Columnas
Rehenes de la extorsión en México
Llegaron los dos chavos a última hora de la noche con la mirada cruzada. El neón de la taquería decía “abierto” en letras rojas como de rótulo de viejo cine de barrio. En el lateral del carrito de acero inoxidable desfilaban, en un panel electrónico, las palabras Tacos Ruben’s, taquería chingona. Ya entrados en la treintena, los dos jóvenes resaltaban en la oscuridad de la colonia Escandón, en el centro de Ciudad de México. Él, por su metro noventa; la güera, por el pelo rubio y esas curvas de quirófano que, semanas después, cuando ya se había teñido el cabello de negro para confundir su rastro, la delatarían ante los ojos de los policías.
Comieron en silencio, pero con una actitud que hizo que el hijo de Rubén Orozco, el hombre que puso nombre a la taquería, le dijera a su padre: “Estos son medio payasones”. Orozco, que se había ausentado unos minutos del puesto, reparó por primera vez en ellos. Se inquietó.
—Volteo a ver al joven y me está escaneando. Se me queda viendo muy raro.
Lo recuerda con detalle porque aquel día era el cumpleaños de su mujer. Estaba de buen ánimo, enero acababa, las cosas marchaban, era noche de celebración. Miró al hombre del metro noventa a los ojos y preguntó:
—¿Qué se le ofrece? ¿Qué le falta?
El hombre apartó la mirada. Cuando la pareja terminó de comer, se acercó a pagar. Dijeron que eran nuevos en el barrio, que querían hacer una fiesta de bienvenida con una buena taquiza, que si les podía dar su teléfono para contactarlo. El taquero primero se resistió, dio excusas educadas, pero ante la insistencia acabó cediendo. Luego se fue a casa y dejó a su hijo terminando de recoger. El puesto suele cerrar sobre medianoche, pero después todavía queda un rato de limpieza. Una hora después, su teléfono sonó.
—Don Rubén, ¿qué pasó? ¿Cómo está?
—Bien, dígame.
—Pues acabo de mandar a mi gente.
—¿Y qué gente? ¿De qué se trata?
—No te hagas, ya sabes de qué se trata. ¿Cuánto vale la tranquilidad de tu familia?
De 59 años, Orozco gasta complexión de boxeador, es un tipo alto y fornido, profesor de karate en el barrio, diestro también en Haidong Gumdo, el arte de la espada coreana. Luego están las décadas en la taquería, el manejo del cuchillo de carnicero, una mano derecha como una maza de carne. La cabeza disciplinada por las katas, el carácter templado por el trabajo: al principio no se preocupó, pero la voz del otro lado de la línea se metió en su cabeza.
—¿Cooperas o paso por tu hijo, que todavía está lavando?
La conversación telefónica duró 40 minutos y, para el final, Orozco había aceptado pagar 20.000 pesos, unos 1.050 dólares. Los extorsionadores sabían que en Tacos Ruben’s trabajaba toda la familia, que aceptaban tarjetas de crédito, que después de su aparición en la serie de Netflix Las crónicas del taco su clientela se había multiplicado. Orozco aceptó enviarles dos retiros sin tarjeta, una modalidad en la que, con un número de referencia, cualquiera puede sacar dinero de la cuenta de alguien, en cualquier cajero. Durante la llamada mandó un retiro de 9.000 pesos y acordó completar el resto al día siguiente.
En la mañana, Orozco se levantó a las seis y fue al mercado de la Merced a surtirse para la taquería. Para las 14.00 ya había enviado el dinero que faltaba. Pensó que lo peor había pasado. Pero a las 20.30, el teléfono sonó otra vez:
—Dice el jefe que no es suficiente, que no puede ser que en 20 años tú no tengas un ahorro.
Eran criminales de poca monta, pero Orozco no lo sabía. Le dijeron que pertenecían a La Unión Tepito, la mafia capitalina por excelencia, fuerte en la zona norte del centro. Decían que si no tenía dinero en el banco se lo pidiera prestado a un amigo, que vendiera su carro, que le echara imaginación. Asustada, la familia echó cuatro camisetas en una maleta, recogió la camioneta, aparcada en el estacionamiento público frente a Tacos Ruben’s, contrató una mudanza para llevarse el puesto y huyeron. De salida, fueron a la Fiscalía a denunciar. Cinco horas después, en una fría madrugada de enero, la familia abandonaba Ciudad de México.
