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La red de corrupción que no deja de saquear a Pemex

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Opinión de Raúl Rodríguez | El Universal |

La detención en Estados Unidos el miércoles pasado del exdirector de Pemex, Carlos Alberto Treviño (acusado de recibir sobornos por el también exdirector de la petrolera y hoy en prisión domiciliaria Emilio Lozoya Austin) reabrió el debate sobre la escandalosa corrupción imperante en la más importante empresa pública del país.

Según cuentan algunos de sus colaboradores, Treviño solo vio una vez al expresidente Peña Nieto y guardaba como recuerdo en el escritorio de su oficina en Pemex, un periódico con la fecha de su nombramiento, lo que de alguna manera ilustra -agregan- su posición como un operador visible, sí, pero de ninguna manera como el verdadero poder en la paraestatal.

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Así que Treviño solo es el rostro de una red articulada por el también exdirector de Pemex y luego secretario de Hacienda en el sexenio de EPN, José Antonio González Anaya, y un grupo político capaz de sobrevivir al cambio de sexenio.

Pepe Toño, como le dicen sus conocidos, tiene vínculos familiares con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y con Jerónimo Gerard, este último cuñado de ambos y quien curiosamente fue uno de los grandes ganadores de la reforma petrolera impulsada por Peña Nieto que lo benefició con yacimientos petroleros que después puso a la venta a extranjeros.

Y es precisamente en ese entramado en el que operaron tres personajes clave: René Curiel Obscura, Juan Pablo Newman Aguilar y Rodrigo Becerra Mizuno.

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El Wall Street Journal reveló el 11 de octubre de 2019 que la firma israelí Black Cube sostuvo once reuniones encubiertas en la CDMX, Nueva York y Londres, en las que sus ejecutivos se hicieron pasar por inversionistas árabes. De esas operaciones resultaron decenas de horas de grabaciones en las que altos funcionarios del Pemex describen con precisión los mecanismos de soborno utilizados para obtener contratos.

En ese sistema, René Curiel jugó un papel central. Con González Anaya fue jefe de la oficina de la dirección general, un operador político-administrativo con acceso directo a todas las áreas y capacidad de destrabar o congelar decisiones. Cuando González Anaya pasó a la titularidad de Hacienda (2017), Curiel lo acompañó. Sorprendentemente, ya con el gobierno de la 4T y el agrónomo Octavio Romero Oropeza al frente de la paraestatal (2018), Curiel reapareció como Titular de la Unidad de Responsabilidades en Pemex Exploración y Producción. Desde esa posición blindó a esta red de exfuncionarios de auditorías e investigaciones. El caso de Curiel explica cómo el grupo preservó su protección más allá de los cambios políticos, y evidencia la poca atención del agrónomo a los asuntos internos de la empresa.

Juan Pablo Newman fue director corporativo de Finanzas (2016-enero 2018). Más allá de cifras o balances, su verdadero poder estuvo en las cuentas por pagar a contratistas y proveedores. A ello se suma su corresponsabilidad en el descontrol del endeudamiento de Pemex. Newman es un ejemplo de la decadencia de la tecnocracia en Pemex. Cuando González Anaya dejó Pemex para irse a Hacienda, Newman se incorporó a esa secretaría, desde la que conservó el control del dinero de la petrolera.

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Como director corporativo de Tecnologías de la Información de Pemex, Rodrigo Becerra Mizuno firmó el contrato más sospechoso de ese período: prácticamente todo el presupuesto del área se destinó a Microsoft, de la que fue ejecutivo en Asia. Pese al claro conflicto de interés, avaló un multimillonario acuerdo aún vigente y concentró capacidades críticas en un solo proveedor. La llamada “modernización” se redujo a dependencia: contratos costosos, compromisos opacos y la estratégica tecnología de la información capturada por una sola empresa expuesta a riesgos de hackeos.

