Opinión de Alberto Guerrero Baena | Expansión |

Sedes, realidad criminal y el costo de gobernar sin memoria institucional

Faltan horas. Hoy, 11 de junio de 2026, México recibe al mundo con estadios iluminados, banderas desplegadas y una narrativa oficial que intenta convencer —primero a propios, luego a extraños— de que todo está bajo control. No lo está. Y esa brecha entre el relato y la realidad operativa es, precisamente, el problema más grave que enfrenta el país en materia de seguridad pública en el evento de mayor escala que haya alojado en su historia reciente. La sede fue otorgada años atrás. El tiempo para planear existió. Lo que no existió fue la voluntad institucional para hacerlo. Eso no es mala fortuna: es una decisión política con consecuencias que ahora el país enfrenta con el mundo mirando. Tres ciudades, tres crisis con el mismo apellido

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey no son variantes del mismo problema: son tres sistemas de seguridad, tres culturas institucionales y tres realidades criminológicas que exigen lecturas diferenciadas. Tratarlas como un solo operativo homogéneo —como todo indica que se ha hecho— es el primer error estructural de un gobierno que confundió logística con estrategia. La Ciudad de México opera con una Secretaría de Seguridad Ciudadana que ha apostado por tecnología de videovigilancia como sustituto de inteligencia territorial. El resultado es una capacidad reactiva razonablemente visible, pero con limitaciones severas en coordinación interinstitucional cuando el escenario supera el umbral edilicio. El Metro, el Metrobús, las concentraciones masivas en zonas de alta densidad como los accesos al Estadio Azteca y sus corredores de movilidad representan nodos críticos para los cuales no existe —que sea público, verificable o auditado externamente— un protocolo de gestión de multitudes actualizado conforme a estándares internacionales. Lo que existe son declaraciones. Y las declaraciones no contienen multitudes. Guadalajara arrastra un problema estructuralmente más delicado: la penetración del crimen organizado en estructuras policiales locales que no ha sido resuelta, documentada públicamente por organismos civiles y periodísticos especializados en seguridad. Las alertas sobre fragmentación territorial entre grupos criminales en la Zona Metropolitana de Guadalajara son un hecho que no desaparece por decreto ni por operativo de imagen. Instalar un despliegue de seguridad encima de una institución policial con problemas no resueltos de confianza interna y control de mando es, en términos operativos, construir sobre arena. La pregunta que nadie en el gobierno federal ha respondido públicamente es si los elementos desplegados en Jalisco fueron sometidos a controles de confianza específicos para este operativo.

El silencio al respecto es, en sí mismo, una respuesta. Monterrey es el caso más paradójico: la ciudad más vigilada tecnológicamente del norte del país, con una inversión sostenida en plataformas de videovigilancia e inteligencia urbana durante la última década, pero cuya eficacia real depende de una coordinación entre fuerzas municipales, estatales y federales que históricamente ha sido conflictiva, redundante y opaca en términos de mando unificado. Nuevo León llega al mundial con una tensión institucional no resuelta entre la autoridad civil y las fuerzas federales desplegadas en su territorio, y con una incidencia delictiva en su zona metropolitana que los datos oficiales y los registros periodísticos especializados no terminan de hacer coincidir.

El mapa de amenazas que el gobierno no ha explicado

En eventos de esta magnitud —la Copa del Mundo es, junto con los Juegos Olímpicos, el evento de mayor complejidad en gestión de seguridad a escala global— los países sede inician procesos de planeación estratégica de seguridad entre cuatro y seis años antes del evento. Eso incluye evaluaciones de amenaza multidimensional, simulacros de crisis, protocolos de coordinación interagencial, formación especializada de efectivos, acuerdos de cooperación con cuerpos de inteligencia extranjeros y gestión civil de multitudes basada en estándares técnicos internacionales. Es un proceso largo, costoso, técnicamente exigente y políticamente incómodo porque obliga a reconocer vulnerabilidades reales. México no hizo ese proceso. Lo que tenemos hoy es un operativo de emergencia disfrazado de estrategia. Un despliegue visible —miles de elementos, vehículos, retenes, comunicados de prensa con cifras de efectivos— que comunica presencia pero no demuestra capacidad de respuesta especializada ante los escenarios que realmente importan: incidentes con turistas extranjeros en zonas de concentración nocturna, eventos de pánico masivo en recintos con capacidad de decenas de miles de personas, actos de violencia focalizada contra objetivos de alta visibilidad, crisis de desaparición de personas en corredores turísticos, o infiltración de estructuras criminales en el entorno económico del evento. Narcopolítica, estadísticas en disputa e instituciones sin credibilidad El espejo que el Mundial le pone a México

Ninguno de esos escenarios ha sido explicado públicamente por las autoridades de seguridad con el nivel de detalle técnico que un evento de esta naturaleza exige. El tema migratorio agrega una variable que el discurso oficial ha tratado con una superficialidad que raya en la irresponsabilidad. Las rutas de aficionados provenientes de Centroamérica y Sudamérica atravesarán corredores de movilidad con presencia activa de grupos que controlan el tráfico de personas. La superposición entre flujos migratorios regulares, turismo masivo y economías criminales en esos corredores es un escenario de riesgo que requería análisis específico, no declaraciones tranquilizadoras. El contexto político en el que México recibe este mundial no es neutral ni separable de la discusión de seguridad. El gobierno enfrenta un cuestionamiento sostenido sobre la veracidad de sus estadísticas delictivas. La brecha entre los datos oficiales de incidencia y los registros de organizaciones especializadas, prensa regional y organismos internacionales es un problema de credibilidad que no se resuelve con conferencias mañaneras. Y esa falta de credibilidad tiene consecuencias operativas concretas: los cuerpos de inteligencia de los países participantes —que han desplegado sus propios agentes de seguridad en territorio mexicano, como es práctica estándar en eventos de esta escala— están tomando decisiones basadas en sus propias evaluaciones de riesgo, no en las cifras oficiales mexicanas. Eso crea una doble arquitectura de seguridad no coordinada, potencialmente conflictiva, sobre la que el gobierno mexicano no tiene control total. La CNTE y los movimientos sociales en tensión con el gobierno federal representan otro vector de riesgo que la narrativa oficial ha intentado minimizar. La gestión de movilizaciones políticas simultáneas a un evento de esta visibilidad internacional no es un problema de orden público menor: es un escenario de gestión de imagen, de recursos humanos y logísticos, y de toma de decisiones bajo presión que puede derivar en incidentes con repercusión internacional inmediata. El mundo no perdona las imágenes de represión en contexto mundialista. Tampoco perdona el caos. Los grandes eventos internacionales no crean los problemas estructurales de un país: los revelan. El Mundial no hará más insegura a México de lo que ya es, pero sí pondrá bajo escrutinio global una realidad institucional que el gobierno ha administrado con discrecionalidad y opacidad. Millones de visitantes, cientos de medios internacionales acreditados, agencias de inteligencia extranjeras con presencia activa en territorio nacional y una opinión pública global hiperconectada conforman un ecosistema de observación para el cual la narrativa oficial no tiene respuesta preparada si algo sale mal. Y esa es la pregunta que ningún funcionario de seguridad ha respondido con honestidad: ¿qué pasa si algo sale mal? ¿Quién manda? ¿Quién responde? ¿Cuál es el protocolo? El pitazo inicial es en horas. Las respuestas, todavía no aparecen. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.