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Con voto de Yunes, Morena y aliados avalan en Senado traspaso de GN a Sedena

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El Senado de la República aprobó, con 86 votos a favor y 42 en contra, la reforma constitucional que transfiere el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La propuesta, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue respaldada por senadores de Morena y sus aliados, así como por el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien votó a favor de la iniciativa.

En contraste, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo, calificando la medida como una consolidación de la militarización del país.

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La reforma fue discutida durante una sesión de más de ocho horas que comenzó la noche del martes y concluyó en la madrugada del miércoles.

El dictamen modifica varios artículos de la Constitución, incluyendo el 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129, y otorga a la Guardia Nacional la facultad de investigar delitos, lo cual, según la oposición, representa un paso hacia la militarización de las tareas de seguridad pública.

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El texto aprobado establece que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”.

Asimismo, la reforma define a la Guardia Nacional como una “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.

Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es que establece que la persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional deberá ostentar el grado de general de División de la Guardia Nacional en activo y será designada por el presidente de la República, a propuesta de la Sedena.

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“El último clavo”

Durante la sesión, el senador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, calificó la reforma como “el último clavo al féretro de la seguridad civil” y afirmó que la medida representa una militarización de la seguridad pública, a pesar de los intentos del gobierno por negar dicho término.

Colosio Riojas argumentó que el número de militares en las calles de México ha aumentado considerablemente en los últimos años, superando en cantidad a las fuerzas policiales civiles.

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Por su parte, el senador panista Ricardo Anaya comparó la situación actual con los niveles de violencia previos a la militarización de la seguridad en México, señalando que, en el sexenio de Vicente Fox, se registraban alrededor de 60 mil homicidios, mientras que en la administración de López Obrador esa cifra podría superar los 200 mil.

Anaya criticó el desempeño de la Guardia Nacional, argumentando que, a pesar de los altos índices delictivos, el cuerpo de seguridad realizó solo 3 mil detenciones el año pasado, de acuerdo con el último informe de la propia institución.

En representación de Morena, la senadora Citlalli Hernández defendió la reforma, asegurando que no vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hernández subrayó que la seguridad ciudadana es un derecho garantizado por el Estado y afirmó que la reforma no limita las garantías individuales de la población.

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Omar García Harfuch, senador por Morena y próximo secretario de Seguridad Pública, justificó el modelo de la Guardia Nacional, señalando que está inspirado en cuerpos policiales exitosos a nivel internacional, como los Carabineros de Italia, la Gendarmería de Francia y la Guardia Civil de España, que operan bajo la jurisdicción de sus ministerios de Defensa.

En contraste, la senadora panista Lily Téllez criticó duramente la reforma, acusando a Morena de militarizar el país, una medida que, recordó, el propio López Obrador rechazaba antes de llegar a la presidencia.

Téllez también recordó que el Presidente había ordenado a la Guardia Nacional no detener a delincuentes en ciertas situaciones, lo que, según ella, fue parte de un supuesto pacto con criminales.

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Debate tenso

A pesar de los esfuerzos de la oposición por convencer a las bancadas oficialistas de los riesgos que implica la militarización de la seguridad pública, la mayoría de Morena y sus aliados se mantuvo firme en su respaldo a la reforma.

El líder del PAN, Marko Cortés, advirtió que la militarización no es la solución a la violencia en el país y afirmó que el sexenio de López Obrador será recordado como “el sexenio de la muerte”, debido al elevado número de homicidios registrados.

Cortés también lanzó una crítica directa a Morena, acusándolos de abusar de su mayoría en el Senado y de haber “comprado” votos o amenazado a algunos senadores para asegurar la aprobación de la reforma.

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Asimismo, pidió a la bancada oficialista que se atreva a tipificar el delito de “narco terrorismo” y sugirió la creación de una policía civil de forma gradual, con base en mediciones internacionales.

En defensa de la reforma, el expriista y ahora senador de Morena, Alejandro Murat, pidió no confundir a la oposición y propuso combinar la disciplina militar con la formación policial para mejorar la seguridad en el país.

Corral y Riquelme chocan

El debate también estuvo marcado por un intercambio de acusaciones entre los exgobernadores Javier Corral (Chihuahua) y Miguel Riquelme (Coahuila).

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Riquelme, ahora senador por el PRI, acusó a Corral de haber cambiado su postura, ya que, según él, cuando fue gobernador, solicitó la salida de la Guardia Nacional de su estado.

Corral, quien ahora es senador por Morena, negó esas afirmaciones y acusó a Riquelme de manipular los medios de comunicación durante su mandato para proyectar una imagen falsa de eficacia en el combate a la delincuencia.

A las 6:29 de la mañana, tras más de ocho horas de discusión, se declaró aprobada la reforma en lo general y en lo particular, y fue enviada a los 32 congresos estatales para su ratificación.

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¿De qué va la reformal?

La reforma a la Guardia Nacional, previamente aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre, busca consolidar el mando militar sobre la institución, un objetivo que el presidente López Obrador ha perseguido desde su creación en 2019.

La iniciativa forma parte de un paquete de 20 reformas constitucionales presentadas por el mandatario en febrero, y modifica el artículo 21 de la Constitución para adscribir formalmente la Guardia Nacional a la Sedena.

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Nacionales

En vivienda, el verdadero Cártel Inmobiliario (II)

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¿Quién es Rodrigo Chávez? Es sociólogo por la UNAM. Fue miembro fundador de la Asamblea de Barrios, en 1987. Diputado local durante la III Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde presidió la Comisión de Asuntos Indígenas.

Se debe señalar la relación que tiene con Martí Batres. Durante la gestión de éste como Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, fue su asesor. Posteriormente, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, el ahora titular del ISSSTE solicitó licencia y su lugar lo ocupó el titular de Conavi.

