La Red Construyendo Justicia formalizó este sábado el Comité del Circuito Judicial número 08 en Torreón, Coahuila, como parte de su jornada nacional para empoderar a la ciudadanía con miras a las elecciones judiciales del próximo 1 de junio.

El encuentro reunió a actores de distintos sectores que coincidieron en que la reforma al Poder Judicial representa un cambio de fondo, al permitir que el pueblo elija directamente a jueces, magistrados y ministros, dando paso a una justicia ciudadana.

Uno de los temas prioritarios de la reunión fue la eliminación del fuero constitucional. “El fuero es una vergüenza nacional que debe desaparecer. Es un privilegio absurdo que promueve la impunidad y deslegitima la representación política”, denunció el legislador Alfonso Ramírez Cuéllar.

Ramírez Cuéllar explicó que esta medida fue propuesta en 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ha sido respaldada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum. La propuesta incluye a todos los funcionarios, sin excepción: desde el Presidente hasta legisladores y gobernadores.

“Lo que buscamos es establecer el piso parejo. Que todos, desde el ciudadano común hasta el más alto funcionario, respondan ante la ley en igualdad de condiciones”, indicó el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.

Durante el evento también se insistió en que los Congresos estatales tienen un papel clave, pues será necesario modificar tanto la Constitución federal como las estatales para que la eliminación del fuero sea efectiva en todo el país.

El legislador concluyó con un llamado a la acción: “Más del 90% de la ciudadanía está a favor de eliminar este privilegio. Ya no se trata de convencer, se trata de actuar. Esta es una exigencia del pueblo y no podemos fallarle”.

La jornada contó con la presencia del exdiputado Francisco Javier Borrego Adam, el diputado Antonio Castro Villarreal y la diputada Cintia Cuevas Sánchez.

Opinión de Alfredo González | El Heraldo de México |

El ataque a balazos contra una familia de invasores y la muerte de dos de ellos, provocada por doña Carlota, de 74 años, generó una cascada de reacciones, la mayoría a favor y otras en contra. Pero, más allá de eso, puso al descubierto un problema que no ha podido erradicarse: la invasión de casas, locales comerciales y terrenos, controlada por grupos del crimen organizado y hasta por organizaciones civiles.

De acuerdo con reportes periodísticos y de inteligencia del gobierno de Delfina Gómez, en el Estado de México, cinco organizaciones controlan las ocupaciones ilegales en fraccionamientos de municipios del norte y oriente de la entidad.

Todas cuentan con el patrocinio, protección y complicidad de autoridades municipales, funcionarios federales, abogados y notarios públicos.

Que pinche video tan más placentero, no saben cuánto me alegra ver que una bola de pinches ratas terminen así, lamentablemente doña Carlota se tuvo que manchar las manos pic.twitter.com/AvjjCid1Mz

— Homofobo پ (@Gerberosaurus) April 3, 2025

Entre los grupos que se dedican a ese ilícito están organizaciones civiles denominadas sindicatos, como La Chokiza, representada por Guillermo Fragoso, alias “El Choko”, quien también encabeza una agrupación llamada Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales.

También aparecen Los 300, El Barzón Mexiquense y la agrupación 25 de Marzo. Todas recurren a mecanismos de violencia y extorsión para apropiarse de inmuebles que aparecen abandonados o sin habitar, o algunos que ellos mismos investigan y descubren que tienen adeudos.

Nada de eso sería posible sin la complicidad de diversas autoridades, como ocurre en Ecatepec, donde la actual presidenta municipal, Azucena Cisneros, descubrió una red dedicada a ese delito y está resuelta a ponerles un alto cuanto antes.

Tiene en su escritorio expedientes de invasiones y despojos en colonias como Prizo, Sagitario, Nueva Aragón y Fuentes de Aragón, entre otras.

