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Organizan evento a Claudia Sheinbaum con recursos de Poza Rica

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Operación Claudia

  • Desvían recursos de Poza Rica
  • Vehículos oficiales para evento político
  • El pulpo jura que no…pero hay fotos

Pese a que se trata de un delito electoral, empleados del Ayuntamiento de Poza Rica, que encabeza el alcalde de Morena, Fernando “El pulpo” Remes Garza, fueron captados usando vehículos oficiales para preparar el evento de la precandidata única a la presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo.

Este miércoles 17 de enero la aspirante cerrará precampaña en Poza Rica donde los empleados municipales fueron captados trabajando y preparando el evento.

En fotografías se puede identificar los vehículos oficiales con el logotipo y la leyenda “Poza Rica Viva Bella”.

En redes sociales, ciudadanos inconformes hicieron denuncias, mismas que fueron recogidas por medios electrónicos como “Vox Populi” y otros.

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“En pleno desvío de recursos públicos fueron sorprendidos empleados usando unidades del H. Ayuntamiento Local de ésta ciudad de Poza Rica, para habilitar el escenario en la plaza cívica 18 de marzo, donde están convocando a mitin político de cierre de precampaña de sus candidatos para el día de mañana 17, donde se presentará Claudia Sheibaum, candidata a la presidencia; Rocío Nahle, candidata a Gobernadora, así como otros aspirantes más a otros cargos de elección, por parte del partido Morena”.

Los ciudadanos señalaron que para el acondicionamiento del escenario se usó a la plantilla laboral del área de Atención Ciudadana.
Además, expusieron que empleados municipales fueron enviados a visitar a los jefes de manzana y comités de colonias, para llevar personas al mitin y así mostrar “músculo político”.

Los propios líderes de colonias señalaron que una de las estrategias de coacción que les aplicaron fue que, en caso de negarse a llevar determinado número de personas les serán suspendidos los apoyos que reciben del Ayuntamiento como son: despensas, kits de trabajo, láminas, etcétera.¡

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Cabe mencionar que “El Pulpo” dijo que ningún empleado municipal estará en el evento político de este miércoles, toda vez que es horario laboral, pero las fotografías evidencian lo contrario.

“Yo creo que es la voluntad de la gente (…) Nosotros, los que dirigimos, en mi caso a Poza Rica, no tengo a nadie que tenga que venir a fuerza” concluyó.

Es desvío de recursos

  • Usar empleados y autos oficiales
  • Lo pueden destituir

El alcalde de Morena, Fernando “El pulpo” Remes Garza, estaría incurriendo en desvío de recursos públicos al usar vehículos y personal del Ayuntamiento para preparar el evento de la precandidata única a la presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo a las denuncias ciudadanas para el evento se usaron vehículos oficiales con el logotipo del Municipio y personal del área de Atención Ciudadana; esto, en pleno día laboral.

El artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas define al desvío de recursos públicos como la asignación o desvío de recursos públicos, ya sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.

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El desvío de recursos públicos para fondear campañas tiene varias formas de materializarse, una de ellas es usar equipo y personal con cargo al Ayuntamiento para actividades políticas.

Cuando un servidor público es encontrado responsable del desvío de recursos públicos, se le impondrán sanciones que puede variar y será determinada por el Tribunal encargado del caso.

Algunas de las sanciones posibles son: Suspensión del empleo, cargo o comisión: Esta sanción implica la suspensión temporal de las funciones del servidor público por un período de treinta a noventa días naturales.

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Destitución del empleo, cargo o comisión: En casos más graves, el servidor público puede ser destituido de su empleo, cargo o comisión de manera permanente.

Además, se contempla la sanción económica misma que: se puede imponer al servidor público una multa económica como consecuencia de la falta administrativa cometida. Inhabilitación temporal: El servidor público puede ser inhabilitado temporalmente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. La duración de la inhabilitación dependerá de la gravedad de la falta y el monto de la afectación causada.

