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Dictan primera sentencia por lavado y crimen organizado en caso ‘Estafa Maestra’

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Una jueza federal dictó la primera sentencia condenatoria por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso de la llamada Estafa Maestra.

Tras casi un mes de juicio oral en el Centro de Justicia Federal del Altiplano, el viernes pasado la jueza federal Nancy Selene Hidalgo Pérez resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó evidencia suficiente que acredita la culpabilidad de dos ex funcionarios federales y de un apoderado de una empresa privada en este caso.

Los condenados son José Antolino Orozco Martínez, ex director de Geoestadística y Padrón de Beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); Luis Antonio Valenciano Zapata, apoderado de la empresa Inmobiliaria Feyray S.A. de C.V.; y una ex funcionaria más de menor rango.

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Aunque la resolución de la jueza pone fin al juicio las partes aún pueden presentar alguna apelación o un amparo, por lo que la condena no quedará firme hasta que se agoten estas instancias. Las penas para cada uno de los condenados – que se definirán en siguientes audiencias – podrían alcanzar hasta los 45 años de cárcel.

Para la FGR se trata de una victoria importante por la gravedad de los delitos imputados. Aunque en el pasado ya ha judicializado más de 25 procesos penales en contra de diversos implicados en la Estafa Maestra, todas eran por cargos de ejercicio ilegal del servicio público y uso ilícito de atribuciones.

Además, se trata del primer proceso penal que los fiscales logran impulsar hasta la fase de juicio oral y con un fallo favorable para la parte acusadora.

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Pero este mismo proceso la FGR ha sufrido reveses previos luego de que la presunta líder de la organización delictiva descrita en la acusación, la ex secretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, obtuvo un amparo con el que logró que se cancelara la orden de aprehensión girada en su contra. Mismo beneficio que han obtenido otros dos implicados.

No obstante, los fiscales aún tienen la posibilidad de citar a una audiencia inicial a la exfuncionaria para tratar de iniciar en su contra este proceso por el que ahora ya hay sentenciados en una primera instancia.

El caso de la FGR

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En su acusación presentada ante la jueza los fiscales de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Delincuencia Organizada (Femdo) sostuvieron que entre 2012 y 2018 operó una organización delictiva en la Sedesol y Sedatu con la que se lograron desviar más de cinco mil millones de pesos en complicidad con diversas universidades públicas y empresas fachada.

“Actuando todos con pleno conocimiento de permanencia e intervención en el esquema delictivo hoy conocido como Estafa Maestra. Este esquema tuvo como finalidad dispersar recursos de ambas secretarías de estado, por la cantidad, hasta ahora conocida, de $5,073,358,846.25., con la suscripción irregular de 20 convenios generales y 44 convenios específicos”, señala el escrito de la acusación final.

Para ejemplificar el funcionamiento de la organización delictiva los fiscales profundizaron en el caso de un convenio firmado desde la Sedesol con la Universidad Autónoma del estado de Morelos por un monto de 77 millones de pesos para el levantamiento de unos padrones y encuestas. Los servicios, según la acusación, se simularon y el dinero terminó en empresas fachada.

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La investigación de los fiscales apoyada en auditorías federales sostuvo que Orozco Martínez participó en los procedimientos irregulares de contratación y validó servicios que no se prestaron de forma adecuada. En tanto, la empresa de la que era apoderado Valenciano Zapata fue la receptora de los recursos desviados a través del referido convenio. Ello pese a que dicha compañía no tuvo participación en los servicios prestados.

Sin esas acciones, consideró la jueza federal en su resolución, no hubiera sido posible que la organización delictiva lograra extraer los recursos públicos.

Cabos sueltos

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Las personas sentenciadas son, según la propia FGR, integrantes de segundo y tercer nivel del esquema criminal. Ninguno de ellos fue acusado de haberse beneficiado con los recursos malversados o haber organizado o coordinado el esquema delictivo. El destino final de los recursos no se ha esclarecido.