Junto con el fiscal estatal y el secretario de Seguridad,

José Luis Cervantes y Cristóbal Castañeda, respectivamente, pronto dará a conocer noticias sobre el tema que acaparó los reflectores después de que doña Carlota disparara para desalojar a unos invasores de su propiedad. Hoy se sabe que Carlota, junto con sus dos hijos, Eduardo y Mariana —hermanos del exdiputado Arturo ‘N’—, bajó de un automóvil en una casa ubicada en la Unidad Ex Hacienda de Guadalupe, municipio de Chalco, y casi de inmediato sacaron armas de fuego para disparar contra los “ocupas”. Respecto a la posibilidad de que sea encarcelada, el sistema judicial contempla medidas especiales para personas mayores de 70 años, como la prisión domiciliaria. Sin embargo, la decisión dependerá de cómo se tipifiquen los delitos cometidos. Pero mientras eso ocurre, el caso se hizo viral en redes sociales con videos y memes que la hicieron pasar como una heroína, la señora justiciera que necesita México o la abuela que mostró más valor que muchas autoridades, tanto que hasta su corrido le hicieron, engrandeciendo su “hazaña”.  ***

Opinión de Alfonso Zárate | El Universal |

Quizás resulte inverosímil, pero hay una materia en la que las exigencias del hombre naranja empatan con las de las fracciones más conscientes de la sociedad mexicana: la de abandonar la simulación y la complicidad y poner en marcha una estrategia que contenga y repliegue a la delincuencia.

El secretario Omar García Harfuch encabeza una estrategia que, sin admitirlo, rompe con años de inacción y simulación (“abrazos, no balazos”). De dientes para afuera el gobierno federal podrá seguir con la cantaleta de que se propone atender primero las causas estructurales de la violencia, haciendo creer que el reparto de los dineros sirve para eso, pero lo crucial es que está empezando a usar los enormes recursos humanos, tecnológicos y bélicos con los que cuenta el Estado para enfrentar a las organizaciones criminales.

Unos cuantos hechos dentro de estos primeros seis meses del gobierno de la doctora Sheinbaum muestran un vuelco en la estrategia de seguridad que impuso López Obrador: la entrega de Rafael Caro Quintero y 28 narcotraficantes, la utilización de la Plataforma México, la atención a los territorios prioritarios, las capturas de generadores de violencia, el incremento de decomisos de armas y drogas…

Un ejemplo mayor: la noche del 21 de octubre en el ejido Plan de Oriente (El Doce) en Culiacán, tuvo lugar una operación militar para detener a Edwin Antonio Rubio López, alias El Max, integrante de una célula de El Mayo Zambada; de acuerdo con la información oficial, sicarios habrían abierto fuego contra los militares que repelieron el ataque con un saldo de 19 personas abatidas y ninguna baja del Ejército. Los militares aseguraron 4 ametralladoras, 17 armas largas, 5 armas cortas y un fusil Barret. No resulta creíble que tomando por sorpresa a los militares y disponiendo de semejante capacidad de fuego, los sicarios no hayan herido o matado a ningún soldado y que el “enfrentamiento” haya terminado con ese saldo.

El segundo episodio tuvo lugar el 4 de enero en Bácum, Sonora, donde —según la información oficial— una agresión de hombres armados contra agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dejó un saldo de ocho sujetos abatidos, entre ellos dos que eran objetivos criminales y contaban con órdenes de aprehensión. Sorprende que en ambos sucesos la narrativa oficial fue la de una agresión de los criminales con armas de fuego, a la cual se respondió con una eficacia y letalidad sorprendentes.

Si, en efecto, en el primer tramo del gobierno de Claudia Sheinbaum los homicidios dolosos se han reducido 12%, los secuestros 9.3% y las extorsiones casi el 13%; una conclusión provisional sería que enfrentar a los criminales con la fuerza del Estado, en vez de darles abrazos, rinde resultados positivos. Pero, más allá de la detención de alcaldes de municipios pequeños coludidos con bandas delincuenciales, sigue ausente un enfoque integral, la participación de todas las instituciones del Estado y actores sociales e intocadas las redes políticas de protección a los grupos criminales.

Presidente de GCI.

@alfonsozarate