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Organizan evento a Claudia Sheinbaum con recursos de Poza Rica

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Operación Claudia

  • Desvían recursos de Poza Rica
  • Vehículos oficiales para evento político
  • El pulpo jura que no…pero hay fotos

Pese a que se trata de un delito electoral, empleados del Ayuntamiento de Poza Rica, que encabeza el alcalde de Morena, Fernando “El pulpo” Remes Garza, fueron captados usando vehículos oficiales para preparar el evento de la precandidata única a la presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo.

Este miércoles 17 de enero la aspirante cerrará precampaña en Poza Rica donde los empleados municipales fueron captados trabajando y preparando el evento.

En fotografías se puede identificar los vehículos oficiales con el logotipo y la leyenda “Poza Rica Viva Bella”.

En redes sociales, ciudadanos inconformes hicieron denuncias, mismas que fueron recogidas por medios electrónicos como “Vox Populi” y otros.

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“En pleno desvío de recursos públicos fueron sorprendidos empleados usando unidades del H. Ayuntamiento Local de ésta ciudad de Poza Rica, para habilitar el escenario en la plaza cívica 18 de marzo, donde están convocando a mitin político de cierre de precampaña de sus candidatos para el día de mañana 17, donde se presentará Claudia Sheibaum, candidata a la presidencia; Rocío Nahle, candidata a Gobernadora, así como otros aspirantes más a otros cargos de elección, por parte del partido Morena”.

Los ciudadanos señalaron que para el acondicionamiento del escenario se usó a la plantilla laboral del área de Atención Ciudadana.
Además, expusieron que empleados municipales fueron enviados a visitar a los jefes de manzana y comités de colonias, para llevar personas al mitin y así mostrar “músculo político”.

Los propios líderes de colonias señalaron que una de las estrategias de coacción que les aplicaron fue que, en caso de negarse a llevar determinado número de personas les serán suspendidos los apoyos que reciben del Ayuntamiento como son: despensas, kits de trabajo, láminas, etcétera.¡

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Cabe mencionar que “El Pulpo” dijo que ningún empleado municipal estará en el evento político de este miércoles, toda vez que es horario laboral, pero las fotografías evidencian lo contrario.

“Yo creo que es la voluntad de la gente (…) Nosotros, los que dirigimos, en mi caso a Poza Rica, no tengo a nadie que tenga que venir a fuerza” concluyó.

Es desvío de recursos

  • Usar empleados y autos oficiales
  • Lo pueden destituir

El alcalde de Morena, Fernando “El pulpo” Remes Garza, estaría incurriendo en desvío de recursos públicos al usar vehículos y personal del Ayuntamiento para preparar el evento de la precandidata única a la presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo a las denuncias ciudadanas para el evento se usaron vehículos oficiales con el logotipo del Municipio y personal del área de Atención Ciudadana; esto, en pleno día laboral.

El artículo 54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas define al desvío de recursos públicos como la asignación o desvío de recursos públicos, ya sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.

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El desvío de recursos públicos para fondear campañas tiene varias formas de materializarse, una de ellas es usar equipo y personal con cargo al Ayuntamiento para actividades políticas.

Cuando un servidor público es encontrado responsable del desvío de recursos públicos, se le impondrán sanciones que puede variar y será determinada por el Tribunal encargado del caso.

Algunas de las sanciones posibles son: Suspensión del empleo, cargo o comisión: Esta sanción implica la suspensión temporal de las funciones del servidor público por un período de treinta a noventa días naturales.

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Destitución del empleo, cargo o comisión: En casos más graves, el servidor público puede ser destituido de su empleo, cargo o comisión de manera permanente.

Además, se contempla la sanción económica misma que: se puede imponer al servidor público una multa económica como consecuencia de la falta administrativa cometida. Inhabilitación temporal: El servidor público puede ser inhabilitado temporalmente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. La duración de la inhabilitación dependerá de la gravedad de la falta y el monto de la afectación causada.

Es importante tener en cuenta que, en este caso, también se configura un delito electoral por lo que el funcionario podría incluso ser denunciado por la vía penal.
Cabe precisar que fue MORENA quien modificó la Constitución y aquellas personas que cometan un delito electoral se les castigan con cárcel de manera preventiva oficiosa, en tanto, se resuelve su situación jurídica.

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Y también hay bote

  • Delito Electoral comete El Pulpo
  • Cárcel preventiva

Además de desvío de recursos, alcalde de Poza Rica emanado de Morena, Fernando “El pulpo” Remes Garza, habría cometido un delito electoral al usar vehículos y personal del Ayuntamiento para preparar el evento de la precandidata única a la presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, quien visita esa ciudad este miércoles.

Cabe mencionar que fue MORENA quien impulsó la Ley General en materia de Delitos Electorales, misma que establece los tipos penales, sanciones, distribución de competencias y las formas de coordinación entre los tres niveles de gobierno para su investigación y persecución.

