Columnas
¿Quién pompó Andy?
Opinión de Raymundo Riva Palacio | Debate |
En abril 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en el último tramo de su sexenio, volvió a sembrar en el imaginario colectivo los excesos del viejo régimen, con verdades y mentiras, con frivolidad y generalidades, y con ese aire cínico tan característico de él, en su campaña permanente para pintar de corrupto todo el pasado. “¿Quién pompó avioncito?, ¿quién pompó?”, dijo ese día desde el patíbulo de Palacio Nacional. “¿Quién pompó departamentito?, ¿quién pompó? ¿Quién pompo la casita?, ¿quién pompó? ¿Quién pompo cochecito?, ¿quién pompó? ¿Quién pompo las alhajitas?, ¿quién pompó?”.
Aquella ironía que buscaba entrar como un estoque en el cuerpo de la oposición y sus críticos, se le ha regresado en la forma de la idea que se ha transmitido de manera empírica por siglos, pero que le dio cuerpo científico Isaac Newton en la Ley de la Gravedad, de que todo lo que sube, siempre baja. Pero esto no se queda en su hijo Andrés Manuel, Andy, quien no deja de ser expuesto como una persona que debe tener cruzados los conceptos porque una vida en “la justa medianía”, como repite lo que decía su padre, incluye una cena de 47 mil pesos, tres mil pesos más que su salario como secretario de Organización de Morena, como reveló este fin de semana el sitio Aristegui Noticias.
José Ramón se la pasa de vacaciones.
Andy López con cenas de 47 mil pesos en Tokio.
Bobby haciendo negocios con “El Clan”
Jesús Ernesto viviendo en una de las zonas más exclusivas de Madrid.
Todo a costa de nuestros impuestos. pic.twitter.com/KGQmXadJrs
— Bartolomé Manzano Hernández (@BartManzano01) August 18, 2025
¿Quién pompó? Quién sabe de dónde salió el dinero, porque Andy no ha explicado la fuente de sus ingresos, obligado como funcionario del partido en el poder, pero sobre todo, ineludible porque la opulencia es todo lo que su padre, y él mismo en sus incursiones retóricas, proclamaban, porque es un golpe a la narrativa de sencillez que tanto presumía la familia López Obrador. Se descarta desde ahora cualquier investigación para determinar el presunto uso de recursos de procedencia ilícitos, pero no para otra investigación en Estados Unidos donde el hijo del expresidente, no está solo.
De acuerdo con fuentes diplomáticas en Washington, el gobierno estadounidense inició una investigación en contra de los hijos de López Obrador, del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y de un número no determinado de miembros del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, para determinar si tienen o mantienen cuentas en paraísos fiscales y analizar la procedencia de esos recursos.
La primera parte de la investigación se enfoca en Panamá, donde de acuerdo con las fuentes, se ha pedido la colaboración de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, que entre sus atribuciones se encuentran la recopilación y análisis de información financiera relacionada con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. No hay ningún reporte de que ese perfil de mexicanos haya tenido cuentas en Panamá, pero de acuerdo a lo que explicaron las fuentes, es que empezarán por ahí ante la posibilidad de que hayan cambiado sus cuentas -detectadas privada y públicamente- en paraísos fiscales en el Caribe.
El año pasado, en el contexto de las campañas electorales se publicaron en las redes sociales y en la prensa presuntas cuentas en paraísos fiscales de Nahle y de su esposo José Luis Peña, en las Bahamas y las Islas Vírgenes, y de Brugada en las Islas Seychelles. Nahle negó los señalamientos y en el caso de Brugada, el expresidente le pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que desmintiera las informaciones.
Tener cuentas personales o través de sociedades, que es lo más común para ocultar a los propietarios en un paraíso fiscal, no es automáticamente un delito. Se configura un ilícito si no se reportaron al SAT esos ingresos para evadir al fisco, o si se utilizan para lavar dinero o es resultado de actos de corrupción. Esto es lo que pretenden revisar las autoridades estadounidenses.
La hipótesis que manejan en Estados Unidos es que antes esas revelaciones, personas cercanas al círculo de López Obrador o que actualmente estén en el gobierno de Sheinbaum y bajo investigación por presuntos vínculos con los cárteles de las drogas, pudieran haberse sentido observados en los paraísos fiscales y movieran sus cuentas a Panamá.
