Columnas
Esta familia se autodeportó a México… y lo perdió todo
URUAPAN, México, – Mientras los locutores de televisión declaraban a Donald Trump como el próximo presidente de Estados Unidos, Sonia Coria se volvió hacia su marido y le preguntó si debían regresar a casa.
Llevaban siete meses viviendo en Glendale, Arizona, compartiendo un apartamento de dos habitaciones con la tía de Coria y construyendo poco a poco una vida lejos de las amenazas y la violencia de los cárteles que los hicieron huir de México.
Coria, de 25 años, limpiaba casas de cuando en cuando y su esposo, Carlos León, también de 25 años, trabajaba como jardinero. Su hija mayor, Naomi, de ocho años, asistía a una escuela concertada local, hacía amigos y aprendía inglés. En la pequeña piscina del edificio de apartamentos donde vivían, había aprendido a nadar. El pequeño Carlos, de cinco años, estaba aprendiendo a montar bicicleta.
Su barrio en el oeste de Glendale —una ciudad de unos 250,000 habitantes a las afueras de Phoenix— alberga a muchos otros migrantes mexicanos. Frente a su bloque de apartamentos había una pequeña tienda, la Carnicería Uruapan, llamada así por el pueblo del que habían huido en el peligroso estado Michoacán.
En Estados Unidos compraron su primer auto: una camioneta Ford F-150 color canela del 2008 que les costó 4,000 dólares a plazos. Seguían siendo pobres; a veces iban a comedores populares a alimentarse o recogían electrodomésticos y juguetes que los vecinos habían tirado, pero era una vida que jamás hubieran imaginado en su México natal.
La campaña de Trump y su victoria cambiaron su percepción de la vida en Estados Unidos. Habían cumplido la ley, entrando al país por un cruce fronterizo y solicitando asilo, el cual estaba en trámite. Pero ahora les preocupaba perderlo todo.
«¿Para qué nos esperamos a que nos saquen y no nos llevemos nada? Mejor nos llevamos, aunque sea la camioneta y las cosas que hemos juntado’», recuerda Coria haberle dicho a su esposo esa noche, mientras la cobertura de las elecciones se transmitía por televisión.
León asintió y abrazó a su esposa. Empezaron a llorar en silencio, temerosos de que Carlos y Naomi los oyeran mientras jugaban en el suelo de la habitación que compartían. A los niños se les había permitido trasnochar para que Coria y León pudieran ver los resultados electorales.
El relato de la familia está basado en entrevistas con León, Coria y las ONG que los ayudaron a regresar a México. Reuters no pudo verificar todos los detalles de su viaje, pero los hechos principales se sustentaron con fotos, videos, mensajes y documentos aduaneros que la familia compartió.
Mientras la administración de Trump ha prometido implementar la «mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos», las autoridades han allanado lugares de trabajo, enviado a presuntos pandilleros venezolanos a una notoria prisión en El Salvador y desplegado a la Guardia Nacional y a la Infantería de Marina en servicio activo para contener las protestas antigubernamentales que se desataron en Los Ángeles.
Después de las 239,000 personas que el Gobierno ha deportado hasta ahora -algunas esposadas y conducidas a aviones- la expulsión muy pública de inmigrantes ha tenido otro efecto: desencadenar decisiones difíciles en los hogares migrantes en todo Estados Unidos sobre si quedarse o irse.
Mientras discutían si regresar a México, León puso una condición: que esperaran hasta que Trump asumiera el cargo el 20 de enero, para ahorrar algo más de dinero y ver si demostraba ser tan duro en materia migratoria como había prometido.
Al final, el miedo los llevó a irse incluso antes de que Trump hubiera jurado su cargo.
«Proyecto regreso a casa»
A pesar de las deportaciones de alto perfil a Guantánamo o El Salvador, el número total de deportaciones bajo el gobierno de Trump es menor que durante el último año del expresidente Joe Biden en el cargo.
Cada vez más, persuadir a los migrantes para que se vayan por su propia voluntad se ha convertido en una estrategia central.
«La autodeportación es segura», se lee en un volante del DHS exhibido en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. «Váyase en sus propios términos eligiendo su vuelo de salida».
En marzo, la administración de Trump lanzó una aplicación llamada CBP Home diseñada para ayudar a las personas a reubicarse y en mayo, el presidente Trump presentó el «Project Homecoming», una amplia iniciativa que ofrece a los «inmigrantes ilegales» 1,000 dólares y un vuelo gratis para irse.
