Columnas
La sucesión alebresta al Ejército

Opinión de Roberto Rock Lechón / El Universal /
Quien gane la ya próxima elección tendrá que determinar el peso que asignará durante su gobierno al Ejército en la vida civil del país; si conserva su preponderancia o la reduce, por motivos políticos, económicos, incluso por razones de estado. Deberá hacerlo con urgencia, porque la jerarquía militar ya exhibe crecientes fricciones internas para influir sobre quién será el sucesor del actual titular, general Luis Crescencio Sandoval.
Los cabildeos sobre el próximo secretario de la Defensa han convergido muy prematuramente en torno a tres nombres: los generales Gabriel García Rincón, actual subsecretario; Ricardo Trevilla Trejo, jefe del Estado Mayor Conjunto, y Gustavo Vallejo, promovido apenas en noviembre pasado a general de división, al tiempo que desde las mañaneras presidenciales se le proyectaba como el rostro de la milicia constructora de las obras emblemáticas del gobierno López Obrador, en particular el aeropuerto “Felipe Ángeles” y el Tren Maya.
El presente gobierno triplicará sobradamente el número de obra encomendadas a los militares en los dos sexenios previos. Entre 2006 y 2018 (con Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), la cifra fue de 851 proyectos. Sólo en el lapso de 2019 y 2023, se acumularon 2,823 obras, con gasto superior a los 190,000 millones de pesos. Pero en los tres sexenios la Defensa ha impuesto una operación carente de transparencia sobre el manejo de los recursos encomendados, los términos de los convenios establecidos para ello, así como en las condiciones bajo las que se asignan contratos a empresas privadas que participan en estos trabajos, según documentan múltiples investigaciones, entre ellas del Instituto Mexicano para la Competencia (IMCO).
Si la ambición por dominar ese estado de cosas no fuera suficiente motivo para explicar la tensa atmósfera en el estamento militar, se le debe sumar la pugna que atravesó todo el gobierno López Obrador para determinar si la Guardia Nacional debe formar parte de las fuerzas armadas -todo un nuevo vector, al nivel del ejército, la fuerza aérea y la Marina-, o mantenerse en manos civiles, como lo dispone hasta ahora la Constitución, según ha sentenciada la Corte.
El ya patente malestar de algunos comandantes uniformados se expresa ahora mediante mensajes cifrados en el sentido de que se opondrían a la llegada de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad en un eventual gobierno de Claudia Sheinbaum -de quien es uno de sus colaboradores clave-, pues ello anticiparía que la Guardia Nacional no regresará al control de la milicia y ésta perderá su preminencia en la estrategia del combate al crimen organizado.
La sorda pugna en torno a los citados generales García Rincón, Trevilla y Vallejo puede atraer un desgaste tan agudo que podría volver inelegibles a cualquiera de los tres. Lo mismo se argumenta que el primero de ellos fue formado en las mismas instituciones miliares norteamericanos que moldearon a toda una generación de dictadores latinoamericanos, o se describe a Trevilla como el otrora cabildero del ejército ante los medios de comunicación, surgido no de la Infantería, sino de la Caballería, un “ámbito menor”. Mientras sobre Vallejo se “descubren” audios sobre aparentes negocios sucios en las referidas grandes obras.
En esta misma línea funcionan los indicios de que el actual secretario, Luis Crescencio Sandoval, ha buscado impulsar a García Rincón ante el presidente López Obrador, asumiendo que la doctora Sheinbaum serán su sucesora y que el tabasqueño se lo impondrá.
Y eso que ni siquiera hemos llegado a las elecciones…
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Un vuelco en la estrategia de seguridad

Opinión de Alfonso Zárate | El Universal |
Quizás resulte inverosímil, pero hay una materia en la que las exigencias del hombre naranja empatan con las de las fracciones más conscientes de la sociedad mexicana: la de abandonar la simulación y la complicidad y poner en marcha una estrategia que contenga y repliegue a la delincuencia.
El secretario Omar García Harfuch encabeza una estrategia que, sin admitirlo, rompe con años de inacción y simulación (“abrazos, no balazos”). De dientes para afuera el gobierno federal podrá seguir con la cantaleta de que se propone atender primero las causas estructurales de la violencia, haciendo creer que el reparto de los dineros sirve para eso, pero lo crucial es que está empezando a usar los enormes recursos humanos, tecnológicos y bélicos con los que cuenta el Estado para enfrentar a las organizaciones criminales.
Unos cuantos hechos dentro de estos primeros seis meses del gobierno de la doctora Sheinbaum muestran un vuelco en la estrategia de seguridad que impuso López Obrador: la entrega de Rafael Caro Quintero y 28 narcotraficantes, la utilización de la Plataforma México, la atención a los territorios prioritarios, las capturas de generadores de violencia, el incremento de decomisos de armas y drogas…
Un ejemplo mayor: la noche del 21 de octubre en el ejido Plan de Oriente (El Doce) en Culiacán, tuvo lugar una operación militar para detener a Edwin Antonio Rubio López, alias El Max, integrante de una célula de El Mayo Zambada; de acuerdo con la información oficial, sicarios habrían abierto fuego contra los militares que repelieron el ataque con un saldo de 19 personas abatidas y ninguna baja del Ejército. Los militares aseguraron 4 ametralladoras, 17 armas largas, 5 armas cortas y un fusil Barret. No resulta creíble que tomando por sorpresa a los militares y disponiendo de semejante capacidad de fuego, los sicarios no hayan herido o matado a ningún soldado y que el “enfrentamiento” haya terminado con ese saldo.
El segundo episodio tuvo lugar el 4 de enero en Bácum, Sonora, donde —según la información oficial— una agresión de hombres armados contra agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dejó un saldo de ocho sujetos abatidos, entre ellos dos que eran objetivos criminales y contaban con órdenes de aprehensión. Sorprende que en ambos sucesos la narrativa oficial fue la de una agresión de los criminales con armas de fuego, a la cual se respondió con una eficacia y letalidad sorprendentes.
Si, en efecto, en el primer tramo del gobierno de Claudia Sheinbaum los homicidios dolosos se han reducido 12%, los secuestros 9.3% y las extorsiones casi el 13%; una conclusión provisional sería que enfrentar a los criminales con la fuerza del Estado, en vez de darles abrazos, rinde resultados positivos. Pero, más allá de la detención de alcaldes de municipios pequeños coludidos con bandas delincuenciales, sigue ausente un enfoque integral, la participación de todas las instituciones del Estado y actores sociales e intocadas las redes políticas de protección a los grupos criminales.
Presidente de GCI.
@alfonsozarate
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No es la apología, es el tejido social roto

Opinión de Jorge Nader Kuri | El Universal |
El reciente concierto en Zapopan, donde se proyectó la imagen de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, y se coreó con euforia una canción que lo glorifica, no es un hecho aislado ni un simple exceso artístico. Es el reflejo brutal de un fenómeno más profundo: la fractura del tejido social y la derrota simbólica del Estado en muchas regiones del país.
Limitar la discusión a si se violó o no el reglamento municipal, o si procede una investigación penal por apología del delito, es una respuesta jurídicamente correcta, pero éticamente insuficiente. Porque lo verdaderamente preocupante, más allá de la proyección de la imagen de un capo, es que haya sido celebrada, grabada, compartida y aplaudida por cientos de asistentes.
Ese aplauso espontáneo, cómplice o inconsciente, es la expresión de un quiebre colectivo. Cuando una comunidad comienza a admirar al que impone el miedo; cuando el narcotraficante se convierte en símbolo de poder, justicia o éxito, estamos frente a un fenómeno estructural: la sustitución del Estado por el crimen organizado como proveedor de orden, recompensa y sentido de pertenencia. Cada ovación a un criminal es un silencio ensordecedor ante la ausencia del Estado.
El problema es esencialmente político, ético y cultural; y mientras se pretenda enfrentar con boletines y carpetas de investigación lo que en realidad exige una estrategia integral de reconstrucción comunitaria, seguiremos perdiendo la batalla por el alma colectiva.
El gobernador de Jalisco ha condenado los hechos y anunciado sanciones, y la Universidad de Guadalajara ha intentado deslindarse institucionalmente del contenido. Pero esa reacción reactiva llega tarde, y no basta. ¿Dónde estaban los controles previos? ¿Qué protocolos existen para evitar que los símbolos del crimen se normalicen en espacios públicos administrados por entidades educativas?
La verdadera respuesta pasa por recuperar la presencia estatal en los territorios y en el imaginario social. Porque mientras el narco reparta despensas, organice festivales, construya canchas y brinde «justicia» inmediata, seguirá ocupando el lugar que el Estado ha abandonado. La legalidad necesita ser visible, rentable y confiable. De lo contrario, el mito del narco justiciero seguirá siendo más creíble que la promesa vacía de la democracia.
La cuestión no radica en censurar a los músicos ni en restringir los contenidos de sus canciones, sino en reflexionar sobre las condiciones sociales y culturales que permiten que esos mensajes resuenen profundamente en ciertas comunidades. ¿Qué futuro puede vislumbrar un joven que crece en una colonia donde el éxito se asocia con quien ostenta armas, lujos y una legión de seguidores? Estamos formando generaciones para quienes el criminal deja de ser una figura temida y se convierte en un modelo a seguir, y eso es un peligro potencial.