Siete millones
En la jerga policial, lo que sufrió la familia Orozco se llama extorsión directa o física: cuando hay contacto directo con el criminal. La llamada telefónica completaba la visita previa de los dos jóvenes a la taquería, que solo necesitaron su número celular para engancharle, la pinza perfecta.
Orozco hizo algo que casi nadie hace: denunciar al momento. El hombre actuó por inercia, no esperaba avance alguno. Esa misma noche, él y su mujer se instalaron en un pueblo a 60 kilómetros de la capital. El hijo del taquero, resguardado con su hermana en casa del novio de ella, puso un mensaje en la cuenta de Instagram de la taquería, dando las gracias a los clientes de tantos años, despidiéndose de ellos y culpando, sin más detalles, a la extorsión.
Aquel mensaje en redes se hizo viral. Tanto, que el alcalde de Miguel Hidalgo, paraguas distrital de la colonia Escandón, Mauricio Tabe, cliente habitual de la familia Orozco, les preguntó cómo podía echar una mano. Orozco conocía al funcionario de sus visitas al puesto, pero nunca se le ocurrió pedirle ayuda. Tabe los envió a la Dirección de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión de la policía de Ciudad de México. Una vez ahí, la investigación empezó a avanzar. Era mediados de febrero.
Como parte de la oleada violenta que atenaza a México, la extorsión se ha convertido, a la fuerza, en una de las prioridades de la Administración. Según la encuesta de victimización y percepción de la seguridad en el país, que elabora cada año el Instituto Nacional de Estadística, es el tercer delito que más sufre la población. En 2023, último año de estudio, 5.213 mexicanos de cada 100.000 dijeron haber sido víctimas de extorsionadores. Es decir, casi siete millones de ciudadanos al año: más de 18.000 cada día, 780 por hora, 13 al minuto.
Cobro de piso, apoyos a líderes comerciantes que nadie ha elegido, estímulos a la autoridad… Son diferentes formas de llamar a la extorsión, que en México es ya una epidemia. Delincuentes cobran piso a vendedores de tortillas, pollo o huevo. Criminales exigen pagos a comerciantes por instalar puestos en mercados callejeros, por abrir negocios en zonas de alta, media y baja plusvalía, o por producir tequila y mezcal. Policías piden cooperación a conductores para seguir su camino… Extorsionan a productores de plátano, a ciudadanos que tienen familia en Estados Unidos y mandan remesas, a albañiles y migrantes. A todos.
Parte del problema es la cantidad de casos que se denuncian, prácticamente ninguno. Según la encuesta mencionada arriba, el 96,7% de las víctimas de extorsión no denuncian los hechos, seguramente temerosos de las consecuencias. No es una cifra excepcional en el panorama mexicano. Según los cálculos de diferentes organizaciones dedicadas a monitorear el sistema de justicia, los niveles de impunidad en el país superan el 90%. Es decir, que nueve de cada 10 delitos nunca se resuelven.
En la capital, la Secretaría de Seguridad Ciudadana creó hace siete años una dirección especial contra la extorsión. Pablo Vázquez, jefe de la policía, ha señalado varias veces estos meses que hace falta cierta “madurez institucional” para encarar el problema. Si todo va bien, las denuncias subirán y así será por un tiempo. La dependencia señala que el año pasado atendieron 2.288 casos, la gran mayoría, 2.099, extorsiones telefónicas. Este año, solo hasta abril, ya eran en total 519. Uno de los mandos de la dirección, entrevistado varias veces en estos meses, señala que ese es el camino. “Hay que denunciar”, zanja.
Líderes y mafias
El sol de una tarde de abril cuece los toldos que cubren las calles República de Argentina, de Perú, de Bolivia, la frontera entre el turístico Centro Histórico y el barrio bravo de Tepito. Calles sobrepobladas de puestos de venta callejeros, las voces de cientos de personas, radios con cumbias densas bajo el calor espeso de invernadero, carga y descarga, qué va a llevar, pásele, pásele. Diana Sánchez Barrios, diputada local, activista trans, líder de comerciantes, avanza Argentina arriba esquivando cuerpos. La rodea una escolta policial y un séquito de fieles.
