Los planes del Gobierno para reducir el uso de billetes en México

El dinero en efectivo es una de las formas más antiguas que se utiliza en México para la realización de pagos en bienes y servicios, con la llegada de las nuevas tecnologías, el uso de internet y la facilidad de las transacciones es cada vez más común que las personas porten dinero en efectivo en su día a día, y en su lugar prefieren pagar con tarjetas y servicios digitales, donde se les garantiza una mayor seguridad en sus compras y economía.

México le va diciendo adiós al dinero en efectivo

¡Atención! México cada vez más va reduciendo el dinero en efecto, sus planes son implementar una serie de acuerdos integrados por la Asociación de Bancos de México (ABM), el sector privado y el Gobierno Federal, donde paulatinamente se está implementando una serie de medidas y decisiones para reducir el uso del efectivo, simplificando las formas de pago en transacciones o con tarjetas.

Estos son los billetes que dejarán de estar en circulación en México

El Banco de México (Banxico) ha anunciado en distintas ocasiones que dejará de poner en circulación una serie de billetes, mismos que ya no producirá pero que comercialmente aún no perderán su valor, por lo que, seguirán sirviendo para la realización de pagos y compras.

Para este 2025, Banxico detalló que los próximos billetes que dejarán de estar en circulación serán todos aquellos que pertenecen a la Familia F, tales como:

Billete de 50 pesos – El año de emisión del 2006 con la imagen en el anverso de José María Morelos y Pavón.

Billete de 1,000 pesos – El año de emisión en el 2008, con la imagen en el anverso de Miguel Hidalgo y Costilla, campana de Dolores.

Billete de 100 pesos – El año en que se puso en circulación en 1975 con la imagen de Venustiano Carranza.

La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia sólo contará con tres ministras con experiencia, el resto tendrá que pasar por una curva de aprendizaje, opinan especialistas.

La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrentará retos monumentales, entre los que destacan el rezago de mil 300 casos, la inexperiencia como ministros de seis de los nueve que resultaron electos, y el riesgo de sanciones luego de que la reforma judicial estableció un plazo de seis meses a partir del conocimiento del asunto para resolver los casos del Máximo Tribunal del país.

De acuerdo con la ley, los nuevos ministros de la Corte tomarán protesta el 1 de septiembre de 2025 y ya no operarán la Primera y la Segunda Sala del Máximo Tribunal, las cuales enfrentan un rezago actual de 509 y 111 asuntos, respectivamente.

Además, de acuerdo con información pública de la SCJN, el pleno tiene un rezago de 628 casos entre acciones de inconstitucionalidad, amparos, controversias constitucionales, impedimentos y recursos de reclamación, entre otros.

Lo anterior implica que los nuevos ministros recibirán más de mil casos pendientes que deberán resolver a marchas forzadas, pues la reforma judicial establece, en su artículo 17: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver en un máximo de seis meses, contados a partir del conocimiento del asunto por parte de la autoridad competente”.

De acuerdo con estadísticas de la Suprema Corte e informes anuales, en 2023, la primera sala, la segunda sala, y el pleno de la Suprema Corte resolvieron en su conjunto un total de 4 mil 299 asuntos, mientras que en 2024, las salas y el pleno resolvieron 3 mil 853 asuntos.

Con la nueva realidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no tendrá el apoyo de las salas y 100% de los asuntos los deberá resolver el pleno, que además pasa de tener 11 a nueve ministros.

Por si fuera poco, de los aspirantes electos para ministros de la SCJN en los comicios del pasado 1 de junio, sólo Lenia Batres, Loretta Ortiz y Jazmín Esquivel tienen experiencia en el cargo, mientras que los seis restantes deberán atravesar por una curva de aprendizaje.

Esa curva no podrá ser prolongada, pues quienes no resuelvan en el plazo establecido deberán justificar los motivos ante el Tribunal de Disciplina Judicial y en caso de no hacerlo podrán ser sujetos de sanciones como amonestación, suspensión, sanción económica, e incluso la destitución.

