Opinión de Alfredo González | El Heraldo de México |

El ataque a balazos contra una familia de invasores y la muerte de dos de ellos, provocada por doña Carlota, de 74 años, generó una cascada de reacciones, la mayoría a favor y otras en contra. Pero, más allá de eso, puso al descubierto un problema que no ha podido erradicarse: la invasión de casas, locales comerciales y terrenos, controlada por grupos del crimen organizado y hasta por organizaciones civiles.

De acuerdo con reportes periodísticos y de inteligencia del gobierno de Delfina Gómez, en el Estado de México, cinco organizaciones controlan las ocupaciones ilegales en fraccionamientos de municipios del norte y oriente de la entidad.

Todas cuentan con el patrocinio, protección y complicidad de autoridades municipales, funcionarios federales, abogados y notarios públicos.

Que pinche video tan más placentero, no saben cuánto me alegra ver que una bola de pinches ratas terminen así, lamentablemente doña Carlota se tuvo que manchar las manos pic.twitter.com/AvjjCid1Mz

— Homofobo پ (@Gerberosaurus) April 3, 2025

Entre los grupos que se dedican a ese ilícito están organizaciones civiles denominadas sindicatos, como La Chokiza, representada por Guillermo Fragoso, alias “El Choko”, quien también encabeza una agrupación llamada Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales.

También aparecen Los 300, El Barzón Mexiquense y la agrupación 25 de Marzo. Todas recurren a mecanismos de violencia y extorsión para apropiarse de inmuebles que aparecen abandonados o sin habitar, o algunos que ellos mismos investigan y descubren que tienen adeudos.

Nada de eso sería posible sin la complicidad de diversas autoridades, como ocurre en Ecatepec, donde la actual presidenta municipal, Azucena Cisneros, descubrió una red dedicada a ese delito y está resuelta a ponerles un alto cuanto antes.

Tiene en su escritorio expedientes de invasiones y despojos en colonias como Prizo, Sagitario, Nueva Aragón y Fuentes de Aragón, entre otras.

Junto con el fiscal estatal y el secretario de Seguridad,

José Luis Cervantes y Cristóbal Castañeda, respectivamente, pronto dará a conocer noticias sobre el tema que acaparó los reflectores después de que doña Carlota disparara para desalojar a unos invasores de su propiedad. Hoy se sabe que Carlota, junto con sus dos hijos, Eduardo y Mariana —hermanos del exdiputado Arturo ‘N’—, bajó de un automóvil en una casa ubicada en la Unidad Ex Hacienda de Guadalupe, municipio de Chalco, y casi de inmediato sacaron armas de fuego para disparar contra los “ocupas”. Respecto a la posibilidad de que sea encarcelada, el sistema judicial contempla medidas especiales para personas mayores de 70 años, como la prisión domiciliaria. Sin embargo, la decisión dependerá de cómo se tipifiquen los delitos cometidos. Pero mientras eso ocurre, el caso se hizo viral en redes sociales con videos y memes que la hicieron pasar como una heroína, la señora justiciera que necesita México o la abuela que mostró más valor que muchas autoridades, tanto que hasta su corrido le hicieron, engrandeciendo su “hazaña”.  ***

Opinión de Alfonso Zárate | El Universal |

Quizás resulte inverosímil, pero hay una materia en la que las exigencias del hombre naranja empatan con las de las fracciones más conscientes de la sociedad mexicana: la de abandonar la simulación y la complicidad y poner en marcha una estrategia que contenga y repliegue a la delincuencia.

El secretario Omar García Harfuch encabeza una estrategia que, sin admitirlo, rompe con años de inacción y simulación (“abrazos, no balazos”). De dientes para afuera el gobierno federal podrá seguir con la cantaleta de que se propone atender primero las causas estructurales de la violencia, haciendo creer que el reparto de los dineros sirve para eso, pero lo crucial es que está empezando a usar los enormes recursos humanos, tecnológicos y bélicos con los que cuenta el Estado para enfrentar a las organizaciones criminales.

Unos cuantos hechos dentro de estos primeros seis meses del gobierno de la doctora Sheinbaum muestran un vuelco en la estrategia de seguridad que impuso López Obrador: la entrega de Rafael Caro Quintero y 28 narcotraficantes, la utilización de la Plataforma México, la atención a los territorios prioritarios, las capturas de generadores de violencia, el incremento de decomisos de armas y drogas…

Un ejemplo mayor: la noche del 21 de octubre en el ejido Plan de Oriente (El Doce) en Culiacán, tuvo lugar una operación militar para detener a Edwin Antonio Rubio López, alias El Max, integrante de una célula de El Mayo Zambada; de acuerdo con la información oficial, sicarios habrían abierto fuego contra los militares que repelieron el ataque con un saldo de 19 personas abatidas y ninguna baja del Ejército. Los militares aseguraron 4 ametralladoras, 17 armas largas, 5 armas cortas y un fusil Barret. No resulta creíble que tomando por sorpresa a los militares y disponiendo de semejante capacidad de fuego, los sicarios no hayan herido o matado a ningún soldado y que el “enfrentamiento” haya terminado con ese saldo.

