Columnas
Cómo la apertura de tiendas privadas de alimentos en Cuba destapó una desigualdad invisible
Juan y Elisa* son una pareja de jubilados cubanos de más de 80 años.
Sus pensiones no superan los 5.800 pesos mensuales en conjunto (US$11,6 según el cambio informal), mientras que una botella de aceite y una caja de 30 huevos valen alrededor de US$7.
Se levantan cada día; compran un pan en el mercado estatal, lo parten a la mitad y lo desayunan con té azucarado.
A veces cuidan niños y personas con discapacidad de sus vecinos, lo que les permite recibir una comida o algún dinero que les da para un poco de arroz, frijoles y huevos.
Por la noche terminan la otra mitad del pan y beben más té.
Así pasan una jornada «buena» en una rutina en la que solo se puede vivir al día.
El de Juan y Elisa es uno de los casos vulnerabilidad extrema que se dan en Cuba estudiados por la socióloga Mayra Paula Espina, de la Universidad de La Habana.
La licenciada observa cada vez más disparidades en un país con datos limitados sobre desigualdad y pobreza.
No lejos de la casa de los pensionistas, un supermercado privado oferta queso de cabra, yogur, embutidos, pescados y jamón español.
Es una minoría la que puede pagar sus precios, pero aún así el negocio prospera.
Desde que el gobierno socialista de Cuba aprobó la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a fines de 2021, el otrora monopolio estatal de la venta de alimentos cede protagonismo ante la iniciativa privada.
Es un cambio de modelo que para muchos cubanos ha supuesto disponer de un abanico más amplio de productos alimenticios y de primera necesidad que antes se encontraban a cuentagotas.
Pero que también, según Espina y el investigador cubano-estadounidense de la Universidad de Miami, Michael Bustamante, ha terminado por destapar la desigualdad en una isla que en los años 80 había logrado una equidad asombrosa.
«Ya en los años dorados de la revolución había desigualdad, pero a fines de los 90 se empezó a notar más. Hoy los precios del sector privado son inasequibles para la mayoría de cubanos y se vive una desigualdad rampante que antes no se veía», le dice Bustamante.
Las grietas de la igualdad
Cuba vive su peor crisis energética y económica desde que en 1991 se derrumbó la Unión Soviética, su principal aliado político y comercial, y las finanzas de la isla colapsaron.
Hoy el país sufre los estragos de sus deficiencias productivas, la caída del turismo, el embargo económico estadounidense y las tensiones con el gobierno de Donald Trump, que amenaza con aranceles a cualquier país que envíe petróleo a la isla.
Venezuela fue durante décadas el mayor proveedor de combustible de Cuba, pero se apoyo quedó cortado con la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en Caracas a comienzos de enero.
Tras la debacle de los 90, Cuba nunca se recuperó del todo.
Hoy muchos cubanos recuerdan aquel «Periodo Especial» porque, como entonces, conviven con un racionamiento extremo, largos apagones, restricciones de transporte y dificultades para acceder a alimentos.
Sin embargo, la crisis actual no afecta a todos de la misma forma que antes.
Cuba alcanzó un envidiable nivel de igualdad en en los años 80, dos décadas después del triunfo de la revolución socialista de Fidel Castro.
«Grupos en desventaja ascendieron en un proceso de igualamiento que alcanzó un coeficiente Gini bajísimo, de un 0,24», describe Espina.
El índice Gini es cómo el Banco Mundial mide la inequidad, siendo 0 la igualdad perfecta y 1 la máxima desigualdad.
Por comparar, EE.UU. obtuvo un 0,40 en 1989. Uruguay, a menudo destacado como uno de los países menos desiguales de América Latina, ha oscilado entre 0,39 y 0,40 en los últimos cuatro años.
«Pero la crisis de los 90 interrumpió los avances en Cuba. Grupos rezagados que habían mejorado, como la población no blanca, mujeres y residentes del campo, fueron los primeros en verse afectados», analiza Espina.
La economía cubana se contrajo un tercio de su producto interior bruto (PIB) tras el colapso soviético.
Una de las medidas que implantó el gobierno cubano fue legalizar el uso del dólar.
«Circularon dólares estadounidenses y pesos cubanos. El país también se abrió más al turismo», cuenta Bustamante.
La igualdad se agrietó. «La gente que trabajaba en turismo o recibía remesas accedía a dólares o al desaparecido peso cubano convertible (CUC) vivía mucho mejor», añade el investigador.
