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¿Qué sería de la amlofobia sin el autoengaño?

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Opinión de Héctor Alejandro Quintana / Sin embargo /

En estos días el Juez Brian Cogan, de la Corte de Brooklyn, tomó una decisión muy reveladora, al negar la posibilidad de un nuevo juicio al exsecretario de Seguridad Pública en México, Genaro García Luna, quien se mantiene como un delincuente juzgado cuyo ciclo final llegará cuando reciba sentencia por sus crímenes en octubre de este año.

Parte del debate público mexicano debería en este momento centrarse en las implicaciones que esa decisión jurídica del Juez Cogan implican, que en buena medida son la reiteración de algo que se comprobó desde febrero de 2023, pero de lo que había fuertes indicios y pruebas desde 2005: que García Luna es un narcotraficante y que el Gobierno donde fungió de Secretario de Seguridad Pública, el de Felipe Calderón, fue un grupúsculo al servicio del crimen organizado.

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Sin embargo, hasta este momento no encontramos a un círculo rojo que discuta el tema hasta el hartazgo, donde se acuse de “narcos” a Felipe Calderón y su entorno aún activo en política, como la reciente exdiputada Margarita Zavala, o el hijo de ambos Luis Felipe, aspirante a ser uno más de los múltiples de ciberporros y acosadores digitales que ensucian el discurso público en redes para ganar fama y, probablemente, aspirar a algún cargo público.

La decisión de Cogan solidifica una tesis que ya era incontrovertible. Mucho tendría que decirse respecto a los narcogobiernos cuando se observa a un funcionario como García Luna, quien se mantuvo incólume en su cargo en seguridad pública por seis años; en un Gabinete cambiante donde hubo, por ejemplo, cinco secretarios de Gobernación. Y con el antecedente de que voces oficiales, como la de Ángeles Dauahare y Herrera Valles, alertaron a Calderón y a Mouriño desde 2006 del tipo de pillo que era García Luna. Y con la evidencia, mostrada por la prensa y reclamada en el Congreso por legisladores como Fernández Noroña, de que la riqueza y patrimonio de García Luna y Cristina Pereyra creció inexplicablemente de 2006 a 2012.

Y con el peso del argumento también de que parte del entorno de García Luna en la organización que creó, la Policía Federal, hoy está preso, procesado, confeso o prófugo, como ha sido el caso de Luis Cárdenas Palomino, Iván Reyes Arzate o Ramón Pequeño García.

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En suma, esos hechos incontestables apuntan sin duda a que las tramas de corrupción y crimen organizado fomentadas por el Gobierno de Calderón son quizá la punta de un iceberg de corruptelas y violencia gestadas por el propio entorno del Poder Ejecutivo. Eso debería ser un ejemplo de lo que es un narcogobierno. Las voces públicas mexicanas, más allá de ideologías, hoy deberían tener un consenso acerca de que ese sexenio fue uno de muerte y corrupción, y que sus actores, por negligentes o corruptos, deberían estar en el escarnio público sin contemplaciones.

Pero no es así. Lo que abunda en muchas voces públicas hoy es, de nuevo, la especulación que satisfaga los propios deseos, aunque con ello se omita la evidencia. Todo apunta a que seguiremos escuchando voces sesudas que acusan que el de López Obrador es el verdadero narcosexenio basados en la evidencia, entre comillas, de que saludó a la mamá de “El Chapo” (aunque éste esté en la cárcel); basados en que “soltó a Ovidio Guzmán” (aunque hoy éste esté en el sistema penitenciario estadunidense); o ya de plano en engañifas como que “López Obrador seguro está con el narco porque ha ido varias veces a Badiraguato” o porque en las conferencias matutinas se refiere a capos del narco por su nombre y no por su apodo.

Este tipo de argumentos están más cerca del esoterismo que de la evidencia. Pero han sido suficientes para acusar a un gobernante de narco y endilgar a su sucesora, Claudia Sheinbaum, la etiqueta de “narcocandidata”, pregón que se hace con base en las campañas de granjas de bots más caras en la historia de una red sociodigital como X, antes Twitter.

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¿Por qué hechos contundentes y bien documentados como la prisión a varios capos del calderonismo no es suficiente para definir a ese grupo político de narcos, pero un montón de paparruchas y especulaciones irracionales sí son suficientes para acusar al de López Obrador de narcogobierno?

Y sobre otros ámbitos, la actitud de la comentocracia amlofóbica es la misma. Hoy, por ejemplo, el partido del Presidente, Morena, de 2018 a 2024 ha sido protagónico en lograr que en 10 entidades de la República el aborto seguro sea no sólo despenalizado, sino un derecho. Esta evidencia es lo de menos. A esa comentocracia le basta basarse en una palabra desafortunada de una frase aislada que López Obrador dijo un día sobre una marcha feminista para concluir que es un político que odia a las mujeres y que su partido es conservador.

Aquí el problema no es que los voceros de la amlofobia tengan a la falacia de evidencia incompleta como base de sus convicciones. El asunto parece ser más simplista. Desde hace años parecen haber renunciado a la realidad y haberse entregado a confundir sus deseos con el análisis político.

