Opinión de Raymundo Riva Palacios | El Financiero |

La visa del senador Adán Augusto López Hernández, una de las personas más cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido revocada como parte de la profundización de la investigación en Estados Unidos por sus presuntos lazos con el crimen organizado.

Las malas noticias continúan llegando al gobierno de México. La última fue la confirmación de que la visa del senador Adán Augusto López Hernández, una de las personas más cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido revocada como parte de la profundización de la investigación en Estados Unidos por sus presuntos lazos con el crimen organizado. No hay detalles sobre la investigación en su contra, pero la pista que se le sigue desde el año pasado es conocida por el gobierno.

El interés en el senador se descubrió aquí en septiembre, cuando, tras el encuentro del secretario de Estado, Marco Rubio, con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, le entregaron al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fichas de López Hernández sobre su involucramiento en el contrabando de combustible desde el sur del país, distinto al que manejaba el empresario Sergio Carmona en Tamaulipas y el norte del país, con el cual financió ocho campañas para gobernador en 2021 (https://shorturl.at/kX61R).

La información que recibió García Harfuch fue la razón de la insistencia de la presidenta para que aceptara una embajada, que López Hernández se negó siquiera a considerar. Respaldado por López Obrador, se mantuvo al frente de la coordinación de Morena en el Senado, hasta que finalmente renunció a ella en febrero. López Hernández, sin embargo, no fue sujeto de ninguna investigación en México, que es lo que sugería Rubio que se llevara a cabo, en buena parte porque esta carpeta habría tocado a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, sobre el cual existen evidencias en los dos países de su presunto involucramiento en el huachicol fiscal.

Las autoridades estadounidenses han cuestionado, en sus conversaciones con las mexicanas, la debilidad de las acciones contra Hernán Bermúdez Requena, a quien López Hernández nombró secretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco, desde donde fundó la organización criminal La Barredora, que era el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación en el sur del país. Esa organización se extendió a la frontera con Guatemala con el respaldo del exgobernador de Chiapas y cuñado del senador, Rutilio Escandón, actual cónsul en Miami, sobre el cual ya se abrió una investigación paralela.

La confirmación del Departamento de Estado al gobierno mexicano de la cancelación de la visa del senador levantó las alertas en Palacio Nacional ante la posibilidad de que siga una acción en contra de López Beltrán, o de alguno de los otros dos hijos del primer matrimonio del expresidente, por lo que la cancillería está monitoreando cualquier acción en Washington en contra de la familia del expresidente. Los hijos de López Obrador, en especial Andrés, tiene una cercana relación con el senador, presuntamente en el contrabando de combustible.

El gobierno estadounidense le confirmó al mexicano que las visas de los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, fueron revocadas. Los dos han negado que la información sobre sus visas que dio a conocer el diario Los Angeles Times fuera cierta. La realidad, de acuerdo con la reciente información entregada al gobierno mexicano, es que, junto a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ya son tres los mandatarios en activo contra quienes Estados Unidos está actuando, producto de sus investigaciones sobre las presuntas actividades criminales.

La información que se ha enviado desde Washington, por lo que ha trascendido, no se detendrá en esos gobernadores. Sin que se hayan dado a conocer los nombres de quienes están siendo investigados por sus vínculos con el crimen organizado, incluye a otro número no precisado de gobernadores, diputados, senadores y funcionarios de alto nivel de Morena; y aunque predominan los militantes de ese partido, también hay investigaciones contra funcionarios estatales y locales de otros institutos.

La información de la cancelación de la visa de López Hernández coincidió con una serie de acciones en el Capitolio para fortalecer la lucha contra el huachicol fiscal y ubicar su combate como un asunto de seguridad nacional. El 14 de mayo, el senador republicano, John Cornyn, miembro del Comité de Inteligencia y de Justicia, y la senadora demócrata Jacky Rosen, miembro del Comité de la Fuerzas Armadas y de Relaciones Exteriores, introdujeron una iniciativa de ley para reforzar el papel directo del Departamento de Guerra en el combate al huachicol y colocarlo como un tema de seguridad nacional (https://shorturl.at/AP7yN). La iniciativa se encuentra bajo consideración del Senado.

No es el único presunto crimen por el que lo están investigando. Los servicios de inteligencia estadounidenses han detectado que buscó introducir ganado, aparentemente de Nicaragua, que en realidad provenía de Venezuela, y que creó una red criminal que atraviesa Chihuahua, un estado que tendrá elecciones para gobernador el próximo año, donde respalda con apoyo político y sus financieros, a la senadora Andrea Chávez. La información que se tiene de él, que no está judicializada, menciona lavado de dinero a través de factureras y de empresas que están a nombre de prestanombres vinculados también a Andy, como llaman al segundo hijo de López Obrador.