El color de los toldos cartografía el mapa del poder en el Centro. En estas calles, los rojos pertenecen a la organización de Sánchez Barrios; los azules, a otro líder. Solo en la Cuauhtémoc, la alcaldía más céntrica, unos 100 líderes de comerciantes se reparten el territorio con escuadra y cartabón, según el cálculo de la mujer, que hace unos meses sufrió un atentado a balazos en el centro, del que sobrevivió de milagro.
Los comerciantes pagan cuotas a sus líderes a cambio de protegerlos de las autoridades y de otros líderes, una situación tan normalizada que nadie asume lo que en realidad es: otra forma de extorsión. La venta callejera es un pastel extremadamente lucrativo con muchas porciones a repartir. Sánchez Barrios calcula —y estimaciones del CIDE le dan la razón— que hay dos millones de vendedores ambulantes en la urbe, de los que apenas unos 100.000 funcionan con permisos legales, en una ciudad de nueve millones de habitantes.
Los vendedores que laboran sin permiso lo hacen bajo el amparo de líderes como Sánchez Barrios. “Sabemos muy claramente de dónde a dónde llega cada organización y nos respetamos”, expone. No queda muy clara la estabilidad de esos acuerdos. En la última década, el gremio de líderes comerciantes cuenta 14 asesinatos, la mayoría cometidos por jóvenes encapuchados que huyen luego por el laberinto del centro, quemando las ruedas de una moto, como en el caso de la lideresa.
En el centro, los dominios de Sánchez Barrios lindan con los de otros líderes, muchos relacionados con La Unión Tepito, mafia con la que siempre han vinculado a la líder comerciante, sin que la justicia haya podido probarlo. “Cada líder [de la Unión] tiene sus calles, que controla con su gente”, señala un alto mando policial de la ciudad. “A veces, para algunas cosas, jalan juntos. Hay muchas células delictivas y cuando agarramos a uno, el otro ya se quiere apoderar de sus calles. En Tepito, es el pan de cada día. O pagas o te secuestro. Puede que estén incluso en un reclusorio y que tengan condenas de casi cadena perpetua, pero desde ahí siguen controlando. No te puedes meter porque esa calle es suya y si te metes, balacera”, añade.
La extorsión a los comerciantes supone un ingreso importante. Está tan normalizado, cuenta el mando, que a veces llegan vendedores con la policía pidiendo que negocien con los criminales para que les cobren menos. “¡Y la cosa es que no les cobren!”, exclama. El cobro de piso comenzó como un rumor en el centro y se extendió durante el Gobierno de Miguel Ángel Mancera (2012-2018), narra Sánchez Barrios. “Fue un momento de mucho caos social. La gente tenía que irse, dejar sus puestos, sus negocios, y se iban sin avisar, de repente: ‘Oye, ¿y fulano?’, ‘no, pues ya no está’. Llegaron, lo amenazaron, lo extorsionaron y se fue», sigue la mujer. “Y ahí van, deteniendo a las cabezas [del crimen], pero pues, no para. Ahora salen [nuevos cabecillas], pero salen menores de edad, que es lo que más te preocupa. Y los agarran, y se matan, y vuelven a salir más menores de edad, y es algo sin controlar”, zanja.
“Eso es violencia, viejo”
En una sala gris y triste hay un hombre que cuenta su ruina a regañadientes. Durante la pandemia su negocio quebró, las facturas se acumularon, hubo que volver a empezar. Los inicios son caros. Los bancos no atienden a la gente como él, trabajadores que viven al día, sin historial crediticio, dueños de nada, sin herencias, siquiera un lote baldío olvidado allá en el pueblo que hipotecar. Buscó opciones menos ortodoxas.
Le dicen el gota a gota porque te atrapan poco a poco y, cuando quieres darte cuenta, el agua te ha llegado al cuello. El hombre, cuyo nombre no aparece aquí por seguridad, comenzó con un préstamo pequeño. Lo cubrió y pidió otro. Ese primer prestamista era conocido, había sido cliente, cuate y amigo, un usurero, sí, pero del barrio de toda la vida: hasta sus madres se conocían.