Esa nación centroamericana estuvo durante poco más de una década observada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por deficiencias en sus sistemas de protección para evitar que fueran utilizados para lavar dinero y esconder dinero ilícito mediante empresas fantasma. Los gobiernos europeos retiraron a Panamá hace escasas seis semanas de la lista de jurisdicciones de alto riesgo por sus deficiencias para luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Desde julio, México se encuentra bajo revisión del GAFI, que es una evaluación programada y de mutuo acuerdo, aunque el inicio de esos trabajos se vio ensombrecida por las sanciones que impuso -están en una prórroga- el Departamento del Tesoro a tres instituciones mexicanas, Intercam, CI Banco y Casa de Bolsa Vector.
La investigación abierta en Estados Unidos sobre un grupo específico de personas ligadas a López Obrador y al régimen en Panamá, es diferente a la que se realiza en México, aunque buscan el mismo objetivo: evitar el lavado de dinero y el financiamiento a grupos terroristas, como clasifica la Administración Trump a seis cárteles mexicanos.
El gobierno estadounidense, de manera directa o a través de anuncios públicos, ha establecido como prioridad la disrupción de los canales de financiamiento de los cárteles dentro del sistema financiero mexicano, pero han extendido sus investigaciones para determinar las redes de protección institucional mediante las pistas que pudieran encontrar en el extranjero, que permitiera establecer cooperación de personajes del régimen con las organizaciones criminales.
En Estados Unidos tienen información de vínculos entre miembros de Morena y los cárteles, que están judicializando, para proceder o para entregar al gobierno de Sheinbaum para que antes que ellos, actúe contra esas personas.
Gastos como los realizados por López Beltrán, no ayudan al régimen, sino que arrojan más luces de sospecha sobre de dónde salen los recursos para mantener un nivel tan alto de gasto. Demostrar su origen, tendría que ser la prioridad de Andy.
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Una acción inesperada, pero necesaria
Opinión de Elisur Arteaga Nava
“… a los hombres grandes no hay que tocarlos y, si se los toca, es preciso acabar con ellos (Istorie fiorentini, libro IV, 30, en Machiavelli, tutte le opere, Sansoni Editore, Firenze, 1971, p. 735).
Este domingo que pasó (22 de febrero de 2026) fuimos testigos de una aplicación práctica del principio maquiavélico: Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho y algunos de sus guardaespaldas fueron eliminados. La autoridad comenzó a imponerse. Lo hizo a cambio de pagar un precio elevado en vidas humanas. Esas pérdidas, por el lado que se les vea, son lamentables; mucho más lo son cuando se trata de elementos castrenses, cuya acción se enderezó a imponer la vigencia de la ley y en acatamiento de órdenes emanadas de superiores jerárquicos. Que alguien muera en cumplimiento del deber es lamentable; el sacrificio es digno de reconocimiento y encomio. Son héroes en un mundo en el que suponíamos ya no se daban.
El costo en vidas, sobre todo de aquellos que cayeron en cumplimiento de su deber, fue inmenso. Muchas familias quedaron en estado de indefensión.
La zona en que tuvieron lugar los hechos estuvo y está en estado de sitio: no se permite la libre circulación ni el ejercicio pleno de las libertades; está convertida en un distrito militar y sus habitantes sujetos a revisión: de sus personas y de sus domicilios. Lo que es explicable y, a la vez, lamentable. Lo es por cuanto a que en la Constitución existen bases para actuar de esa manera, que no se han agotado.
No se ha dispuesto una suspensión de derechos y garantías en los términos que establece el artículo 29 constitucional. Nadie lo ha hecho notar. Explica, pero no justifica, el que se haya procedido de esa manera el poder de fuego de la delincuencia, la violencia ejercida por ella, la gravedad de los hechos y el poder adquirido por Nemesio Oseguera, tanto en la zona de los hechos como en el país, en general.
Nemesio Oseguera era un grande en el sentido maquiavélico. Lo era por razón de los hombres armados, recursos económicos y armamento con que contaba y de los que disponía. También lo era por las grandes porciones del territorio nacional que tenía bajo su control. Había que acabar con esa situación.
Pese a lo anterior, todo demuestra que el respeto de la Constitución, como sucedió durante los gobiernos priistas, sigue siendo potestativo y no obligatorio también para los gobiernos morenistas.
AMLO, por las razones que hayan sido, no se metió con Nemesio Oseguera pese a que sabía de su existencia, de su actuación, de su vida y milagros. Su inacción es imperdonable e inexcusable. Dejó crecer el problema hasta que se volvió incontrolable. Como en todo: en su ánimo de quedar bien con todos, el llamado “mejor presidente que ha tenido México”, dejó crecer también ese problema.