Es importante tener en cuenta que, en este caso, también se configura un delito electoral por lo que el funcionario podría incluso ser denunciado por la vía penal.
Cabe precisar que fue MORENA quien modificó la Constitución y aquellas personas que cometan un delito electoral se les castigan con cárcel de manera preventiva oficiosa, en tanto, se resuelve su situación jurídica.

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Y también hay bote

  • Delito Electoral comete El Pulpo
  • Cárcel preventiva

Además de desvío de recursos, alcalde de Poza Rica emanado de Morena, Fernando “El pulpo” Remes Garza, habría cometido un delito electoral al usar vehículos y personal del Ayuntamiento para preparar el evento de la precandidata única a la presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, quien visita esa ciudad este miércoles.

Cabe mencionar que fue MORENA quien impulsó la Ley General en materia de Delitos Electorales, misma que establece los tipos penales, sanciones, distribución de competencias y las formas de coordinación entre los tres niveles de gobierno para su investigación y persecución.

En dicha Ley se plantea que el Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos electorales.

Además, establece hipótesis delictivas para cualquier persona –sujeto indeterminado–, ministros de culto religioso, funcionario electoral, funcionario partidista, candidato y servidor público.

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Precisa que las autoridades de las entidades federativas serán competentes para investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos cuando no sea competente la Federación.

La Ley también dispone que los servidores públicos que cometan cualquiera de las transgresiones previstas se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación de dos a seis años para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, la destitución.

También se prevé una sanción de dos a nueve años de cárcel al precandidato, candidato, funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que aprovechen fondos, bienes o servicios, que tenga a su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato.

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Además, sugiere prisión de dos a nueve años, al servidor público que coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. El mismo supuesto se aplicará a los funcionarios que usen el condicionamiento de programas gubernamentales o programas de naturaleza social.

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Un vuelco en la estrategia de seguridad

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Opinión de Alfonso Zárate | El Universal |

Quizás resulte inverosímil, pero hay una materia en la que las exigencias del hombre naranja empatan con las de las fracciones más conscientes de la sociedad mexicana: la de abandonar la simulación y la complicidad y poner en marcha una estrategia que contenga y repliegue a la delincuencia.

El secretario Omar García Harfuch encabeza una estrategia que, sin admitirlo, rompe con años de inacción y simulación (“abrazos, no balazos”). De dientes para afuera el gobierno federal podrá seguir con la cantaleta de que se propone atender primero las causas estructurales de la violencia, haciendo creer que el reparto de los dineros sirve para eso, pero lo crucial es que está empezando a usar los enormes recursos humanos, tecnológicos y bélicos con los que cuenta el Estado para enfrentar a las organizaciones criminales.

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Unos cuantos hechos dentro de estos primeros seis meses del gobierno de la doctora Sheinbaum muestran un vuelco en la estrategia de seguridad que impuso López Obrador: la entrega de Rafael Caro Quintero y 28 narcotraficantes, la utilización de la Plataforma México, la atención a los territorios prioritarios, las capturas de generadores de violencia, el incremento de decomisos de armas y drogas…

Un ejemplo mayor: la noche del 21 de octubre en el ejido Plan de Oriente (El Doce) en Culiacán, tuvo lugar una operación militar para detener a Edwin Antonio Rubio López, alias El Max, integrante de una célula de El Mayo Zambada; de acuerdo con la información oficial, sicarios habrían abierto fuego contra los militares que repelieron el ataque con un saldo de 19 personas abatidas y ninguna baja del Ejército. Los militares aseguraron 4 ametralladoras, 17 armas largas, 5 armas cortas y un fusil Barret. No resulta creíble que tomando por sorpresa a los militares y disponiendo de semejante capacidad de fuego, los sicarios no hayan herido o matado a ningún soldado y que el “enfrentamiento” haya terminado con ese saldo.

El segundo episodio tuvo lugar el 4 de enero en Bácum, Sonora, donde —según la información oficial— una agresión de hombres armados contra agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dejó un saldo de ocho sujetos abatidos, entre ellos dos que eran objetivos criminales y contaban con órdenes de aprehensión. Sorprende que en ambos sucesos la narrativa oficial fue la de una agresión de los criminales con armas de fuego, a la cual se respondió con una eficacia y letalidad sorprendentes.