El proceso penal asentado en la causa penal 400/2020 ha enfrentado dificultades para llegar a los principales responsables. Por un lado, aunque en 2021, la FGR obtuvo una orden de arresto en contra de Rosario Robles (que según la acusación es la líder del esquema), esta no fue cumplimentada pese a no existir obstáculo alguno, pues la exfuncionaria estaba plenamente localizable y en prisión preventiva por otro proceso. A la postre la orden fue cancelada gracias a un amparo obtenido por la exsecretaria de Estado.

La FGR aún está en posibilidades de citar a una audiencia inicial a Robles para intentar detonar el proceso penal en su contra, pero hasta ahora eso no ha ocurrido.

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Por otro lado, este caso surgió de la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000605/2020 en la que una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y diversas declaraciones y otros datos de prueba identificaron al exoficial Mayor de la Sedesol y Sedatu, Emilio Zebadúa, como el principal operador y beneficiario del fraude.

Sin embargo, las autoridades a cargo de la indagatoria no procedieron en contra de dicho exfuncionario. Un informe revelado por la organización TOJIL en mayo pasado evidenció un esquema de presuntas irregularidades y hechos de corrupción en que estarían implicados fiscales y otros funcionarios para proteger a Zebadúa y sus cómplices.

Tras la publicación de esa información la FGR a través de su Fiscalía de Asuntos Internos inició formalmente dos carpetas de investigación por posibles hechos de corrupción en contra de varios de los fiscales y ex fiscales a cargo de este caso. El asunto sigue en desarrollo.

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Nacionales

En vivienda, el verdadero Cártel Inmobiliario (II)

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¿Quién es Rodrigo Chávez? Es sociólogo por la UNAM. Fue miembro fundador de la Asamblea de Barrios, en 1987. Diputado local durante la III Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde presidió la Comisión de Asuntos Indígenas.

Se debe señalar la relación que tiene con Martí Batres. Durante la gestión de éste como Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, fue su asesor. Posteriormente, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, el ahora titular del ISSSTE solicitó licencia y su lugar lo ocupó el titular de Conavi.

En 2018, fue nombrado coordinador ejecutivo del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México (Invi).

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En enero de este año, el entonces diputado por el PAN, Luis Chávez, integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, dijo que había recibido a varios integrantes del Frente Popular Francisco Villa (FPFV), quienes denunciaron que dirigentes como Alejandro López Villanueva, lucran con la vivienda con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y el Invi.

Al respecto, el entonces diputado federal, Jorge Triana, aseguró que López Villanueva había acumulado denuncias por actuar de manera ilegal en el tema de la vivienda en la Ciudad de México, principalmente en Tláhuac, bajo la protección de Batres.

Entre las organizaciones que han sido beneficiadas por el Invi está la Unión Popular Benita Galeana, la cual fue constituida a fines de los 90 con el apoyo de Batres y actualmente es dirigida por Víctor Hugo Espinoza Rodríguez, un personaje cercano al director general del ISSSTE.

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Se ha denunciado que los miembros de la Unión Popular “Benita Galeana” despojan o engañan a los dueños de los predios, los invaden y luego se los otorgan al Invi para la construcción de vivienda popular, para ellos.

En enero de este año, un grupo de personas encabezado por Víctor Hugo Espinosa Rodríguez, trató de invadir un predio localizado en la calle de Kramer, número 79, colonia Atlántida, en la alcaldía Coyoacán, pero los vecinos solicitaron el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y varios elementos policiacos lo impidieron.

Ahora, como director del ISSSTE, Martí manejará el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), el Conavi con Ricardo Chávez, y la nueva Secretaría de Vivienda con su aliado Inti Muñoz y Guadalupe Chávez Contreras –hermana de Rodrigo–, quien será la coordinadora general de Unidades Habitacionales.