En dicha Ley se plantea que el Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos electorales.

Además, establece hipótesis delictivas para cualquier persona –sujeto indeterminado–, ministros de culto religioso, funcionario electoral, funcionario partidista, candidato y servidor público.

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Precisa que las autoridades de las entidades federativas serán competentes para investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos cuando no sea competente la Federación.

La Ley también dispone que los servidores públicos que cometan cualquiera de las transgresiones previstas se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación de dos a seis años para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, la destitución.

También se prevé una sanción de dos a nueve años de cárcel al precandidato, candidato, funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que aprovechen fondos, bienes o servicios, que tenga a su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato.

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Además, sugiere prisión de dos a nueve años, al servidor público que coaccione, induzca o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. El mismo supuesto se aplicará a los funcionarios que usen el condicionamiento de programas gubernamentales o programas de naturaleza social.

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El costo de la violencia

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El crimen organizado y la violencia en América Latina suponen un lastre para el desarrollo económico de América Latina. Es lo que sostiene el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe Crimen violento e inseguridad en América Latina y el Caribe: una perspectiva macroeconómica. El principal hallazgo es que la operación de grupos delictivos genera pérdidas equivalentes al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) latinoamericano. Así, el crimen disminuye la productividad laboral, los altos costos de seguridad reducen la probabilidad de que las empresas inviertan en innovación y las pequeñas empresas son las más vulnerables a sus efectos nocivos.

Con apenas el 8% de la población mundial, América Latina y el Caribe registra un tercio de los homicidios del mundo. Los grupos delictivos organizados y las pandillas están vinculados al 50% de los asesinatos en América Latina, más del doble del promedio mundial. Existe evidencia creciente de grupos transnacionales de narcotráfico organizado que están expandiendo sus operaciones a la minería ilegal de oro, la tala y el tráfico de vida silvestre en la cuenca del Amazonas. Las actividades ilícitas a menudo implican delitos convergentes como corrupción, extorsión, fraude, lavado de dinero, asalto violento o violencia sexual.

El FMI asegura que la reducción en la tasa de homicidios de América Latina y el Caribe impulsaría el crecimiento del PIB hasta en un 30% de la región, a través de una mayor acumulación de capital y productividad total de los factores. La disminución de la violencia de género también aumentaría el empleo entre las mujeres.

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Las ondas expansivas de los efectos del crimen organizado alcanzan desde el ciudadano de a pie hasta las grandes empresas. Un 30% de las compañías de la región perciben a la delincuencia como su problema clave y los costos directos —el valor de las pérdidas debido al delito y el gasto de las empresas en seguridad— se estiman en alrededor del 7% de sus ventas anuales. El análisis muestra además, que el tamaño de la empresa es importante. Las pequeñas empresas enfrentan pérdidas relativamente mayores debido a la delincuencia y gastan relativamente más en seguridad. Los costos directos de la delincuencia como porcentaje de las ventas anuales son casi el doble para las pequeñas empresas, un 7.8%, mientras que para las grandes empresas sólo supone un 4.1%. El impacto regresivo del delito también podría empujar a las pequeñas empresas hacia el sector informal.

En cuanto a México, el organismo señala que las redes criminales están profundamente vinculadas al tráfico de drogas y la extorsión. Al poner el foco en la segunda economía de América Latina, sólo detrás de Brasil, el FMI señala que la presencia de bandas criminales en México reduce la actividad económica, los ingresos y la educación al obstaculizar la movilidad de la población. La presencia de las bandas delictivas en México se concentra en algunos estados del norte del país, como Baja California, así como en el Bajío y centro de México, de acuerdo con un mapa elaborado por el organismo, a partir de datos oficiales. Como en otros países de América Latina, el órgano multilateral advierte una fuerte percepción de impunidad y corrupción al interior de las corporaciones de seguridad, misma que inhibe que los crímenes lleguen a denuncias.

Dadas las complejidades y los efectos indirectos de la violencia, el FMI insta a seguir dos recomendaciones:

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El fortalecimiento de la cooperación internacional contra las drogas ilícitas, el tráfico de armas y el lavado de dinero mediante la mejora del intercambio de inteligencia y la coordinación de operaciones conjuntas también ayudaría a reducir la rentabilidad del crimen organizado y la accesibilidad a las armas de fuego.

La seguridad se mejora fomentando un entorno de estabilidad económica, con políticas de educación, protección social y seguros bien diseñadas, que contengan la pobreza, el desempleo y las desigualdades. Las políticas que mejoran la educación de alta calidad y las oportunidades laborales para los jóvenes pueden debilitar el reclutamiento de organizaciones criminales al aumentar las recompensas por la educación y el empleo.

