Nacionales
La discreta y opulenta oficina de Pemex que no ha sido “rescatada”
Opinión de Mario Maldonado | El Universal |
PMI Comercio Internacional, la filial de Pemex encargada de comercializar crudo, petrolíferos y petroquímicos, es quizá uno de los brazos más sensibles de la petrolera del Estado. Desde sus oficinas se deciden las exportaciones e importaciones de petróleo y derivados; en pocas palabras, es donde se mueve la caja registradora de la empresa estatal. Sin embargo, lo que debería ser una área técnica y transparente, se ha convertido en un instrumento a modo de intereses personales y políticos.
La Dirección de Crudo de PMI es particularmente estratégica, pues allí se decide la llamada mezcla mexicana, es decir, la combinación de diferentes tipos de petróleo para colocar el barril al mejor precio en el mercado internacional. Una mala decisión de mezcla, sea técnica o intencional, puede costarle a México millones de dólares.
Por ejemplo, un cargamento de 300 mil barriles que, con una mezcla óptima, podría venderse en 18 millones de dólares, termina colocándose en apenas 15.6 millones si se manipulan las proporciones. La pérdida neta: 2.4 millones de dólares por barco, o unos 50 millones de pesos. Multiplicado por 30 nominaciones al mes, la sangría puede superar los mil 440 millones de pesos.
El hombre clave en este negocio es Iván Hernández Gallegos, actual director Comercial de Crudo en PMI, quien ha sobrevivido administraciones panistas, priistas y morenistas, siempre adaptándose y, según denuncias internas, favoreciendo a los grupos en turno. Sus decisiones, más que técnicas, se alinean con “amigos” y socios comerciales que garantizan beneficios personales antes que valor para el país. Es la misma lógica que operaba Ulises Hernández Romano, exdirector de PMI, quien fue removido por irregularidades, pero “rescatado” por Ángel Cid Munguía, director de Exploración y Extracción de Pemex, y premiado con una Subdirección desde donde sigue operando.
El argumento para evadir controles es que PMI es una sociedad privada, y por lo tanto no está sujeta a las mismas reglas de transparencia ni licitaciones que Pemex. Bajo esa opacidad, se oculta información incluso a la propia Secretaría de Energía, que encabeza Luz Elena González. El riesgo es mayor ahora que PMI tendrá un rol fundamental en los Contratos Mixtos, el nuevo modelo impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum para equilibrar soberanía e inversión privada en hidrocarburos. Si los inversionistas descubren que detrás de esas operaciones se encuentra un personaje cuestionado como Hernández Gallegos, los esfuerzos de planeación energética a 10 años podrían tambalearse.
En este entramado también aparece el nombre de Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien colocó a Ulises Hernández Romano en PMI. Lozada fue sancionado en México por la Secretaría de la Función Pública por su presunta vinculación con el caso de la “Estafa Maestra” y por omisiones patrimoniales, aunque en 2021 un tribunal federal cerró cualquier investigación penal en su contra al considerar prescrito el delito.
Las cifras más recientes confirman que la gestión de exportaciones atraviesa un momento crítico. Las exportaciones de Pemex han mostrado un deterioro significativo en los últimos 18 meses. En enero de 2024, el volumen colocado en el extranjero fue de 950 mil barriles diarios, mientras que en junio de 2025 se desplomó a 458 mil barriles diarios, el nivel más bajo en tres décadas. Esto implica una caída acumulada de aproximadamente 492 mil barriles por día.
A ello se suma el problema de los descuentos aplicados en el mercado internacional, que han sido en promedio de 8.6 dólares por barril para el crudo Maya, 6.5 dólares para el Istmo y 4.3 dólares para el Olmeca. El 61% del crudo mexicano que se exporta es Maya —el más castigado con descuentos—, seguido del Istmo (26%), Olmeca (7%) y Zapoteco (6%). Lejos de observarse un esfuerzo para revertir esas condiciones de venta, la estrategia comercial parece aceptar pasivamente la pérdida de valor.
En Pemex se asegura que la corrupción en PMI puede resultar tan rentable como el huachicol, pero mucho más sofisticada y difícil de detectar. México pierde cada mes cientos de millones de pesos por decisiones discrecionales tomadas desde una oficina de PMI. Muy importante ahora que se anunció el Plan de rescate de la empresa y viene la presentación del Paquete Económico 2025.
Posdata 1
El nombramiento de Roberto Lazzeri al frente de Nacional Financiera y Bancomext no sorprendió. Se trata de un funcionario cercano al exsecretario Rogelio Ramírez de la O y al actual titular de Hacienda, Édgar Amador, con quien mantiene relación desde hace años. Ambos respaldos explican su ascenso, pero también su papel estratégico en uno de los episodios más delicados que ha enfrentado el sistema financiero mexicano en décadas.
Lazzeri fue pieza clave en las reuniones con el FinCEN, la unidad del Tesoro de Estados Unidos que en junio pasado colocó en la lista negra a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presuntas operaciones vinculadas al lavado de dinero y al financiamiento del tráfico de fentanilo. Desde Hacienda, fue el funcionario que tradujo las exigencias técnicas de Washington y negoció las prórrogas que dieron un respiro de 45 días a las instituciones sancionadas, mientras la CNBV intervenía procesos internos y trasladaba parte de sus fideicomisos a Nafin.
Ese episodio dejó claro que el perfil de Lazzeri es el de un operador silencioso, con discreción para moverse entre la presión de Palacio Nacional y las demandas de los reguladores internacionales. Su habilidad para contener el golpe reputacional y evitar una crisis mayor en los mercados le ganó confianza de Amador y de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Como director de los dos bancos de desarrollo más grandes del país, Lazzeri tendrá ahora la misión de impulsar el Plan México y fondear proyectos estratégicos para la administración de Claudia Sheinbaum. Aunque el verdadero reto será blindar a Nafin y Bancomext de los intereses políticos y del riesgo de convertirse en el refugio de operaciones financieras que Estados Unidos ya identificó como vulnerables.
Posdata 2
Hablando de Pemex, Moody’s sorprendió al colocar en perspectiva positiva la calificación de la empresa, respaldando el Plan Estratégico 2025-2035 presentado por el gobierno de Claudia Sheinbaum. La calificadora valoró la colocación de instrumentos financieros innovadores —en particular las notas precapitalizadas por 12 mil millones de dólares— y la creación de un fondo de inversión upstream, mecanismos que buscan oxigenar las finanzas de la petrolera y asegurarle liquidez en el corto plazo.
Hace unas semanas, en julio, Fitch elevó la nota de Pemex de “B+” a “BB”, reflejando lo que considera un mayor compromiso del gobierno federal para respaldar los casi 99 mil millones de dólares de deuda que arrastra la empresa. El espaldarazo de ambas agencias responde al fondeo extraordinario y al blindaje fiscal que Sheinbaum ha decidido otorgar, pero también coloca a Pemex bajo estricta observación.
El anuncio se enmarca en un plan de reestructura financiera que pretende mucho más que aliviar pagos inmediatos. La Presidencia presentó un vehículo de inversión respaldado por el Estado por 250 mil millones de pesos, con la participación de la banca de desarrollo, la banca comercial e incluso capital privado, destinado a proyectos estratégicos y al pago de proveedores. La apuesta es que Pemex deje de depender del presupuesto federal en 2027 y reduzca su deuda a 77.3 mil millones de dólares en 2030.
El espaldarazo de Moody’s y el upgrade de Fitch a Pemex no hubieran sido posibles sin una pieza técnica que operó en la sombra: María del Carmen Bonilla, recién nombrada subsecretaria de Hacienda.
Posdata 3
Beatriz Gutiérrez Müller decidió, por fin, romper el silencio sobre los rumores de que se mudaría, junto con su hijo Jesús Ernesto, a Madrid o a Santander. En una carta pública aseguró que sigue viviendo en México, dedicada a la docencia en una universidad pública, y descalificó como la información difundida primero por el diario ABC de España y replicada en medios mexicanos.
Lo llamativo no fue solo la tardanza en aclarar una noticia que circulaba desde hace semanas, sino el tono con el que lo hizo. La esposa del expresidente López Obrador advirtió en redes sociales que, con el “nuevo Poder Judicial”, existe ahora la “opción real” de denunciar a periodistas que difundan versiones como la de su supuesta mudanza. Una advertencia que abre un flanco preocupante, que es el riesgo de que el aparato judicial se utilice como instrumento de presión contra la prensa crítica.
A su carta, sin embargo, no le faltaron cuestionamientos: se le señaló un tono retórico, evasivo y excesivamente literario, más enfocado en rodeos estilísticos que en aclarar con precisión lo fundamental. Omitió, por ejemplo, responder con puntualidad a preguntas simples, como si efectivamente está en proceso de obtener la nacionalidad española y si piensa mudarse a España eventualmente, pese a las airadas críticas a la Corona y a los gobiernos españoles.
Posdata 4
Quien estará hoy en Chilpancingo, Guerrero, es la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, a donde asiste como parte de su gira nacional para supervisar la integración de los Comités Seccionales. En la reunión, la líder nacional de Morena coincidirá con el senador Félix Salgado Macedonio, quien sigue encabezando las encuestas para ser el candidato a la gubernatura en 2027. También estarán presentes la dirigencia estatal de Morena, legisladores locales y federales, presidentas y presidentes municipales, así como los coordinadores territoriales.
En las últimas semanas, Alcalde ha recorrido Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México, donde ya comenzó la instalación de los comités. Según la propia dirigencia, el objetivo es desplegar más de 71 mil 500 comités seccionales en todo el país, la base territorial con la que Morena busca asegurar estructura y control político rumbo a las próximas elecciones.
Con esta estrategia, la dirigente nacional intenta consolidar presencia en los estados clave, reforzar la operación en las zonas donde Morena ha tenido tropiezos y enviar el mensaje de que, pese a los escándalos internos y las tensiones en su cúpula, la maquinaria política del partido sigue en movimiento.
Por cierto, que “Andy” López Beltrán no se ha integrado a las giras. Algo está pasando ahí.
@MarioMal
Internacionales
¿Qué pasa con GAC? Caen sus ventas, aumentan inventarios y la Bolsa de Shanghái pide explicaciones
La Bolsa de Shanghái pidió a GAC Group detalles sobre el desempeño de su negocio automotriz durante 2025, después de que la compañía reportara una combinación de menor demanda, crecimiento de inventarios y un aumento en los costos asociados con la fabricación de vehículos.
GAC, que cotiza en ese mercado bajo la clave 601238, recibió el requerimiento el 30 de enero. La empresa respondió el 15 de marzo mediante un documento de 26 páginas en el que explicó los factores que afectaron sus operaciones durante el año pasado.
Uno de los principales puntos estuvo relacionado con el comportamiento de Trumpchi y AION. Las dos marcas comercializaron 609 mil 242 unidades en 2025, una reducción de 22.83 por ciento frente al año anterior. El menor volumen de ventas tuvo consecuencias sobre la producción y dejó una mayor cantidad de vehículos en existencia.
Los inventarios conjuntos de ambas marcas aumentaron más de 35 por ciento durante el año. GAC describió este comportamiento como una “acumulación pasiva” de unidades terminadas y, ante la posibilidad de colocar parte de esos vehículos por debajo de su valor, elevó sus provisiones a casi cuatro veces el nivel previo.
El ajuste también alcanzó a determinados modelos de AION. En esos vehículos, los precios de venta disminuyeron con mayor rapidez que los costos de fabricación, por lo que la diferencia generó pérdidas adicionales sobre las unidades que permanecían almacenadas.
La menor producción modificó además la estructura de costos de la compañía. Los gastos de mano de obra, depreciación y amortización se distribuyeron entre una cantidad menor de automóviles, lo que llevó a GAC a calcular un incremento de alrededor de 40 por ciento en sus costos fijos por unidad.
