La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés) informó que está analizando la operación de un buque remolcador como parte de las primeras diligencias para determinar las causas del choque del Buque Escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn, ocurrido el pasado sábado.

El incidente dejó como saldo dos marinos mexicanos fallecidos y 20 más heridos. La agencia estadounidense señaló que se están revisando las maniobras realizadas por el remolcador, el cual, según una línea preliminar de tiempo, solicitó asistencia por radio 45 segundos antes del impacto.

Según la cronología difundida por la NTSB, a las 20:24 horas se emitió el primer llamado de auxilio solicitando apoyo de otros remolcadores. Posteriormente, se realizaron dos llamados más, y el impacto del buque se registró a las 20:24 con 45 segundos.

Expertos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte revelan la ruta que llevaba el Buque Cuauhtémoc en el momento del accidente

Durante el informe de hechos que realizó la @NTSB se reveló que el Buque Escuela Cuauhtémoc salió del muelle con la intención de navegar con… pic.twitter.com/tjVHFQ9U5A

— Político MX (@politicomx) May 20, 2025

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El buque se detuvo a las 20:27 y a las 20:30 arribaron elementos del Departamento de Policía de Nueva York.

Revisión de protocolos

Michael Graham, miembro de la junta directiva de la NTSB, informó que el organismo está revisando los protocolos que se debieron seguir para esta operación marítima. Indicó también que se prevé emitir un primer informe preliminar en un plazo de 30 días, mientras que la investigación completa podría tardar entre 12 y 24 meses.

Por su parte, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, señaló que el accidente pudo haberse originado por una pérdida de control del piloto del puerto, quien tenía a su cargo la conducción del Buque Escuela Cuauhtémoc al momento del choque.

El investigador principal añadió que se mantienen en coordinación con el gobierno de México y que se buscará entrevistar tanto a la tripulación del buque como a la del remolcador involucrado.

En un movimiento que ha sacudido a la industria cinematográfica global, Donald Trump ha anunciado su intención de imponer un arancel del 100% a todas las películas producidas fuera de Estados Unidos. La medida, que busca reimpulsar la producción nacional, ha generado críticas por su posible ilegalidad y por las consecuencias económicas que podría acarrear. Este anuncio estaría relacionado con el plan de Jon Voight, asesor cinematográfico de Trump, para revitalizar Hollywood que, según los documentos filtrados por la web Deadline, incluye un arancel del 120% a las producciones que pudiendo hacerse en Estados Unidos, se rodaron en el extranjero (el 100% del incentivo fiscal obtenido fuera de EE UU más una sanción del 20%). Aunque la Casa Blanca no lo ha confirmado, el sector audiovisual y los expertos jurídicos ya han encendido las alarmas. Y es que un arancel como este tendría un enorme impacto para las coproducciones internacionales, los contratos de distribución o las plataformas digitales.

Juristas especializados en derecho internacional y en el sector audiovisual coinciden en que la medida se enfrenta a importantes obstáculos legales y advierten sobre posibles disputas en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC). “La imposición de aranceles a las producciones audiovisuales extranjeras no solo podría entrar en conflicto con las normas de la OMC, sino también con los compromisos asumidos por EE UU en varios tratados de libre comercio, al discriminar de forma injustificada a las producciones de otros países”, explica Pilar Sánchez Bleda, socia de Media & Tech en Auren Legal.

Una cuestión clave para determinar la posible aplicación de este arancel es la naturaleza jurídica de las películas. En el marco de la OMC pueden considerarse bienes cuando se comercializan físicamente (DVD o discos duros), o servicios cuando se transmiten o explotan por vía digital. “Hasta hoy no hay más que un tuit del presidente de EE UU, por lo que analizar la legalidad de la medida resulta complicado y habrá que estar atentos a las definiciones que se hagan sobre producciones audiovisuales”, comenta Inés de Casas, asociada séniorde Elzaburu. Sin embargo, la abogada aclara que, en principio, a nivel arancelario, el cine es un servicio, no una mercancía. Por tanto, las películas estarían reguladas por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), según el cual no es legal imponer aranceles a transmisiones electrónicas.

Incluso, aunque la Administración de Trump pudiera gravar con un arancel las películas extranjeras, subraya Iban Díez, socio de Menta Legal, la tasa podría vulnerar el principio de trato nacional, previsto en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que exige que los productos importados reciban el mismo trato que los nacionales, una vez estén en el mercado. También podría infringir la cláusula de nación más favorecida recogida en el mismo acuerdo, que impide a los Estados de la OMC discriminar entre países aplicando ventajas comerciales a unos y no a otros.

