Opinión de Darío Ibarra | El Universal |

En la semana que termina se puso de manifiesto la creatividad que nos caracteriza a los mexicanos, así como la capacidad de burlarnos de todo, incluso de lo que es políticamente incorrecto. El tristemente célebre caso de la adulta mayor que disparó a sangre fría y asesinó a dos personas por la presunta ocupación ilegal de una vivienda llegó a primeras planas de algunos medios de circulación nacional y se convirtió en tema viral en redes sociales. Hay posturas encontradas: aquellos que la ven como una heroína y quienes la ven como villana. Pocos ven, sin embargo, que esto no es mas que un reflejo del lamentable estado en que se encuentra nuestro sistema de administración de justicia, este hecho sólo recorre el velo que nos permite ver una manifestación más de nuestro subdesarrollo.

Aclaro que no soy abogado ni tengo formación jurídica. Corro el riesgo de emitir opiniones sin fundamento por tratarse de un campo fuera de mi especialidad. Pero desde la Economía consideramos el contexto jurídico como fundamental para que los procesos económicos tengan lugar y esto genere crecimiento y desarrollo económicos. Esta es, en todo caso, mi perspectiva: la de un economista opinando sobre temas jurídicos.

Lo que se ventila en prensa y redes sociales es que la Sra. Carlota acudió a una vivienda presuntamente de su propiedad, que al parecer había sido invadida por “paracaidistas” que, a la mala, la querían despojar del inmueble. Ante la lentitud de las autoridades para resolver el problema, la Sra. Carlota acudió al domicilio y disparó a dos personas para recuperar lo que, presuntamente, es de ella.

Quienes ocupaban la vivienda sostienen que tenían contrato de arrendamiento. De ser cierto, falta revisar que dicho contrato hubiese sido emitido y firmado por el legítimo propietario del inmueble.

En redes sociales se especula que se trata de una ocupación ilegal auspiciada por un grupo de delincuentes que se dedican precisamente a eso: a ocupar inmuebles y apoderarse de ellos por la fuerza. Un claro delito. Sin embargo, la Sra. Carlota pretendió resolver un robo de vivienda o despojo a través de otro delito, pero peor: asesinato a sangre fría.

De manera gruesa esos fueron los hechos o lo que se especula al respecto. Es difícil determinar si alguna de las partes era realmente inocente. Sin embargo, en la historia hay notorias ausencias: el proceso judicial, los jueces, los ministerios públicos. Estos vacíos se llenaron haciéndose justicia por mano propia, con un concepto torcido de lo que es la justicia.

La administración de justicia es un gran pendiente de nuestro país. Para nadie es un secreto que no vale la pena ir a tribunales a intentar recuperar el importe de una factura, pues el tiempo y dinero invertidos son tan altos, que el monto de dicha factura debe ser muy elevado para intentar recuperar el importe del bien o servicio vendido y no cobrado. Esto por poner un ejemplo mercantil.

Pero eso es válido para cualquier proceso jurídico: revise los tiempos, procesos, costos y desgaste personal y familiar por intentar resolver cualquier problema que implique llegar a juzgados. Supuestamente la administración de justicia es gratis en nuestro país, pero los que hemos tenido la tragedia de pasar por un proceso legal, sabemos que no es así: desde los honorarios de los abogados, pasando por las “copias” de expedientes y “gratificaciones” a secretarios y archivistas, o eso dicen los abogados, suman cantidades que en no pocas ocasiones hacen prohibitivo el acceso a la justicia para el grueso de la población.

El caso de la Sra. Carlota debe servir para que el sistema de administración de justicia se mire a sí mismo con ojos críticos. La verdadera falla es de este sistema. De operar en niveles decorosos no habría ni invasores de viviendas ni desalojos por armas de fuego.

Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón-UNAM

Un saldo de nueve personas fallecidas y cinco más heridas dejó un ataque armado registrado la madrugada de este lunes en un centro de rehabilitación contra las adicciones, ubicado en el fraccionamiento Colinas de San Miguel, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados irrumpieron en una residencia de dos pisos adaptada como centro de atención, ubicada sobre la calle Cerro de San Cayetano.

Los agresores forzaron su entrada al lugar al derribar los portones y posteriormente dispararon contra los pacientes que se encontraban en el interior.

Las corporaciones de seguridad estatal y municipal fueron alertadas sobre varios ataques en ese sector del sur de Culiacán. Al acudir al sitio, encontraron tres inmuebles con impactos de bala y daños estructurales, incluidos los accesos principales.

🚨SICARIOS ATACAN CENTRO DE REHABILITACIÓN EN CULIACÁN, MÉXICO.

La madrugada del 7 de abril de 2025, un grupo armado irrumpió en el centro de rehabilitación “Shaddai”, ubicado en el fraccionamiento Colinas de San Miguel en Culiacán, Sinaloa.

El ataque resultó en la muerte de… pic.twitter.com/kHdJecaZor

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— Mr Elegante ✪ (@MrElegantesv) April 7, 2025

Según información proporcionada por las autoridades de Culiacán, ocho personas murieron en el lugar, mientras que cinco más resultaron heridas y fueron atendidas por cuerpos de auxilio.

Una de las personas lesionadas fue identificada como Alejandra “N”, de 21 años, junto a Jesús Francisco “N”, José Luis, José Alfredo y Víctor Francisco “N”, de 41 años, quienes fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación y continúa con las diligencias correspondientes. Algunos de los pacientes que se encontraban en el inmueble, en Culiacán, lograron ocultarse durante el ataque y resultaron ilesos.

🚨💥 NUEVE PERSONAS MUERTAS dejó un ataque armado al interior de un centro de rehabilitación en la colonia Colinas de San Miguel, Culiacán, la madrugada de este lunes 7 de abril. Hay 5 heridos. | #Adiscusión pic.twitter.com/qQwf3FqvnD

— Adiscusión Diario (@adiscusion) April 7, 2025

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«No es el único caso, tenemos siete centros que han sido atacados».

Lo dice Rubén Rocha, como si mencionar otros casos minimizara el horror: 9 personas asesinadas hoy en una clínica de adicciones en Colinas de San Miguel, Culiacán. pic.twitter.com/UoRG1ieeAI

— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 7, 2025

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A más de un año desde que se reportó la desaparición de Andrea Otaolaurruchi, ex participante del reality Acapulco Shore, el caso ha vuelto a captar la atención pública.

Pablo Peña, empresario y expareja de la joven, apareció en redes sociales asegurando que Andrea no está desaparecida, sino que está involucrada en actividades delictivas.

De acuerdo con Peña, el último encuentro que tuvo con Otaolaurruchi ocurrió el 3 de marzo de 2024, cuando una discusión lo llevó a abandonar el domicilio que compartían en el Estado de México.

Al regresar al día siguiente, ella ya no se encontraba en casa. Sin embargo, afirma que tiempo después recibió un mensaje de reconciliación que resultó ser una trampa: al acudir al punto de encuentro, fue interceptado y privado de su libertad por un grupo armado, situación que casi le cuesta la vida.

@susanitatieneun8aton Andrea fue reportada como desaparecida desde el 13 de marzo del 2024 y aun no se sabe nada de ella La pareja habría desaparecido el pasado Marzo del 2024 ,la familia de Peña denunció que el habria sido revictimizado al ser señalado como probable responsable de la desaparición de Andrea por lo que se realizaron diversos cateos donde segun los indicios señalaban a la pareja como involucrado. Un año después aparece Pablo Peña para contar su verdad y denuncia una serie de irregularidades cometidas por parte de la fiscalia para señalarlo culpable y da detalles de la vida de Andrea cuyas actividades la ligan con el crimen organizado. La modelo aún no aparece y Peña sugiere que probablemente esté escondida y que ha sido vista en Europa #andreaOtaolaurruchi #acapulcoshore #desaparicion #pablopeña #denunciapublica #trend #shundle #espectaculos #parati #foryou #fyp #fy #foryourpage #viral #famosos #for #f #fypシ゚ ♬ sonido original – Susanita tiene un 🐭

A través de un largo video publicado en sus redes sociales, Pablo Peña relata que ha sido blanco de amenazas, robos y persecución desde la supuesta desaparición de Andrea.

Según su testimonio, ella habría estado relacionada con bandas criminales, usando su imagen pública y profesión como scort para atraer a personas de alto perfil que luego eran víctimas de extorsión y violencia. “Andrea no está desaparecida, está escondida. Y creo que ya es momento de que dé la cara”, declaró.

Además, el empresario insinuó que varios exintegrantes del reality Acapulco Shore también habrían sido amenazados por Otaolaurruchi a través de intermediarios ligados a grupos delictivos como la Unión Tepito. Aunque no mencionó nombres, aseguró que las intimidaciones eran parte de una red de manipulación y crimen.

Por otro lado, en marzo de 2024, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México emitió una ficha de búsqueda oficial para localizar a Andrea, quien entonces tenía 25 años. Fue vista por última vez en la colonia Bosques del Lago, vestía un short negro y fue señalada como desaparecida luego de una presunta discusión con su pareja.