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Una investigación iniciada tras el hallazgo de una toma clandestina de hidrocarburos en Ciudad Juárez llevó al aseguramiento de tres predios, donde las autoridades buscan establecer la posible operación de una red dedicada al almacenamiento y distribución ilegal de diésel.
Entre los elementos que forman parte de las indagatorias se encuentra LPE Transportes, empresa dedicada al transporte de personal. Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución judicial que determine que la compañía haya cometido algún delito.
¿Qué encontraron las autoridades?
Uno de los inmuebles asegurados está ubicado frente a Riberas del Bravo, en el cruce de Puerto de Dunquerque y Hermenegildo Luna, y permanece bajo resguardo de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano.
Reportes publicados el 23 de julio de 2026 señalaron que en ese sitio fueron localizados autobuses utilizados para transporte de personal, además de estructuras que aparentaban haber sido empleadas para el despacho de combustible. Estos elementos forman parte de la evidencia que deberá ser revisada por las autoridades para determinar su relación con la investigación.
La indagatoria tiene como antecedente el descubrimiento de una toma clandestina en la zona de El Sauzal. Después de ese hallazgo se realizaron aseguramientos en otros puntos, con el objetivo de determinar si existe una conexión entre los inmuebles y establecer la posible ruta del hidrocarburo.
Las versiones periodísticas sobre el caso apuntan a una operación con capacidad para movilizar cientos de miles de litros de combustible al año. No obstante, el volumen y el destino del diésel aún requieren confirmación mediante documentación oficial y las pruebas que formen parte de la carpeta de investigación.
El origen del combustible, una de las claves
Uno de los aspectos que deberán esclarecer las autoridades es la forma en que el combustible habría sido adquirido, almacenado, trasladado y distribuido.
Para determinar esa ruta será necesario revisar documentos fiscales, registros de compra, movimientos financieros, bitácoras de vehículos, permisos y otros elementos que permitan establecer la trazabilidad del diésel. La presencia de infraestructura para el manejo de hidrocarburos, por sí sola, tampoco permite determinar quién la utilizó o cuál era su propósito.
Otro dato incorporado al contexto de las indagatorias es el crecimiento de la flota de LPE Transportes. En agosto de 2025, la empresa adquirió 28 autobuses modelo 2026, marca Internacional Zafiro GT, con calefacción, aire acondicionado y conexión WiFi.
La incorporación de estas unidades refleja una ampliación de la capacidad operativa de la compañía, pero no acredita que los recursos destinados a la compra tuvieran un origen ilícito. Para establecerlo se requeriría una revisión financiera que, hasta ahora, no ha sido acreditada públicamente.
El costo del combustible también forma parte del contexto del sector. El diésel representa uno de los principales gastos para las empresas de transporte y, durante 2026, operadores de Ciudad Juárez reportaron presión sobre sus costos a causa del incremento del combustible.
Esa situación puede explicar el interés económico que tendría el uso de combustible de procedencia ilegal para cualquier operador, pero no constituye evidencia de que LPE Transportes haya recurrido a esa práctica. Para establecer una relación sería necesario acreditar el origen y destino del combustible utilizado por sus unidades.
¿Quiénes aparecen vinculados a la investigación?
En las versiones difundidas sobre el caso también figuran Jorge Ortega Trejo, conocido como “El Contador”, y Eduardo Ortega Ramírez, señalados por posibles vínculos con la estructura bajo investigación.
Hasta la fecha de corte no existe información oficial que confirme una imputación, una orden de aprehensión o una sentencia contra ellos. Por ello, los señalamientos forman parte de una línea de investigación y no constituyen una determinación de responsabilidad.
La investigación deberá establecer, con base en pruebas, si existe alguna relación entre LPE Transportes, los tres predios asegurados y la presunta red de combustible ilegal, además de determinar el origen del hidrocarburo y de los recursos involucrados.
Por ahora, los aseguramientos confirman la existencia de una investigación en curso, pero no permiten atribuir responsabilidad penal a la empresa o a las personas mencionadas. Cualquier conclusión deberá derivar de las pruebas reunidas y de las determinaciones de las autoridades competentes.
