfo, están felices con la pésima idea de elegir por voto directo a jueces, magistrados y ministros de la Corte; lo ven como una especie de venganza política. En lo que ninguno de los dos bandos repara (en realidad no lo quieren ver) es que el problema de fondo, la justicia, no va a cambiar un ápice defendiendo a la Corte o eligiendo nuevos jueces y ministros.

Si en algo podemos tener consenso es que el sistema de justicia en México es un desastre. Los índices de impunidad, la lentitud en los juicios, la cantidad de personas encarceladas por prisión preventiva y la corrupción en el sistema judicial son evidencia de que necesitamos una reforma al poder judicial. Es, sin embargo, un grave error pensar que la justicia comienza y termina en los juzgados.

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El problema de la impartición de justicia en México comienza con las policías. Un buen día decidimos que el primer paso del sistema penal descansara en el informe policial homologado que deben redactar policías que no saben leer ni escribir, sean municipales, estatales o de la Guardia Nacional. Los mejores jueces del mundo tienen poco que hacer si de origen los datos sobre los que tendrán que juzgar están mal.

El segundo gran problema son las fiscalías. La investigación y la acusación de delitos penales se concentra en instituciones que no tienen recursos, capacidades y son, en general, profundamente corruptas. Si no profesionalizamos al ministerio público es irrelevantes si al juez lo nombró un compadre o fue electo por voto popular.

No hay duda de que la forma en que hoy se eligen jueces y magistrados, a través de componendas y compadrazgos políticos es insostenible. Todos los ministros de la Corte son fruto de un acuerdo político, lo cual no quiere decir que sean incondicionales al presidente que los propuso: ahí está el caso de Zaldívar, que decidió plegarse a un presidente distinto a quien lo nombró, o la ministra Margarita Ríos-Farjat y el ministro José Luis González Alcántara que, habiendo sido propuestos por López Obrador, han hecho gala de su independencia. Si los ministros, magistrados y jueces son electos por voto directo le van a deber la vida a los partidos, pero, sobre todo, no asegura que los electos sean independientes. Si el dinero sucio en las campañas de legisladores, alcaldes, gobernadores y el presidente de la república corrompe el ejercicio del poder, el financiamiento en las campañas para el Poder Judicial terminará por corromper más aún el sistema de justicia. Es el narco el que se frota las manos ante esta desmesura.

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Sí, urge una reforma al sistema de justicia, no solo al Poder Judicial, sino a toda la cadena que hoy permite la impunidad. Eso requiere una discusión amplia, sensata y que tome el tiempo que tenga que tomar. Lo primero es que el gobierno, los partidos y la sociedad nos tomemos en serio una discusión que no es sobre el poder, no es sobre quién manda, sino sobre la justicia.

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Nacionales

Detienen al empresario Juan Manuel “El Mono” Muñoz en Torreón por venta ilegal de hidrocarburos

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Dos vehículos tipo pipa que transportaban combustible de procedencia ilícita fueron asegurados en la madrugada del jueves en Torreón, Coahuila, durante un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía de Coahuila y elementos de la Policía Estatal.

Los conductores de ambas unidades fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Horas después del aseguramiento, el empresario del sector gasolinero Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido como “El Mono” Muñoz, acudió a las instalaciones ministeriales con el objetivo de intervenir a favor de los choferes, quienes, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, trabajan bajo su dirección.

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Según información preliminar, la presencia del empresario se tornó tensa debido a un presunto comportamiento agresivo, tanto de su parte como de sus escoltas. Como resultado, autoridades procedieron a detenerlos en el sitio.

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Durante su aseguramiento, a Muñoz Luévano se le realizaron pruebas toxicológicas y se le hallaron sustancias prohibidas entre sus pertenencias. Las autoridades no han emitido un comunicado oficial respecto al tipo y cantidad de la sustancia encontrada ni sobre las condiciones de su detención.

El caso permanece bajo investigación de la FGR y se prevé que en las próximas horas se defina la situación legal tanto de los conductores de las pipas como del empresario y su equipo de seguridad.

De acuerdo a medios locales, en el año 2024, “El Mono” Muñoz concluyó una sentencia por su responsabilidad en delitos vinculados al narcotráfico, acusado por las autoridades de Estados Unidos. En mayo de 2019 se declaró culpable por el delito de conspiración de lavado de dinero ante una corte federal de Texas en los Estados Unidos.

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Reetiquetan productos para venderlos como ‘Hecho en México’

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Chinos ‘mañosos’

Empresarios y comerciantes chinos reetiquetan productos procedentes del país asiático para colocarles la marca “Hecho en México”, para hacerlos pasar por nacionales y burlar a las autoridades alertó la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.