Pero pronto, el hombre no pudo pagar. Así que pidió otro préstamo, a otro prestamista. Y cuando tampoco pudo pagar, pidió otro préstamo, a un tercer prestamista. La deuda se enmarañó, el caldo se hizo espeso. En pocos meses, debía 80.000 pesos de intereses caníbales. Ahí comenzaron los “va a valer madres si no empiezas a pagar”, los “voy a venir a hacer desmadre a esta casa y a ti te voy a matar”. Un día, pasaron por su negocio: gente pesada, de camionetas grandes y nuevas y sin placas, hombres armados, “en la colonia todos sabemos”. Le dieron tablazos por todo el cuerpo. El hombre huyó, rompió el chip del teléfono, quiso desaparecer.
El hombre tiene unos 40 años. Cuenta su historia en el área de secuestro y extorsión de la sede de la policía de la capital, una caja de cerillos de concreto sobre la glorieta de Insurgentes. Una luz blanca, tenue, como de aeropuerto viejo, ilumina la habitación. En el medio, una mesa en forma de U. El hombre se sienta en el centro, junto a un familiar. Agentes de diferentes campos —jurídico, cibernético, análisis táctico, investigación de campo, psicología, 14 personas en total, contando a reporteros y víctimas— escuchan y preguntan.
El hombre no quiere estar aquí, pero tiene que: él se fue del barrio, pero sus padres se quedaron. Los extorsionadores no tardaron en encontrarlos. Está en shock, se le olvidan los nombres, las fechas. Un agente de pelo engominado, camisa de mezclilla desabrochada y urgencia en la voz dirige la sesión. Frena al hombre cuando se atropella, pide detalles, intenta establecer una cronología con cierta lógica, un testimonio defendible ante un juez. Hace preguntas como:
—¿Le llegaron a amenazar con un arma?
—Nomás la sacaban.
—Eso es una amenaza, viejo, es violencia.
El hombre quiere huir de la ciudad, teme que puedan encontrarlo. Una psicóloga interviene con voz dulce: “La verdad es que lo que has venido haciendo no ha funcionado. El miedo te está paralizando. Creo que tienes mucha desconfianza y lo entendemos, pero necesitamos que confíes en nosotros”.
No todo es paranoia: lo lógico es que desconfíe. Ha pasado la vida en una colonia donde la diferencia entre la policía y los malandros es el uniforme. Y a veces ni siquiera. El gran reto es conseguir que las víctimas de extorsión, habitualmente personas con poco dinero y mucha necesidad, confíen en que son distintos a los uniformados con los que acostumbran a lidiar, que crea en las instituciones contra lo que dicta su experiencia.
—De este lado somos más, somos la gente que te apoya.
—¿Y qué pasa con las represalias? El papá del que me amenaza trabaja en la Secretaría.
—Nosotros somos la Secretaría.
—Ya, pero se escucha mucho de corrupción y eso.
Un día distinto, un funcionario de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc reconocerá: “Denunciar un delito es una pesadilla. Es un sistema que está diseñado para disuadir la denuncia. El hoyo negro es el sistema de justicia”. Hoy, el equipo multidisciplinar necesita la denuncia. Uno tras otro intervienen. Dicen cosas como “no te haremos falsas promesas”, “somos diferentes, por eso estamos escuchándolos”.
Le convencen: si los extorsionadores quisieran matarlo, ya estaría muerto. Le dicen: lo que quieren es tu dinero. Le repiten: no podemos darte garantías de nada, pero cuando aparecemos, este tipo de bandas se esfuman.
El hombre saldrá de la Secretaría de Seguridad e irá a interponer la denuncia.
Un Audi negro
A una reunión como la del hombre del gota a gota llegaron, a mediados de febrero, Rubén Orozco y su esposa. Ambos se sentaron en la mesa en U de la sala y contaron lo sucedido. La visita de aquella pareja de jóvenes no tan jóvenes –“payasones”, como le había dicho su hijo– la llamada posterior, la extorsión, los retiros sin tarjeta, la huida familiar… Los agentes escucharon, tomaron nota. Algunos hacían preguntas, unas más generales, otras más concretas, el aspecto de los payasones, su vehículo, las referencias de los retiros, etcétera.
Orozco y su esposa sintieron que el aire se llenaba de oxígeno, él más que ella. Llevaban dos semanas durmiendo en moteles, con sus hijos desperdigados. Pero lo que habían escuchado en aquella sala gris y triste les había llenado de confianza. Pensaron en volver enseguida. Los agentes les habían dado un “código águila”, que servía para avisar a las patrullas del barrio. “Desde ese mismo día, pusieron una carpa de seguridad en la esquina”, cuenta Orozco.