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Porque esa actitud no comenzó en 2018. La etiqueta hoy de narcogobierno contra AMLO suple a la que en 2006 en su momento fue la de que era un peligro para México porque tenía el apoyo logístico y bélico del ejército bolivariano de Hugo Chávez. O la etiqueta en 2012, donde cínicamente mintió la propaganda del PAN, y se le acusó de ser el candidato peligroso porque llamaba a un levantamiento armado a jóvenes de Tlatelolco. Todo lo cual, desde luego, era falaz.

El problema no está en equivocarse o caer en noticias falsas. El problema está en empecinarse en ellas, aunque el tiempo y los hechos las desmientan. Tal vez de haber recurrido a esta mínima prueba ya no digamos de autocrítica, sino de decencia, hoy habría un debate público más sano y se revisarían las tareas de este Gobierno que sí son reales, como el hecho de que la violencia disminuyó, aunque sigue en números alarmantes o que aún faltan 22 entidades federativas donde los derechos de las mujeres siguen entrampados.

No se trata aquí de un dilema simplón de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Es una cuestión más grave: el sentido común de muchos opositores al Presidente se ha construido con base en mentiras y odio. Y no parece que, en el cambio de sexenio, haya la voluntad política de trocar la bilis por las neuronas.

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El costo de la violencia

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El crimen organizado y la violencia en América Latina suponen un lastre para el desarrollo económico de América Latina. Es lo que sostiene el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe Crimen violento e inseguridad en América Latina y el Caribe: una perspectiva macroeconómica. El principal hallazgo es que la operación de grupos delictivos genera pérdidas equivalentes al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) latinoamericano. Así, el crimen disminuye la productividad laboral, los altos costos de seguridad reducen la probabilidad de que las empresas inviertan en innovación y las pequeñas empresas son las más vulnerables a sus efectos nocivos.

Con apenas el 8% de la población mundial, América Latina y el Caribe registra un tercio de los homicidios del mundo. Los grupos delictivos organizados y las pandillas están vinculados al 50% de los asesinatos en América Latina, más del doble del promedio mundial. Existe evidencia creciente de grupos transnacionales de narcotráfico organizado que están expandiendo sus operaciones a la minería ilegal de oro, la tala y el tráfico de vida silvestre en la cuenca del Amazonas. Las actividades ilícitas a menudo implican delitos convergentes como corrupción, extorsión, fraude, lavado de dinero, asalto violento o violencia sexual.

El FMI asegura que la reducción en la tasa de homicidios de América Latina y el Caribe impulsaría el crecimiento del PIB hasta en un 30% de la región, a través de una mayor acumulación de capital y productividad total de los factores. La disminución de la violencia de género también aumentaría el empleo entre las mujeres.

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Las ondas expansivas de los efectos del crimen organizado alcanzan desde el ciudadano de a pie hasta las grandes empresas. Un 30% de las compañías de la región perciben a la delincuencia como su problema clave y los costos directos —el valor de las pérdidas debido al delito y el gasto de las empresas en seguridad— se estiman en alrededor del 7% de sus ventas anuales. El análisis muestra además, que el tamaño de la empresa es importante. Las pequeñas empresas enfrentan pérdidas relativamente mayores debido a la delincuencia y gastan relativamente más en seguridad. Los costos directos de la delincuencia como porcentaje de las ventas anuales son casi el doble para las pequeñas empresas, un 7.8%, mientras que para las grandes empresas sólo supone un 4.1%. El impacto regresivo del delito también podría empujar a las pequeñas empresas hacia el sector informal.

En cuanto a México, el organismo señala que las redes criminales están profundamente vinculadas al tráfico de drogas y la extorsión. Al poner el foco en la segunda economía de América Latina, sólo detrás de Brasil, el FMI señala que la presencia de bandas criminales en México reduce la actividad económica, los ingresos y la educación al obstaculizar la movilidad de la población. La presencia de las bandas delictivas en México se concentra en algunos estados del norte del país, como Baja California, así como en el Bajío y centro de México, de acuerdo con un mapa elaborado por el organismo, a partir de datos oficiales. Como en otros países de América Latina, el órgano multilateral advierte una fuerte percepción de impunidad y corrupción al interior de las corporaciones de seguridad, misma que inhibe que los crímenes lleguen a denuncias.

Dadas las complejidades y los efectos indirectos de la violencia, el FMI insta a seguir dos recomendaciones:

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El fortalecimiento de la cooperación internacional contra las drogas ilícitas, el tráfico de armas y el lavado de dinero mediante la mejora del intercambio de inteligencia y la coordinación de operaciones conjuntas también ayudaría a reducir la rentabilidad del crimen organizado y la accesibilidad a las armas de fuego.

La seguridad se mejora fomentando un entorno de estabilidad económica, con políticas de educación, protección social y seguros bien diseñadas, que contengan la pobreza, el desempleo y las desigualdades. Las políticas que mejoran la educación de alta calidad y las oportunidades laborales para los jóvenes pueden debilitar el reclutamiento de organizaciones criminales al aumentar las recompensas por la educación y el empleo.