Desde entonces, «decenas de miles de inmigrantes ilegales» se autodeportaron a través de la aplicación CBP Home, dijo a Reuters un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sin dar más detalles.
Más de 56,000 mexicanos han regresado voluntariamente de Estados Unidos desde que Trump regresó a la Casa Blanca, según cifras del gobierno mexicano.
La autodeportación no es una idea nueva. Durante la Gran Depresión y, de nuevo, durante la Operación Espalda Mojada de 1954, las campañas de deportación estadounidenses presionaron a más de un millón de mexicanos y mexicoamericanos a irse, mucho más que mediante deportaciones formales.
«La llamada autodeportación no es un accidente, sino una estrategia deliberada», dijo María José Espinosa, directora ejecutiva de CEDA, una organización sin fines de lucro en Washington que trabaja para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y los países latinoamericanos.
«Durante décadas, distintos gobiernos y políticos en Estados Unidos han utilizado el miedo como herramienta de política migratoria», agregó. «Hoy estamos presenciando una nueva escalada, con características alarmantes».
«Nos fuimos sin nada y regresamos peor»
El 19 de enero, Coria, León y los dos niños empacaron lo que pudieron en su F-150 y se dirigieron hacia la frontera con México. Era un viaje de tres horas.
Unas semanas antes, habían presenciado cómo agentes de inmigración detenían al padre de una familia mexicana que vivía a dos casas de la suya. Eso, dijo Coria, los llevó a tomar la decisión.
Un abogado que consultaron en el consulado mexicano en Phoenix reforzó su opinión diciéndoles que su solicitud de asilo era débil y que probablemente serían deportados.
El consulado dijo a Reuters que el abogado, Hugo Larios, en ocasiones ofreció consultas gratuitas, pero que no tuvieron acceso a detalles de lo discutido ni a un registro de la visita de la familia Coria-León en enero, sino solo en abril de 2024. Larios no respondió a las solicitudes de comentarios.
Irse fue una decisión difícil. Habían huido de su pueblo natal en febrero después de que hombres armados que decían ser miembros del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) comenzaran a aparecer en la finca de aguacates donde León trabajaba como guardia, exigiendo dinero por protección. León no tenía dinero para pagar, y el dueño estaba ausente.
Ahora estaban regresando
Uruapan es una de las ciudades más violentas del mundo, con una tasa oficial de homicidios de casi 60 por cada 100,000 habitantes. En los últimos años, el crimen organizado se ha asentado en la zona, controlando o extorsionando fincas y negocios, y asesinando a quienes se niegan a pagar.
Pero la familia esperaba que sus ahorros marcaran la diferencia. Habían logrado reunir 5,000 dólares y su plan era comprar un terreno y abrir un taller mecánico usando su camioneta para ayudar con el negocio.
A las cinco de la tarde del 19 de enero, llegaron al cruce fronterizo Dennis DeConcini en Nogales.
Al pasar por la aduana mexicana, la Guardia Nacional Mexicana detuvo su vehículo y les pidió documentos, dijo la familia.
León no tenía el título del auto, solo un permiso temporal emitido ese mismo día, así que los agentes confiscaron la camioneta y amenazaron con arrestarlo por contrabando de vehículos. También le quitaron 5,000 dólares, todos los ahorros de la familia, para lo que llamaron una multa antes de que León pudiera quedar libre.
Sin automóvil y sin dinero, Coria, León, Naomi y Carlos se sentaron a las afueras de la aduana, rodeados de sus posesiones restantes: 100 kilos de ropa, herramientas, utensilios de cocina, un televisor, un refrigerador y los juguetes de los niños.
«Perdimos todo», recordó Coria entre sollozos. «Con tanto esfuerzo que nosotros estuvimos trabajando allá para que en un ratito nos quitaran todo. Nos fuimos sin nada y regresamos peor», agregó.
Una portavoz de la Agencia Nacional de Aduanas de México no quiso comentar sobre los detalles del caso Coria. En un correo electrónico a Reuters, afirmó que su oficina «actúa con estricto apego al marco jurídico que rige el ingreso y salida de mercancías, así como el control aduanero aplicable a personas y vehículos que cruzan puntos de entrada al territorio nacional».
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo a periodistas este mes que su Gobierno está fortaleciendo su programa «México te Abraza» para recibir a los migrantes mexicanos que regresan voluntariamente de Estados Unidos para garantizar que «no sean sujetos a ningún acto de corrupción por parte de aduanas o de migración cuando entren a nuestro país».
El programa ofrece un apoyo en efectivo de 100 dólares, colocación laboral, transporte gratuito a sus lugares de origen y facilidades para importar bienes, pero la familia regresó antes de que estuviera vigente.
Al ponerse el sol, el aire seco del desierto se volvió frío. La familia se preguntaba dónde pasaría la noche y cómo llegaría a Michoacán, a unos 2,000 kilómetros de distancia. Por suerte para ellos, los divisó Francisco Olachea, un enfermero de Voices from the Border, una organización humanitaria que trabaja en ambos lados de la frontera.
Olachea recuerda haberse acercado a la familia que lloraba a las afueras de la aduana y haberles ofrecido ayuda. Cargaron sus pertenencias en la ambulancia de la ONG y en una camioneta alquilada, pagada por Olachea y otra ONG, Salvavision.
Esa noche, Olachea los llevó a Ministerios NANA, una organización cristiana en la ciudad fronteriza Nogales. Les ofrecieron agua, fruta, café y pozole, un caldo tradicional mexicano hecho con granos de maíz, carne y verduras. Los cuatro pasaron la noche en una pequeña habitación.
Juntos, Voices from the Border y Salvavision recaudaron poco más de 1,000 dólares para comprar los boletos de autobús de la familia a Michoacán y enviar algunas pertenencias a casa de la madre de Coria en bolsas negras de basura. Lo que no pudieron enviar fue donado a la iglesia donde pasaron la noche.
El 20 de enero la familia regresó a Uruapan
Los cuatro compartían una pequeña habitación sin puertas en la casa con techo de lámina de la madre de Coria. Dormían en el suelo y los niños compartían una cama sin colchón. Más tarde, se mudaron a una habitación aún más pequeña en casa de una tía.
León finalmente encontró trabajo en un taller mecánico. Coria atiende en un restaurante de comida china. Los niños se quejan por irse de Estados Unidos. Carlos pide su bicicleta; Naomi está olvidando su inglés.
En junio, a través de una carta de 62 páginas a la que Reuters tuvo acceso, la aduana les informó que su camioneta había sido incautada y se había convertido en propiedad del fisco federal. Además, les notificaron que debían el equivalente a 18,000 dólares en derechos de aduana por traer la F-150 a México.
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Morena no es México, no se engañen
Opinión de Jorge Romero Herrera
El pasado fin de semana, fuimos testigos de dos eventos que mostraron fielmente lo que ya había descrito en pasadas colaboraciones: en México no estamos hablando ya únicamente de una diferencia partidista. Estamos hablando de dos visiones completamente distintas de país.
Por un lado, un oficialismo desesperado encabezado por la propia presidenta de la República que defiende, protege y blinda a sus personajes acusados de involucrarse con bandas de criminales -a costa de poner en riesgo al país-, y del otro lado, quienes siguen creyendo en la libertad, en la legalidad y en la necesidad de construir un México donde el Estado no se arrodille frente al crimen organizado y el combatirlo no genere la persecución política y el descrédito.
Lo vivido este sábado en Chihuahua nos llena de orgullo y de esperanza. Fue una demostración contundente de que no podemos rendirnos. Se sintió en el ambiente. Se vibró en cada mensaje. Se reflejó en la presencia de miles de chihuahuenses que salieron a defender a una gobernadora que no se ha escondido ni un instante y que ha enfrentado cada ataque con determinación y carácter. Chihuahua habló fuerte y claro. No fue una movilización impulsada por el miedo. Fue una movilización impulsada por la convicción de que cuando se comete una injusticia, la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de levantar la voz.
En Acción Nacional estamos con Maru. Lo estamos porque creemos en ella, porque conocemos su trayectoria, porque sabemos de los resultados que ha entregado a las familias chihuahuenses y porque reconocemos, como millones de mexicanas y mexicanos, que lo que hoy enfrenta tiene todos los elementos de una persecución política. Ella tiene el respaldo de su estado, de su partido y de millones de mexicanas y mexicanos en todo el país que observan con preocupación cómo las instituciones del Estado comienzan a utilizarse con criterios políticos y no jurídicos porque ese es el fondo del problema.
Mientras una gobernadora de oposición es sometida a una presión permanente por haber enfrentado al crimen organizado y por haber cumplido con su deber, vemos cómo personajes cercanos al oficialismo reciben protección, silencio o explicaciones que buscan justificar lo injustificable, por eso resulta tan revelador lo ocurrido con el intento de juicio político promovido contra Maru Campos.
Hicieron anuncios, convocaron conferencias, generaron titulares y pretendieron construir una narrativa de culpabilidad anticipada. Sin embargo, cuando llegó el momento de sostener jurídicamente sus acusaciones, ni siquiera fueron capaces de ratificar la solicitud dentro del plazo legal establecido.
La propia presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Kenia López Rabadán, confirmó que el plazo venció y que los promoventes no acudieron a ratificar su petición. Así terminó un episodio que demuestra que muchas veces el objetivo no es encontrar justicia, sino fabricar escándalos, crear cortinas de humo.
Por eso, a lo largo del encuentro, una consigna fue cobrando fuerza hasta convertirse en la voz de miles de personas: Yo con Maru. No es solamente un lema. Es una definición. Es una manera de decir que estamos del lado de quien enfrenta al crimen y no del lado de quien lo tolera y hay una imagen que retrata perfectamente el momento que vive el país. Por eso miles de panistas en todo México nos hemos puesto con orgullo la camiseta de “Yo con Maru”. Lo hicimos en Chihuahua. Lo hicieron nuestras senadoras y senadores. Lo han hecho dirigentes, legisladores y ciudadanos. En contraste, no hemos visto a un solo morenista ponerse una camiseta que diga “Yo con Rocha”. Ni uno solo, esa diferencia no es casualidad. Cuando hay convicción. Cuando existe certeza moral. Por eso unos salen a defender con orgullo y otros prefieren guardar silencio, por eso unos dan la cara y otros se esconden detrás de comunicados. Preocupa que, frente a los escándalos que involucran a figuras relevantes de Morena en distintos puntos del país, la respuesta del gobierno siga siendo la misma: envolver cualquier cuestionamiento legítimo en una narrativa de confrontación entre patriotas y “traidores” que solo existen en su imaginario. En lugar de aclarar dudas, investigar responsabilidades o rendir cuentas, se recurre al discurso de la soberanía, la defensa de la patria y la transformación como un escudo político para descalificar a quienes exigen explicaciones. Que les quede muy claro: nadie está en contra de México ni del amor a nuestra patria. Nadie está atacando a México. Morena no es México. Es preocupante utilizar esos sentimientos compartidos por millones de mexicanas y mexicanos para desviar la atención de problemas concretos. La defensa de la soberanía nacional no puede convertirse en una excusa para evitar la rendición de cuentas, ni el respaldo popular puede sustituir la obligación constitucional de transparentar decisiones y esclarecer conductas indebidas de servidores públicos o dirigentes partidistas. No vamos a aceptar que se persiga a quienes combaten al crimen mientras se protege a quienes están rodeados de cuestionamientos. No podemos aceptar que existan gobernadores de primera y gobernadores de segunda dependiendo del color de su partido. En Acción Nacional no tenemos dudas sobre de qué lado estamos. Frente a los intentos de intimidación y al uso faccioso de las instituciones, estaremos junto a Maru Campos porque sabemos que esta causa trasciende a una persona o a un gobierno. Lo que está en juego es algo mucho más importante: el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a vivir en un país donde la ley se apliquen con imparcialidad y donde pensar distinto no sea motivo de persecución. Por eso, desde Chihuahua se envía hoy un mensaje que debe escucharse en todo México: no van a dividirnos, no van a doblegarnos y no van a lograr que guardemos silencio frente a una injusticia. Mientras desde el oficialismo el mensaje es de desesperación, impunidad y contubernio. POR JORGE ROMERO HERRERA PRESIDENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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Sheinbaum relanza al PAN
Opinión de Juan Ignacio Zavala | El Heraldo de México |
Lo que el PAN rompió, lo pega Claudia. Jorge Romero, presidente del PAN, ha intentado de manera infructuosa poner a su partido en la órbita de la opinión pública. También ha hecho intentos de reconstruir las relaciones rotas hace mucho tiempo en ese partido con poco éxito. Ha intentado acercarse a los dos expresidentes salidos de ese partido y siempre ha tenido palabras amables para ellos, pero nada de un evento juntos. El PAN continuaba igual que antes: a la deriva y sin causas visibles.
Hasta que Claudia Sheinbaum decidió atacar de frente a la gobernadora panista Maru Campos. En efecto, la Presidenta y su partido emprendieron una ruda ofensiva en contra de la chihuahuense, que jamás se imaginó estar en medio de una polémica nacional y que su nombre destacara en todos los noticieros y redes sociales. El PAN entendió que era su oportunidad de oro y montó enseguida una defensa de su gobernadora y la arroparon desde un inicio. Campos se dedicó a dar entrevistas por doquier y a denunciar la persecución en su contra. Finalmente, la oposición panista tenía una causa propia y quien la representara.