Los policías se pusieron a trabajar. El director de los “leopardos de las nieves”, nombre interno de la dirección contra el secuestro y la extorsión, encargó el caso a uno de sus jefes de unidad. Lo primero era comprobar las cámaras públicas del lugar, ver si alcanzaban a observar a los payasones y su vehículo, tratar de reconstruir el camino que habían tomado después de visitar la taquería, con suerte ubicar su guarida. Pero el plan se cayó casi desde el principio. Como habían pasado más de siete días desde la visita, las imágenes, cosas del protocolo, se habían borrado.
Meses después de aquello, una mañana fresca de mayo, el jefe Jaguar, nombre inventado para proteger la identidad del policía, recuerda la investigación. “Con las cámaras depende, hay algunas que se borran a los siete días. Otras, en cambio, están hasta tres meses, depende mucho del lugar”, cuenta. Los policías se apoyan también en cámaras de seguridad privadas, mejores muchas veces que las públicas, con mayor resolución, incluso audio. Pero aquella vez no hubo suerte. Cerca de la taquería de Orozco hay una gasolinera con cámaras, pero las imágenes tampoco eran demasiado buenas.
Jaguar y su equipo cambiaron entonces de estrategia. Orozco había mandado retiros sin tarjeta a los extorsionadores, que los habían cobrado poco después. Había que buscar los cajeros donde habían acudido, comprobar el día, la hora y, de nuevo, mirar las cámaras. Ahí sí hubo algo de suerte. En la cámara de uno de los cajeros se alcanzaba a ver a la mujer que había ido a la taquería. En la otra, aparecía el coche en el que había llegado la mujer a Tacos Ruben’s, un Audi negro, tipo deportivo. No se veía la matrícula, pero sí el engomado en la parte trasera, un distintivo que ayuda en la identificación de los vehículos.
Era todo un reto, buscar una aguja en un pajar. “La cámara del cajero donde se veía el carro estaba sobre Circuito Interior”, cuenta el jefe Jaguar, en referencia a la gran circunvalación que rodea el centro ampliado de la capital. “Nos dimos cuenta de que cerca había un arco carretero”, uno de los pórticos gubernamentales con cámaras superpotentes, presentes en vialidades importantes de la ciudad, capaces de registrar las placas de los carros que pasan por debajo. Tenían la hora del retiro, el Audi negro debía haber pasado minutos antes bajo el arco. “En el primer barrido sacamos 300 posibles coches”, cuenta. “Luego, en un segundo barrido, seleccionamos solos los audis y lo bajamos a 10. Al final, nos quedó uno, el único que traía el engomado en el vidrio trasero”.
Ubicado el carro, la obtención de los números de matrícula fue casi automática. “Enseguida pedimos el historial de esa placa, y vimos que había pasado por el mismo arco varias veces recientemente”, cuenta el mando policial. La cuestión era esperar. En el momento en que el Audi negro pasara de nuevo bajo un arco carretero, las cámaras del C-5, el sistema público de vigilancia, lo seguirían. Tuvieron que esperar unos días, pero al final ocurrió. En la segunda semana de febrero, el Audi negro paso debajo de un arco en el norte de la ciudad. La alarma saltó y los monitoristas del C-5 lo siguieron hasta la colonia Pensador Mexicano, en la esquina noreste del Circuito Interior. Jaguar mandó dos autos con varios agentes de incógnito. No tardaron en ver el coche.
“El problema es que le habían quitado las placas y el engomado estaba tapado”, cuenta el mando policial. Los agentes hicieron guardia dos días, hasta que, por fin, una mujer salió de una casa cercana al Audi negro, con las matrículas en la mano. Era la misma de la cámara del cajero y de la taquería. “Se había tintado el pelo de negro, pero las cirugías plásticas la delataban”, sigue Jaguar. Los agentes la fotografiaron, vieron como abría el carro, arrojaba las placas en la parte de atrás, se montaba y se iba. No la detuvieron todavía: tenían que acabar de cerrar la pinza con la telefonía. Cuando la compañía del celular desde el que habían extorsionado a Orozco les dio la información, comprobaron que el aparato había sido usado precisamente allí, en la colonia Pensador Mexicano.