Con la dolarización convivieron dos tipos de tiendas de distribución de alimentos: unas dolarizadas y más surtidas; y otras en moneda nacional, en muchos casos subsidiadas, con oferta limitada.
A comienzos de los 2000 el salario medio en Cuba en el sector estatal rondaba los 200 pesos cubanos, equivalentes a unos US$10 al cambio.
Quien no tenía familiares en el exterior o trabajaba en alguna industria vinculada al turismo o comercio extranjero debía buscar entradas adicionales, ya fuese vendiendo bienes o servicios o recurriendo al multiempleo informal.
Durante décadas, y hasta hoy, ha sido común que profesionales con títulos universitarios trabajen en sectores distintos al que correspondía a sus estudios para obtener ingresos suficientes.
Liberalización privada
Espina evita hablar de ganadores o perdedores del colapso de los 90, pero advierte que hubo quien ascendió aprovechando la gestión de la crisis y quien cayó estrepitosamente.
A pesar de ello, un factor continuaba maquillando las desigualdades que afloraban entre los cubanos.
«El Estado seguía siendo el gestor de la desigualdad. Las tiendas surtidas y dolarizadas, llamadas TRD, estaban en manos de militares. Pero ahora es el sector privado quien ocupa más ese espacio. No son la raíz, pero sí el chivo expiatorio del problema», explica Bustamante.
La liberalización de las empresas privadas fue una medida adoptada por el gobierno cubano tras los golpes de la pandemia y el desmantelamiento, por parte de Trump, del acercamiento económico entre Cuba y EE.UU. que se dio durante la segunda presidencia de Barack Obama (2013-2017).
Al cierre de 2024 había alrededor de 10.000 Mipymes privadas activas en Cuba, de acuerdo a cifras oficiales, con el 60% registradas en La Habana, la capital.
La mayoría se dedican a la agricultura, industrias manufactureras –excepto el azúcar–, hoteles y restaurantes; construcción, comercio y reparación de efectos personales.
«El sector privado ha demostrado una capacidad para importar bienes que el Estado no tenía y está siendo una enorme ayuda para muchos en estos momentos delicados», reflexiona Bustamante.
Meses antes de la liberalización de las Mipymes, Cuba reunificó sus monedas y dejó al peso cubano como moneda oficial.
Fue un error, según Bustamante. «Se devaluó el peso y el sector privado, necesitado de dólares para importar bienes, recurrió al mercado informal interno. Eso disparó el costo de las transacciones y los precios se volvieron inasequibles para la mayoría».
Bolsillos segmentados
El académico sostiene que la economía de Cuba está segmentada.
Espina añade que la caída en el acceso a alimentos y medicamentos subvencionados no ayuda a mitigar la precarización y la desigualdad.
Según su trabajo de campo, estima que alrededor del 45% de la población cubana vive en situación de pobreza económica, mientras que en la otra punta se sitúa un 11%-13% que vive en condiciones por encima de la media.
«Son aproximaciones riesgosas porque no están hechas a partir de estadísticas oficiales, sino de datos como el precio de la canasta básica, los ingresos del sector privado, salarios, pensiones y experiencias personales», aclara la investigadora.
Brasil, a menudo señalado por el Banco Mundial como uno de los países más desiguales de América Latina, tiene un índice de pobreza del 23%.
Espina describe que la segmentación de la sociedad cubana se refleja en los diferentes tipos de supermercados.
«Hay unos ‘bodegones’ muy surtidos con productos nacionales orgánicos y de importación de mucha calidad y precios altos, donde solo compran frecuentemente los de capa media-alta: gente que trabaja en embajadas, extranjeros y cubanos que alcanzan ese nivel».
Más diseminadas por los barrios hay otras tiendas con oferta más limitada, menos calidad y precios más bajos, aunque igualmente costosos para la media.
«Los encuentras en municipios más humildes, en bajos de edificios, con apenas un mostrador. Ahí accede un grupo más variado de modestas remuneraciones», explica la profesora.
Por último, la población con ingresos muy bajos busca las ofertas de menor precio o recibe asistencia social del Estado o de alguna iglesia.
Otra alternativa para comprar bienes son algunos supermercados estatales dolarizados y mercados agropecuarios, con precios igualmente restrictivos.
También existen tiendas online donde familiares en el extranjero compran productos a sus parientes en Cuba que son distribuidos a los hogares en una especie de «Amazon cubano», describe Bustamante.