Mientras no reconstruyamos los referentes culturales y los vínculos comunitarios, estaremos combatiendo ídolos con discursos y leyes penales insuficientes, y esto nunca ha funcionado. La legalidad no se impone por decreto cuando el imaginario colectivo ya se rindió ante otros símbolos. Es evidente que el verdadero peligro no es que el crimen se celebre en canciones, sino que se empiece a celebrar en las conciencias.
Abogado penalista.
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El cinismo como manejo de crisis
Opinión de León Krauze | el Universal |
Una de las muchas cosas que distinguen esta época por la que atravesamos de otras etapas de la vida política es la desfachatez. Comienzo con una aclaración obvia pero necesaria: el cinismo siempre ha sido parte de los políticos y asumir responsabilidades por una equivocación siempre ha sido algo raro. Pero lo de ahora es distinto. Y ejemplos sobran, tanto en México como en Estados Unidos.
El manejo de crisis —que, en otras épocas, al menos, daba cabida a la rendición de cuentas— ahora sigue un método recurrente: negar cualquier responsabilidad y evitar asumir costos en absolutamente todos los casos. Es el mantra del gobierno que encabeza Donald Trump. Y lo es porque ha sido el modo de operar del propio Trump desde su época como empresario. Trump nunca pierde, y cuando pierde trabaja para crear la ilusión de lo contrario. Aunque las circunstancias más esenciales de la decencia —e incluso de la evidencia— así lo sugirieran, Trump nunca admite un error.
El ejemplo más reciente es lo sucedido con el tristemente célebre chat de Signal, en el que el secretario de Defensa, Hegseth, compartió detalles confidenciales del ataque contra los hutíes. Tan clara y profunda es la falta que el desenlace correcto —e incluso legalmente congruente— sería la salida de Hegseth y, probablemente, del asesor de Seguridad Nacional, Waltz, quien fue quien sumó al periodista Jeffrey Goldberg a la conversación virtual. Si este escándalo hubiera ocurrido bajo cualquier otra administración, la rendición de cuentas sería inevitable.
Pero no con Trump.
Ante el escándalo, Trump se ha atrincherado, negándose a que los miembros de su gabinete rindan cuentas. Los rumores en Washington sugieren que Trump no está dispuesto a despedir a ninguno de los involucrados porque hacerlo implicaría, en su universo, reconocer debilidad y otorgarles un triunfo a sus adversarios. Por la cabeza no le pasa la rendición de cuentas elemental que debe ejercer un gobierno ético.
El cinismo es el principio rector de su manejo de crisis
Lo mismo pasa en México. Basta ver el caso de Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué el partido oficial se niega a quitarle el fuero a Blanco? Si la evidencia es clara, y la necesidad moral de hacerlo —mucho más para un partido que se dice progresista, que ha prometido renovación moral, que se autodefine como feminista, y bla, bla, bla— es tan evidente, ¿por qué Morena opta por arropar a Blanco?
La respuesta está en el manual de manejo de crisis, uno de los legados esenciales de Andrés Manuel López Obrador. Como Trump, López Obrador asumía cada crisis como una amenaza casi personal a su asidero en el poder. No concebía la rendición de cuentas como un acto de responsabilidad y fortaleza, sino todo lo contrario: quien acepta un error y toma decisiones difíciles para remediarlo, muestra debilidad, pierde puntos políticos y regala una victoria a los adversarios. ¿Cuántas veces escuchó el lector a López Obrador aceptar un error en público? ¿Cuántas veces reconoció un tropiezo propio o de su equipo y actuó en consecuencia, así fuera en contra de sus propios deseos? Se me ocurren muy, pero muy pocas veces, si acaso.
Todo esto podrá tener sentido como estrategia política populista. Después de todo, proyectar esa aura de invulnerabilidad es esencial para mantener el embrujo sobre la base electoral. Pero no hay que confundirlo con gobierno responsable. Ni mucho menos con gobierno ético.
¿Qué le queda al ciudadano? Recordar frente a las urnas. Los partidos en el poder que le han dado la espalda a la rendición de cuentas y actúan desde el cinismo apuestan por la amnesia colectiva. Trump quiere sacar del ciclo noticioso el chat de Signal y que sus “periodistas” afines desvíen la atención. En México llevamos años en un ciclo similar. Tocará al electorado demostrar que se puede tener memoria y se puede aspirar a gobiernos que asuman que rendir cuentas es de valientes.
@LeonKrauze
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