Especialistas advierten un cúmulo de documentos justificatorios y permisividad por parte de Tribunal de Disciplina Judicial.

Para los expertos, las condiciones en que funcionará la nueva Corte y los resultados de la elección judicial son producto de una reforma hecha “desde la ideología”, que dejará rezago en la resolución de casos por falta de experiencia y de carrera judicial de los nuevos integrantes.

El politólogo de la UNAM, Sebastián Godínez, detalló que el objetivo de los comicios “era capturar al Poder Judicial y alinearlo con el oficialismo”, por lo que calificó el proceso como “la cooptación del Poder Judicial consumada”.

Recordó que pese a que la ley establece un plazo de seis meses para resolver los asuntos a partir de que se conozcan, en el artículo 20 se establece que “en caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar las razones de la demora”.

Por lo anterior, advirtió un cúmulo de documentos justificantes y permisividad por parte de los magistrados que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial.

“Vendrá una ola de escritos con justificaciones como “es que acabamos de llegar”, “son muchos casos”, “había mucho rezago”, “fue producto del régimen anterior”, y hay una alta probabilidad de que el tribunal los excuse, y esto lo digo con cierta certeza porque el tribunal, de acuerdo a los cómputos, quedará integrado con personajes afines a Morena, son viejos conocidos de las filas del partido en el gobierno, sentenció.

El constitucionalista también de la UNAM, Francisco Burgoa, consideró que la elección no fue otra cosa que una simulación: “La legitimidad no se obtiene sólo con votos, sino con procesos confiables, con estándares democráticos y esta elección claramente no lo fue y sí fue una simulación”, subrayó.

Sobre los nuevos plazos establecidos en la ley, Burgoa apuntó: “Muy difícilmente se cumplirán los plazos de seis meses para resolver asuntos. “El estándar de seis meses ignora la complejidad de muchos litigios constitucionales. Cada asunto tiene sus propias características. Una cosa es fijar plazos en papel y otra resolver controversias de fondo con razonamientos sólidos y respetando el debido proceso. La presión por cumplir tiempos podría traducirse en resoluciones de baja calidad o, peor, en criterios alineados al poder político, es decir, podríamos ver con frecuencia que la política se antepone al derecho”, precisó.

“El equilibrio entre celeridad, calidad y legitimidad será difícil, si no es que imposible. La forma en que tendrá que ganarse su legitimidad será a partir de sus sentencias defendiendo el orden constitucional y convencional y los derechos fundamentales. No ser condescendiente al poder ni a ningún grupo de interés, menos a las mayorías”, agregó.

El también catedrático de la UNAM coincidió en que es previsible que exista un cúmulo de documentos justificatorios ante el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

“La realidad hará que, ante la imposibilidad auténtica de cumplir plazos en todos los casos, las justificaciones se volverán una constante o una práctica común y normal en el TDJ. También se prevé que el TDJ no será independiente ni autónomo, veamos los perfiles de quienes serán sus integrantes y por eso afirmo que fue capturado desde su diseño por el oficialismo. Ojalá y me equivoque, pero si los magistrados disciplinarios actúan como operadores políticos, no como contrapesos en ejercicio legítimo y de sus facultades, la supervisión será simulada y la persecución no será real. Se castigará la disidencia y se tolerará la ineficiencia cuando convenga al régimen. La vigilancia será selectiva”, indicó.

Casos destacados en fila de pendientes

Es probable que el total de los asuntos pendientes se reduzcan llegado el 1 de septiembre, pues varios ya están enlistados y probablemente el pleno actual los resuelva en las próximas semanas.

Destaca la acción de inconstitucionalidad 129/2023 por la que se impugnó una reforma en materia de concesiones para minería y agua, aprobada el 8 de mayo de 2023; también la acción de inconstitucionalidad 78/2022 de la reforma a la Ley Minera por la que se determinó que el litio es propiedad de nación y prohibió el otorgamiento de concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones a particulares. Ambos asuntos ya están enlistados.