El senador ha sido discreto, pero eficaz. Su principal financiero, Fernando Padilla, que inyectó dinero en la precampaña de la senadora Chávez y se ha convertido en el principal fondeador de recursos de Iván Silva, que dirige la empresa consultora Heurística y que es el principal estratega electoral de la presidenta. La relación entre Sheinbaum y López Hernández no es buena, y, al igual que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, fue invitado a no asistir al discurso de la presidenta hace dos domingos para celebrar dos años de su victoria en las urnas.

Las investigaciones contra el senador y los tres gobernadores, de acuerdo con la información que se hizo llegar al gobierno mexicano, ha provocado que algunas cuentas de ellos en Estados Unidos ya hayan sido congeladas, y que varias de sus propiedades, estén en proceso de ser embargadas. No se reveló quiénes de los cuatro son los que no pueden utilizar el dinero que tengan en cuentas en aquel país, ni sobre el detalle de las propiedades que asegurarán las autoridades estadounidenses.

López Hernández es uno de los políticos de mayor interés para Estados Unidos, por su presunto papel de haber abierto la puerta de la frontera sur a grupos político-criminales de otros países y por la supuesta red que tejió con el crimen organizado en México.

Opinión de Jorge Romero Herrera

El pasado fin de semana, fuimos testigos de dos eventos que mostraron fielmente lo que ya había descrito en pasadas colaboraciones: en México no estamos hablando ya únicamente de una diferencia partidista. Estamos hablando de dos visiones completamente distintas de país.

Por un lado, un oficialismo desesperado encabezado por la propia presidenta de la República que defiende, protege y blinda a sus personajes acusados de involucrarse con bandas de criminales -a costa de poner en riesgo al país-, y del otro lado, quienes siguen creyendo en la libertad, en la legalidad y en la necesidad de construir un México donde el Estado no se arrodille frente al crimen organizado y el combatirlo no genere la persecución política y el descrédito.

Lo vivido este sábado en Chihuahua nos llena de orgullo y de esperanza. Fue una demostración contundente de que no podemos rendirnos. Se sintió en el ambiente. Se vibró en cada mensaje. Se reflejó en la presencia de miles de chihuahuenses que salieron a defender a una gobernadora que no se ha escondido ni un instante y que ha enfrentado cada ataque con determinación y carácter. Chihuahua habló fuerte y claro. No fue una movilización impulsada por el miedo. Fue una movilización impulsada por la convicción de que cuando se comete una injusticia, la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de levantar la voz.

En Acción Nacional estamos con Maru. Lo estamos porque creemos en ella, porque conocemos su trayectoria, porque sabemos de los resultados que ha entregado a las familias chihuahuenses y porque reconocemos, como millones de mexicanas y mexicanos, que lo que hoy enfrenta tiene todos los elementos de una persecución política. Ella tiene el respaldo de su estado, de su partido y de millones de mexicanas y mexicanos en todo el país que observan con preocupación cómo las instituciones del Estado comienzan a utilizarse con criterios políticos y no jurídicos porque ese es el fondo del problema.

Mientras una gobernadora de oposición es sometida a una presión permanente por haber enfrentado al crimen organizado y por haber cumplido con su deber, vemos cómo personajes cercanos al oficialismo reciben protección, silencio o explicaciones que buscan justificar lo injustificable, por eso resulta tan revelador lo ocurrido con el intento de juicio político promovido contra Maru Campos.

Hicieron anuncios, convocaron conferencias, generaron titulares y pretendieron construir una narrativa de culpabilidad anticipada. Sin embargo, cuando llegó el momento de sostener jurídicamente sus acusaciones, ni siquiera fueron capaces de ratificar la solicitud dentro del plazo legal establecido.

La propia presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Kenia López Rabadán, confirmó que el plazo venció y que los promoventes no acudieron a ratificar su petición. Así terminó un episodio que demuestra que muchas veces el objetivo no es encontrar justicia, sino fabricar escándalos, crear cortinas de humo.