¿Y si Trump usa el argumento de que el cine es una “excepción cultural”? Aunque esta figura aparece en acuerdos como la Convención de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, no está reconocida oficialmente por la OMC. “La promoción de la cultura no puede utilizarse como pretexto para aplicar medidas proteccionistas contrarias a las reglas del comercio internacional”, advierte Álvaro de Luis Andrés, socio de Net Craman Abogados.

Impacto y conflictos

Una de las mayores incertidumbres jurídicas radica en cómo se determinará el origen de una película para saber si estará o no sujeta al arancel. EE UU no tiene una definición legal unificada, lo que deja la puerta abierta a interpretaciones ambiguas. De Luis Andrés advierte de que “superproducciones como las de Marvel Studios grabadas en Pinewood (Reino Unido) o series como Juego de tronos, coproducción de HBO rodada parcialmente en España, podrían ser erróneamente clasificadas como extranjeras, generando litigios e inseguridad para los propios estudios estadounidenses”.

Las plataformas digitales y distribuidoras serían las primeras en sufrir el impacto de este arancel, ya que aumentarían los costes de adquisición y podrían verse obligadas a renegociar contratos. En este escenario, señala Pilar Sánchez Bleda, “las partes podrían invocar cláusulas de fuerza mayor, dada la situación imprevista y sobrevenida, así como las cláusulas de revisión que pudieran existir”.

Asimismo, las productoras y distribuidoras podrían impugnar la medida ante tribunales estadounidenses o acudir a arbitrajes internacionales. “Otras opciones serían buscar protección bajo tratados bilaterales de inversión que prohíben la discriminación o colaborar con sus gobiernos para negociar excepciones o compensaciones”, añade Iban Diez. Por su parte, cualquier país miembro de la OMC afectado por el arancel podría presentar una reclamación formal ante el Órgano de Solución de Diferencias. “Si se demuestra que la medida excede los aranceles consolidados, viola el trato nacional o la cláusula de nación más favorecida, las probabilidades de éxito serían muy altas”, apunta Álvaro de Luis Andrés.

Existen precedentes de restricciones similares en el ámbito audiovisual que han acabado en reclamaciones. Por ejemplo, en el caso China Audiovisuals de 2009: el órgano de solución de diferencias de la OMC dictaminó que las limitaciones impuestas por Pekín a la importación y distribución de películas y otros bienes culturales violaban el GATSS. La resolución subrayó que la defensa de la cultura no puede justificar discriminación comercial. Por el contrario, la imposición de la Unión Europea a plataformas digitales, como Netflix, de una cuota del 30% de contenido europeo no ha sido impugnada, al estar amparada por políticas de promoción cultural sin recurrir a aranceles.

Otras herramientas

Numerosos países aplican medidas que no son aranceles, compatibles con la OMC, para fortalecer su industria audiovisual. Entre ellas destacan los incentivos fiscales, las subvenciones o las cuotas de emisión o inversión local. “En España existen ayudas públicas, deducciones fiscales que pueden superar el 50% y obligaciones de inversión para plataformas, lo que convierte a nuestro país en un destino muy competitivo para rodajes”, destaca Pilar Sánchez Bleda, de Auren. Inés De Casas, de Elzaburu, recuerda que en la UE estas medidas están permitidas si no lesionan la competencia y no son discriminatorias.

Opinión de Salvador García Soto | El Universal |

La tarde del jueves, procedente de Washington DC, llegó a México el nuevo embajador de los Estados Unidos, Ronald Douglas Johnson. El coronel del ejército estadounidense, quien fuera también “Boina Verde” de fuerzas especiales y exagente de la CIA, viene con el mensaje claro y contundente de que la prioridad para la administración de Donald Trump es la inseguridad y la violencia del narcotráfico mexicano, catalogado ya como “terrorismo” por las leyes estadounidenses.

Y aunque en su primera actividad en el país, la mañana de ayer viernes el nuevo embajador decidió visitar el santuario guadalupano en el cerro del Tepeyac, como un mensaje de acercamiento y empatía al pueblo de México, los antecedentes, el perfil y la formación de Ronald Johnson no dejan lugar a dudas de que será un embajador duro, sin dejar de lado la diplomacia y las formas políticas, pero en esencia un “súper policía” o más bien un “halcón” de los intereses de su país y particularmente de las prioridades del presidente Trump en la relación bilateral con México.

Que Donald Trump haya designado a Ronald Johnson, embajador de los Estados Unidos en México, es una de las mejores noticias que le pudo suceder a México.

El Famoso “Ron” le sirvió al ejército norteamericano por más de 3 décadas, retirándose como coronel, luego colaboró como en… pic.twitter.com/aGLK4hOdGV

— Arturo Villegas (@ArturoVillegasQ) December 11, 2024

Para nadie es un secreto que la designación de Johnson como embajador en México viene precedida de la actuación que tuvo en El Salvador durante el primer periodo presidencial de Trump, en donde el oficial retirado del Ejército y experto en inteligencia para la CIA, jugó un papel protagónico en la estrategia para golpear, desarticular y encarcelar a las violentas pandillas de la Mara Salvatrucha y sus conexiones con el narcotráfico que sumieron a la nación centroamericana en la inseguridad y la violencia durante décadas, sometiendo incluso a gobiernos y presidentes que, por indolencia, complicidad o de plano incapacidad, dejaron crecer a las organizaciones criminales violentas que aterrorizaban a la población.

Por eso, más allá de los protocolos diplomáticos que ya empezó a cumplir el nuevo enviado de Washington, quien ayer acudió a la sede de la cancillería mexicana para reunirse con el secretario Juan Ramón de la Fuente y ofrecer “diálogo y cooperación” en las relaciones bilaterales, y el próximo lunes estará en Palacio Nacional para entregarle sus cartas credenciales a la presidenta Claudia Sheinbaum, la verdadera misión de Ronald Johnson en territorio mexicano va mucho más allá de la representación diplomática y apunta a ser un agente activo en la guerra que el presidente Trump le ha declarado a los cárteles de la droga mexicanos, ahora clasificados como “organizaciones terroristas extranjeras”.

¿A quién preferirá Claudia Sheinbaum como embajador de Estados Unidos a Ken Salazar o a Ronald Douglas Johnson?
Doña Claudia maltrató a Ken Salazar ¿hará lo mismo con el ex boina verde?
Se me hace que va a extrañar al buen Ken.
😎😎😎 pic.twitter.com/0KO6wKUxAM

— Alfonso Lucadi (@7venlucadi) April 11, 2025

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El perfil y la actividad del flamante embajador estadounidense será muy distinto a los últimos políticos y diplomáticos de su país que ocuparon el despacho principal de la embajada gringa en los últimos años. Ni la experiencia diplomática y el trato siempre amable de Roberta Jacobson, que fue la embajadora enviada por Barack Obama pero siguió en el cargo durante los dos primeros años del gobierno de Donald Trump; ni el gusto por todo lo mexicano del republicano Christopher Landau, primer embajador nominado por Trump; y mucho menos la siempre afable presencia del embajador de Joe Biden, Ken Salazar, quien de tanta amabilidad terminó siendo acusado en Washington de “excesiva cercanía” con el presidente López Obrador, es algo que se espere del nuevo representante de la Casa Blanca.

Con la presencia de poderosos barcos guerra en los límites marítimos de México, con incursiones “técnicas” en el Puerto de Veracruz, con aviones y drones no tripulados sobrevolando el territorio nacional y con un aumento de la presencia de agentes de la DEA y de otras agencias estadounidenses en la embajada, está más que claro que el coronel Johnson no viene sólo a hacer labores diplomáticas o a mantener una imagen de “cordialidad” en su relación con el gobierno de México. Viene más bien a coordinar la estrategia de guerra —que aún no sabemos totalmente cómo será—, en contra de las organizaciones “narcoterroristas” que operan en México y sus aliados y protectores políticos.

No es para nada casualidad que justo el día en que arribaba a México, en un avión militar estadounidense, el nuevo embajador, desde la prensa de su país el periodista Tim Golden confirmara, con fuentes de las agencias de seguridad de su país, la existencia de una lista (que en esta columna bautizamos como “la Lista de Marco” por el secretario de Estado) de políticos, funcionarios y dirigentes del partido Morena que están en la mira del gobierno estadounidense por mantener presuntos vínculos con el narcoterrorismo. “La lista de mexicanos que pueden ser objeto de restricciones de visa por parte de EU incluye a líderes del partido de la presidenta Claudia Sheinbaum, gobernadores estatales y ministros del gabinete”, publicó el jueves el periodista de investigación y excorresponsal del New York Times en México.

¿Viene Johnson a ejecutar las restricciones de visado a políticos del régimen a los que se identifica como vinculados de distintas formas a los cárteles mexicanos? Es seguro que sí, como también viene a ser el enlace para presionar por la cooperación del gobierno de Sheinbaum para empezar a golpear, con operaciones directas de fuego, a los capos de la droga y a desmantelar el poderío y dominio que hoy tienen, según todos los análisis del Departamento de Estado y de la DEA, en casi dos terceras partes del territorio mexicano. ¿Será el nuevo embajador suave y diplomático en sus formas o será más bien, con su formación militar, recio y directo en las peticiones o presiones para que la administración mexicana acepte la “ayuda” que insistentemente le ha ofrecido Trump? Eso lo sabremos en las siguientes semanas y meses.