Segunda Visita
Los extorsionadores sucumbieron al más humano de los errores: la avaricia. No contentos con los 20.000 pesos que le habían sacado la primera vez a la familia Orozco, volvieron por más. Ocurrió a mediados de febrero, cuando la policía ya había localizado al Audi negro en Pensador Mexicano. Para entonces, Rubén Orozco y su esposa acababan de reabrir su puesto. El hombre había cambiado su número de teléfono, una puerta cerrada a los extorsionadores. “Fue en el lapso de dos o tres días que perdimos de vista a la mujer”, dice Jaguar, un descuido. La mujer había salido una noche de casa con el auto y, en el cambio de guardia, los policías se despistaron.
En esos días, la mujer, a quien la policía identificó más tarde como Fabiola, volvió en el Audi negro a Tacos Ruben’s. Esa vez la acompañaba otro hombre. Alerta, Orozco bajó del puesto en cuanto la vio, las manos pringosas de picar suadero. La atajó a media banqueta: no quería que se acercara a su familia un centímetro más. Ella le dijo que le diera inmediatamente otros 20.000 pesos. Desde el coche, el hombre le gritó, “¡pero ya, en chinga!”. Él se llevó la mano al bolsillo del delantal y sacó 2.000, lo que tenía. “Y la chava me los agarra, se sube al carro y se van. Como diciendo, ‘volvemos, ¿no?’, algo así”, dice el hombre.
Orozco llamó enseguida al jefe Jaguar y le contó lo que había pasado. Le dijo que habían llegado en el Audi negro, que la mujer era la misma, pero que el hombre no. La policía ubicó el vehículo enseguida, gracias a las cámaras de seguridad. Días más tarde, compañeros de Jaguar detuvieron a Fabiola, a su acompañante el día de la primera visita a la taquería, Sareb, y a otra mujer. Los tres estaban en el Audi negro, con droga en los bolsillos. Jaguar llamó a Orozco para que fuera a la Fiscalía a reconocerlos. De los tres, el hombre reconoció a Fabiola y Sareb.
Los Orozco viven tranquilos de vuelta en su barrio. Hace poco celebraron su 20 aniversario con tacos para toda la clientela. Los asiduos llegan, la familia sirve y los olores a carne frita, a lengua hervida, a salsas y limón cortado, dibujan una placidez callejera difícil de igualar. De la banda de extorsionadores faltan al menos dos personas por detener, el hombre de la segunda visita, y un tercero, que aparece en una de las cámaras de los cajeros. Orozco no parece preocupado. “No puedes vivir en una psicosis”, dice. “Por salud mental, no debes estar temeroso de todo y de nada, ¿no? Sí, te pasó, okay. Pero no quiere decir que te va a pasar todo el tiempo”.
Mónica González y Gladys Serrano
Mónica Juárez Martín y Ángel Herdora
Fernanda Castro
Columnas
Más allá del narcotráfico
El devastador impacto ambiental del Cártel de Jalisco Nueva Generación en América Latina
La violencia en México se intensificó tras un operativo militar en el sur del estado de Jalisco que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En represalia, el cártel desató una ola de ataques y bloqueos en varios puntos del país que ya dejan más de 60 personas muertas.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación es considerado uno de los grupos criminales más poderosos y violentos de México. Mantenía una extensa red dedicada al tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos. Su expansión también ha tenido graves consecuencias ambientales y sociales. Investigaciones periodísticas de Mongabay Latam documentan cómo miles de pescadores en Jalisco y la costa del Pacífico viven atrapados entre la pobreza, la extorsión y la violencia, mientras el cártel utiliza los mares para el narcotráfico.
En tierra, la expansión del aguacate ha provocado una alarmante pérdida de bosques, en un negocio infiltrado por mafias ligadas al CJNG. Además, más de 200 toneladas de mercurio han sido traficadas desde México hacia la Amazonía de Perú, Bolivia y Colombia para alimentar la minería ilegal. En Ecuador, bandas de piratas asociadas al cártel mexicano controlan puertos y extorsionan a pescadores artesanales, extendiendo la violencia más allá de las fronteras mexicanas.