Por eso, a lo largo del encuentro, una consigna fue cobrando fuerza hasta convertirse en la voz de miles de personas: Yo con Maru. No es solamente un lema. Es una definición. Es una manera de decir que estamos del lado de quien enfrenta al crimen y no del lado de quien lo tolera y hay una imagen que retrata perfectamente el momento que vive el país. Por eso miles de panistas en todo México nos hemos puesto con orgullo la camiseta de “Yo con Maru”. Lo hicimos en Chihuahua. Lo hicieron nuestras senadoras y senadores. Lo han hecho dirigentes, legisladores y ciudadanos. En contraste, no hemos visto a un solo morenista ponerse una camiseta que diga “Yo con Rocha”. Ni uno solo, esa diferencia no es casualidad. Cuando hay convicción. Cuando existe certeza moral. Por eso unos salen a defender con orgullo y otros prefieren guardar silencio, por eso unos dan la cara y otros se esconden detrás de comunicados. Preocupa que, frente a los escándalos que involucran a figuras relevantes de Morena en distintos puntos del país, la respuesta del gobierno siga siendo la misma: envolver cualquier cuestionamiento legítimo en una narrativa de confrontación entre patriotas y “traidores” que solo existen en su imaginario. En lugar de aclarar dudas, investigar responsabilidades o rendir cuentas, se recurre al discurso de la soberanía, la defensa de la patria y la transformación como un escudo político para descalificar a quienes exigen explicaciones. Que les quede muy claro: nadie está en contra de México ni del amor a nuestra patria. Nadie está atacando a México. Morena no es México. Es preocupante utilizar esos sentimientos compartidos por millones de mexicanas y mexicanos para desviar la atención de problemas concretos. La defensa de la soberanía nacional no puede convertirse en una excusa para evitar la rendición de cuentas, ni el respaldo popular puede sustituir la obligación constitucional de transparentar decisiones y esclarecer conductas indebidas de servidores públicos o dirigentes partidistas. No vamos a aceptar que se persiga a quienes combaten al crimen mientras se protege a quienes están rodeados de cuestionamientos. No podemos aceptar que existan gobernadores de primera y gobernadores de segunda dependiendo del color de su partido. En Acción Nacional no tenemos dudas sobre de qué lado estamos. Frente a los intentos de intimidación y al uso faccioso de las instituciones, estaremos junto a Maru Campos porque sabemos que esta causa trasciende a una persona o a un gobierno. Lo que está en juego es algo mucho más importante: el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a vivir en un país donde la ley se apliquen con imparcialidad y donde pensar distinto no sea motivo de persecución. Por eso, desde Chihuahua se envía hoy un mensaje que debe escucharse en todo México: no van a dividirnos, no van a doblegarnos y no van a lograr que guardemos silencio frente a una injusticia. Mientras desde el oficialismo el mensaje es de desesperación, impunidad y contubernio. POR JORGE ROMERO HERRERA PRESIDENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Opinión de Juan Ignacio Zavala | El Heraldo de México |

Lo que el PAN rompió, lo pega Claudia. Jorge Romero, presidente del PAN, ha intentado de manera infructuosa poner a su partido en la órbita de la opinión pública. También ha hecho intentos de reconstruir las relaciones rotas hace mucho tiempo en ese partido con poco éxito. Ha intentado acercarse a los dos expresidentes salidos de ese partido y siempre ha tenido palabras amables para ellos, pero nada de un evento juntos. El PAN continuaba igual que antes: a la deriva y sin causas visibles.

Hasta que Claudia Sheinbaum decidió atacar de frente a la gobernadora panista Maru Campos. En efecto, la Presidenta y su partido emprendieron una ruda ofensiva en contra de la chihuahuense, que jamás se imaginó estar en medio de una polémica nacional y que su nombre destacara en todos los noticieros y redes sociales. El PAN entendió que era su oportunidad de oro y montó enseguida una defensa de su gobernadora y la arroparon desde un inicio. Campos se dedicó a dar entrevistas por doquier y a denunciar la persecución en su contra. Finalmente, la oposición panista tenía una causa propia y quien la representara.

Se puede decir que este “relanzamiento del PAN” corrió a cargo de Claudia Sheinbaum. Fue ella la que empezó los ataques contra Campos y, más aún, insiste en mantener los señalamientos. Ya ha sido muy comentado que la intención oficial es igualar los marcadores de la denuncia estadounidense por Rocha Moya, Inzunza y demás morenistas que son reclamados por la justicia de ese país. Por eso a sus gobernantes calificados como narcos quieren equiparar a una panista acusada de traición a la patria por transgredir la ley en la cooperación con la CIA. No es poca cosa. Y en lo que deciden qué hacer con los morenistas y sus relaciones con el crimen organizado, han comenzado un proceso contra la gobernadora de Chihuahua. Con la diferencia de que todo lo que sucede con la chihuahuense lo sabe la población: la acusación, el citatorio, las fecha del citatorio, el recibimiento de éste, quiénes lo entregaron y quiénes lo recibieron. Todo. En el caso de Rocha Moya e Inzunza no sabemos nada. Ellos dijeron que fueron a la FGR, pero nadie vio nada, todo lo hacen a escondidas.

Al igual que en su informe del día de ayer, parece que la Presidenta ha escogido el combate al crimen como eje discursivo para compararse con los gobiernos pasados y marcar una diferencia con Estados Unidos. Su problema no es de discurso, sino de realidad, pues los señalados son de su partido y parece que vienen varios nombres más de esos que la Presidenta les dice “compañeros de lucha”.

El fin de semana, en Chihuahua, los panistas armaron un evento de apoyo a Maru Campos. Lo que quedó claro es que el panismo ya tiene un grito en la calle y se está organizando para dar la batalla en un campo de acción que tendrá que ver con el combate al crimen organizado. En ese evento estuvieron juntos Felipe Calderón y Vicente Fox, algo que no sucedía desde hace años. Los expresidentes panistas se mostraron felices de estar arengando a la gente nuevamente, los panistas muy contentos de tener sus líderes de nivel nacional juntos, y todo gracias a doña Claudia. Nadie sabe para quién trabaja.

POR JUAN IGNACIO ZAVALA

@juanizavala