«El tema de los alimentos es un indicador grande de pobreza. En otros tiempos, la distribución subvencionada aseguraba un mínimo. Podías ser pobre, pero tenías para comer lo esencial. Hoy eso desapareció», asegura Espina.
«Todo aquel por debajo de ese 11% que calculo con mejores condiciones debe recurrir al multiempleo formal e informal y obviar la calidad y diversidad de lo que come. Otros, en extrema pobreza, mendigan o comen de basureros», añade.
«La Revolución no tiene que sentir vergüenza de los problemas»
En julio de 2025, la exministra cubana del Trabajo, Marta Elena Feitó Cabrera, dimitió después de unas polémicas declaraciones en las que cuestionó la mendicidad.
«Hay gente que se hace pasar por mendigo para ganar dinero fácil», había dicho ante la Asamblea Nacional.
El caso generó fuertes críticas en redes sociales y el presidente Miguel Díaz-Canel censuró públicamente los comentarios de Feitó por considerarlos «desconectados de las realidades que vivimos».
«No se defiende a la Revolución cuando ocultamos los problemas que tenemos», declaró el mandatario, quien reconoció la existencia de mendigos en la isla.
El PIB cubano ha caído un 11% en los últimos años.
«Desde la pandemia Cuba vive entrampada, desgastada, sin poderse recuperar», dice Espina.
Eso se ha notado en la migración, con más de un millón de cubanos abandonando la isla entre 2021 y 2023. Es el mayor éxodo en la historia del país.
Medidas aperturistas como la liberalización del sector privado no encauzan el rumbo aunque supongan una vía de escape para muchos.
Ahora, con la escasez crítica de combustible, Espina teme que ese 11%-13% que vive en buenas condiciones disminuya porque, por ejemplo, en ese grupo hay muchos que dependen del transporte para subsistir.
En un discurso a comienzos de febrero, Díaz-Canel aseguró que estaba dispuesto a «un diálogo con EE.UU. sobre cualquier tema», aunque «sin presiones».
Trump ha repetido que hay conversaciones en marcha entre ambos ejecutivos, algo negado por su homólogo cubano.
El fondo que puede tocar Cuba parece pender de una relación, la de Washington y La Habana, que en más de 60 años ha dado pocos síntomas de normalizarse.
*Juan y Elisa son nombres ficticios para respetar la confidencialidad de las investigaciones de la socióloga Mayra Paula Espina.
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Morena no es México, no se engañen
Opinión de Jorge Romero Herrera
El pasado fin de semana, fuimos testigos de dos eventos que mostraron fielmente lo que ya había descrito en pasadas colaboraciones: en México no estamos hablando ya únicamente de una diferencia partidista. Estamos hablando de dos visiones completamente distintas de país.
Por un lado, un oficialismo desesperado encabezado por la propia presidenta de la República que defiende, protege y blinda a sus personajes acusados de involucrarse con bandas de criminales -a costa de poner en riesgo al país-, y del otro lado, quienes siguen creyendo en la libertad, en la legalidad y en la necesidad de construir un México donde el Estado no se arrodille frente al crimen organizado y el combatirlo no genere la persecución política y el descrédito.
Lo vivido este sábado en Chihuahua nos llena de orgullo y de esperanza. Fue una demostración contundente de que no podemos rendirnos. Se sintió en el ambiente. Se vibró en cada mensaje. Se reflejó en la presencia de miles de chihuahuenses que salieron a defender a una gobernadora que no se ha escondido ni un instante y que ha enfrentado cada ataque con determinación y carácter. Chihuahua habló fuerte y claro. No fue una movilización impulsada por el miedo. Fue una movilización impulsada por la convicción de que cuando se comete una injusticia, la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de levantar la voz.
En Acción Nacional estamos con Maru. Lo estamos porque creemos en ella, porque conocemos su trayectoria, porque sabemos de los resultados que ha entregado a las familias chihuahuenses y porque reconocemos, como millones de mexicanas y mexicanos, que lo que hoy enfrenta tiene todos los elementos de una persecución política. Ella tiene el respaldo de su estado, de su partido y de millones de mexicanas y mexicanos en todo el país que observan con preocupación cómo las instituciones del Estado comienzan a utilizarse con criterios políticos y no jurídicos porque ese es el fondo del problema.
Mientras una gobernadora de oposición es sometida a una presión permanente por haber enfrentado al crimen organizado y por haber cumplido con su deber, vemos cómo personajes cercanos al oficialismo reciben protección, silencio o explicaciones que buscan justificar lo injustificable, por eso resulta tan revelador lo ocurrido con el intento de juicio político promovido contra Maru Campos.
