Mediante operaciones hormiga, realizadas con una línea de crédito de American Express, fueron ordeñados cerca de tres millones de pesos del erario municipal de mayo de 2017 a febrero de 2019, vía el pago de gastos personales y de autopartes de lujo, con una tarjeta titular y otra adicional domiciliadas con cargo a una cuenta bancaria perteneciente al Ayuntamiento de Manzanillo.

De acuerdo con documentos obtenidos por Proceso Digital, la extracción irregular de recursos públicos, que alcanzó un monto total de dos millones 719 mil 725 pesos, se inició en el gobierno de la exalcaldesa Gabriela Benavides Cobos –actual senadora del Partido Verde– desde la cuenta 0265737873 de Banorte, que fue abierta en 2015 por su antecesor en la alcaldía, Virgilio Mendoza Amezcua, exdiputado federal y ahora presidente estatal del PVEM.

El desfalco fue detectado en los primeros meses de la administración encabezada por la presidenta municipal morenista Griselda Martínez Martínez, que en marzo de 2019 interpuso ante la Fiscalía General del Estado (FGE) la querella formal 201/2019, por “fraude en la modalidad de uso indebido de tarjetas y documentos de pago electrónico y/o cualquier otro delito que se configure”, contra el usuario o titular de las tarjetas de crédito, así como de quien haya autorizado el cobro domiciliado o quien resulte responsable.

En sus investigaciones, las autoridades descubrieron que la tarjeta de crédito usada con cargo a las arcas municipales –cancelada el 3 de marzo de 2019– fue la 371773353151007 de American Express, cuya titular era Eva María Malcon Fararoni, con tarjeta adicional a nombre de Gustavo Alonso Becerra Malcon, quienes no tienen relación formal con el Ayuntamiento y no se ha determinado quién les autorizó hacer uso de una línea de crédito a costa del erario.

Casi cinco años después, sin embargo, nadie ha recibido sanción alguna por su responsabilidad o implicación en ese delito.

En lo relativo al ámbito penal, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción –instancia a la que fue canalizada la querella presentada por el Ayuntamiento de Manzanillo– no ha dado a conocer los resultados de sus investigaciones.

Desde el punto de vista administrativo, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) emprendió una indagatoria y concluyó que Gabriela Benavides y su tesorera municipal, Claudia Edith Bolaños Manzo, son responsables de “falta grave”, tipificada como desvío de recursos públicos; mientras que tres trabajadoras fueron responsabilizadas de encubrimiento.

No obstante, al recibir y resolver el caso, el Tribunal de Justicia Administrativa del estado (TJA) absolvió a la exalcaldesa y a sus colaboradoras por considerar “insuficientes” las pruebas de cargo aportadas para acreditar la “falta grave” que les fue imputada, además de que ese órgano jurisdiccional señaló que la investigación del Osafig “no fue exhaustiva ni eficiente”.

Manzanillo paga

De acuerdo con los estados de cuenta de la tarjeta, los cargos realizados a la cuenta bancaria del Ayuntamiento en 2017 ascendieron a 710 mil 546 pesos, en 2018 fueron por 1 millón 862 mil 179 pesos y los de 2019 sumaron 147 mil pesos; en tanto que, tras una reclamación por cargos no reconocidos, la autoridad municipal logró recuperar 245 mil pesos correspondientes a la administración de la alcaldesa Griselda Martínez, que está por concluir su segundo periodo.

Entre los gastos realizados con la tarjeta en su mayoría figuran compras en la ciudad de Guadalajara, aunque también hay en Playa del Carmen y en Veracruz, así como adquisiciones por internet y en moneda extranjera.

Algunos los establecimientos donde fue usada la mica son tiendas como Zara, El Palacio de Hierro, American Eagle, Innova Sport; restaurantes, tiendas de conveniencia y otros lugares como el supermercado Soriana, Farmacias Guadalajara y Cinépolis, además de pagos a Nacional Monte de Piedad y el servicio de telefonía Telcel.

Destacan también 38 compras realizadas mediante el sistema Payclip por cantidades que van desde siete mil a 50 mil pesos, la mayoría de ellas en establecimientos de autopartes y motopartes, así como en tiendas donde se hicieron pagos en dólares, por un total de un millón 380 mil 360 pesos, poco más de la mitad del total del dinero del que se dispuso.

Durante la indagatoria de la Unidad de Investigación del Osafig, que incluyó únicamente los cargos relativos al ejercicio fiscal 2018, fueron citados a comparecer el exalcalde Virgilio Mendoza, la exalcaldesa Gabriela Benavides, su extesorera Claudia Edith Bolaños y exintegrantes del área administrativa para cuestionarles fundamentalmente quién autorizó o dio instrucciones de que se domiciliaran los cargos de la tarjeta de crédito.

Ninguna de las personas que comparecieron aceptó conocer a Eva María Malcon Fararoni ni a Gustavo Alonso Becerra Malcon, usuarios de la tarjeta de crédito, además de que todos dijeron no tener conocimiento sobre la persona que autorizó los cobros a la cuenta bancaria.