La automotriz también aplicó reducciones de precio para estimular la demanda. En algunos de sus principales modelos, los descuentos se ubicaron generalmente entre 15 mil y 30 mil yuanes, equivalentes a unos 2 mil 232 y 4 mil 464 dólares. Con estas medidas, la empresa buscó elevar la comercialización en un contexto de menor volumen de ventas.
El deterioro de las condiciones del negocio no quedó limitado a las marcas propias de GAC. En su información a la Bolsa de Shanghái, el grupo incluyó la situación de sus empresas conjuntas, entre ellas GAC Honda, que reconoció un deterioro de activos cercano a 700 millones de yuanes, unos 104 millones de dólares.
GAC Honda también inició modificaciones en su infraestructura industrial, con el retiro, cierre o modernización de instalaciones destinadas a estampado, soldadura, pintura y ensamble. Los datos del grupo muestran que la participación de las marcas japonesas en las ventas de automóviles de pasajeros pasó de 24.1 por ciento en 2020 a 9.7 por ciento cinco años después.
En GAC Honda, además, más de 95 por ciento de las ventas de los últimos tres años correspondieron a vehículos con motores de combustión. En el conjunto de la operación automotriz de GAC, la combinación de menores ventas, mayores costos por unidad, inventarios más altos y ajustes en sus empresas conjuntas quedó bajo revisión de la Bolsa de Shanghái a partir de la información presentada por la compañía sobre sus resultados de 2025.
Nacionales
SiGMA North America pone el foco en regulación e innovación del juego en México
La discusión sobre el futuro de la industria del juego regulado en México tuvo esta semana un punto de encuentro en SiGMA North America 2026, cuya primera edición reunió en la Ciudad de México a autoridades, empresarios y especialistas, justo cuando el Gobierno federal prepara una propuesta para actualizar la legislación vigente desde 1947.
El encuentro se celebró los días 2 y 3 de septiembre en Centro Banamex, con la participación de representantes de los sectores de juego regulado, esports, fintech, inteligencia artificial, blockchain, pagos digitales y ciberseguridad. La regulación, la innovación tecnológica y el crecimiento sostenible estuvieron entre los principales temas de discusión.
La inauguración contó con Edgar Ciceño Velasco, titular de la Unidad de Inteligencia Económica Global y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030, en representación de la Secretaría de Economía; Omar Monroy, titular de Convenciones y Congresos del Fondo de Desarrollo Turístico; Genaro Lozano, embajador de México en Italia, Malta y San Marino, y Eman Pulis, fundador de SiGMA World.
Durante la apertura, Ciceño Velasco señaló que la realización de SiGMA en el país refleja la creciente relevancia de México y Latinoamérica dentro de una industria cada vez más relacionada con los servicios digitales, fintech, inteligencia artificial y el desarrollo de nuevos modelos de negocio.
El encuentro coincidió con una definición relevante para el sector. Este jueves, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Gobierno federal prácticamente concluyó la revisión interna sobre casinos y centros de apuestas y ya cuenta con una propuesta para renovar el marco legal.
“Ya tenemos una propuesta de ley, todavía la vamos a poner a consideración del Gabinete de Seguridad, pero ya la hemos estado viendo con diferentes instancias”, señaló Rodríguez. La funcionaria agregó que la propia industria ha solicitado una actualización de la legislación.
La primera edición de SiGMA North America se desarrolló así en medio de la discusión sobre las reglas que definirán la siguiente etapa del sector en México. La eventual actualización de una legislación que data de 1947 abre un nuevo escenario para una industria que en los últimos años ha incorporado tecnologías, plataformas y modelos de negocio que no existían cuando se diseñó el marco jurídico actual. DA
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Aseguran tres predios en Ciudad Juárez por presunta red de combustible; investigan vínculo con LPE Transportes
Una investigación iniciada tras el hallazgo de una toma clandestina de hidrocarburos en Ciudad Juárez llevó al aseguramiento de tres predios, donde las autoridades buscan establecer la posible operación de una red dedicada al almacenamiento y distribución ilegal de diésel.
Entre los elementos que forman parte de las indagatorias se encuentra LPE Transportes, empresa dedicada al transporte de personal. Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución judicial que determine que la compañía haya cometido algún delito.
¿Qué encontraron las autoridades?
Uno de los inmuebles asegurados está ubicado frente a Riberas del Bravo, en el cruce de Puerto de Dunquerque y Hermenegildo Luna, y permanece bajo resguardo de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano.
Reportes publicados el 23 de julio de 2026 señalaron que en ese sitio fueron localizados autobuses utilizados para transporte de personal, además de estructuras que aparentaban haber sido empleadas para el despacho de combustible. Estos elementos forman parte de la evidencia que deberá ser revisada por las autoridades para determinar su relación con la investigación.
La indagatoria tiene como antecedente el descubrimiento de una toma clandestina en la zona de El Sauzal. Después de ese hallazgo se realizaron aseguramientos en otros puntos, con el objetivo de determinar si existe una conexión entre los inmuebles y establecer la posible ruta del hidrocarburo.
Las versiones periodísticas sobre el caso apuntan a una operación con capacidad para movilizar cientos de miles de litros de combustible al año. No obstante, el volumen y el destino del diésel aún requieren confirmación mediante documentación oficial y las pruebas que formen parte de la carpeta de investigación.
El origen del combustible, una de las claves
Uno de los aspectos que deberán esclarecer las autoridades es la forma en que el combustible habría sido adquirido, almacenado, trasladado y distribuido.
Para determinar esa ruta será necesario revisar documentos fiscales, registros de compra, movimientos financieros, bitácoras de vehículos, permisos y otros elementos que permitan establecer la trazabilidad del diésel. La presencia de infraestructura para el manejo de hidrocarburos, por sí sola, tampoco permite determinar quién la utilizó o cuál era su propósito.
Otro dato incorporado al contexto de las indagatorias es el crecimiento de la flota de LPE Transportes. En agosto de 2025, la empresa adquirió 28 autobuses modelo 2026, marca Internacional Zafiro GT, con calefacción, aire acondicionado y conexión WiFi.
La incorporación de estas unidades refleja una ampliación de la capacidad operativa de la compañía, pero no acredita que los recursos destinados a la compra tuvieran un origen ilícito. Para establecerlo se requeriría una revisión financiera que, hasta ahora, no ha sido acreditada públicamente.
El costo del combustible también forma parte del contexto del sector. El diésel representa uno de los principales gastos para las empresas de transporte y, durante 2026, operadores de Ciudad Juárez reportaron presión sobre sus costos a causa del incremento del combustible.
Esa situación puede explicar el interés económico que tendría el uso de combustible de procedencia ilegal para cualquier operador, pero no constituye evidencia de que LPE Transportes haya recurrido a esa práctica. Para establecer una relación sería necesario acreditar el origen y destino del combustible utilizado por sus unidades.
¿Quiénes aparecen vinculados a la investigación?
En las versiones difundidas sobre el caso también figuran Jorge Ortega Trejo, conocido como “El Contador”, y Eduardo Ortega Ramírez, señalados por posibles vínculos con la estructura bajo investigación.
Hasta la fecha de corte no existe información oficial que confirme una imputación, una orden de aprehensión o una sentencia contra ellos. Por ello, los señalamientos forman parte de una línea de investigación y no constituyen una determinación de responsabilidad.
La investigación deberá establecer, con base en pruebas, si existe alguna relación entre LPE Transportes, los tres predios asegurados y la presunta red de combustible ilegal, además de determinar el origen del hidrocarburo y de los recursos involucrados.
Por ahora, los aseguramientos confirman la existencia de una investigación en curso, pero no permiten atribuir responsabilidad penal a la empresa o a las personas mencionadas. Cualquier conclusión deberá derivar de las pruebas reunidas y de las determinaciones de las autoridades competentes.
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