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Si, en efecto, en el primer tramo del gobierno de Claudia Sheinbaum los homicidios dolosos se han reducido 12%, los secuestros 9.3% y las extorsiones casi el 13%; una conclusión provisional sería que enfrentar a los criminales con la fuerza del Estado, en vez de darles abrazos, rinde resultados positivos. Pero, más allá de la detención de alcaldes de municipios pequeños coludidos con bandas delincuenciales, sigue ausente un enfoque integral, la participación de todas las instituciones del Estado y actores sociales e intocadas las redes políticas de protección a los grupos criminales.

Presidente de GCI.

@alfonsozarate

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No es la apología, es el tejido social roto

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Opinión de Jorge Nader Kuri | El Universal |

El reciente concierto en Zapopan, donde se proyectó la imagen de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, y se coreó con euforia una canción que lo glorifica, no es un hecho aislado ni un simple exceso artístico. Es el reflejo brutal de un fenómeno más profundo: la fractura del tejido social y la derrota simbólica del Estado en muchas regiones del país.

Limitar la discusión a si se violó o no el reglamento municipal, o si procede una investigación penal por apología del delito, es una respuesta jurídicamente correcta, pero éticamente insuficiente. Porque lo verdaderamente preocupante, más allá de la proyección de la imagen de un capo, es que haya sido celebrada, grabada, compartida y aplaudida por cientos de asistentes.

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Ese aplauso espontáneo, cómplice o inconsciente, es la expresión de un quiebre colectivo. Cuando una comunidad comienza a admirar al que impone el miedo; cuando el narcotraficante se convierte en símbolo de poder, justicia o éxito, estamos frente a un fenómeno estructural: la sustitución del Estado por el crimen organizado como proveedor de orden, recompensa y sentido de pertenencia. Cada ovación a un criminal es un silencio ensordecedor ante la ausencia del Estado.

El problema es esencialmente político, ético y cultural; y mientras se pretenda enfrentar con boletines y carpetas de investigación lo que en realidad exige una estrategia integral de reconstrucción comunitaria, seguiremos perdiendo la batalla por el alma colectiva.

El gobernador de Jalisco ha condenado los hechos y anunciado sanciones, y la Universidad de Guadalajara ha intentado deslindarse institucionalmente del contenido. Pero esa reacción reactiva llega tarde, y no basta. ¿Dónde estaban los controles previos? ¿Qué protocolos existen para evitar que los símbolos del crimen se normalicen en espacios públicos administrados por entidades educativas?

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La verdadera respuesta pasa por recuperar la presencia estatal en los territorios y en el imaginario social. Porque mientras el narco reparta despensas, organice festivales, construya canchas y brinde «justicia» inmediata, seguirá ocupando el lugar que el Estado ha abandonado. La legalidad necesita ser visible, rentable y confiable. De lo contrario, el mito del narco justiciero seguirá siendo más creíble que la promesa vacía de la democracia.

La cuestión no radica en censurar a los músicos ni en restringir los contenidos de sus canciones, sino en reflexionar sobre las condiciones sociales y culturales que permiten que esos mensajes resuenen profundamente en ciertas comunidades. ¿Qué futuro puede vislumbrar un joven que crece en una colonia donde el éxito se asocia con quien ostenta armas, lujos y una legión de seguidores? Estamos formando generaciones para quienes el criminal deja de ser una figura temida y se convierte en un modelo a seguir, y eso es un peligro potencial.

Mientras no reconstruyamos los referentes culturales y los vínculos comunitarios, estaremos combatiendo ídolos con discursos y leyes penales insuficientes, y esto nunca ha funcionado. La legalidad no se impone por decreto cuando el imaginario colectivo ya se rindió ante otros símbolos. Es evidente que el verdadero peligro no es que el crimen se celebre en canciones, sino que se empiece a celebrar en las conciencias.