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May señala de liderar grupo criminal a jefe de SSP nombrado por Adán Augusto

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Historia de Expansión Política

El morenista Javier May, gobernador de Tabasco, dijo que Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública en los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino, dirigía al grupo criminal ‘La Barredora’. El mandatario acusó a las administraciones pasadas de haber permitido que los grupos de la delincuencia organizada »echaran raíces» en la entidad. ‘Nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada. Va a haber cero impunidad y vamos a atender las causas. Entonces yo creo que quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto’, dijo sobre mantas en las que presuntos miembros de crimen organizado aludieron al actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Tabasco, Víctor Hugo Chávez Martínez, y al comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Morán. ‘La Barredora’ es un grupo criminal local vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

‘Los que informaban también tendrán que explicar si tienen ellos información de que había pacto con la delincuencia organizada. No es que no hubiese pasado nada en Tabasco, no es que no hubiese secuestro, no hubiera extorsión, era un secreto a voces que había cobro de derecho de piso, que se les cobraba a las fondas, a los comerciantes», expresó May durante la conferencia de prensa. ‘Todos saben, aquí era vox pópuli quién comandaba ‘La Barredora’ ¿O no sabemos?’, cuestionó May. ‘Hernán Bermúdez’, respondió uno de los asistentes al evento. ‘Sí, ¿no?», aceptó el mandatario. »Pareciera ser que tenemos amnesia de lo que pasó, yo llevo en el encargo apenas un mes y medio, y ya vimos cómo se perfilan, cómo van cambiando su línea de comunicación, ahora es la nota roja lo más importante, lo más preponderante de algunos medios, y antes no destacaban nada’, expuso el mandatario que rindió protesta el 30 de septiembre pasado. ‘A nosotros no, ni nos van a buscar porque ya saben que no vamos a pactar. Con nosotros no hay ninguna relación, ningún encuentro con este tipo de cárteles u organizaciones’, expuso. Enero de este año, tras episodios de violencia en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena renunció a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad gobernada en ese momento por Carlos Merino. La salida del secretario se dio tras los asaltos que se registraron en Villahermosa la tarde del 4 de enero y las balaceras, incendios de autos y bloqueos de vialidades acontecidos en diciembre de 2023. Tras la renuncia de Bermúdez, el entonces comisionado de la Policía Estatal José del Carmen Castillo quedó como encargado de despacho de la SSP. Hernán Bermúdez Requena fue nombrado como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tabasco en diciembre 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López. En enero de este 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de propaganda los hechos de violencia ocurridos en Tabasco. Adán Augusto López Hernández gobernó en Tabasco entre el 1 de enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021. Después se unió al Gabinete de López Obrador.

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Y la Gobernadora Evelyn Salgado canta: ‘Si nos dejan…’

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Desde 2021, en su campaña por la Gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado acostumbraba a cerrar sus mítines políticos entonando canciones de Selena Quintanilla.

Sin embargo, ya a cargo de la entidad y mientras la violencia azota a los guerrerenses, la morenista ha sido criticada por estar más presente en “palomazos” que en momentos críticos de su Administración.

La noche del miércoles, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Acapulco (OFA), la Mandataria estatal cantó a dueto con el intérprete Jorge “Coque” Muñiz la canción “Si nos dejan”.

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Esa misma noche, a las 21:30 horas, fueron abandonados a un costado del carril sur-norte de la Autopista del Sol, en el Kilómetro 272, en el paraje conocido como “El Parador de Marqués”, 11 cuerpos desmembrados de comerciantes que estaban desaparecidos desde octubre pasado.

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“Se burlan de Guerrero, tanto su padre como ella, mientras el Estado ardiendo por la inseguridad”, comentó un usuario de redes sociales.

“Se la pasa cantando y divirtiéndose a costa del luto de familias”, apuntó otro.

Y es que la Mandataria se encontraba en la inauguración del recinto turístico y cultural El Partenón de Zihuatanejo, inmueble que pertenecía el ex jefe de la Policía de la Ciudad de México, Arturo Durazo, y que fue incautado por la ex Procuraduría Federal de la República.

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Lo que llamó la atención fue que se trasladó en helicóptero, en lugar de hacerlo por tierra en la carretera federal de la Costa Grande, donde en las últimas tres semanas se han registrado múltiples hechos de violencia y sus pobladores han tenido que encerrarse en sus casas para evitar ser víctimas del crimen.

“Pronto vamos a ir a Tecpan de Galeana y a Atoyac, en donde hay el apoyo de las fuerzas de seguridad que nos están ayudando”, alcanzó a decir la Gobernadora.

Los habitantes de los Municipios de Tecpan, Atoyac y San Jerónimo no han regresado al cien por ciento a la normalidad, luego los enfrentamientos que se registraron entre dos organizaciones de la delincuencia organizada con el Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal que dejaron un saldo de al menos 30 muertos.

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Sólo entre el miércoles y el jueves pasado, de acuerdo con informes, Guerrero vivió una ola de violencia con 30 asesinatos: 11 en Chilpancingo; 4 en Coyuca de Benítez; 3 en Teloloapan; 3 en Tecpan de Galeana, y uno en Cochoapa el Grande.

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