Un abogado yucateco conocido como ‘El Padrote de Progreso’, por estar acusado de integrar una red de trata de personas, triunfó en la elección al Poder Judicial y está por convertirse en magistrado.

Se trata de Hernán Jesús Vega Burgos, quien el pasado 5 de febrero fue notificado por el gobierno de Estados Unidos que su visa americana había sido revocada.

El argumento de revocación de visa es por sus presuntos nexos con una banda de explotación sexual que se benefició de su viejo cargo como delegado estatal del Instituto Nacional de Migración (INM).

Ya existen denuncias en su contra

Su expediente negro en Estados Unidos cuenta que, en junio de 2009, Vega Burgos fue denunciado por dos mujeres costarricenses —Raquel Ivannia N. y Yoheny N.— quienes aseguraron que al llegar a México fueron trasladadas a una casa de seguridad en Yucatán, donde eran obligadas a sostener relaciones sexuales con diversos hombres.

Ambas víctimas declararon ante las autoridades que fueron obligadas por la administradora de la casa, una mujer identificada como La Madame, de tener sexo con el entonces delegado del INM, y ahora posible futuro magistrado Vega Burgos, quien presuntamente brindaba protección a esa red de explotación sexual a cambio de tener “acceso” a las mujeres y cobrar 30 mil pesos mensuales.

La protección presuntamente incluía permitir el ingreso de mujeres centroamericanas a México sin que quedara registro oficial para entorpecer cualquier investigación por su desaparición.

El entonces subprocurador de Justicia de Yucatán, Rafael Acosta Solís, confirmó en su momento los señalamientos y acusó como cómplices de Vega Burgos a su chofer Juan Vicente Huaracha y al subdelegado de Migración, Alejandro Barrera.

Debido a esas acusaciones, el abogado yucateco renunció a su puesto y fue detenido por la Procuraduría de Justicia de Yucatán por los cargos de trata de personas.

Además de que fue investigado por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República y por la Policía Judicial de Costa Rica.

ONG solicitará anulación del triunfo

A pesar de los señalamientos directos de las víctimas, Vega Burgos fue absuelto de los delitos y, por lo tanto, no cuenta con antecedentes penales.

Lo que le permitió competir el domingo 1 de junio por la Magistratura Decimocuarta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, que ganó con más de 115 mil votos.

Pero en Estados Unidos consideran que el resultado a su favor en el juicio estuvo influido por sus amistades en el Poder Judicial y, por lo tanto, su presencia en el país vecino es considerado un riesgo.

Lo anterior lo tiene vetado de cruzar la frontera.

Con esa determinación coincide la organización civil Defensorxs, dedicada a identificar candidaturas y electos de alto riesgo, que en los próximos días solicitará la anulación del triunfo de Vega Burgos por sus nexos con la esclavitud sexual.

“Clasificamos a Hernán Vega Burgos como un magistrado altamente riesgoso porque fue detenido por proteger a una red de trata de personas e, incluso, abusar de algunas de sus víctimas. Su victoria no solo muestra, otra vez, que no existieron filtros para evitar que llegaran candidatos riesgosos a la boleta. También revela que esos candidatos obtuvieron el apoyo del apartado electoral de diferentes actores políticos para obtener un triunfo aplastante», dictaminó Defensorxs.

“En Defensorxs, intentaremos frenar estos riesgos para la impartición de justicia. Por ello, estamos buscando a los competidores de los candidatos riesgosos para presentar impugnaciones conjuntas”, aseguró a MILENIO el director de la organización civil Miguel Alfonso Meza.

Los planes del Gobierno para reducir el uso de billetes en México

El dinero en efectivo es una de las formas más antiguas que se utiliza en México para la realización de pagos en bienes y servicios, con la llegada de las nuevas tecnologías, el uso de internet y la facilidad de las transacciones es cada vez más común que las personas porten dinero en efectivo en su día a día, y en su lugar prefieren pagar con tarjetas y servicios digitales, donde se les garantiza una mayor seguridad en sus compras y economía.