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May señala de liderar grupo criminal a jefe de SSP nombrado por Adán Augusto

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Historia de Expansión Política

El morenista Javier May, gobernador de Tabasco, dijo que Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública en los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino, dirigía al grupo criminal ‘La Barredora’. El mandatario acusó a las administraciones pasadas de haber permitido que los grupos de la delincuencia organizada »echaran raíces» en la entidad. ‘Nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada. Va a haber cero impunidad y vamos a atender las causas. Entonces yo creo que quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto’, dijo sobre mantas en las que presuntos miembros de crimen organizado aludieron al actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Tabasco, Víctor Hugo Chávez Martínez, y al comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Morán. ‘La Barredora’ es un grupo criminal local vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

‘Los que informaban también tendrán que explicar si tienen ellos información de que había pacto con la delincuencia organizada. No es que no hubiese pasado nada en Tabasco, no es que no hubiese secuestro, no hubiera extorsión, era un secreto a voces que había cobro de derecho de piso, que se les cobraba a las fondas, a los comerciantes», expresó May durante la conferencia de prensa. ‘Todos saben, aquí era vox pópuli quién comandaba ‘La Barredora’ ¿O no sabemos?’, cuestionó May. ‘Hernán Bermúdez’, respondió uno de los asistentes al evento. ‘Sí, ¿no?», aceptó el mandatario. »Pareciera ser que tenemos amnesia de lo que pasó, yo llevo en el encargo apenas un mes y medio, y ya vimos cómo se perfilan, cómo van cambiando su línea de comunicación, ahora es la nota roja lo más importante, lo más preponderante de algunos medios, y antes no destacaban nada’, expuso el mandatario que rindió protesta el 30 de septiembre pasado. ‘A nosotros no, ni nos van a buscar porque ya saben que no vamos a pactar. Con nosotros no hay ninguna relación, ningún encuentro con este tipo de cárteles u organizaciones’, expuso. Enero de este año, tras episodios de violencia en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena renunció a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad gobernada en ese momento por Carlos Merino. La salida del secretario se dio tras los asaltos que se registraron en Villahermosa la tarde del 4 de enero y las balaceras, incendios de autos y bloqueos de vialidades acontecidos en diciembre de 2023. Tras la renuncia de Bermúdez, el entonces comisionado de la Policía Estatal José del Carmen Castillo quedó como encargado de despacho de la SSP. Hernán Bermúdez Requena fue nombrado como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tabasco en diciembre 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López. En enero de este 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de propaganda los hechos de violencia ocurridos en Tabasco. Adán Augusto López Hernández gobernó en Tabasco entre el 1 de enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021. Después se unió al Gabinete de López Obrador.

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Y la Gobernadora Evelyn Salgado canta: ‘Si nos dejan…’

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Desde 2021, en su campaña por la Gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado acostumbraba a cerrar sus mítines políticos entonando canciones de Selena Quintanilla.

Sin embargo, ya a cargo de la entidad y mientras la violencia azota a los guerrerenses, la morenista ha sido criticada por estar más presente en “palomazos” que en momentos críticos de su Administración.

La noche del miércoles, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Acapulco (OFA), la Mandataria estatal cantó a dueto con el intérprete Jorge “Coque” Muñiz la canción “Si nos dejan”.

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Esa misma noche, a las 21:30 horas, fueron abandonados a un costado del carril sur-norte de la Autopista del Sol, en el Kilómetro 272, en el paraje conocido como “El Parador de Marqués”, 11 cuerpos desmembrados de comerciantes que estaban desaparecidos desde octubre pasado.

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“Se burlan de Guerrero, tanto su padre como ella, mientras el Estado ardiendo por la inseguridad”, comentó un usuario de redes sociales.

“Se la pasa cantando y divirtiéndose a costa del luto de familias”, apuntó otro.

Y es que la Mandataria se encontraba en la inauguración del recinto turístico y cultural El Partenón de Zihuatanejo, inmueble que pertenecía el ex jefe de la Policía de la Ciudad de México, Arturo Durazo, y que fue incautado por la ex Procuraduría Federal de la República.

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Lo que llamó la atención fue que se trasladó en helicóptero, en lugar de hacerlo por tierra en la carretera federal de la Costa Grande, donde en las últimas tres semanas se han registrado múltiples hechos de violencia y sus pobladores han tenido que encerrarse en sus casas para evitar ser víctimas del crimen.

“Pronto vamos a ir a Tecpan de Galeana y a Atoyac, en donde hay el apoyo de las fuerzas de seguridad que nos están ayudando”, alcanzó a decir la Gobernadora.

Los habitantes de los Municipios de Tecpan, Atoyac y San Jerónimo no han regresado al cien por ciento a la normalidad, luego los enfrentamientos que se registraron entre dos organizaciones de la delincuencia organizada con el Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal que dejaron un saldo de al menos 30 muertos.

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Sólo entre el miércoles y el jueves pasado, de acuerdo con informes, Guerrero vivió una ola de violencia con 30 asesinatos: 11 en Chilpancingo; 4 en Coyuca de Benítez; 3 en Teloloapan; 3 en Tecpan de Galeana, y uno en Cochoapa el Grande.

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