Se puede decir que este “relanzamiento del PAN” corrió a cargo de Claudia Sheinbaum. Fue ella la que empezó los ataques contra Campos y, más aún, insiste en mantener los señalamientos. Ya ha sido muy comentado que la intención oficial es igualar los marcadores de la denuncia estadounidense por Rocha Moya, Inzunza y demás morenistas que son reclamados por la justicia de ese país. Por eso a sus gobernantes calificados como narcos quieren equiparar a una panista acusada de traición a la patria por transgredir la ley en la cooperación con la CIA. No es poca cosa. Y en lo que deciden qué hacer con los morenistas y sus relaciones con el crimen organizado, han comenzado un proceso contra la gobernadora de Chihuahua. Con la diferencia de que todo lo que sucede con la chihuahuense lo sabe la población: la acusación, el citatorio, las fecha del citatorio, el recibimiento de éste, quiénes lo entregaron y quiénes lo recibieron. Todo. En el caso de Rocha Moya e Inzunza no sabemos nada. Ellos dijeron que fueron a la FGR, pero nadie vio nada, todo lo hacen a escondidas.
Al igual que en su informe del día de ayer, parece que la Presidenta ha escogido el combate al crimen como eje discursivo para compararse con los gobiernos pasados y marcar una diferencia con Estados Unidos. Su problema no es de discurso, sino de realidad, pues los señalados son de su partido y parece que vienen varios nombres más de esos que la Presidenta les dice “compañeros de lucha”.
El fin de semana, en Chihuahua, los panistas armaron un evento de apoyo a Maru Campos. Lo que quedó claro es que el panismo ya tiene un grito en la calle y se está organizando para dar la batalla en un campo de acción que tendrá que ver con el combate al crimen organizado. En ese evento estuvieron juntos Felipe Calderón y Vicente Fox, algo que no sucedía desde hace años. Los expresidentes panistas se mostraron felices de estar arengando a la gente nuevamente, los panistas muy contentos de tener sus líderes de nivel nacional juntos, y todo gracias a doña Claudia. Nadie sabe para quién trabaja.
POR JUAN IGNACIO ZAVALA
@juanizavala
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Incongruencias
Opinión de Raymundo Riva Palacio
¿Cómo funciona la mente de la presidenta Claudia Sheinbaum? Uno de sus atributos ha sido su formación de científica que utiliza el método científico para generar conocimiento, mediante el análisis de datos basados en evidencias y formular soluciones a los problemas. Sin embargo, después de dos años en el poder, puso seis metros bajo tierra a la cientificidad. Como vieron el domingo, el pragmatismo tecnocrático que mostró en el arranque de su sexenio, lo cambió por la ideología. Su sesgo incubado la sacó del clóset y redefinió su gobierno, la relación con Estados Unidos y, de seguir lo que trazó, la historia mexicana.
Sepultada la cabeza fría y finalmente expuesta su sangre caliente, la presidenta, tardó menos de 24 horas en mostrar la incongruencia intelectual del momento cúspide de su discurso para conmemorar su triunfo electoral hace dos años, la denuncia del intervencionismo de Estados Unidos en la política interna de México y en las elecciones intermedias del próximo año. Lo hizo hablando ayer de Colombia, al sumarse a la posición del presidente Gustavo Petro, y señalar posible fraude en las elecciones presidenciales en ese país. ¿Por qué tenía que meterse?
No hay ninguna diferencia entre lo que denunció del gobierno de Donald Trump y lo que declaró sobre las elecciones en Colombia. Fue tan injerencista como Trump, mostrando la debilidad de su argumento y la forma sesgada y maniquea cómo ve la intromisión en los asuntos internos de otros países: si es para apoyar a gobiernos con quienes tiene identificación ideológica y política, o cuestionar a gobiernos que piensan diferente al suyo, no hay intervencionismo. Todo lo demás, sí. Su mente funciona con parcialidad de variables, donde excluye todas aquellas que son relevantes, pero no se ajustan a su pensamiento.