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Abogado penalista.

jnaderk@naderabogados.com

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El cinismo como manejo de crisis

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Opinión de León Krauze | el Universal |

Una de las muchas cosas que distinguen esta época por la que atravesamos de otras etapas de la vida política es la desfachatez. Comienzo con una aclaración obvia pero necesaria: el cinismo siempre ha sido parte de los políticos y asumir responsabilidades por una equivocación siempre ha sido algo raro. Pero lo de ahora es distinto. Y ejemplos sobran, tanto en México como en Estados Unidos.

El manejo de crisis —que, en otras épocas, al menos, daba cabida a la rendición de cuentas— ahora sigue un método recurrente: negar cualquier responsabilidad y evitar asumir costos en absolutamente todos los casos. Es el mantra del gobierno que encabeza Donald Trump. Y lo es porque ha sido el modo de operar del propio Trump desde su época como empresario. Trump nunca pierde, y cuando pierde trabaja para crear la ilusión de lo contrario. Aunque las circunstancias más esenciales de la decencia —e incluso de la evidencia— así lo sugirieran, Trump nunca admite un error.

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El ejemplo más reciente es lo sucedido con el tristemente célebre chat de Signal, en el que el secretario de Defensa, Hegseth, compartió detalles confidenciales del ataque contra los hutíes. Tan clara y profunda es la falta que el desenlace correcto —e incluso legalmente congruente— sería la salida de Hegseth y, probablemente, del asesor de Seguridad Nacional, Waltz, quien fue quien sumó al periodista Jeffrey Goldberg a la conversación virtual. Si este escándalo hubiera ocurrido bajo cualquier otra administración, la rendición de cuentas sería inevitable.

Pero no con Trump.

Ante el escándalo, Trump se ha atrincherado, negándose a que los miembros de su gabinete rindan cuentas. Los rumores en Washington sugieren que Trump no está dispuesto a despedir a ninguno de los involucrados porque hacerlo implicaría, en su universo, reconocer debilidad y otorgarles un triunfo a sus adversarios. Por la cabeza no le pasa la rendición de cuentas elemental que debe ejercer un gobierno ético.

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El cinismo es el principio rector de su manejo de crisis

Lo mismo pasa en México. Basta ver el caso de Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué el partido oficial se niega a quitarle el fuero a Blanco? Si la evidencia es clara, y la necesidad moral de hacerlo —mucho más para un partido que se dice progresista, que ha prometido renovación moral, que se autodefine como feminista, y bla, bla, bla— es tan evidente, ¿por qué Morena opta por arropar a Blanco?

La respuesta está en el manual de manejo de crisis, uno de los legados esenciales de Andrés Manuel López Obrador. Como Trump, López Obrador asumía cada crisis como una amenaza casi personal a su asidero en el poder. No concebía la rendición de cuentas como un acto de responsabilidad y fortaleza, sino todo lo contrario: quien acepta un error y toma decisiones difíciles para remediarlo, muestra debilidad, pierde puntos políticos y regala una victoria a los adversarios. ¿Cuántas veces escuchó el lector a López Obrador aceptar un error en público? ¿Cuántas veces reconoció un tropiezo propio o de su equipo y actuó en consecuencia, así fuera en contra de sus propios deseos? Se me ocurren muy, pero muy pocas veces, si acaso.

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Todo esto podrá tener sentido como estrategia política populista. Después de todo, proyectar esa aura de invulnerabilidad es esencial para mantener el embrujo sobre la base electoral. Pero no hay que confundirlo con gobierno responsable. Ni mucho menos con gobierno ético.

¿Qué le queda al ciudadano? Recordar frente a las urnas. Los partidos en el poder que le han dado la espalda a la rendición de cuentas y actúan desde el cinismo apuestan por la amnesia colectiva. Trump quiere sacar del ciclo noticioso el chat de Signal y que sus “periodistas” afines desvíen la atención. En México llevamos años en un ciclo similar. Tocará al electorado demostrar que se puede tener memoria y se puede aspirar a gobiernos que asuman que rendir cuentas es de valientes.

@LeonKrauze

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