Una vez iniciada la lucha contra la delincuencia, por aconsejar la prudencia política, es preciso llevarla hasta sus últimas consecuencias. La presidenta de la República, la señora Sheinbaum, los miembros de las Fuerzas Armadas y del orden, en general, saben que tienen el apoyo de los mexicanos. Ella, sabiendo que cuenta con el Congreso de la Unión, para no seguir violando la Carta Magna, debe echar mano de la institución prevista en el artículo 29 constitucional. Mucho más se justifica hacerlo para pacificar y restablecer el orden en el territorio nacional.
Por virtud de las acciones emprendidas el domingo 22 de febrero se tocó a un grande: a Nemesio Oseguera; muerto éste, la política realista aconseja que también se toque a sus cómplices y a todas las ramificaciones de su organización criminal. Existen los medios constitucionales para fundar las acciones que se emprendan.
De actuarse de manera tímida o ilegal, es esperarse que la reacción de la delincuencia organizada se deje sentir durante el Mundial de Futbol. Hay muchos elementos de tecnología avanzada para atentar contra quienes participen en la competencia o de quienes asistan a ella. Por ello, iniciada que fue la acción, nada debe detenerla; se debe ir hasta sus últimas consecuencias.
Ironía de la vida: la zona en que el Mencho operaba, detalles menos detalles más, es la misma en la que actuó el tuerto Manuel Lozada, alias el Tigre de Álica. Éste, aprovechándose de la inestabilidad en que cayó el país por virtud de la guerra de Tres años y de la invasión francesa, estuvo en posibilidad de levantar un ejército de bandoleros de más de siete mil hombres (J. Meyer, Manuel Lozada, Tusquets, México, 2015, p. 127); él, con base en su poder real, se dio el lujo de disponer de una reforma agraria aplicable en la zona bajo su control. Traicionó a la República y al presidente Juárez; apoyó a Maximiliano.
Porfirio Díaz, el 10 de noviembre de 1871, como general en jefe del Ejército Constitucionalista, reconoció y declaró como un muevo estado al séptimo cantón de esa entidad (Benito Juárez, Documentos, discursos y correspondencia, Secretaría del Patrimonio Nacional, tomo XV, México, 1970, p. 546). El presidente Sebastián Lerdo de Tejada, posteriormente, declaró la región como distrito militar y, con base en esa declaración, mandó al ejército; puso al frente del ejército a dos militares excepcionales: Ramón Corona y Sóstenes Rocha. Las tropas federales acabaron con el bandolerismo generalizado que había en la zona. Manuel Lozada fue fusilado el 19 de julio de 1873. Para resguardo de la zona, durante el resto del siglo XIX la región siguió siendo un distrito militar.
El Constituyente de 1917 dispuso que el séptimo distrito se convirtiera en un nuevo estado con el nombre de Nayarit (art. 47 de la Constitución).
Entre el Tigre Manuel Lozada y el Mencho existe otra coincidencia: en la caída de ambos hubo faldas de mujer de por medio.
Una vez emprendida la acción de persecución y castigo contra esa delincuencia específica, es preciso llevar la acción hasta sus últimas consecuencias. Se tocó a un grande: es preciso, como dice Maquiavelo, spegnere, extinguirlo, acabarlo, pero hacerlo con base en la ley; se debe impedir que sus seguidores se reagrupen y reaccionen y que lo hagan con perjuicio de los mexicanos y del Estado de derecho.
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Más allá del narcotráfico
El devastador impacto ambiental del Cártel de Jalisco Nueva Generación en América Latina
La violencia en México se intensificó tras un operativo militar en el sur del estado de Jalisco que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En represalia, el cártel desató una ola de ataques y bloqueos en varios puntos del país que ya dejan más de 60 personas muertas.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación es considerado uno de los grupos criminales más poderosos y violentos de México. Mantenía una extensa red dedicada al tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos. Su expansión también ha tenido graves consecuencias ambientales y sociales. Investigaciones periodísticas de Mongabay Latam documentan cómo miles de pescadores en Jalisco y la costa del Pacífico viven atrapados entre la pobreza, la extorsión y la violencia, mientras el cártel utiliza los mares para el narcotráfico.
