Columnas
¿Plan de Paz o plan de plaza?
Opinión de Alberto Guerrero Baena
La reflexión que sigue nació después de escuchar una conversación entre el periodista de investigación Oscar Balderas y el conductor Luis Cárdenas en MVS Noticias. