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Jueces justos por pecadores
Opinión de Leticia Bonifaz Alfonzo / El Universal /
Durante muchos años, recibí jóvenes que llegaban ilusionados a su primera clase en la Facultad de Derecho. Siempre dediqué las primeras horas para preguntar por qué, a pesar del desprestigio de la profesión, habían elegido esta carrera. Las respuestas siempre estuvieron ligadas a su idea de justicia. Se hablaba, de manera general, del deseo de construir un mundo más justo, pero también había experiencias concretas de situaciones que habían vivido personalmente o que habían afectado a sus familias. ¿Cómo decirles desde esos primeros momentos que es más probable conocer las vías para construir un mundo justo desde la Facultad de Economía que desde la de Derecho?
Clases más adelante, venía la explicación de las fuentes reales que se sintetizaban así: son los factores económicos, sociales y políticos que determinan el contenido del Derecho. Poco se hablaba de estas fuentes a pesar de su relevancia. De inmediato se pasaba a las fuentes formales: la legislación, la jurisprudencia, la costumbre, etc. Las fuentes formales siempre tuvieron mucho más peso que las reales en el currículum académico como si éstas no fueran tema de los juristas, sino de los politólogos, sociólogos o economistas.
Se decía también que el Derecho era el cauce de los fenómenos políticos, económicos y sociales sin mostrar casi nunca ese cauce desbordado. El Derecho, omnipotente, controlaba los otros fenómenos y casi nunca los otros lo controlaban a él, a pesar de que la realidad mostrara innumerables casos en que esto sucedía.
La mayoría de los estudiantes se veía defendiendo causas. No recuerdo a nadie que en primer semestre me haya dicho: quiero ser juez. Algunos alumnos, al final, optaron por el largo camino de la formación judicial que inicia después de terminada la carrera o en paralelo, en los últimos años, como meritorios en algún juzgado. Ser juez implica vocación y años de especialización. Hubo quienes iniciaron sacando copias o notificando acuerdos. Después empezaron a proyectar y a aprender haciendo, como buenos artesanos.
Quienes hicieron carrera judicial están viendo hoy su futuro truncado. Décadas de su vida quedan atrás y sus logros están perdiendo sentido. El anuncio de la reforma judicial los tomó desprevenidos y sin saber cómo reaccionar. Quienes defienden derechos de otros tienen que defender ahora sus propios derechos y no saben cómo porque tienen que trasladarse a la arena política, un espacio que les es totalmente ajeno. Su mundo ha estado en la revisión de expedientes y en el dictado de resoluciones circunscritas a lo que ahí consta. Las fuentes reales los alcanzaron: la política desbordó al Derecho.
Toda mi solidaridad con los buenos jueces; con los exalumnos que me permitieron ser cómplice de sus sueños; con quienes se han comprometido en la defensa de los derechos humanos; con quienes han formulado sentencias dignas de análisis en foros internacionales; con quienes han usado al Derecho como instrumento transformador. Estoy con las y los jueces que hoy están pagando facturas ajenas.
Podría decirles que seguramente encontrarán otras oportunidades de trabajo y de vida, pero me queda claro que ésta es la que habían elegido y que ha sido por años su razón de existir. Estoy con ustedes Gilberto, Miguel, Karla, Mauricio, Emilia, Patricio, Mónica, Armando, Taissia, Alejandro y tantas y tantos más. Mi admiración y agradecimiento por siempre.
Catedrática de la UNAM @leticia_bonifaz
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El costo de la violencia
El crimen organizado y la violencia en América Latina suponen un lastre para el desarrollo económico de América Latina. Es lo que sostiene el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe Crimen violento e inseguridad en América Latina y el Caribe: una perspectiva macroeconómica. El principal hallazgo es que la operación de grupos delictivos genera pérdidas equivalentes al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) latinoamericano. Así, el crimen disminuye la productividad laboral, los altos costos de seguridad reducen la probabilidad de que las empresas inviertan en innovación y las pequeñas empresas son las más vulnerables a sus efectos nocivos.
Con apenas el 8% de la población mundial, América Latina y el Caribe registra un tercio de los homicidios del mundo. Los grupos delictivos organizados y las pandillas están vinculados al 50% de los asesinatos en América Latina, más del doble del promedio mundial. Existe evidencia creciente de grupos transnacionales de narcotráfico organizado que están expandiendo sus operaciones a la minería ilegal de oro, la tala y el tráfico de vida silvestre en la cuenca del Amazonas. Las actividades ilícitas a menudo implican delitos convergentes como corrupción, extorsión, fraude, lavado de dinero, asalto violento o violencia sexual.
El FMI asegura que la reducción en la tasa de homicidios de América Latina y el Caribe impulsaría el crecimiento del PIB hasta en un 30% de la región, a través de una mayor acumulación de capital y productividad total de los factores. La disminución de la violencia de género también aumentaría el empleo entre las mujeres.
Las ondas expansivas de los efectos del crimen organizado alcanzan desde el ciudadano de a pie hasta las grandes empresas. Un 30% de las compañías de la región perciben a la delincuencia como su problema clave y los costos directos —el valor de las pérdidas debido al delito y el gasto de las empresas en seguridad— se estiman en alrededor del 7% de sus ventas anuales. El análisis muestra además, que el tamaño de la empresa es importante. Las pequeñas empresas enfrentan pérdidas relativamente mayores debido a la delincuencia y gastan relativamente más en seguridad. Los costos directos de la delincuencia como porcentaje de las ventas anuales son casi el doble para las pequeñas empresas, un 7.8%, mientras que para las grandes empresas sólo supone un 4.1%. El impacto regresivo del delito también podría empujar a las pequeñas empresas hacia el sector informal.
En cuanto a México, el organismo señala que las redes criminales están profundamente vinculadas al tráfico de drogas y la extorsión. Al poner el foco en la segunda economía de América Latina, sólo detrás de Brasil, el FMI señala que la presencia de bandas criminales en México reduce la actividad económica, los ingresos y la educación al obstaculizar la movilidad de la población. La presencia de las bandas delictivas en México se concentra en algunos estados del norte del país, como Baja California, así como en el Bajío y centro de México, de acuerdo con un mapa elaborado por el organismo, a partir de datos oficiales. Como en otros países de América Latina, el órgano multilateral advierte una fuerte percepción de impunidad y corrupción al interior de las corporaciones de seguridad, misma que inhibe que los crímenes lleguen a denuncias.
Dadas las complejidades y los efectos indirectos de la violencia, el FMI insta a seguir dos recomendaciones:
El fortalecimiento de la cooperación internacional contra las drogas ilícitas, el tráfico de armas y el lavado de dinero mediante la mejora del intercambio de inteligencia y la coordinación de operaciones conjuntas también ayudaría a reducir la rentabilidad del crimen organizado y la accesibilidad a las armas de fuego.
La seguridad se mejora fomentando un entorno de estabilidad económica, con políticas de educación, protección social y seguros bien diseñadas, que contengan la pobreza, el desempleo y las desigualdades. Las políticas que mejoran la educación de alta calidad y las oportunidades laborales para los jóvenes pueden debilitar el reclutamiento de organizaciones criminales al aumentar las recompensas por la educación y el empleo.
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Columnas
May señala de liderar grupo criminal a jefe de SSP nombrado por Adán Augusto
Historia de Expansión Política
El morenista Javier May, gobernador de Tabasco, dijo que Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública en los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino, dirigía al grupo criminal ‘La Barredora’. El mandatario acusó a las administraciones pasadas de haber permitido que los grupos de la delincuencia organizada »echaran raíces» en la entidad. ‘Nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada. Va a haber cero impunidad y vamos a atender las causas. Entonces yo creo que quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto’, dijo sobre mantas en las que presuntos miembros de crimen organizado aludieron al actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Tabasco, Víctor Hugo Chávez Martínez, y al comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Morán. ‘La Barredora’ es un grupo criminal local vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
‘Los que informaban también tendrán que explicar si tienen ellos información de que había pacto con la delincuencia organizada. No es que no hubiese pasado nada en Tabasco, no es que no hubiese secuestro, no hubiera extorsión, era un secreto a voces que había cobro de derecho de piso, que se les cobraba a las fondas, a los comerciantes», expresó May durante la conferencia de prensa. ‘Todos saben, aquí era vox pópuli quién comandaba ‘La Barredora’ ¿O no sabemos?’, cuestionó May. ‘Hernán Bermúdez’, respondió uno de los asistentes al evento. ‘Sí, ¿no?», aceptó el mandatario. »Pareciera ser que tenemos amnesia de lo que pasó, yo llevo en el encargo apenas un mes y medio, y ya vimos cómo se perfilan, cómo van cambiando su línea de comunicación, ahora es la nota roja lo más importante, lo más preponderante de algunos medios, y antes no destacaban nada’, expuso el mandatario que rindió protesta el 30 de septiembre pasado. ‘A nosotros no, ni nos van a buscar porque ya saben que no vamos a pactar. Con nosotros no hay ninguna relación, ningún encuentro con este tipo de cárteles u organizaciones’, expuso. Enero de este año, tras episodios de violencia en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena renunció a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad gobernada en ese momento por Carlos Merino. La salida del secretario se dio tras los asaltos que se registraron en Villahermosa la tarde del 4 de enero y las balaceras, incendios de autos y bloqueos de vialidades acontecidos en diciembre de 2023. Tras la renuncia de Bermúdez, el entonces comisionado de la Policía Estatal José del Carmen Castillo quedó como encargado de despacho de la SSP. Hernán Bermúdez Requena fue nombrado como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tabasco en diciembre 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López. En enero de este 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de propaganda los hechos de violencia ocurridos en Tabasco. Adán Augusto López Hernández gobernó en Tabasco entre el 1 de enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021. Después se unió al Gabinete de López Obrador.
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Y la Gobernadora Evelyn Salgado canta: ‘Si nos dejan…’
Desde 2021, en su campaña por la Gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado acostumbraba a cerrar sus mítines políticos entonando canciones de Selena Quintanilla.
Sin embargo, ya a cargo de la entidad y mientras la violencia azota a los guerrerenses, la morenista ha sido criticada por estar más presente en “palomazos” que en momentos críticos de su Administración.
La noche del miércoles, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Acapulco (OFA), la Mandataria estatal cantó a dueto con el intérprete Jorge “Coque” Muñiz la canción “Si nos dejan”.
Esa misma noche, a las 21:30 horas, fueron abandonados a un costado del carril sur-norte de la Autopista del Sol, en el Kilómetro 272, en el paraje conocido como “El Parador de Marqués”, 11 cuerpos desmembrados de comerciantes que estaban desaparecidos desde octubre pasado.
Si nos dejan ‼️así estaba cantando @EvelynSalgadoP mientras mujeres y niños son asesinados en #guerrero y su papá todavía habla de traición a la patria #ULTIMAHORA pic.twitter.com/D17A6XzZXf
— Osc@r.. (@YoSoyOscar11) November 8, 2024
“Se burlan de Guerrero, tanto su padre como ella, mientras el Estado ardiendo por la inseguridad”, comentó un usuario de redes sociales.
“Se la pasa cantando y divirtiéndose a costa del luto de familias”, apuntó otro.
Y es que la Mandataria se encontraba en la inauguración del recinto turístico y cultural El Partenón de Zihuatanejo, inmueble que pertenecía el ex jefe de la Policía de la Ciudad de México, Arturo Durazo, y que fue incautado por la ex Procuraduría Federal de la República.
Lo que llamó la atención fue que se trasladó en helicóptero, en lugar de hacerlo por tierra en la carretera federal de la Costa Grande, donde en las últimas tres semanas se han registrado múltiples hechos de violencia y sus pobladores han tenido que encerrarse en sus casas para evitar ser víctimas del crimen.
“Pronto vamos a ir a Tecpan de Galeana y a Atoyac, en donde hay el apoyo de las fuerzas de seguridad que nos están ayudando”, alcanzó a decir la Gobernadora.
Los habitantes de los Municipios de Tecpan, Atoyac y San Jerónimo no han regresado al cien por ciento a la normalidad, luego los enfrentamientos que se registraron entre dos organizaciones de la delincuencia organizada con el Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal que dejaron un saldo de al menos 30 muertos.
Sólo entre el miércoles y el jueves pasado, de acuerdo con informes, Guerrero vivió una ola de violencia con 30 asesinatos: 11 en Chilpancingo; 4 en Coyuca de Benítez; 3 en Teloloapan; 3 en Tecpan de Galeana, y uno en Cochoapa el Grande.
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