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Por lo pronto, Lorena García, coordinadora de la Alianza Mexicana de Organizaciones Residentes (AMOR), ha denunciado el nulo avance de sus gestiones y la limitación de los recursos para las obras que ya tenían en desarrollo en: Eje Central Lázaro Cárdenas 53, tramo Santa María la Redonda, colonia Centro; Durango 119, colonia Roma Norte; y Allende 48, colonia Centro.

La dirigente social ha señalado que la alcaldía Cuauhtémoc, donde están esos predios, se ha convertido en el principal destino de los “nómadas digitales” por lo cual se ha incrementado el valor de la tierra en la demarcación y “ahora cada predio es un interés económico y político de Chávez Contreras y otros funcionarios, en especial del Invi”.

De acuerdo Lorena García, el titular de Conavi “ha tratado por todos los medios –y más hoy por ser un funcionario federal– de quedarse con los predios de Zacatecas 74, Chihuahua 191, colonia Roma Norte, así como el predio de Comonfort 2 y plaza Comonfort 22, usando convenios de desocupación que le quitaban a los compañeros todo derecho a regresar, este modelo también se repitió en el caso de Zacatecas pues el 14 de febrero de este año también buscaron desalojarlos”.

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La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Noticias En La Mira.

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Hallan seis cuerpos con signos de violencia en la carretera Reynosa-San Fernando

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Seis cuerpos fueron localizados durante la mañana de este viernes en una brecha del kilómetro 56 de la carretera federal 97, en el tramo Reynosa-San Fernando, a la altura del ejido Plan de Alazán.

Los cadáveres, apilados, maniatados y con aparentes impactos de bala, fueron descubiertos durante un operativo de seguridad realizado por la Guardia Estatal.

Por su parte, la Vocería de Seguridad Pública de Tamaulipas confirmó el hallazgo en sus redes sociales y destacó que las investigaciones ya están en curso.

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Peritos forenses, junto con elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), trabajaron en el sitio para levantar evidencias y trasladar los cuerpos.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad o género de las víctimas.

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Escalada de violencia en la región

Cabe destacar, que la última semana estuvo marcada por enfrentamientos en la región fronteriza de Tamaulipas, particularmente en San Fernando, donde la violencia dejó tres policías muertos.

Estos incidentes han afectado la vida cotidiana de los habitantes, generando ausentismo escolar y la suspensión de actividades en algunas instituciones.

Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, señaló que los enfrentamientos responden a los operativos implementados para recuperar el control de la seguridad en la zona.

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En ese sentido, aseguró que se ha reforzado la presencia de fuerzas federales y estatales en los puntos críticos.

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Detienen a alcaldesa y mandos de seguridad en Edomex

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Una fuerte movilización se registró en los municipios de Tejupilco, Ixtapaluca, Amanalco, Texcaltitlán, así como en Naucalpan, donde fueron detenidos diversos mandos de seguridad, así como una alcaldesa.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que se trata del llamado “Operativo Enjambre”, en el que se detuvieron y cumplimentaron órdenes de aprehensión contra funcionarios acusado de facilitar actividades delictivas.

En sus redes sociales, la Fiscalía mexiquense indicó que participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, así como la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

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Entre los detenidos se encuentra la presidenta municipal de Amanalco, María Elena ‘N’, quien es investigada por la presunta comisión de diversos hechos delictivos, por lo que será puesta a disposición de la autoridad judicial.

También se confirmaron las detenciones de Rodolfo ‘N’, director operativo de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca; Eraclio ‘N’, director de Seguridad de Tejupilco; así como Omar ‘N’, subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan.

En medio de este operativo trascendió que el titular de la Dirección de Seguridad Pública de Texcaltitlán, Isidro ‘N’, fue localizado sin vida al interior de su oficina.

Al respecto, medios locales informaron que se habría quitado la vida para no ser detenido por las autoridades, por lo que al notar la presencia de los uniformados se disparó con un arma de fuego.

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