Los audios de Black Cube confirman que la corrupción en Pemex no es cosa de un par de empleados y/o directivos, sino que hay una red en la que seguramente figuran también los tres exfuncionarios de la petrolera sobornados para obtener contratos por dos empresarios mexicanos residentes en Texas: Alexandro Rovirosa, residente de Roma Energy Holdings, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, excandidato priista a la gubernatura de Campeche; de acuerdo con una denuncia presentada el lunes pasado (11 de agosto) por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Y así, mientras Treviño está detenido, otros actores de esa trama están libres, agazapados y blindados por una red de corrupción.

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Un despojo disfrazado de inversión

El empresario Aldo Micheletti, hijo del expresidente de Honduras, Roberto Micheletti Baín, llegó a México en 2023 con jugosas promesas de inversión para la región de El Bajío, de las que hoy solo se alcanza a ver rastros de deudas e impuestos evadidos, además de una demanda colectiva de trabajadores interpuesta en un tribunal laboral.

Como director del holding estadounidense American Milling and Manufacturing Industries (AMMI), Aldo Micheletti fundó en Salamanca, Guanajuato, la empresa “Millfoods”, una enorme planta agroindustrial de productos derivados del maíz no transgénico, insumos básicos para la producción de cerveza, lo que la llevó a una alianza estratégica comercial con Grupo Modelo.

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Aparentemente todo iba bien con “Millfoods”, pero un adeudo de cinco millones de pesos a los trabajadores de la planta destapó otras millonarias deudas con técnicos, proveedores y laboratoristas, algunos de los cuales ya llevan más de un año en espera de que se les pague lo que legalmente les corresponde, mientras que la empresa no deja de percibir ingresos y utilidades.

Alejandro Lara, director financiero de la empresa Estructuras Metálicas de Puebla, uno de los proveedores afectados, confirma a este espacio que los incumplimientos de “Millfoods” les han generado un daño patrimonial directo y los han dejado sin flujo de efectivo pues llevan más de un año en espera del pago por una obra ya entregada y funcional.

El sindicato “Cinco de Febrero” de la Industria de Transportistas, Materialistas y Conexos del Estado de Guanajuato, uno de los más influyentes de El Bajío, es otro afectado pues unos seiscientos de sus afiliados también esperan pagos desde hace más de un año.

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Ante la negativa de la empresa a conciliar, los afectados iniciaron un proceso legal en el Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Guanajuato, para resolver este conflicto que no solamente desnuda a “Millfoods” como empresa, sino a un modelo económico que permite el despojo disfrazado de inversión.

Pero lo grave no son solamente los adeudos. También lo es la estrategia del engaño y el uso de influencias político-diplomáticas. Veámoslas por partes.

“Millfoods” tuvo una buena acogida al promoverse y presentarse como la más grande y moderna en su tipo, con una inversión de 300 millones de dólares que generaría mil empleos y beneficiaría a veinte mil productores de maíz de El Bajío. Fue inaugurada el 17 de agosto de 2023 en presencia de la entonces secretaria de Economía y hoy secretaria de buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro, y el exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez.

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La empresa se convirtió en el principal proveedor de Grupo Modelo con el que acordó una alianza operativa y utilizó su marca y reputación para posicionarse como una apuesta confiable. Comunicados conjuntos, actos públicos y fotografías institucionales presentaron a Grupo Modelo como aval del proyecto. Hoy la cervecera aparece como corresponsable en las demandas laborales sobre las que el jueves 7 de agosto se citó a audiencia sin que los demandados asistieran.

De Honduras a Guanajuato: la herencia de impunidad

Queda claro que, para facilitar sus negocios en México, Aldo Micheletti echó mano de la privilegiada posición de su padre Roberto cuando fue presidente de facto de Honduras en el breve período del 28 de junio de 2009 al 27 de enero de 2010.

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Fue nombrado presidente por el Congreso que él mismo encabezaba, luego del golpe de Estado militar que derrocó al mandatario legalmente electo Manuel Zelaya Morales, hoy primer caballero y jefe de asesores de su esposa la presidenta Xiomara Castro.

Roberto Micheletti Baín dejó su país dividido, afectado por una severa crisis político-económica y con acusaciones de corrupción y saqueo. En su país es considerado prófugo de la justicia y según trasciende en reconocidos medios hondureños como el periódico “El Libertador”, pudiera estar radicando en México, específicamente en la zona de Polanco de la CDMX, donde tiene su residencia su hijo Aldo.

Los apellidos pesan y en el caso de Aldo Micheletti pesan tanto que arrastran una sombra que cruza fronteras. En círculos empresariales y periodísticos, el caso “Millfoods” en Salamanca se ve como una extensión del patrón de impunidad que marcó a su padre en Honduras.

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Hasta la fecha, el gobierno federal y el de Guanajuato se han refugiado en el silencio absoluto. Ni la mandataria Libia Denisse García Muñoz Ledo ni la exsecretaria de Economía, Raquel Buenrostro han dado la cara.

rrodriguezangular@hotmail.com

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Morena no es México, no se engañen

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Opinión de Jorge Romero Herrera

El pasado fin de semana, fuimos testigos de dos eventos que mostraron fielmente lo que ya había descrito en pasadas colaboraciones: en México no estamos hablando ya únicamente de una diferencia partidista. Estamos hablando de dos visiones completamente distintas de país.

Por un lado, un oficialismo desesperado encabezado por la propia presidenta de la República que defiende, protege y blinda a sus personajes acusados de involucrarse con bandas de criminales -a costa de poner en riesgo al país-, y del otro lado, quienes siguen creyendo en la libertad, en la legalidad y en la necesidad de construir un México donde el Estado no se arrodille frente al crimen organizado y el combatirlo no genere la persecución política y el descrédito.

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Lo vivido este sábado en Chihuahua nos llena de orgullo y de esperanza. Fue una demostración contundente de que no podemos rendirnos. Se sintió en el ambiente. Se vibró en cada mensaje. Se reflejó en la presencia de miles de chihuahuenses que salieron a defender a una gobernadora que no se ha escondido ni un instante y que ha enfrentado cada ataque con determinación y carácter. Chihuahua habló fuerte y claro. No fue una movilización impulsada por el miedo. Fue una movilización impulsada por la convicción de que cuando se comete una injusticia, la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de levantar la voz.

En Acción Nacional estamos con Maru. Lo estamos porque creemos en ella, porque conocemos su trayectoria, porque sabemos de los resultados que ha entregado a las familias chihuahuenses y porque reconocemos, como millones de mexicanas y mexicanos, que lo que hoy enfrenta tiene todos los elementos de una persecución política. Ella tiene el respaldo de su estado, de su partido y de millones de mexicanas y mexicanos en todo el país que observan con preocupación cómo las instituciones del Estado comienzan a utilizarse con criterios políticos y no jurídicos porque ese es el fondo del problema.

Mientras una gobernadora de oposición es sometida a una presión permanente por haber enfrentado al crimen organizado y por haber cumplido con su deber, vemos cómo personajes cercanos al oficialismo reciben protección, silencio o explicaciones que buscan justificar lo injustificable, por eso resulta tan revelador lo ocurrido con el intento de juicio político promovido contra Maru Campos.

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Hicieron anuncios, convocaron conferencias, generaron titulares y pretendieron construir una narrativa de culpabilidad anticipada. Sin embargo, cuando llegó el momento de sostener jurídicamente sus acusaciones, ni siquiera fueron capaces de ratificar la solicitud dentro del plazo legal establecido.

La propia presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Kenia López Rabadán, confirmó que el plazo venció y que los promoventes no acudieron a ratificar su petición. Así terminó un episodio que demuestra que muchas veces el objetivo no es encontrar justicia, sino fabricar escándalos, crear cortinas de humo.

Por eso, a lo largo del encuentro, una consigna fue cobrando fuerza hasta convertirse en la voz de miles de personas: Yo con Maru. No es solamente un lema. Es una definición. Es una manera de decir que estamos del lado de quien enfrenta al crimen y no del lado de quien lo tolera y hay una imagen que retrata perfectamente el momento que vive el país. Por eso miles de panistas en todo México nos hemos puesto con orgullo la camiseta de “Yo con Maru”. Lo hicimos en Chihuahua. Lo hicieron nuestras senadoras y senadores. Lo han hecho dirigentes, legisladores y ciudadanos. En contraste, no hemos visto a un solo morenista ponerse una camiseta que diga “Yo con Rocha”. Ni uno solo, esa diferencia no es casualidad. Cuando hay convicción. Cuando existe certeza moral. Por eso unos salen a defender con orgullo y otros prefieren guardar silencio, por eso unos dan la cara y otros se esconden detrás de comunicados. Preocupa que, frente a los escándalos que involucran a figuras relevantes de Morena en distintos puntos del país, la respuesta del gobierno siga siendo la misma: envolver cualquier cuestionamiento legítimo en una narrativa de confrontación entre patriotas y “traidores” que solo existen en su imaginario. En lugar de aclarar dudas, investigar responsabilidades o rendir cuentas, se recurre al discurso de la soberanía, la defensa de la patria y la transformación como un escudo político para descalificar a quienes exigen explicaciones. Que les quede muy claro: nadie está en contra de México ni del amor a nuestra patria. Nadie está atacando a México. Morena no es México. Es preocupante utilizar esos sentimientos compartidos por millones de mexicanas y mexicanos para desviar la atención de problemas concretos. La defensa de la soberanía nacional no puede convertirse en una excusa para evitar la rendición de cuentas, ni el respaldo popular puede sustituir la obligación constitucional de transparentar decisiones y esclarecer conductas indebidas de servidores públicos o dirigentes partidistas. No vamos a aceptar que se persiga a quienes combaten al crimen mientras se protege a quienes están rodeados de cuestionamientos. No podemos aceptar que existan gobernadores de primera y gobernadores de segunda dependiendo del color de su partido. En Acción Nacional no tenemos dudas sobre de qué lado estamos. Frente a los intentos de intimidación y al uso faccioso de las instituciones, estaremos junto a Maru Campos porque sabemos que esta causa trasciende a una persona o a un gobierno. Lo que está en juego es algo mucho más importante: el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a vivir en un país donde la ley se apliquen con imparcialidad y donde pensar distinto no sea motivo de persecución. Por eso, desde Chihuahua se envía hoy un mensaje que debe escucharse en todo México: no van a dividirnos, no van a doblegarnos y no van a lograr que guardemos silencio frente a una injusticia. Mientras desde el oficialismo el mensaje es de desesperación, impunidad y contubernio. POR JORGE ROMERO HERRERA PRESIDENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

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Sheinbaum relanza al PAN

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Opinión de Juan Ignacio Zavala | El Heraldo de México |

Lo que el PAN rompió, lo pega Claudia. Jorge Romero, presidente del PAN, ha intentado de manera infructuosa poner a su partido en la órbita de la opinión pública. También ha hecho intentos de reconstruir las relaciones rotas hace mucho tiempo en ese partido con poco éxito. Ha intentado acercarse a los dos expresidentes salidos de ese partido y siempre ha tenido palabras amables para ellos, pero nada de un evento juntos. El PAN continuaba igual que antes: a la deriva y sin causas visibles.

Hasta que Claudia Sheinbaum decidió atacar de frente a la gobernadora panista Maru Campos. En efecto, la Presidenta y su partido emprendieron una ruda ofensiva en contra de la chihuahuense, que jamás se imaginó estar en medio de una polémica nacional y que su nombre destacara en todos los noticieros y redes sociales. El PAN entendió que era su oportunidad de oro y montó enseguida una defensa de su gobernadora y la arroparon desde un inicio. Campos se dedicó a dar entrevistas por doquier y a denunciar la persecución en su contra. Finalmente, la oposición panista tenía una causa propia y quien la representara.

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Se puede decir que este “relanzamiento del PAN” corrió a cargo de Claudia Sheinbaum. Fue ella la que empezó los ataques contra Campos y, más aún, insiste en mantener los señalamientos. Ya ha sido muy comentado que la intención oficial es igualar los marcadores de la denuncia estadounidense por Rocha Moya, Inzunza y demás morenistas que son reclamados por la justicia de ese país. Por eso a sus gobernantes calificados como narcos quieren equiparar a una panista acusada de traición a la patria por transgredir la ley en la cooperación con la CIA. No es poca cosa. Y en lo que deciden qué hacer con los morenistas y sus relaciones con el crimen organizado, han comenzado un proceso contra la gobernadora de Chihuahua. Con la diferencia de que todo lo que sucede con la chihuahuense lo sabe la población: la acusación, el citatorio, las fecha del citatorio, el recibimiento de éste, quiénes lo entregaron y quiénes lo recibieron. Todo. En el caso de Rocha Moya e Inzunza no sabemos nada. Ellos dijeron que fueron a la FGR, pero nadie vio nada, todo lo hacen a escondidas.

Al igual que en su informe del día de ayer, parece que la Presidenta ha escogido el combate al crimen como eje discursivo para compararse con los gobiernos pasados y marcar una diferencia con Estados Unidos. Su problema no es de discurso, sino de realidad, pues los señalados son de su partido y parece que vienen varios nombres más de esos que la Presidenta les dice “compañeros de lucha”.

El fin de semana, en Chihuahua, los panistas armaron un evento de apoyo a Maru Campos. Lo que quedó claro es que el panismo ya tiene un grito en la calle y se está organizando para dar la batalla en un campo de acción que tendrá que ver con el combate al crimen organizado. En ese evento estuvieron juntos Felipe Calderón y Vicente Fox, algo que no sucedía desde hace años. Los expresidentes panistas se mostraron felices de estar arengando a la gente nuevamente, los panistas muy contentos de tener sus líderes de nivel nacional juntos, y todo gracias a doña Claudia. Nadie sabe para quién trabaja.

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POR JUAN IGNACIO ZAVALA

@juanizavala

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Incongruencias

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Opinión de Raymundo Riva Palacio

¿Cómo funciona la mente de la presidenta Claudia Sheinbaum? Uno de sus atributos ha sido su formación de científica que utiliza el método científico para generar conocimiento, mediante el análisis de datos basados en evidencias y formular soluciones a los problemas. Sin embargo, después de dos años en el poder, puso seis metros bajo tierra a la cientificidad. Como vieron el domingo, el pragmatismo tecnocrático que mostró en el arranque de su sexenio, lo cambió por la ideología. Su sesgo incubado la sacó del clóset y redefinió su gobierno, la relación con Estados Unidos y, de seguir lo que trazó, la historia mexicana.

Sepultada la cabeza fría y finalmente expuesta su sangre caliente, la presidenta, tardó menos de 24 horas en mostrar la incongruencia intelectual del momento cúspide de su discurso para conmemorar su triunfo electoral hace dos años, la denuncia del intervencionismo de Estados Unidos en la política interna de México y en las elecciones intermedias del próximo año. Lo hizo hablando ayer de Colombia, al sumarse a la posición del presidente Gustavo Petro, y señalar posible fraude en las elecciones presidenciales en ese país. ¿Por qué tenía que meterse?

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No hay ninguna diferencia entre lo que denunció del gobierno de Donald Trump y lo que declaró sobre las elecciones en Colombia. Fue tan injerencista como Trump, mostrando la debilidad de su argumento y la forma sesgada y maniquea cómo ve la intromisión en los asuntos internos de otros países: si es para apoyar a gobiernos con quienes tiene identificación ideológica y política, o cuestionar a gobiernos que piensan diferente al suyo, no hay intervencionismo. Todo lo demás, sí. Su mente funciona con parcialidad de variables, donde excluye todas aquellas que son relevantes, pero no se ajustan a su pensamiento.

Esta contradicción es lo que funcionarios estadounidenses califican como una hipocresía. Ella, quizás, ni siquiera lo puede ver. En Barcelona, donde acudió a un encuentro de líderes convocados por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se tomó una fotografía con un letrero donde pedía “justicia” para Cristina Fernández, la expresidenta argentina que está en prisión domiciliaria por un fraude de más de 500 millones de dólares. Sheinbaum ignoró, o no cree, que Fernández fue estuvo involucrada en un escandaloso caso de corrupción institucional y que pasó por la justicia argentina.

No ha cuidado tampoco su inclinación y pleno respaldo por el expresidente de Perú, Pedro Castillo -incluso recibió en Palacio Nacional a su abogado-, que fue condenado a 15 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión, tras un fallido autogolpe en 2022. La presidenta ha dicho que es una “injusticia” porque fue él quien cayó por un golpe de Estado y es víctima de persecución política. La justicia peruana tiene otros datos.

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Con Ecuador mantiene un diferendo heredado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que le dio asilo al exvicepresidente Jorge Glas en 2023, pese a haber sido condenado por corrupción y estar sujeto a proceso por otros delitos. En reacción a ello, el presidente Daniel Noboa autorizó el asalto a la Embajada de México en Quito, violando tratados internacionales. Sheinbaum no ha resuelto el conflicto diplomático, y ha asegurado que no restablecerá las relaciones mientras Noboa siga siendo presidente.

Sheinbaum ha sido declarada persona non-grata en esos países, una categoría que solo comparte con dos expresidentes mexicanos, Vicente Fox y Felipe Calderón, que recibieron el mismo tratamiento por el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por criticar el estado de la democracia en ese país. La presidenta, por el contrario, buscó coordinar acciones latinoamericanas para defender a Maduro cuando Estados Unidos intervino Venezuela para extraerlo y llevarlo ante los tribunales en Brooklyn, acusado de narcotráfico.

La presidenta, como antes lo hizo López Obrador, nunca se pronunció contra la falta de libertades en Cuba, Nicaragua y la Venezuela chavista, cuyos regímenes dictatoriales apoyó sin matices. Ella es parte de un movimiento que lleva ocho años en Palacio Nacional, que abiertamente intervino en las elecciones en Estados Unidos, cuando López Obrador pidió votar contra los republicanos, enviando recursos disfrazados de presupuesto para los consulados para hacer activismo político.

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En su decantamiento por Petro e intervencionismo en los asuntos internos de Colombia, la presidenta dijo que previamente a las elecciones de este domingo había habido una ofensiva mediática y campañas de desinformación impulsadas por una red internacional, que fue una de sus denuncias el domingo, como parte de una conspiración de la ultraderecha internacional y de Estados Unidos.

Pero no impidió, sino al contrario, permitió que su coordinador de asesores, Jesús Ramírez Cuevas, el jefe de la propaganda obradorista e ideólogo de la polarización, financiara un canal dirigido por el español Pablo Iglesias -que es asesor de Sheinbaum-, por donde entró la maquinaria de propaganda del Kremlin, que se ha documentado generó por años campañas de desinformación a través de noticias falsas para incidir en procesos electorales en Estados Unidos y provocar desestabilización.

La posición binaria de Sheinbaum sobre el injerencismo y el intervencionismo es muy propio de la cultura del obradorismo, al igual que la discrecionalidad con la que aplican la Doctrina Estrada, siempre a flor de boca de la presidenta, pero que se aplica acorde de sus filias y fobias ideológicas. Esta dualidad intelectual y política la quita espacios de maniobra frente a Estados Unidos y anula sus demandas de no intervencionismo. Para poder mantener esa posición con eficacia, requiere de tener una autoridad política y diplomática, además de moral. Si no la tiene, ¿cómo puede esperar que la tomen en serio cuando aplica en otros lo que no quiere que le hagan a ella?

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Funcionar bajo un pensamiento con parcialidad de variables, lleva en política a diagnósticos equivocados y conclusiones fallidas. Le ha quitado coherencia diplomática a su discurso -perdiendo autoridad en el mundo, cuando alguna vez fue respetado por la consistencia de sus principios-, y potencia argumentativa. La presidenta sigue perdiendo credibilidad y no lo ve de esa manera, lo que explica su posición intervencionista en Colombia.

No puede esgrimir neutralidad y tener la fuerza para denunciar el intervencionismo de Washington, porque su palabra ha perdido credibilidad frente a Estados Unidos. Al perder consistencia con su doble rasero de la autodeterminación, quedó expuesta por la mezcla de soberanía con protección política de criminales que hizo en su discurso, en momento donde su endurecimiento también existe del otro lado del Río Bravo.

rrivapalacio2024@gmail.com

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