Se ha detectado que esta práctica se lleva a cabo principalmente en edificios utilizados como bodegas en el Centro Histórico de la ciudad, donde se sustituyen las etiquetas originales de los productos para burlar la regulación aduanera y comercial.

Ropa, calzado, juguetes y más

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Ropa, calzado, iluminación, electrodomésticos, herramientas, juguetes y muebles, se encuentran entre los productos más afectados dijo Gutiérrez Camposeco.

En muchos casos, estas mercancías no cumplen con las normas mínimas de seguridad ni de calidad, advierta.

«Por ejemplo, hay juguetes chinos que no cumplen con las normas mexicanas de seguridad. Si se le da un juguete eléctrico sin regulación a un menor, puede causar un incendio. Lo mismo ocurre con herramientas defectuosas o aparatos eléctricos sin certificación», detalló.

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El líder empresarial afirmó que no se tiene un censo de las marcas de los productos que están siendo sometidos a este reetiquetado puesto que “esa es obligación de las autoridades”.

Urge poner orden

Señaló que, para frenar esta actividad, el gobierno podría iniciar con poner orden para terminar con la ocupación ilegal de edificios de la zona centro, algunos considerados como patrimonio histórico.

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Comerciantes y líderes empresariales alertaron que al menos 600 bodegas clandestinas que almacenan toneladas de productos ilegales, operan en el Centro, como publicó Excélsior el 8 de abril.

Estas instalaciones, dijo Alejandro Gazal, presidente de la Asociación Civil ProCentrhico, violan el uso del suelo y ponen en riesgo tanto a la población como al patrimonio de la ciudad.

Edificios son usados como bodegas

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Gutiérrez Camposeco indicó que la CANACO no tiene una cifra exacta de cuántos edificios operan como bodega, “pero sí tenemos conocimiento de que el reetiquetar productos chinos se está dando en estos edificios, que son patrimonio histórico, y que están siendo utilizados ilegalmente como bodegas”.

Según un diagnóstico de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), el 55% de estas bodegas se concentra en el perímetro comprendido entre las calles República de Ecuador, Argentina, Perú y Brasil.

«La ocupación ilegal de estos edificios representa un riesgo para comerciantes, clientes y vecinos. No cumplen con medidas de protección civil ni normas estructurales. Además, deteriora el valor patrimonial de la zona», afirmó Camposeco.

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Ante esta situación, la CANACO CDMX llamó al Gobierno Federal a endurecer aranceles a productos chinos, hasta del cien por ciento, incluyendo a los vehículos provenientes del país asiático.

“No podemos permitir que siga esta invasión y que México se quede con los brazos cruzados viendo cómo se afecta a los consumidores y se dañan gravemente sectores productivos, con el riesgo de pérdida de empleos”, subrayó el dirigente.

En una conferencia de prensa, Vicente Gutiérrez afirmó que el sector está a favor de la competencia, “pero una competencia que sea legal, formal y leal”, concluyó.

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Baja California: “Fuera, fuera”, gritan a la gobernadora Marina del Pilar en visita a Mexicali

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, enfrentó una jornada de contrastes durante su visita a Mexicali. Durante la presentación de un programa de apoyos económicos para el pago de servicios básicos, un grupo de ciudadanos interrumpió su discurso con consignas en su contra.

El acto, realizado como parte de una entrega de subsidios para cubrir recibos de agua y luz, fue escenario de una manifestación en la que los asistentes corearon “fuera Marina”. La gobernadora pausó brevemente su intervención, pero continuó con el evento a pesar de las protestas que persistieron en el lugar.

Minutos más tarde, otro grupo de asistentes expresó respaldo a la mandataria con gritos de “no estás sola”, apoyo que la funcionaria difundió a través de sus redes sociales. En su mensaje, reiteró el compromiso de su administración con los sectores vulnerables y calificó los subsidios como parte de un acto de justicia social.

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La protesta no fue un hecho aislado. Días antes, habitantes de Mexicali organizaron una “carne asada masiva” en el centro cívico de la ciudad como forma simbólica de manifestación. Más de cien personas participaron en la reunión convocada para exigir la revocación de mandato de la gobernadora.

Además de la presión ciudadana, Marina del Pilar se ha mantenido en el centro del debate público tras confirmarse que el gobierno de Estados Unidos revocó su visa. La gobernadora declaró no haber recibido una explicación formal sobre el motivo y aseguró que proporcionará información conforme avance el caso.

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Mientras tanto, han surgido diversas versiones en medios de comunicación sobre posibles causas. Algunas apuntan a una presunta investigación que involucra a su esposo, Carlos Torres, por supuestos vínculos con el tráfico de combustible.

El caso continúa abierto y ha generado distintas expresiones ciudadanas en Baja California, en un contexto en el que el gobierno estatal busca mantener la operación de programas sociales mientras enfrenta cuestionamientos sobre la figura de la mandataria.

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