Jalisco es el segundo estado productor de aguacate en México. Imágenes satelitales revelan cómo la expansión de este cultivo ha generado una grave pérdida de bosque. A esto se suma que detrás de este negocio hay mafias criminales que se presentan como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Miles de pescadores en Jalisco y la costa del Pacífico mexicana están atrapados entre la pobreza y la violencia del narcotráfico. El Cártel de Jalisco Nueva Generación utiliza los mares para expandir sus negocios ilícitos. Investigamos el caso.
Más de 200 toneladas de mercurio han sido traficadas desde México hacia la Amazonía de Perú, Bolivia y Colombia para alimentar la minería ilegal. Así lo revela la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), que además encontró que el Cártel Jalisco Nueva Generación lidera esta red criminal.
Más del 70 % de pescadores artesanales en Puerto Bolívar, en Ecuador, paga extorsiones para salir a pescar. Quienes no pagan enfrentan amenazas, robos, desapariciones y asesinatos. Piratas y bandas como Los Lobos, ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, controlan el narcotráfico en el puerto
Columnas
El Mencho es el mensaje
Opinión de Raymundo Sánchez
Lo dijo perfecto el general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, en la conferencia mañanera del pasado lunes: “Se demostró la fuerza del Estado mexicano”, en referencia al operativo del Ejército con el que se eliminó a Nemesio Rubén Oseguera, alias El Mencho, uno de los más peligrosos capos del planeta.
En efecto, la acción militar contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación dejó claro que la fuerza del Estado mexicano es mucho mayor a la de cualquier grupo delictivo, con lo que se modifica la percepción sobre el poder real y efectivo de la delincuencia organizada.
Bastaron un impecable trabajó de inteligencia entre México y Estados Unidos, y un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad, al mando de Omar García Harfuch, para dejar acéfalo al mayor grupo criminal de México, al que se le atribuyen más de 75 mil homicidios, la desaparición de 10 mil personas en Jalisco y un poderío económico de 20 mil millones de dólares.
Un cártel que, además, opera en 29 de las 32 entidades de México, y cuyos tentáculos se extienden a 40 países de Europa, América, Asia, África, y a las 50 entidades de Estados Unidos. Un poder mucho mayor al que en su momento tuvo el colombiano Pablo Escobar. Pero ni así le alcanzó para evadir la acción del gobierno mexicano el pasado domingo.
En ese sentido, el operativo ejecutado por la Defensa Nacional fue en sí mismo un muy poderoso mensaje para los miembros de la delincuencia organizada, que hasta el sexenio pasado se les dejó imponer su ley, controlar 70 por ciento del territorio nacional, poner y quitar gobernantes y crear un Estado paralelo, mientras Palacio Nacional les daba abrazos y a lo mucho les advertía que los acusaría con su abuelita.
Ahora, el gobierno cambió la ecuación a los maleantes y a sus cómplices en la política: el Estado dio un primer paso para recuperar el monopolio del uso de la fuerza y los territorios que les cedieron en el sexenio pasado. Y lo hace con calibres de uso exclusivo del Ejército.
También les hizo entender que la primera mujer presidentA no repetirá la historia del culiacanazo, cuando el 17 de octubre de 2019 el entonces presidente López ordenó liberar a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, inmediatamente después de que fuerzas federales lo habían aprehendido en Culiacán.
Pero, sobre todo,
el operativo para eliminar a El Mencho mostró al mundo que el Estado mexicano y sus Fuerzas Armadas sí tienen la capacidad de combatir con éxito a los grupos delictivos
, del tamaño que sean, sin la intervención operativa de agentes estadounidenses. Y que, si sus antecesores en el gobierno no lo hicieron, evidentemente fue porque no quisieron. ***
EN EL VISOR:
Toda la cuatroté respaldó y felicitó a la presidentA Sheinbaum y a las Fuerzas Armadas por el operativo en el que resultó abatido el capo
Nemesio Rubén Oseguera.
No así el fundador del movimiento, cuyo silencio dice más que mil palabras.