El segundo episodio tuvo lugar el 4 de enero en Bácum, Sonora, donde —según la información oficial— una agresión de hombres armados contra agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dejó un saldo de ocho sujetos abatidos, entre ellos dos que eran objetivos criminales y contaban con órdenes de aprehensión. Sorprende que en ambos sucesos la narrativa oficial fue la de una agresión de los criminales con armas de fuego, a la cual se respondió con una eficacia y letalidad sorprendentes.

Si, en efecto, en el primer tramo del gobierno de Claudia Sheinbaum los homicidios dolosos se han reducido 12%, los secuestros 9.3% y las extorsiones casi el 13%; una conclusión provisional sería que enfrentar a los criminales con la fuerza del Estado, en vez de darles abrazos, rinde resultados positivos. Pero, más allá de la detención de alcaldes de municipios pequeños coludidos con bandas delincuenciales, sigue ausente un enfoque integral, la participación de todas las instituciones del Estado y actores sociales e intocadas las redes políticas de protección a los grupos criminales.

Presidente de GCI.

@alfonsozarate

Opinión de Jorge Nader Kuri | El Universal |

El reciente concierto en Zapopan, donde se proyectó la imagen de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, y se coreó con euforia una canción que lo glorifica, no es un hecho aislado ni un simple exceso artístico. Es el reflejo brutal de un fenómeno más profundo: la fractura del tejido social y la derrota simbólica del Estado en muchas regiones del país.

Limitar la discusión a si se violó o no el reglamento municipal, o si procede una investigación penal por apología del delito, es una respuesta jurídicamente correcta, pero éticamente insuficiente. Porque lo verdaderamente preocupante, más allá de la proyección de la imagen de un capo, es que haya sido celebrada, grabada, compartida y aplaudida por cientos de asistentes.

Ese aplauso espontáneo, cómplice o inconsciente, es la expresión de un quiebre colectivo. Cuando una comunidad comienza a admirar al que impone el miedo; cuando el narcotraficante se convierte en símbolo de poder, justicia o éxito, estamos frente a un fenómeno estructural: la sustitución del Estado por el crimen organizado como proveedor de orden, recompensa y sentido de pertenencia. Cada ovación a un criminal es un silencio ensordecedor ante la ausencia del Estado.

El problema es esencialmente político, ético y cultural; y mientras se pretenda enfrentar con boletines y carpetas de investigación lo que en realidad exige una estrategia integral de reconstrucción comunitaria, seguiremos perdiendo la batalla por el alma colectiva.

El gobernador de Jalisco ha condenado los hechos y anunciado sanciones, y la Universidad de Guadalajara ha intentado deslindarse institucionalmente del contenido. Pero esa reacción reactiva llega tarde, y no basta. ¿Dónde estaban los controles previos? ¿Qué protocolos existen para evitar que los símbolos del crimen se normalicen en espacios públicos administrados por entidades educativas?

La verdadera respuesta pasa por recuperar la presencia estatal en los territorios y en el imaginario social. Porque mientras el narco reparta despensas, organice festivales, construya canchas y brinde «justicia» inmediata, seguirá ocupando el lugar que el Estado ha abandonado. La legalidad necesita ser visible, rentable y confiable. De lo contrario, el mito del narco justiciero seguirá siendo más creíble que la promesa vacía de la democracia.

La cuestión no radica en censurar a los músicos ni en restringir los contenidos de sus canciones, sino en reflexionar sobre las condiciones sociales y culturales que permiten que esos mensajes resuenen profundamente en ciertas comunidades. ¿Qué futuro puede vislumbrar un joven que crece en una colonia donde el éxito se asocia con quien ostenta armas, lujos y una legión de seguidores? Estamos formando generaciones para quienes el criminal deja de ser una figura temida y se convierte en un modelo a seguir, y eso es un peligro potencial.

Mientras no reconstruyamos los referentes culturales y los vínculos comunitarios, estaremos combatiendo ídolos con discursos y leyes penales insuficientes, y esto nunca ha funcionado. La legalidad no se impone por decreto cuando el imaginario colectivo ya se rindió ante otros símbolos. Es evidente que el verdadero peligro no es que el crimen se celebre en canciones, sino que se empiece a celebrar en las conciencias.

Abogado penalista.

jnaderk@naderabogados.com