Hicieron anuncios, convocaron conferencias, generaron titulares y pretendieron construir una narrativa de culpabilidad anticipada. Sin embargo, cuando llegó el momento de sostener jurídicamente sus acusaciones, ni siquiera fueron capaces de ratificar la solicitud dentro del plazo legal establecido.
La propia presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Kenia López Rabadán, confirmó que el plazo venció y que los promoventes no acudieron a ratificar su petición. Así terminó un episodio que demuestra que muchas veces el objetivo no es encontrar justicia, sino fabricar escándalos, crear cortinas de humo.
Por eso, a lo largo del encuentro, una consigna fue cobrando fuerza hasta convertirse en la voz de miles de personas: Yo con Maru. No es solamente un lema. Es una definición. Es una manera de decir que estamos del lado de quien enfrenta al crimen y no del lado de quien lo tolera y hay una imagen que retrata perfectamente el momento que vive el país. Por eso miles de panistas en todo México nos hemos puesto con orgullo la camiseta de “Yo con Maru”. Lo hicimos en Chihuahua. Lo hicieron nuestras senadoras y senadores. Lo han hecho dirigentes, legisladores y ciudadanos. En contraste, no hemos visto a un solo morenista ponerse una camiseta que diga “Yo con Rocha”. Ni uno solo, esa diferencia no es casualidad. Cuando hay convicción. Cuando existe certeza moral. Por eso unos salen a defender con orgullo y otros prefieren guardar silencio, por eso unos dan la cara y otros se esconden detrás de comunicados. Preocupa que, frente a los escándalos que involucran a figuras relevantes de Morena en distintos puntos del país, la respuesta del gobierno siga siendo la misma: envolver cualquier cuestionamiento legítimo en una narrativa de confrontación entre patriotas y “traidores” que solo existen en su imaginario. En lugar de aclarar dudas, investigar responsabilidades o rendir cuentas, se recurre al discurso de la soberanía, la defensa de la patria y la transformación como un escudo político para descalificar a quienes exigen explicaciones. Que les quede muy claro: nadie está en contra de México ni del amor a nuestra patria. Nadie está atacando a México. Morena no es México. Es preocupante utilizar esos sentimientos compartidos por millones de mexicanas y mexicanos para desviar la atención de problemas concretos. La defensa de la soberanía nacional no puede convertirse en una excusa para evitar la rendición de cuentas, ni el respaldo popular puede sustituir la obligación constitucional de transparentar decisiones y esclarecer conductas indebidas de servidores públicos o dirigentes partidistas. No vamos a aceptar que se persiga a quienes combaten al crimen mientras se protege a quienes están rodeados de cuestionamientos. No podemos aceptar que existan gobernadores de primera y gobernadores de segunda dependiendo del color de su partido. En Acción Nacional no tenemos dudas sobre de qué lado estamos. Frente a los intentos de intimidación y al uso faccioso de las instituciones, estaremos junto a Maru Campos porque sabemos que esta causa trasciende a una persona o a un gobierno. Lo que está en juego es algo mucho más importante: el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a vivir en un país donde la ley se apliquen con imparcialidad y donde pensar distinto no sea motivo de persecución. Por eso, desde Chihuahua se envía hoy un mensaje que debe escucharse en todo México: no van a dividirnos, no van a doblegarnos y no van a lograr que guardemos silencio frente a una injusticia. Mientras desde el oficialismo el mensaje es de desesperación, impunidad y contubernio. POR JORGE ROMERO HERRERA PRESIDENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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Sheinbaum relanza al PAN
Opinión de Juan Ignacio Zavala | El Heraldo de México |
Lo que el PAN rompió, lo pega Claudia. Jorge Romero, presidente del PAN, ha intentado de manera infructuosa poner a su partido en la órbita de la opinión pública. También ha hecho intentos de reconstruir las relaciones rotas hace mucho tiempo en ese partido con poco éxito. Ha intentado acercarse a los dos expresidentes salidos de ese partido y siempre ha tenido palabras amables para ellos, pero nada de un evento juntos. El PAN continuaba igual que antes: a la deriva y sin causas visibles.
Hasta que Claudia Sheinbaum decidió atacar de frente a la gobernadora panista Maru Campos. En efecto, la Presidenta y su partido emprendieron una ruda ofensiva en contra de la chihuahuense, que jamás se imaginó estar en medio de una polémica nacional y que su nombre destacara en todos los noticieros y redes sociales. El PAN entendió que era su oportunidad de oro y montó enseguida una defensa de su gobernadora y la arroparon desde un inicio. Campos se dedicó a dar entrevistas por doquier y a denunciar la persecución en su contra. Finalmente, la oposición panista tenía una causa propia y quien la representara.