Aunque Mendoza Amezcua reconoció ante el Osafig que casi al final de su administración, el 3 de febrero de 2015, fue abierta la cuenta de Banorte de la que posteriormente serían extraídos los recursos, se deslindó de toda responsabilidad al negar haber autorizado que se domiciliara la tarjeta y adujo que en su administración no se realizó ningún cargo.

A su vez, Gabriela Benavides aseguró que durante su periodo ella nunca se enteró de que se realizaban cargos domiciliados desde la tarjeta American Express a la cuenta del Ayuntamiento: dijo que lo supo cuando la alcaldesa Griselda Martínez denunció públicamente el asunto.

Además, Benavides negó haber sido ella quien autorizó los cargos desde la tarjeta, refirió desconocer si alguien de su administración lo hizo y responsabilizó a la Tesorería de los tratos con los bancos.

Al final de la entrevista ante el Osafig, la exalcaldesa Gabriela Benavides añadió: “Solicito a esta autoridad que pueda investigar ante la institución bancaria o ante la autoridad que corresponda quién fue la persona que autorizó a Banorte a llevar a cabo estos descuentos de los que, insisto, yo no autoricé ni estaba enterada”.

A tono con la versión de su exjefa, la extesorera Claudia Edith Bolaños aseveró que durante el periodo 2015-2018 ninguna de las personas responsables de las cuentas bancarias autorizó los cargos domiciliados y, al igual que la exalcaldesa, sostuvo que se enteró de ello mediante la administración de Griselda Martínez.

Litigio en redes sociales

Una vez que terminó sus pesquisas, el Osafig emitió en agosto de 2022 su acuerdo conclusivo de la investigación, en el que determinó la existencia de actos y omisiones de cinco exservidoras públicas municipales.

A la exalcaldesa Gabriela Benavides y a la extesorera Claudia Edith Bolaños les atribuyó la falta grave tipificada como desvío de recursos públicos por omitir vigilar los recursos públicos del ente municipal, que se utilizaron para realizar pagos a la tarjeta bancaria de un tercero.

A las extrabajadoras Sulema Ruiz Mancilla, Ma. del Carmen Aguayo Carrillo y a Fabiola Figueroa Mendoza les atribuyó la falta grave tipificada como encubrimiento porque al conocer de los pagos, que con recursos públicos se hicieron hacía la tarjeta bancaria señalada, no acudieron a una instancia de mayor jerarquía para reportarlos.

Sin embargo, para el Tribunal de Justicia Administrativa no fueron suficientes los elementos de prueba presentados por el Osafig y en su sentencia de este caso, bajo el expediente TJA-RA-03-2022-A, desestimó las conclusiones del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) emitido por el órgano fiscalizador, pues consideró que, “lo menos que debió acreditar con prueba fehaciente, es que la domiciliación de los pagos efectuados a la tarjeta American Express provenientes de la cuenta BANORTE 0265737873 (…) derivó de una autorización, solicitud o realización por las presuntas responsables, circunstancia que no se acredita”.

Indicó que la “conducta omisiva o de abstención que sugiere la autoridad

Investigadora” respecto de Benavides y Bolaños “por no cumplir, desde su óptica, con las obligaciones genéricas de vigilancia, no puede ser considerado desvío de recursos públicos hacía fines distintos a los autorizados”.

Abundó el tribunal que, en todo caso, si se trataba de omisiones en el deber de vigilancia, que “por lo general implican situaciones de imprudencia, negligencia o descuido, debió la investigadora explorar la posibilidad de encuadrar la conducta en el ámbito de las faltas administrativas no graves”.

En el caso de las tres extrabajadoras el TJA determinó que, de las pruebas documentales que se analizaron, no se acreditó la falta atribuida de encubrimiento.

En conclusión, señaló el tribunal, “las pruebas de cargo aportadas por la autoridad investigadora no son suficientes para acreditar las conductas que estima infractoras respecto de las presuntas responsables”.

Luego de que se conoció públicamente el resolutivo, la actual senadora Gabriela Benavides publicó a mediados de octubre pasado dos páginas de la sentencia en su perfil de la red social Facebook con el siguiente comentario:

“Durante más de 3 años he sido víctima de acusaciones e imputaciones, que hasta el día de hoy son el único argumento con el cual se ha querido perjudicar mi paso por el servicio público.

“Hoy con la frente en alto, como siempre he estado frente a los manzanillenses, les comparto la resolución que el Tribunal de Justicia Administrativa ha emitido, en donde se declara inexistente el supuesto desvío de recursos y encubrimientos por la supuesta ‘tarjeta de crédito’ desde donde acusaban (que) ‘particulares’ disponían de recursos públicos”.

A su vez, la actual administración de Manzanillo publicó también en Facebook un pronunciamiento al respecto, titulado “Que no te confundan”, en el que recordó que presentó “una denuncia que está proceso ante la Fiscalía Anticorrupción y aún no ha sido resuelta”, pues “las denuncias que son de carácter penal las resuelve un juez de lo penal y no el Tribunal de Justicia Administrativa”.

Advirtió: “La denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado sigue vigente y en curso; será un juez penal quien lo resuelva. Confiamos en que se haga justicia a la población manzanillense”.