Esta contradicción es lo que funcionarios estadounidenses califican como una hipocresía. Ella, quizás, ni siquiera lo puede ver. En Barcelona, donde acudió a un encuentro de líderes convocados por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se tomó una fotografía con un letrero donde pedía “justicia” para Cristina Fernández, la expresidenta argentina que está en prisión domiciliaria por un fraude de más de 500 millones de dólares. Sheinbaum ignoró, o no cree, que Fernández fue estuvo involucrada en un escandaloso caso de corrupción institucional y que pasó por la justicia argentina.
No ha cuidado tampoco su inclinación y pleno respaldo por el expresidente de Perú, Pedro Castillo -incluso recibió en Palacio Nacional a su abogado-, que fue condenado a 15 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión, tras un fallido autogolpe en 2022. La presidenta ha dicho que es una “injusticia” porque fue él quien cayó por un golpe de Estado y es víctima de persecución política. La justicia peruana tiene otros datos.
Con Ecuador mantiene un diferendo heredado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que le dio asilo al exvicepresidente Jorge Glas en 2023, pese a haber sido condenado por corrupción y estar sujeto a proceso por otros delitos. En reacción a ello, el presidente Daniel Noboa autorizó el asalto a la Embajada de México en Quito, violando tratados internacionales. Sheinbaum no ha resuelto el conflicto diplomático, y ha asegurado que no restablecerá las relaciones mientras Noboa siga siendo presidente.
Sheinbaum ha sido declarada persona non-grata en esos países, una categoría que solo comparte con dos expresidentes mexicanos, Vicente Fox y Felipe Calderón, que recibieron el mismo tratamiento por el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por criticar el estado de la democracia en ese país. La presidenta, por el contrario, buscó coordinar acciones latinoamericanas para defender a Maduro cuando Estados Unidos intervino Venezuela para extraerlo y llevarlo ante los tribunales en Brooklyn, acusado de narcotráfico.
La presidenta, como antes lo hizo López Obrador, nunca se pronunció contra la falta de libertades en Cuba, Nicaragua y la Venezuela chavista, cuyos regímenes dictatoriales apoyó sin matices. Ella es parte de un movimiento que lleva ocho años en Palacio Nacional, que abiertamente intervino en las elecciones en Estados Unidos, cuando López Obrador pidió votar contra los republicanos, enviando recursos disfrazados de presupuesto para los consulados para hacer activismo político.
En su decantamiento por Petro e intervencionismo en los asuntos internos de Colombia, la presidenta dijo que previamente a las elecciones de este domingo había habido una ofensiva mediática y campañas de desinformación impulsadas por una red internacional, que fue una de sus denuncias el domingo, como parte de una conspiración de la ultraderecha internacional y de Estados Unidos.
Pero no impidió, sino al contrario, permitió que su coordinador de asesores, Jesús Ramírez Cuevas, el jefe de la propaganda obradorista e ideólogo de la polarización, financiara un canal dirigido por el español Pablo Iglesias -que es asesor de Sheinbaum-, por donde entró la maquinaria de propaganda del Kremlin, que se ha documentado generó por años campañas de desinformación a través de noticias falsas para incidir en procesos electorales en Estados Unidos y provocar desestabilización.
La posición binaria de Sheinbaum sobre el injerencismo y el intervencionismo es muy propio de la cultura del obradorismo, al igual que la discrecionalidad con la que aplican la Doctrina Estrada, siempre a flor de boca de la presidenta, pero que se aplica acorde de sus filias y fobias ideológicas. Esta dualidad intelectual y política la quita espacios de maniobra frente a Estados Unidos y anula sus demandas de no intervencionismo. Para poder mantener esa posición con eficacia, requiere de tener una autoridad política y diplomática, además de moral. Si no la tiene, ¿cómo puede esperar que la tomen en serio cuando aplica en otros lo que no quiere que le hagan a ella?
Funcionar bajo un pensamiento con parcialidad de variables, lleva en política a diagnósticos equivocados y conclusiones fallidas. Le ha quitado coherencia diplomática a su discurso -perdiendo autoridad en el mundo, cuando alguna vez fue respetado por la consistencia de sus principios-, y potencia argumentativa. La presidenta sigue perdiendo credibilidad y no lo ve de esa manera, lo que explica su posición intervencionista en Colombia.
No puede esgrimir neutralidad y tener la fuerza para denunciar el intervencionismo de Washington, porque su palabra ha perdido credibilidad frente a Estados Unidos. Al perder consistencia con su doble rasero de la autodeterminación, quedó expuesta por la mezcla de soberanía con protección política de criminales que hizo en su discurso, en momento donde su endurecimiento también existe del otro lado del Río Bravo.
rrivapalacio2024@gmail.com
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