Se puede decir que este “relanzamiento del PAN” corrió a cargo de Claudia Sheinbaum. Fue ella la que empezó los ataques contra Campos y, más aún, insiste en mantener los señalamientos. Ya ha sido muy comentado que la intención oficial es igualar los marcadores de la denuncia estadounidense por Rocha Moya, Inzunza y demás morenistas que son reclamados por la justicia de ese país. Por eso a sus gobernantes calificados como narcos quieren equiparar a una panista acusada de traición a la patria por transgredir la ley en la cooperación con la CIA. No es poca cosa. Y en lo que deciden qué hacer con los morenistas y sus relaciones con el crimen organizado, han comenzado un proceso contra la gobernadora de Chihuahua. Con la diferencia de que todo lo que sucede con la chihuahuense lo sabe la población: la acusación, el citatorio, las fecha del citatorio, el recibimiento de éste, quiénes lo entregaron y quiénes lo recibieron. Todo. En el caso de Rocha Moya e Inzunza no sabemos nada. Ellos dijeron que fueron a la FGR, pero nadie vio nada, todo lo hacen a escondidas.
Al igual que en su informe del día de ayer, parece que la Presidenta ha escogido el combate al crimen como eje discursivo para compararse con los gobiernos pasados y marcar una diferencia con Estados Unidos. Su problema no es de discurso, sino de realidad, pues los señalados son de su partido y parece que vienen varios nombres más de esos que la Presidenta les dice “compañeros de lucha”.
El fin de semana, en Chihuahua, los panistas armaron un evento de apoyo a Maru Campos. Lo que quedó claro es que el panismo ya tiene un grito en la calle y se está organizando para dar la batalla en un campo de acción que tendrá que ver con el combate al crimen organizado. En ese evento estuvieron juntos Felipe Calderón y Vicente Fox, algo que no sucedía desde hace años. Los expresidentes panistas se mostraron felices de estar arengando a la gente nuevamente, los panistas muy contentos de tener sus líderes de nivel nacional juntos, y todo gracias a doña Claudia. Nadie sabe para quién trabaja.
POR JUAN IGNACIO ZAVALA
@juanizavala
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Incongruencias
Opinión de Raymundo Riva Palacio
¿Cómo funciona la mente de la presidenta Claudia Sheinbaum? Uno de sus atributos ha sido su formación de científica que utiliza el método científico para generar conocimiento, mediante el análisis de datos basados en evidencias y formular soluciones a los problemas. Sin embargo, después de dos años en el poder, puso seis metros bajo tierra a la cientificidad. Como vieron el domingo, el pragmatismo tecnocrático que mostró en el arranque de su sexenio, lo cambió por la ideología. Su sesgo incubado la sacó del clóset y redefinió su gobierno, la relación con Estados Unidos y, de seguir lo que trazó, la historia mexicana.
Sepultada la cabeza fría y finalmente expuesta su sangre caliente, la presidenta, tardó menos de 24 horas en mostrar la incongruencia intelectual del momento cúspide de su discurso para conmemorar su triunfo electoral hace dos años, la denuncia del intervencionismo de Estados Unidos en la política interna de México y en las elecciones intermedias del próximo año. Lo hizo hablando ayer de Colombia, al sumarse a la posición del presidente Gustavo Petro, y señalar posible fraude en las elecciones presidenciales en ese país. ¿Por qué tenía que meterse?
No hay ninguna diferencia entre lo que denunció del gobierno de Donald Trump y lo que declaró sobre las elecciones en Colombia. Fue tan injerencista como Trump, mostrando la debilidad de su argumento y la forma sesgada y maniquea cómo ve la intromisión en los asuntos internos de otros países: si es para apoyar a gobiernos con quienes tiene identificación ideológica y política, o cuestionar a gobiernos que piensan diferente al suyo, no hay intervencionismo. Todo lo demás, sí. Su mente funciona con parcialidad de variables, donde excluye todas aquellas que son relevantes, pero no se ajustan a su pensamiento.