México le va diciendo adiós al dinero en efectivo

¡Atención! México cada vez más va reduciendo el dinero en efecto, sus planes son implementar una serie de acuerdos integrados por la Asociación de Bancos de México (ABM), el sector privado y el Gobierno Federal, donde paulatinamente se está implementando una serie de medidas y decisiones para reducir el uso del efectivo, simplificando las formas de pago en transacciones o con tarjetas.

Estos son los billetes que dejarán de estar en circulación en México

El Banco de México (Banxico) ha anunciado en distintas ocasiones que dejará de poner en circulación una serie de billetes, mismos que ya no producirá pero que comercialmente aún no perderán su valor, por lo que, seguirán sirviendo para la realización de pagos y compras.

Para este 2025, Banxico detalló que los próximos billetes que dejarán de estar en circulación serán todos aquellos que pertenecen a la Familia F, tales como:

Billete de 50 pesos – El año de emisión del 2006 con la imagen en el anverso de José María Morelos y Pavón.

Billete de 1,000 pesos – El año de emisión en el 2008, con la imagen en el anverso de Miguel Hidalgo y Costilla, campana de Dolores.

Billete de 100 pesos – El año en que se puso en circulación en 1975 con la imagen de Venustiano Carranza.

La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia sólo contará con tres ministras con experiencia, el resto tendrá que pasar por una curva de aprendizaje, opinan especialistas.

La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrentará retos monumentales, entre los que destacan el rezago de mil 300 casos, la inexperiencia como ministros de seis de los nueve que resultaron electos, y el riesgo de sanciones luego de que la reforma judicial estableció un plazo de seis meses a partir del conocimiento del asunto para resolver los casos del Máximo Tribunal del país.

De acuerdo con la ley, los nuevos ministros de la Corte tomarán protesta el 1 de septiembre de 2025 y ya no operarán la Primera y la Segunda Sala del Máximo Tribunal, las cuales enfrentan un rezago actual de 509 y 111 asuntos, respectivamente.

Además, de acuerdo con información pública de la SCJN, el pleno tiene un rezago de 628 casos entre acciones de inconstitucionalidad, amparos, controversias constitucionales, impedimentos y recursos de reclamación, entre otros.

Lo anterior implica que los nuevos ministros recibirán más de mil casos pendientes que deberán resolver a marchas forzadas, pues la reforma judicial establece, en su artículo 17: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente”.

De acuerdo con estadísticas de la Suprema Corte e informes anuales, en 2023, la primera sala, la segunda sala, y el pleno de la Suprema Corte resolvieron en su conjunto un total de 4 mil 299 asuntos, mientras que en 2024, las salas y el pleno resolvieron 3 mil 853 asuntos.

Con la nueva realidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no tendrá el apoyo de las salas y 100% de los asuntos los deberá resolver el pleno, que además pasa de tener 11 a nueve ministros.

Por si fuera poco, de los aspirantes electos para ministros de la SCJN en los comicios del pasado 1 de junio, sólo Lenia Batres, Loretta Ortiz y Jazmín Esquivel tienen experiencia en el cargo, mientras que los seis restantes deberán atravesar por una curva de aprendizaje.

Esa curva no podrá ser prolongada, pues quienes no resuelvan en el plazo establecido deberán justificar los motivos ante el Tribunal de Disciplina Judicial y en caso de no hacerlo podrán ser sujetos de sanciones como amonestación, suspensión, sanción económica, e incluso la destitución.

Especialistas advierten un cúmulo de documentos justificatorios y permisividad por parte de Tribunal de Disciplina Judicial.

Para los expertos, las condiciones en que funcionará la nueva Corte y los resultados de la elección judicial son producto de una reforma hecha “desde la ideología”, que dejará rezago en la resolución de casos por falta de experiencia y de carrera judicial de los nuevos integrantes.

El politólogo de la UNAM, Sebastián Godínez, detalló que el objetivo de los comicios “era capturar al Poder Judicial y alinearlo con el oficialismo”, por lo que calificó el proceso como “la cooptación del Poder Judicial consumada”.

