La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, enfrentará el próximo lunes una etapa decisiva en la controversia constitucional promovida por su administración, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice un proyecto de resolución que podría establecer un criterio para la fiscalización de recursos federales en los municipios del país.

El proyecto que será discutido por el máximo tribunal sostiene que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero no tenía competencia para revisar recursos de origen federal, un planteamiento que el gobierno municipal ha defendido desde el inicio del proceso judicial.

La resolución también aborda el alcance de las atribuciones de las autoridades fiscalizadoras. De aprobarse el proyecto, la Corte confirmaría el principio constitucional de que las instituciones públicas únicamente pueden ejercer las facultades que les confiere la ley.

El caso trasciende el conflicto entre el Ayuntamiento de Acapulco y la autoridad estatal de fiscalización, debido a que la decisión de la SCJN podría servir como referencia para asuntos similares en otras entidades del país.

Además, el criterio fortalecería la competencia de la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de recursos federales y delimitaría la intervención de los órganos estatales cuando se trate de esos fondos.

Con la discusión prevista para el lunes, el litigio impulsado por la administración de Abelina López Rodríguez entra en una fase definitiva, cuyos efectos podrían extenderse más allá de Guerrero al establecer parámetros sobre la distribución de facultades entre las autoridades encargadas de la fiscalización pública.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “es seguro visitar el país”, en respuesta a la alerta de viaje emitida por el Gobierno de Reino Unido ante el partido entre las selecciones de ambos países en los octavos de final del Mundial 2026.

Previamente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido emitió una alerta de viaje tras conocerse que México e Inglaterra jugarán uno de los partidos de octavos de final del Mundial 2026.

La dependencia indicó que hay zonas de México donde el riesgo para los viajeros es elevado por la actividad del crimen organizado, enfrentamientos armados, secuestros y otros delitos violentos, y añadió que durante el Mundial 2026 han aumentado los informes sobre robos de teléfonos móviles y adulteración de bebidas.

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión contra Gilda “N”, hermana de Emilio Lozoya, quien es investigada por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de las indagatorias relacionadas con el caso Agronitrogenados.

La captura se realizó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en un operativo conjunto entre agentes de la Fiscalía, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar).

Gilda “N”, quien probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita, fue aprehendida por agentes de la #FGR, en coordinación con elementos de la @SSPCMexico y la @SEMAR_mx,… pic.twitter.com/0O3QZt8mD9

— FGR México (@FGRMexico) July 2, 2026

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De acuerdo con la investigación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), antes SEIDF, Gilda “N” presuntamente fungió como prestanombres de una empresa para encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita.

La FGR señaló que la imputada está relacionada con el caso Agronitrogenados, ya que habría adquirido la calidad de beneficiaria de una empresa mediante la cesión de derechos realizada por Emilio Lozoya.

Según la carpeta de investigación, los recursos que recibió y administró la acusada presuntamente provienen de un esquema de triangulación financiera sin una justificación económica o comercial válida, por lo que la autoridad federal sostiene que podrían tener origen ilícito.

Tras el cumplimiento de la orden judicial, Gilda “N” fue puesta a disposición del juez federal que la requirió, quien determinará su situación jurídica conforme al proceso correspondiente.

La Fiscalía recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, la detenida deberá ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.