POR RAYMUNDO SÁNCHEZ PATLÁN COLABORADOR RAYMUNDO@HERALDODEMEXICO.COM @R_SANCHEZP
Columnas
Ruido de fondo: El mito del narco “benefactor”
Opinión de Alejandro Piña
Hace unos días, la responsable de comunicación social de Morena en el Congreso de la Ciudad de México dijo algo que debería prender todas las alertas: es difícil acabar con el crimen organizado porque “el narcotráfico es uno de los mayores empleadores” del país. El deslinde presidencial fue inmediato. Y tenía que serlo, porque esa frase, aunque sea un “desliz”, deja al descubierto una idea peligrosa: que el crimen es necesario.
Ese mito circula desde hace años: “sí, hacen daño, pero dan trabajo”; “ponen orden”; “ayudan donde el gobierno no llega”. Y no es casual, el sociólogo Diego Gambetta mostró que las organizaciones mafiosas no sobreviven sólo por la fuerza y la violencia, también se presentan como proveedoras de protección en contextos de ausencia estatal.El mito prospera ahí: en el abandono, la pobreza y la falta de oportunidades. Pero entender por qué surge no significa aceptarlo. De hecho, aceptarlo es el primer paso para resignarse.
El crimen organizado no “da empleo” como quien abre una fábrica o un negocio. Lo que hace es reclutar: jóvenes que no ven salida, personas atrapadas por necesidad, familias amenazadas, comunidades asfixiadas. Cuando alguien entra a ese mundo, rara vez entra por vocación. Entra porque lo empujan, por la falta de oportunidades o por el miedo. Y cuando el “trabajo” viene con un arma, una amenaza o una deuda, eso no es trabajo: es coerción.
Las y los menores reclutados por la delincuencia organizada enfrentan un riesgo extremo de no llegar a la adultez. Estimaciones basadas en testimonios y en el análisis de especialistas en seguridad y derechos humanos advierten que, tras ser incorporados a estas redes criminales, su expectativa de vida se reduce drásticamente: en muchos casos, sobreviven apenas entre uno y tres años más. Detrás de estas cifras hay historias marcadas por la marginación, pero también una responsabilidad colectiva ineludible: la de impedir que la infancia y la adolescencia sigan siendo terreno fértil para estructuras que los desechan con la misma facilidad con la que los reclutan.
Además, el cuento de que el crimen “genera economía” se cae cuando miras el otro lado de la balanza: lo que destruyen. Pregúntale a cualquier comerciante que vive bajo cobro de piso si el crimen “da orden”. El crimen no impulsa negocios: los exprime. No crea empresas: las cierra. No produce riqueza: la roba. Los costos de seguridad privada, los negocios que bajan cortinas, los emprendedores que renuncian, las rutas de transporte extorsionada. Todo esto es economía real que se rompe.
Y está la otra parte: la vida cotidiana. El crimen te cobra por vender, por mover mercancía, por abrir, por existir. “Paga y te dejo trabajar”, esa es la lógica. No es un empleador: es un parásito que se cuelga del esfuerzo de la gente y lo convierte en tributo.
Incluso, cuando un grupo criminal “pavimenta una calle” o “financia una fiesta” no está resolviendo problemas: está comprando silencio y legitimidad. Es la misma lógica del cobro de piso, pero en versión simbólica: te doy algo para que me toleres, para que me veas como necesario, para que el Estado parezca ausente y yo parezca inevitable.
Y el daño más grave es el que no se ve en números, pero se siente en generaciones completas: niñas, niños y adolescentes en riesgo de reclutamiento. Ahí, el mito se vuelve tragedia, porque no es “empleo” lo que ofrecen: es cárcel o muerte. Es romper trayectorias escolares, destruir familias, cancelar futuros. Eso no es una salida, es una condena.
Por eso, el problema de esa frase no es solo que sea imprudente. Es que normaliza la idea de que el crimen puede cumplir funciones sociales. Y, cuando la aceptamos, el estándar ciudadano se derrumba: dejamos de exigir seguridad, justicia y desarrollo, y nos conformamos con sobrevivir.
Desmontar este mito debería ser parte de la estrategia de seguridad. Combatir la inseguridad no termina en operativos e inteligencia, también es quitarle el relato al crimen organizado, quitarle el “prestigio”, quitarle la falsa etiqueta de “necesario”. Y, sobre todo, dar alternativas reales: empleo digno, educación, comunidad y un Estado que aparezca en serio. Porque la única “estabilidad” que ofrece el crimen es el miedo. Y México merece algo más fuerte que el miedo: merece confianza y paz.
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