Esta contradicción es lo que funcionarios estadounidenses califican como una hipocresía. Ella, quizás, ni siquiera lo puede ver. En Barcelona, donde acudió a un encuentro de líderes convocados por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se tomó una fotografía con un letrero donde pedía “justicia” para Cristina Fernández, la expresidenta argentina que está en prisión domiciliaria por un fraude de más de 500 millones de dólares. Sheinbaum ignoró, o no cree, que Fernández fue estuvo involucrada en un escandaloso caso de corrupción institucional y que pasó por la justicia argentina.
No ha cuidado tampoco su inclinación y pleno respaldo por el expresidente de Perú, Pedro Castillo -incluso recibió en Palacio Nacional a su abogado-, que fue condenado a 15 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión, tras un fallido autogolpe en 2022. La presidenta ha dicho que es una “injusticia” porque fue él quien cayó por un golpe de Estado y es víctima de persecución política. La justicia peruana tiene otros datos.
Con Ecuador mantiene un diferendo heredado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que le dio asilo al exvicepresidente Jorge Glas en 2023, pese a haber sido condenado por corrupción y estar sujeto a proceso por otros delitos. En reacción a ello, el presidente Daniel Noboa autorizó el asalto a la Embajada de México en Quito, violando tratados internacionales. Sheinbaum no ha resuelto el conflicto diplomático, y ha asegurado que no restablecerá las relaciones mientras Noboa siga siendo presidente.
Sheinbaum ha sido declarada persona non-grata en esos países, una categoría que solo comparte con dos expresidentes mexicanos, Vicente Fox y Felipe Calderón, que recibieron el mismo tratamiento por el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por criticar el estado de la democracia en ese país. La presidenta, por el contrario, buscó coordinar acciones latinoamericanas para defender a Maduro cuando Estados Unidos intervino Venezuela para extraerlo y llevarlo ante los tribunales en Brooklyn, acusado de narcotráfico.
La presidenta, como antes lo hizo López Obrador, nunca se pronunció contra la falta de libertades en Cuba, Nicaragua y la Venezuela chavista, cuyos regímenes dictatoriales apoyó sin matices. Ella es parte de un movimiento que lleva ocho años en Palacio Nacional, que abiertamente intervino en las elecciones en Estados Unidos, cuando López Obrador pidió votar contra los republicanos, enviando recursos disfrazados de presupuesto para los consulados para hacer activismo político.
En su decantamiento por Petro e intervencionismo en los asuntos internos de Colombia, la presidenta dijo que previamente a las elecciones de este domingo había habido una ofensiva mediática y campañas de desinformación impulsadas por una red internacional, que fue una de sus denuncias el domingo, como parte de una conspiración de la ultraderecha internacional y de Estados Unidos.
Pero no impidió, sino al contrario, permitió que su coordinador de asesores, Jesús Ramírez Cuevas, el jefe de la propaganda obradorista e ideólogo de la polarización, financiara un canal dirigido por el español Pablo Iglesias -que es asesor de Sheinbaum-, por donde entró la maquinaria de propaganda del Kremlin, que se ha documentado generó por años campañas de desinformación a través de noticias falsas para incidir en procesos electorales en Estados Unidos y provocar desestabilización.
La posición binaria de Sheinbaum sobre el injerencismo y el intervencionismo es muy propio de la cultura del obradorismo, al igual que la discrecionalidad con la que aplican la Doctrina Estrada, siempre a flor de boca de la presidenta, pero que se aplica acorde de sus filias y fobias ideológicas. Esta dualidad intelectual y política la quita espacios de maniobra frente a Estados Unidos y anula sus demandas de no intervencionismo. Para poder mantener esa posición con eficacia, requiere de tener una autoridad política y diplomática, además de moral. Si no la tiene, ¿cómo puede esperar que la tomen en serio cuando aplica en otros lo que no quiere que le hagan a ella?
Funcionar bajo un pensamiento con parcialidad de variables, lleva en política a diagnósticos equivocados y conclusiones fallidas. Le ha quitado coherencia diplomática a su discurso -perdiendo autoridad en el mundo, cuando alguna vez fue respetado por la consistencia de sus principios-, y potencia argumentativa. La presidenta sigue perdiendo credibilidad y no lo ve de esa manera, lo que explica su posición intervencionista en Colombia.
No puede esgrimir neutralidad y tener la fuerza para denunciar el intervencionismo de Washington, porque su palabra ha perdido credibilidad frente a Estados Unidos. Al perder consistencia con su doble rasero de la autodeterminación, quedó expuesta por la mezcla de soberanía con protección política de criminales que hizo en su discurso, en momento donde su endurecimiento también existe del otro lado del Río Bravo.
rrivapalacio2024@gmail.com
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