Pero por ahora, cuando se dice en tono irónico que nos mandaron un “Rambo” como embajador, la afirmación va más allá de la ironía y más bien se vuelve descriptiva si se considera el perfil, la formación y los antecedentes que preceden a Ronald Douglas Johnson, el emisario designado por Trump para librar su guerra contra los narcoterroristas mexicanos y sus redes en la política nacional, que ocurrirá —como ya ha empezado a verse en la escalada creciente desde Washington— con o sin la colaboración del gobierno mexicano.

NOTAS INDISCRETAS…

Ahora que a la presidenta Sheinbaum se le escucha decir, un día sí y otro también, que desconoce acciones y decisiones del gobierno de Estados Unidos, repitiendo frases como “no fuimos informados”, “desconozco la información” o “vamos a exigir que nos informen”, en los círculos diplomáticos de la cancillería mexicana muchos se preguntan ¿qué está haciendo entonces el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán? Se supone que la labor principal del representante mexicano en Washington es mantener informada a la Presidenta y de paso a su jefe el canciller De la Fuente, de lo que se mueve en los corrillos de la Casa Blanca y el Congreso estadounidense. Detectar posibles anuncios o políticas y acciones que involucren a México, a sus intereses, ciudadanos o a la relación bilateral, es parte de lo que debe estar enterado el embajador mexicano para adelantarse y alertar a Palacio Nacional y a la cancillería de lo que se esté fraguando, ya sea en el Capitolio, en el Senado o en la Casa Blanca y sus distintas dependencias y agencias. Pero por la forma en que a la Presidenta y a su gabinete se les ha visto sorprendidos, sin conocimiento y sin contexto de diversas acciones que están ocurriendo en contra de México o de sus intereses, está más que claro que algo está fallando en la labor del edificio del 1911 de la calle de Pennsylvania y particularmente en la oficina del embajador y hasta ahora no sabemos qué es lo que falla porque “no nos han informado” y “vamos a pedir, a exigir que nos informen”…Entre las huestes morenistas de varios estados de la República han empezado a circular imágenes gráficas que se les entregan a los comités de base del partido gobernante, en los que se les indica por colores de las listas y números de candidatos a la próxima elección judicial por quienes deben votar en los comicios del próximo 1 de junio. Por ejemplo, en una de esas gráficas que se distribuye en Jalisco, y de la que tiene copia esta columna, aparece como título “Poder Judicial, Circuito Judicial VI, Distrito Judicial 1 y 2”, luego aparecen dos columnas con los nombres de “hombres” y “mujeres” y están enlistados primero, con un cuadro morado, que indica la lista para votar por ministras y ministros de la Suprema Corte, los nombres de Batres Guadarama Lenia, con el número 03; Esquivel Mossa Yasmín con el 08; Herrerías Guerra Sara Irene, con el 16; Ortiz Half Loreta con el 22; Ríos González María Estela con el 26; Aguilar Ortiz Hugo, con el 34; Espinoza Betanzo Irving con el 41; Figueroa Mejía Giovani Hazael con el 43 y Guerrero García Aristides Rodrigo con el número 48. Luego, con el color Verde que indica la lista para elegir a los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, aparecen los nombres de De Gyves Zarate Eva Verónica con el 02; García Pérez Indira Isabel con el 04; Maya García Celia con el 09; Bátiz Vázquez Bernardo con el 23 y H León Tovar Rufino con el 31. Con el color azul, que indica la elección de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aparecen los nombres de Valle Aguilasocho Claudia con el 06; y Bátiz García Gilberto Guzmán con el 07. Finalmente, con el color rosa, que indica la elección de Magistrados de Circuito, aparecen los nombres de Guevara y Herrera María Celia con el 03; Mendoza Aragón Ixel, con el 06; y Ceballos Daza José Luis con el número 13. El documento, nos dicen periodistas de Jalisco, se repartió como “documento interno de Morena” y fue distribuido a los comités del partido oficial en Jalisco. ¿Será que como dicen los memes en las redes sociales, en estos comicios judiciales “ya tienen los resultados y solo les falta hacer las elecciones”?…Se cierra la semana con una Escalera Doble. Buen fin de semana para los amables lectoras y lectores.

Salvador García Soto