Entre los casos que aún no están en listas y podría resolver el nuevo pleno, destaca la acción de inconstitucionalidad 136/2019, para impugnar la reforma por la que se amplió el catálogo de prisión preventiva oficiosa, en específico, en delitos fiscales; la acción de inconstitucionalidad 49/2022 por la que se impugnó la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Federal de Revocación de Mandato, y el amparo en revisión 39/2022, promovido por la organización R3D para impugnar la creación del Banco de ADN para uso forense, por presuntamente vulnerar los derechos a la privacidad, intimidad y protección de datos.

​En protesta por inseguridad, pobladores de Jilotepec, en Edomex, tienen ‘secuestrados’ desde hace cinco meses dos mega-reactores de Pemex

CD de México, MX.- Los ejidatarios están encabezados por el alcalde priista Rodolfo Noguez para exigir obras en su comunidad y reforzar seguridad ante extorsión y violencia. Crédito: Especial

Los equipos sirven para quitar exceso de azufre a la carga de crudo, por lo que el retraso complica la eficiencia de sus procesos. Crédito: Especial

Los equipos llegaron al puerto de Altamira, en Tamaulipas, pasaron por SLP, Hidalgo y finalmente llegaron a su hasta ahora destino: el secuestro. Crédito: Especial

En demanda de obras públicas y en protesta por la inseguridad, pobladores de la comunidad de Jilotepec, en el Estado de México, tienen «secuestrados» desde hace cinco meses dos mega-reactores de Pemex que forman parte del proyecto para reconfigurar la refinería de Tula, que tendrá un costo de más de 7 mil millones de pesos.

Los dos equipos, de más de 500 toneladas cada uno, están «abandonados» en la autopista México-Querétaro.

El 28 de febrero de 2022, PTI firmó contrato con Larsen & Toubro -la mayor fabricante en la India de equipos para la industria del petróleo y gas- para la compra de los dos reactores de hidrotratamiento para las plantas Hidrotratadora de Diésel e Hidrotratadora de Naftas.

Los equipos viajaron casi 14 mil kilómetros durante un mes desde la India, llegaron al Puerto de Altamira, Tamaulipas, desde hace 15 meses y, desde enero pasado, se encuentran varados a 60 kilómetros de su destino final: la refinería de Tula.

Uno de los reactores está desde enero frente a una gasolinera cerca del poblado de Encinillas, en el Estado de México, en los límites con Hidalgo.

El otro reactor se encuentra en un terreno baldío, a un costado de la carretera que conduce hacia Calpulalpan, Tlaxcala.

Los ejidatarios, encabezados por el alcalde priista Rodolfo Noguez Barajas, exigen obras para su comunidad, apoyo para reforzar la seguridad ante el aumento de denuncias de extorsión y violencia, así como solucionar un problema de invasión de rutas de taxistas y transportistas.

«A pesar de reuniones con autoridades, el Presidente Municipal de Jilotepec se ha negado a autorizar el paso de equipos estratégicos para la industria nacional. Aunque el traslado es ajeno a los conflictos sociales, el movimiento vecinal lo ha utilizado como mecanismo de negociación», informó oficialmente Pemex al ser consultada por REFORMA sobre el tema.

Los equipos secuestrados por la comunidad mexiquense sirven para quitar el exceso de azufre a la carga de crudo, por lo que el retraso de los reactores complica la eficiencia de sus procesos.

De hecho, en el primer trimestre de 2025, la Refinería de Tula operó a un 64 por ciento de su capacidad instalada, cuando en Estados Unidos el promedio es de 90 por ciento, en promedio.

Tula produce un estimado de 35 por ciento de combustóleo, mientras que en EU es de sólo 1 por ciento. «Estos equipos serán enviados a Pemex Transformación Industrial (PTI), filial de la petrolera estatal mexicana, con el objetivo de mejorar la calidad y limpieza del combustible, así como la producción de gasolina y otros productos refinados», informó en su momento la rama de ingeniería pesada de Larsen & Toubro.

El reactor fue adquirido por PTI Infraestructura, la filial privada de Pemex que está a cargo de la refinación.