Recordó que pese a que la ley establece un plazo de seis meses para resolver los asuntos a partir de que se conozcan, en el artículo 20 se establece que “en caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de la demora”.

Por lo anterior, advirtió un cúmulo de documentos justificantes y permisividad por parte de los magistrados que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial.

“Vendrá una ola de escritos con justificaciones como “es que acabamos de llegar”, “son muchos casos”, “había mucho rezago”, “fue producto del régimen anterior”, y hay una alta probabilidad de que el tribunal los excuse, y esto lo digo con cierta certeza porque el tribunal, de acuerdo a los cómputos, quedará integrado con personajes afines a Morena, son viejos conocidos de las filas del partido en el gobierno, sentenció.

El constitucionalista también de la UNAM, Francisco Burgoa, consideró que la elección no fue otra cosa que una simulación: “La legitimidad no se obtiene sólo con votos, sino con procesos confiables, con estándares democráticos y esta elección claramente no lo fue y sí fue una simulación”, subrayó.

Sobre los nuevos plazos establecidos en la ley, Burgoa apuntó: “Muy difícilmente se cumplirán los plazos de seis meses para resolver asuntos. “El estándar de seis meses ignora la complejidad de muchos litigios constitucionales. Cada asunto tiene sus propias características. Una cosa es fijar plazos en papel y otra resolver controversias de fondo con razonamientos sólidos y respetando el debido proceso. La presión por cumplir tiempos podría traducirse en resoluciones de baja calidad o, peor, en criterios alineados al poder político, es decir, podríamos ver con frecuencia que la política se antepone al derecho”, precisó.

“El equilibrio entre celeridad, calidad y legitimidad será difícil, si no es que imposible. La forma en que tendrá que ganarse su legitimidad será a partir de sus sentencias defendiendo el orden constitucional y convencional y los derechos fundamentales. No ser condescendiente al poder ni a ningún grupo de interés, menos a las mayorías”, agregó.

El también catedrático de la UNAM coincidió en que es previsible que exista un cúmulo de documentos justificatorios ante el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

“La realidad hará que, ante la imposibilidad auténtica de cumplir plazos en todos los casos, las justificaciones se volverán una constante o una práctica común y normal en el TDJ. También se prevé que el TDJ no será independiente ni autónomo, veamos los perfiles de quienes serán sus integrantes y por eso afirmo que fue capturado desde su diseño por el oficialismo. Ojalá y me equivoque, pero si los magistrados disciplinarios actúan como operadores políticos, no como contrapesos en ejercicio legítimo y de sus facultades, la supervisión será simulada y la persecución no será real. Se castigará la disidencia y se tolerará la ineficiencia cuando convenga al régimen. La vigilancia será selectiva”, indicó.

Casos destacados en fila de pendientes

Es probable que el total de los asuntos pendientes se reduzcan llegado el 1 de septiembre, pues varios ya están enlistados y probablemente el pleno actual los resuelva en las próximas semanas.

Destaca la acción de inconstitucionalidad 129/2023 por la que se impugnó una reforma en materia de concesiones para minería y agua, aprobada el 8 de mayo de 2023; también la acción de inconstitucionalidad 78/2022 de la reforma a la Ley Minera por la que se determinó que el litio es propiedad de nación y prohibió el otorgamiento de concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones a particulares. Ambos asuntos ya están enlistados.

Entre los casos que aún no están en listas y podría resolver el nuevo pleno, destaca la acción de inconstitucionalidad 136/2019, para impugnar la reforma por la que se amplió el catálogo de prisión preventiva oficiosa, en específico, en delitos fiscales; la acción de inconstitucionalidad 49/2022 por la que se impugnó la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Federal de Revocación de Mandato, y el amparo en revisión 39/2022, promovido por la organización R3D para impugnar la creación del Banco de ADN para uso forense, por presuntamente vulnerar los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos.