Nacionales
Una pareja hizo compras por casi 3 mdp y las pagó la alcaldía de Manzanillo
Mediante operaciones hormiga, realizadas con una línea de crédito de American Express, fueron ordeñados cerca de tres millones de pesos del erario municipal de mayo de 2017 a febrero de 2019, vía el pago de gastos personales y de autopartes de lujo, con una tarjeta titular y otra adicional domiciliadas con cargo a una cuenta bancaria perteneciente al Ayuntamiento de Manzanillo.
De acuerdo con documentos obtenidos por Proceso Digital, la extracción irregular de recursos públicos, que alcanzó un monto total de dos millones 719 mil 725 pesos, se inició en el gobierno de la exalcaldesa Gabriela Benavides Cobos –actual senadora del Partido Verde– desde la cuenta 0265737873 de Banorte, que fue abierta en 2015 por su antecesor en la alcaldía, Virgilio Mendoza Amezcua, exdiputado federal y ahora presidente estatal del PVEM.
El desfalco fue detectado en los primeros meses de la administración encabezada por la presidenta municipal morenista Griselda Martínez Martínez, que en marzo de 2019 interpuso ante la Fiscalía General del Estado (FGE) la querella formal 201/2019, por “fraude en la modalidad de uso indebido de tarjetas y documentos de pago electrónico y/o cualquier otro delito que se configure”, contra el usuario o titular de las tarjetas de crédito, así como de quien haya autorizado el cobro domiciliado o quien resulte responsable.
En sus investigaciones, las autoridades descubrieron que la tarjeta de crédito usada con cargo a las arcas municipales –cancelada el 3 de marzo de 2019– fue la 371773353151007 de American Express, cuya titular era Eva María Malcon Fararoni, con tarjeta adicional a nombre de Gustavo Alonso Becerra Malcon, quienes no tienen relación formal con el Ayuntamiento y no se ha determinado quién les autorizó hacer uso de una línea de crédito a costa del erario.
Casi cinco años después, sin embargo, nadie ha recibido sanción alguna por su responsabilidad o implicación en ese delito.
En lo relativo al ámbito penal, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción –instancia a la que fue canalizada la querella presentada por el Ayuntamiento de Manzanillo– no ha dado a conocer los resultados de sus investigaciones.
Desde el punto de vista administrativo, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) emprendió una indagatoria y concluyó que Gabriela Benavides y su tesorera municipal, Claudia Edith Bolaños Manzo, son responsables de “falta grave”, tipificada como desvío de recursos públicos; mientras que tres trabajadoras fueron responsabilizadas de encubrimiento.
No obstante, al recibir y resolver el caso, el Tribunal de Justicia Administrativa del estado (TJA) absolvió a la exalcaldesa y a sus colaboradoras por considerar “insuficientes” las pruebas de cargo aportadas para acreditar la “falta grave” que les fue imputada, además de que ese órgano jurisdiccional señaló que la investigación del Osafig “no fue exhaustiva ni eficiente”.
Manzanillo paga
De acuerdo con los estados de cuenta de la tarjeta, los cargos realizados a la cuenta bancaria del Ayuntamiento en 2017 ascendieron a 710 mil 546 pesos, en 2018 fueron por 1 millón 862 mil 179 pesos y los de 2019 sumaron 147 mil pesos; en tanto que, tras una reclamación por cargos no reconocidos, la autoridad municipal logró recuperar 245 mil pesos correspondientes a la administración de la alcaldesa Griselda Martínez, que está por concluir su segundo periodo.
Entre los gastos realizados con la tarjeta en su mayoría figuran compras en la ciudad de Guadalajara, aunque también hay en Playa del Carmen y en Veracruz, así como adquisiciones por internet y en moneda extranjera.
Algunos los establecimientos donde fue usada la mica son tiendas como Zara, El Palacio de Hierro, American Eagle, Innova Sport; restaurantes, tiendas de conveniencia y otros lugares como el supermercado Soriana, Farmacias Guadalajara y Cinépolis, además de pagos a Nacional Monte de Piedad y el servicio de telefonía Telcel.
Destacan también 38 compras realizadas mediante el sistema Payclip por cantidades que van desde siete mil a 50 mil pesos, la mayoría de ellas en establecimientos de autopartes y motopartes, así como en tiendas donde se hicieron pagos en dólares, por un total de un millón 380 mil 360 pesos, poco más de la mitad del total del dinero del que se dispuso.
Durante la indagatoria de la Unidad de Investigación del Osafig, que incluyó únicamente los cargos relativos al ejercicio fiscal 2018, fueron citados a comparecer el exalcalde Virgilio Mendoza, la exalcaldesa Gabriela Benavides, su extesorera Claudia Edith Bolaños y exintegrantes del área administrativa para cuestionarles fundamentalmente quién autorizó o dio instrucciones de que se domiciliaran los cargos de la tarjeta de crédito.
Ninguna de las personas que comparecieron aceptó conocer a Eva María Malcon Fararoni ni a Gustavo Alonso Becerra Malcon, usuarios de la tarjeta de crédito, además de que todos dijeron no tener conocimiento sobre la persona que autorizó los cobros a la cuenta bancaria.
Aunque Mendoza Amezcua reconoció ante el Osafig que casi al final de su administración, el 3 de febrero de 2015, fue abierta la cuenta de Banorte de la que posteriormente serían extraídos los recursos, se deslindó de toda responsabilidad al negar haber autorizado que se domiciliara la tarjeta y adujo que en su administración no se realizó ningún cargo.
A su vez, Gabriela Benavides aseguró que durante su periodo ella nunca se enteró de que se realizaban cargos domiciliados desde la tarjeta American Express a la cuenta del Ayuntamiento: dijo que lo supo cuando la alcaldesa Griselda Martínez denunció públicamente el asunto.
Además, Benavides negó haber sido ella quien autorizó los cargos desde la tarjeta, refirió desconocer si alguien de su administración lo hizo y responsabilizó a la Tesorería de los tratos con los bancos.
Al final de la entrevista ante el Osafig, la exalcaldesa Gabriela Benavides añadió: “Solicito a esta autoridad que pueda investigar ante la institución bancaria o ante la autoridad que corresponda quién fue la persona que autorizó a Banorte a llevar a cabo estos descuentos de los que, insisto, yo no autoricé ni estaba enterada”.
A tono con la versión de su exjefa, la extesorera Claudia Edith Bolaños aseveró que durante el periodo 2015-2018 ninguna de las personas responsables de las cuentas bancarias autorizó los cargos domiciliados y, al igual que la exalcaldesa, sostuvo que se enteró de ello mediante la administración de Griselda Martínez.
Litigio en redes sociales
Una vez que terminó sus pesquisas, el Osafig emitió en agosto de 2022 su acuerdo conclusivo de la investigación, en el que determinó la existencia de actos y omisiones de cinco exservidoras públicas municipales.
A la exalcaldesa Gabriela Benavides y a la extesorera Claudia Edith Bolaños les atribuyó la falta grave tipificada como desvío de recursos públicos por omitir vigilar los recursos públicos del ente municipal, que se utilizaron para realizar pagos a la tarjeta bancaria de un tercero.
A las extrabajadoras Sulema Ruiz Mancilla, Ma. del Carmen Aguayo Carrillo y a Fabiola Figueroa Mendoza les atribuyó la falta grave tipificada como encubrimiento porque al conocer de los pagos, que con recursos públicos se hicieron hacía la tarjeta bancaria señalada, no acudieron a una instancia de mayor jerarquía para reportarlos.
Sin embargo, para el Tribunal de Justicia Administrativa no fueron suficientes los elementos de prueba presentados por el Osafig y en su sentencia de este caso, bajo el expediente TJA-RA-03-2022-A, desestimó las conclusiones del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) emitido por el órgano fiscalizador, pues consideró que, “lo menos que debió acreditar con prueba fehaciente, es que la domiciliación de los pagos efectuados a la tarjeta American Express provenientes de la cuenta BANORTE 0265737873 (…) derivó de una autorización, solicitud o realización por las presuntas responsables, circunstancia que no se acredita”.
Indicó que la “conducta omisiva o de abstención que sugiere la autoridad
Investigadora” respecto de Benavides y Bolaños “por no cumplir, desde su óptica, con las obligaciones genéricas de vigilancia, no puede ser considerado desvío de recursos públicos hacía fines distintos a los autorizados”.
Abundó el tribunal que, en todo caso, si se trataba de omisiones en el deber de vigilancia, que “por lo general implican situaciones de imprudencia, negligencia o descuido, debió la investigadora explorar la posibilidad de encuadrar la conducta en el ámbito de las faltas administrativas no graves”.
En el caso de las tres extrabajadoras el TJA determinó que, de las pruebas documentales que se analizaron, no se acreditó la falta atribuida de encubrimiento.
En conclusión, señaló el tribunal, “las pruebas de cargo aportadas por la autoridad investigadora no son suficientes para acreditar las conductas que estima infractoras respecto de las presuntas responsables”.
Luego de que se conoció públicamente el resolutivo, la actual senadora Gabriela Benavides publicó a mediados de octubre pasado dos páginas de la sentencia en su perfil de la red social Facebook con el siguiente comentario:
“Durante más de 3 años he sido víctima de acusaciones e imputaciones, que hasta el día de hoy son el único argumento con el cual se ha querido perjudicar mi paso por el servicio público.
“Hoy con la frente en alto, como siempre he estado frente a los manzanillenses, les comparto la resolución que el Tribunal de Justicia Administrativa ha emitido, en donde se declara inexistente el supuesto desvío de recursos y encubrimientos por la supuesta ‘tarjeta de crédito’ desde donde acusaban (que) ‘particulares’ disponían de recursos públicos”.
A su vez, la actual administración de Manzanillo publicó también en Facebook un pronunciamiento al respecto, titulado “Que no te confundan”, en el que recordó que presentó “una denuncia que está proceso ante la Fiscalía Anticorrupción y aún no ha sido resuelta”, pues “las denuncias que son de carácter penal las resuelve un juez de lo penal y no el Tribunal de Justicia Administrativa”.
Advirtió: “La denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado sigue vigente y en curso; será un juez penal quien lo resuelva. Confiamos en que se haga justicia a la población manzanillense”.
Nacionales
El “Pollo” Gallardo, un gobernador peligroso para la 4T
Opinión de Laura Puente | El Heraldo de México |
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, representa un perfil característico de la nueva era de la política mexicana. Una en la que poco importa que lo relacionen con personajes ligados al crimen organizado o traicionar a aliados que no comparten su forma de gobernar, incluso si pertenecen a Morena o al propio Verde Ecologista.
El bienestar de la población parece no estar entre sus prioridades. Más del 50% de los habitantes del estado vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema, especialmente en las regiones de la Huasteca y la Sierra Madre Oriental, donde predominan comunidades indígenas con altos niveles de marginación.
El llamado “Pollo” Gallardo ha mostrado escaso interés por mejorar el sistema educativo: más del 20% de los adolescentes de aproximadamente 15 años no han logrado concluir la educación básica.
Pero la cereza en el pastel del desastre que tiene en casa es su ambición por imponer a su esposa Ruth González como la próxima gobernadora, aún cuando faltan más de dos años para la elección. Para este personaje, la ley contra el nepotismo, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, será letra muerta, por lo que es casi un hecho que el PVEM, de Jorge Emilio González, vaya en solitario, todo por el capricho del gobernador a quien no le importa desafiar cualquier instrucción de Palacio Nacional.
Pero antes de que cante victoria el todavía góber, debería revisar los reportes de seguridad del gobierno de Estados Unidos, ya que desde noviembre de 2024 se documentó que aparecieron narcomantas en puentes de la entidad, en las que se aseguraba que el “Pollo” Gallardo estaba involucrado en actividades ilícitas como lavado de dinero, tráfico de migrantes y huachicol.
La presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con las dependencias de seguridad nacional, también tienen información de la inseguridad que viven millones de ciudadanos en San Luis Potosí, derivado de actividades delictivas que nadie puede controlar a nivel estatal.
No sería la primera vez que Gallardo estuviera en problemas con la ley y ligado al crimen organizado. En 2015 fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR), e ingresado en un penal federal como presunto responsable de lavado de dinero y delincuencia organizada. Permaneció 11 meses preso, pero fue puesto en libertad por la mala integración de la carpeta de investigación por parte de las autoridades, donde se le acusaba de un desvío de más de 200 millones de pesos. Así de grave.
Para los potosinos hay esperanzas. La ciudadanía está harta de los narcogobiernos y prefiere que Morena y el PVEM rompan para tener alternativas en 2027. La actual secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, es una carta fuerte de Morena para la gubernatura. También suena Gerardo Sánchez como segunda opción detrás de la titular de Segob. Sin embargo, hay otra persona peligrosa rondando la gubernatura. Se trata del actual alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, quien trabajó como comisionado general de la Policía Federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Las elecciones de 2027 están a la vuelta de la esquina, así que el “Pollo deberá escuchar y trabajar de la mano con el gobierno federal, no vaya a ser que sus sueños acaben tras las rejas, o peor aún, con la torpeza de que sus intereses sigan lastimando el bienestar de la población de San Luis Potosí.
MADRUGUETES
Agua donde sí cabe
En muchas zonas urbanas, el reto ya no es solo acceder al agua, sino encontrar dónde guardarla. El crecimiento ha provocado que miles de viviendas, sobre todo departamentos y casas pequeñas, carezcan de espacio para instalar sistemas de almacenamiento tradicionales. Techos con carga restringida, patios reducidos o la ausencia de azotea hacen inviable un tinaco convencional. Sume a ello, que, según BBVA Research, el 49.5?% de los hogares en estratos bajos recibe agua de forma intermitente. Ante esta realidad, empresas como Rotoplas han diseñado soluciones que permiten aprovechar mejor el espacio, sin comprometer la estructura del hogar. Es el caso de su línea de tinacos verticales, diseñados para instalarse a nivel de piso en jardines, patios, garajes o áreas de servicio. Más que una tendencia, este tipo de diseño responde a la necesidad de adaptar la infraestructura doméstica a la realidad urbana actual.
Póliza para la evasión
Cuando más se necesita, MetLife México da la espalda. Así lo muestra el expediente del siniestro 2240601702, donde la aseguradora arrastra desde agosto de 2023 un adeudo de 175 mil pesos por gastos médicos no reembolsados. El usuario cumplió con los requisitos, pero la compañía simplemente dijo que “no procede”. No es una excepción, es un patrón. De acuerdo con la Condusef, tan sólo en 2024, esta aseguradora registró poco más de 15 mil 800 reclamaciones y 40 sanciones. Además, su índice de resolución favorable fue de apenas 5% en el tercer trimestre de ese año. A pesar de todo esto, su Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU) roza el 9.8. ¿Cómo se explica? La respuesta está en la metodología: se califican procesos, no resultado a favor. Así, mientras MetLife presume eficiencia ante los reguladores, en redes sociales se acumulan quejas individuales o en grupos masivos contra la aseguradora por impago, incumplimiento y evasivas. ¿Casualidad? No. Causalidad.
Blindaje digital
El aumento de fraudes digitales, robo de datos y violencia en línea se convirtió en una amenaza constante que afecta a empresas, gobiernos y ciudadanos por igual. La vulnerabilidad de nuestros sistemas y la falta de una legislación sólida en materia de ciberseguridad han abierto la puerta a riesgos cada vez más sofisticados, mientras la transformación digital avanza sin freno. Frente a este escenario, el desarrollo de tecnología de protección y la articulación de políticas públicas efectivas ya no pueden esperar. En ese contexto, destaca el paso firme de Silent4Business, empresa especializada en ciberseguridad, la cual recién inauguró sus oficinas en Houston, Texas. La firma dirigida por Layla Delgadillo, empresaria mexicana con más de dos décadas de experiencia en inteligencia digital, ofrece soluciones 360° para blindar empresas, instituciones y hogares mediante plataformas como ‘4YOU’, y trabaja de la mano con autoridades federales para construir una legislación en ciberseguridad. Así, S4B posiciona a México como referente en la protección digital. POR LAURA PUENTE COLABORADORA LAU.PUENTEE@GMAIL.COM
TWITTER: @LAURAPUENTEEN
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Fuente: Agencias
Nacionales
Pemex confirma que despedirá a personal de confianza
Con las liquidaciones, Pemex proyecta ahorrar aproximadamente 3.5 mil millones de pesos para 2025 y 1.2 mil millones para 2026.
Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que en 2025 y 2026 despedirá a personal de confianza como parte de un proceso de reorganización interna, mientras que la planta sindicalizada permanecerá intacta, cumpliendo así con el compromiso hecho al exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps, de que ante cualquier cambio de ley no se debe tocar al sindicato.
En un comunicado difundido bajo la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la paraestatal detalló que las liquidaciones corresponden a menos del 1.4% de las plazas de confianza permanentes.
Según precisó, se tomó en cuenta el nivel jerárquico de los cargos afectados y se procuró no comprometer los objetivos estratégicos de la empresa.
“El ahorro proyectado por estas acciones asciende a aproximadamente 3.5 mil millones de pesos para 2025 y 1.2 mil millones para 2026, equivalentes al 9.41% y 12.78%, respectivamente, del presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para plazas de confianza permanentes”, se lee en el comunicado oficial.
Pemex explicó que estas medidas se enmarcan en la nueva orientación legal que rige a la compañía desde la aprobación de las leyes secundarias en materia energética, las cuales la definen como una Empresa Pública del Estado con integración vertical.
En ese contexto, informó que ha dado inicio a un proceso de reorganización institucional “dirigido a realizar de forma más eficiente el cumplimiento de su objeto”, lo cual incluye una “alineación operativa y funcional” dentro de su estructura organizativa.
Uno de los hitos de esta transformación ocurrió el 22 de mayo de 2025, cuando el Consejo de Administración aprobó el nuevo Estatuto Orgánico de la empresa. Este instrumento normativo plantea eliminar duplicidades funcionales y de plazas, redirigir recursos hacia actividades operativas sustantivas y optimizar el uso de recursos públicos.
“Se ha decidido reducir estructuras administrativas y corregir redundancias identificadas en áreas como comercialización, planeación, capital humano, costos y contratación de servicios, con la finalidad de mejorar la eficiencia operativa”, consideró la petrolera en su mensaje institucional.
Adicionalmente, Pemex subrayó que, para mitigar los impactos laborales de estas liquidaciones, desde diciembre de 2024 se implementó un esquema de ingresos controlados. Este esquema limita la incorporación de nuevo personal de confianza y establece una política de administración responsable de la plantilla.
Estos anuncios llegan días después de que Proceso revelara, a partir de documentos oficiales, que la petrolera presentó una nueva propuesta de reestructura organizacional enfocada en la reducción de costos operativos.
El documento al que esta casa editorial tuvo acceso detalla que el número de direcciones aumentará de ocho a diez, mientras que las llamadas Áreas de Vigilancia se reducirán de tres a dos. Al mismo tiempo, se confirma que la estructura sindical no será tocada.
Como parte de esta simplificación interna, un segundo documento filtrado a Proceso advierte que Pemex planea recortar alrededor de 3 mil trabajadores de confianza, lo que representaría un ajuste presupuestario de 10 mil 494 millones de pesos. En términos relativos, esto significaría un ahorro de 28.11% respecto al gasto actual en ese segmento de personal.
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Ejecutan a excandidato de Morena en San Pablo del Monte
La mañana de este miércoles 4 de junio, Máximo Óscar Luna Capilla, excandidato de Morena y funcionario del Cecyte en Tlaxcala, fue asesinado a balazos cuando descendía de su automóvil frente a su domicilio en el barrio de San Cosme, municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.
El ataque ocurrió alrededor de las 7:00 horas, sobre la calle Morelos Norte, esquina con Melchor Ocampo. Según testigos, dos hombres armados a bordo de una motocicleta interceptaron al también ex aspirante a la diputación local, disparándole a quemarropa al menos en cinco ocasiones. La escena conmocionó a vecinos y familiares.
Luna Capilla fue candidato a la presidencia municipal en 2021 y buscó una curul local en 2023, ambos procesos por el partido Morena.
Elementos de seguridad pública acordonaron el área, en espera del Instituto de Ciencias Forenses, encargado del levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala no ha emitido información oficial sobre los responsables ni avances en las investigaciones.
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