El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) enfrenta la inminente discusión sobre su extinción junto a otros organismos autónomos en la Cámara de Diputados.

Ante esta situación, el INAI diseñó un plan de “reingeniería” que busca reducir su presupuesto en un 25% para evitar su desaparición en el marco de la reforma de simplificación administrativa propuesta por el gobierno federal.

El documento, que fue revelado por El Universal, aún no ha sido presentado oficialmente y plantea medidas significativas para lograr un ahorro de más de 277 millones de pesos.

Medidas de Ahorro Propuestas

La propuesta incluye la reducción de privilegios, disminución de la plantilla laboral, reestructuración del pleno y eliminación de áreas con funciones duplicadas.

Básicamente se busca una reducción en cinco áreas clave:

1. Estructura de Comisionados: Se plantea reducir el número de comisionados de siete a cinco, lo que generaría un ahorro anual de aproximadamente 36 millones de pesos.
2. Personal y Contrataciones: Se prevé la eliminación de puestos de honorarios y eventuales, que contribuiría a un ahorro de 44 millones de pesos. También se considera la eliminación de unidades administrativas redundantes, con un costo total de 132 millones de pesos.
3. Viáticos Internacionales y Outsourcing: El proyecto sugiere eliminar el presupuesto destinado a viáticos internacionales y los contratos de outsourcing, generando un ahorro adicional de 54 millones de pesos.
4. Revisión de Contrato de Arrendamiento: Se propone revisar el contrato de arrendamiento financiero firmado en 2012 con Banamex, que implica un costo total de 683 millones de pesos, buscando ajustes que reduzcan los gastos mensuales de 6.4 millones de pesos.

La Cámara de Diputados, por su parte, se prepara para discutir entre el 11 y el 14 de noviembre la extinción de varios organismos autónomos, incluido el INAI.

Esta propuesta ya generó divisiones entre las fuerzas políticas, con la oposición advirtiendo que la desaparición de estos entes afectaría la transparencia y supervisión del poder público.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), anunció que el dictamen que avala estas reformas será publicado en los próximos días.

Desde el 1 de octubre, las comisionadas del INAI se han reunido con funcionarios del gobierno federal, argumentando sobre la importancia de la institución para los derechos de los ciudadanos, tales como el acceso a la información y la protección de datos.

A partir del 16 de noviembre, los automovilistas en la Ciudad de México podrán tramitar la licencia de conducir permanente en distintos módulos, incluidos algunos itinerantes, según anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La medida busca agilizar el proceso de obtención del documento, ampliando horarios y puntos de atención en la capital.

Macromódulo en Magdalena Mixihuca

Durante el fin de semana del 16 y 17 de noviembre, se instalará un macromódulo en la explanada de la Magdalena Mixihuca, en Venustiano Carranza, donde los interesados podrán obtener la licencia permanente en formato físico por un costo de mil 500 pesos.

El macromódulo será itinerante y operará únicamente los fines de semana, cambiando de ubicación posteriormente.

Se habilitarán 35 módulos fijos distribuidos en oficinas de la Secretaría de Movilidad (Semovi), alcaldías, la Secretaría de Finanzas, y Tesorerías exprés. Estos módulos estarán abiertos de lunes a domingo a partir de las 9:00 horas.

Para evitar aglomeraciones, se implementará un sistema de citas accesible a través de Locatel (*0311), la plataforma de Semovi, Llave CDMX, y un chatbot en WhatsApp.

Requisitos y proceso

Los conductores que ya cuenten con licencia podrán cambiarla por la permanente mediante el pago correspondiente en la aplicación del Gobierno de la Ciudad o directamente en los módulos habilitados.

Para quienes tramiten la licencia por primera vez, será necesario aprobar un examen de conocimientos generales que se aplicará en línea.

El secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, señaló que se incrementará la capacidad de emisión de licencias en modalidad presencial hasta cinco veces en comparación con la actual.

Los requisitos para obtener la licencia incluyen no tener antecedentes por delitos viales ni haber sido sancionado en el programa “Conduce sin alcohol”.

Opinión de Eduardo Andrade | El Universal |

Ni convendría que los hubiera. Un juzgador, como toda persona, posee una visión del mundo y de la vida; ha internalizado valores y principios provenientes de su formación como ser humano. Nadie es neutro en el sentido de totalmente indiferente a las condiciones sociales del entorno. Es más, una persona absolutamente ajena al mundo que lo rodea, sin compromiso con ningún concepto ético ni línea de conducta, no sería un buen juzgador.

Un amigo me preguntó: ¿qué van a ofrecer los candidatos a ministros? ¿Pavimentar caminos; entregar despensas? No, le dije, esa es la confusión con la que se quiere desacreditar la elección de juzgadores. Estos no ofrecen “cosas”, sino ideas. Adhesión a concepciones jurídicas, compromiso con determinados principios; apego a ciertos valores. Cuál es su ideología jurídica, no como opción partidista, sino como posicionamiento ante las formas de aplicar el Derecho, en suma: su estilo personal de juzgar.

La forma de entender e interpretar el Derecho difiere de juez a juez, como es distinta la manera de arbitrar un partido de fútbol. Hay árbitros que favorecen la fluidez del juego evitando interrumpirlo, otros prefieren la constante marcación de faltas para que no se descontrole la conducta de los jugadores. Algunos emplean con mayor frecuencia las tarjetas que otros. Ambos estilos pueden ser igualmente buenos, justos e imparciales.

La imparcialidad es consustancial a un buen juez, es decir, no debe inclinarse interesadamente por una de las partes. Pero imparcialidad no es sinónimo de neutralidad axiológica. Por eso la guía valorativa de su actuar es lo que debe ofrecer un candidato a ministro en campaña.

Explicar si cree que existen criterios ajenos a la Constitución que permiten desaplicar su contenido o si respetará el carácter Supremo de nuestra Carta Magna. Si se orientará por el principio constitucional de Rectoría del Estado o favorecerá el de libre competencia que obligue al Estado a someterse a las leyes del mercado. Si acepta o no que hay principios abstractos e intangibles que pueden “derrotar” a las normas expresamente contenidas en la ley. Si se inclina por hacer prevalecer el interés general o piensa que lo más importante es proteger a la persona en lo individualidad. Decir cuál es su posición frente al aborto o el matrimonio homosexual. Si al aplicar las penas considera preferible la máxima severidad para desalentar la criminalidad o buscará la moderación para alcanzar el propósito constitucional de la reinserción social. Si es proclive a las soluciones nacionalistas o a la preeminencia de criterios jurídicos externos. Si se apega a la Soberanía Popular como valor supremo o si está dispuesto a cederla en favor de organismos internacionales. Si admite que hay cláusulas pétreas implícitas en la Constitución que impiden al Constituyente Permanente reformarlas o si considera que el pueblo puede ejercer plenamente el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno a través del llamado Poder Reformador. Si en su opinión el Estado debe retraerse de la actividad económica o por el contrario es su deber prestar servicios y explotar recursos naturales a través de empresas públicas. Si se decanta por el jusnaturalismo o el juspositivismo.

En fin, la exposición contrastada de las ideas de cada aspirante, permitirá al votante tomar su decisión.

Investigador del El Colegio de Veracruz y Magistrado en retiro.

@DEduardoAndrade