En 2018, fue nombrado coordinador ejecutivo del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (Invi).

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En enero de este año, el entonces diputado por el PAN, Luis Chávez, integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, dijo que había recibido a varios integrantes del Frente Popular Francisco Villa (FPFV), quienes denunciaron que dirigentes como Alejandro López Villanueva, lucran con la vivienda con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y el Invi.

Al respecto, el entonces diputado federal, Jorge Triana, aseguró que López Villanueva había acumulado denuncias por actuar de manera ilegal en el tema de la vivienda en la Ciudad de México, principalmente en Tláhuac, bajo la protección de Batres.

Entre las organizaciones que han sido beneficiadas por el Invi está la Unión Popular Benita Galeana, la cual fue constituida a fines de los 90 con el apoyo de Batres y actualmente es dirigida por Víctor Hugo Espinoza Rodríguez, un personaje cercano al director general del ISSSTE.

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Se ha denunciado que los miembros de la Unión Popular “Benita Galeana” despojan o engañan a los dueños de los predios, los invaden y luego se los otorgan al Invi para la construcción de vivienda popular, para ellos.

En enero de este año, un grupo de personas encabezado por Víctor Hugo Espinosa Rodríguez, trató de invadir un predio localizado en la calle de Kramer, número 79, colonia Atlántida, en la alcaldía Coyoacán, pero los vecinos solicitaron el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y varios elementos policiacos lo impidieron.

Ahora, como director del ISSSTE, Martí manejará el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), el Conavi con Ricardo Chávez, y la nueva Secretaría de Vivienda con su aliado Inti Muñoz y Guadalupe Chávez Contreras –hermana de Rodrigo–, quien será la coordinadora general de Unidades Habitacionales.

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Por lo pronto, Lorena García, coordinadora de la Alianza Mexicana de Organizaciones Residentes (AMOR), ha denunciado el nulo avance de sus gestiones y la limitación de los recursos para las obras que ya tenían en desarrollo en: Eje Central Lázaro Cárdenas 53, tramo Santa María la Redonda, colonia Centro; Durango 119, colonia Roma Norte; y Allende 48, colonia Centro.

La dirigente social ha señalado que la alcaldía Cuauhtémoc, donde están esos predios, se ha convertido en el principal destino de los “nómadas digitales” por lo cual se ha incrementado el valor de la tierra en la demarcación y “ahora cada predio es un interés económico y político de Chávez Contreras y otros funcionarios, en especial del Invi”.

De acuerdo Lorena García, el titular de Conavi “ha tratado por todos los medios –y más hoy por ser un funcionario federal– de quedarse con los predios de Zacatecas 74, Chihuahua 191, colonia Roma Norte, así como el predio de Comonfort 2 y plaza Comonfort 22, usando convenios de desocupación que le quitaban a los compañeros todo derecho a regresar, este modelo también se repitió en el caso de Zacatecas pues el 14 de febrero de este año también buscaron desalojarlos”.

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La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Noticias En La Mira.

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Hallan seis cuerpos con signos de violencia en la carretera Reynosa-San Fernando

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Seis cuerpos fueron localizados durante la mañana de este viernes en una brecha del kilómetro 56 de la carretera federal 97, en el tramo Reynosa-San Fernando, a la altura del ejido Plan de Alazán.

Los cadáveres, apilados, maniatados y con aparentes impactos de bala, fueron descubiertos durante un operativo de seguridad realizado por la Guardia Estatal.

Por su parte, la Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas confirmó el hallazgo en sus redes sociales y destacó que las investigaciones ya están en curso.

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Peritos forenses, junto con elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), trabajaron en el sitio para levantar evidencias y trasladar los cuerpos.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad o género de las víctimas.

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Escalada de violencia en la región

Cabe destacar, que la última semana estuvo marcada por enfrentamientos en la región fronteriza de Tamaulipas, particularmente en San Fernando, donde la violencia dejó tres policías muertos.

Estos incidentes han afectado la vida cotidiana de los habitantes, generando ausentismo escolar y la suspensión de actividades en algunas instituciones.

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, señaló que los enfrentamientos responden a los operativos implementados para recuperar el control de la seguridad en la zona.

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En ese sentido, aseguró que se ha reforzado la presencia de fuerzas federales y estatales en los puntos críticos.

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Detienen a alcaldesa y mandos de seguridad en Edomex

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Una fuerte movilización se registró en los municipios de Tejupilco, Ixtapaluca, Amanalco, Texcaltitlán, así como en Naucalpan, donde fueron detenidos diversos mandos de seguridad, así como una alcaldesa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que se trata del llamado “Operativo Enjambre”, en el que se detuvieron y cumplimentaron órdenes de aprehensión contra funcionarios acusado de facilitar actividades delictivas.

En sus redes sociales, la Fiscalía mexiquense indicó que participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, así como la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

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Entre los detenidos se encuentra la presidenta municipal de Amanalco, María Elena ‘N’, quien es investigada por la presunta comisión de diversos hechos delictivos, por lo que será puesta a disposición de la autoridad judicial.

También se confirmaron las detenciones de Rodolfo ‘N’, director operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca; Eraclio ‘N’, director de Seguridad de Tejupilco; así como Omar ‘N’, subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan.

En medio de este operativo trascendió que el titular de la Dirección de Seguridad Pública de Texcaltitlán, Isidro ‘N’, fue localizado sin vida al interior de su oficina.

Al respecto, medios locales informaron que se habría quitado la vida para no ser detenido por las autoridades, por lo que al notar la presencia de los uniformados se disparó con un arma de fuego.

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