En tierra, la expansión del aguacate ha provocado una alarmante pérdida de bosques, en un negocio infiltrado por mafias ligadas al CJNG. Además, más de 200 toneladas de mercurio han sido traficadas desde México hacia la Amazonía de Perú, Bolivia y Colombia para alimentar la minería ilegal. En Ecuador, bandas de piratas asociadas al cártel mexicano controlan puertos y extorsionan a pescadores artesanales, extendiendo la violencia más allá de las fronteras mexicanas.
Jalisco es el segundo estado productor de aguacate en México. Imágenes satelitales revelan cómo la expansión de este cultivo ha generado una grave pérdida de bosque. A esto se suma que detrás de este negocio hay mafias criminales que se presentan como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Miles de pescadores en Jalisco y la costa del Pacífico mexicana están atrapados entre la pobreza y la violencia del narcotráfico. El Cártel de Jalisco Nueva Generación utiliza los mares para expandir sus negocios ilícitos. Investigamos el caso.
Más de 200 toneladas de mercurio han sido traficadas desde México hacia la Amazonía de Perú, Bolivia y Colombia para alimentar la minería ilegal. Así lo revela la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), que además encontró que el Cártel Jalisco Nueva Generación lidera esta red criminal.
Más del 70 % de pescadores artesanales en Puerto Bolívar, en Ecuador, paga extorsiones para salir a pescar. Quienes no pagan enfrentan amenazas, robos, desapariciones y asesinatos. Piratas y bandas como Los Lobos, ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, controlan el narcotráfico en el puerto
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El Mencho es el mensaje
Opinión de Raymundo Sánchez
Lo dijo perfecto el general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, en la conferencia mañanera del pasado lunes: “Se demostró la fuerza del Estado mexicano”, en referencia al operativo del Ejército con el que se eliminó a Nemesio Rubén Oseguera, alias El Mencho, uno de los más peligrosos capos del planeta.
En efecto, la acción militar contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación dejó claro que la fuerza del Estado mexicano es mucho mayor a la de cualquier grupo delictivo, con lo que se modifica la percepción sobre el poder real y efectivo de la delincuencia organizada.
Bastaron un impecable trabajó de inteligencia entre México y Estados Unidos, y un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad, al mando de Omar García Harfuch, para dejar acéfalo al mayor grupo criminal de México, al que se le atribuyen más de 75 mil homicidios, la desaparición de 10 mil personas en Jalisco y un poderío económico de 20 mil millones de dólares.
Un cártel que, además, opera en 29 de las 32 entidades de México, y cuyos tentáculos se extienden a 40 países de Europa, América, Asia, África, y a las 50 entidades de Estados Unidos. Un poder mucho mayor al que en su momento tuvo el colombiano Pablo Escobar. Pero ni así le alcanzó para evadir la acción del gobierno mexicano el pasado domingo.
En ese sentido, el operativo ejecutado por la Defensa Nacional fue en sí mismo un muy poderoso mensaje para los miembros de la delincuencia organizada, que hasta el sexenio pasado se les dejó imponer su ley, controlar 70 por ciento del territorio nacional, poner y quitar gobernantes y crear un Estado paralelo, mientras Palacio Nacional les daba abrazos y a lo mucho les advertía que los acusaría con su abuelita.
Ahora, el gobierno cambió la ecuación a los maleantes y a sus cómplices en la política: el Estado dio un primer paso para recuperar el monopolio del uso de la fuerza y los territorios que les cedieron en el sexenio pasado. Y lo hace con calibres de uso exclusivo del Ejército.
También les hizo entender que la primera mujer presidentA no repetirá la historia del culiacanazo, cuando el 17 de octubre de 2019 el entonces presidente López ordenó liberar a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, inmediatamente después de que fuerzas federales lo habían aprehendido en Culiacán.
Pero, sobre todo,
el operativo para eliminar a El Mencho mostró al mundo que el Estado mexicano y sus Fuerzas Armadas sí tienen la capacidad de combatir con éxito a los grupos delictivos
, del tamaño que sean, sin la intervención operativa de agentes estadounidenses. Y que, si sus antecesores en el gobierno no lo hicieron, evidentemente fue porque no quisieron. ***
EN EL VISOR:
Toda la cuatroté respaldó y felicitó a la presidentA Sheinbaum y a las Fuerzas Armadas por el operativo en el que resultó abatido el capo
Nemesio Rubén Oseguera.
No así el fundador del movimiento, cuyo silencio dice más que mil palabras.
POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN COLABORADOR RAYMUNDO@HERALDODEMEXICO.COM @R_SANCHEZP
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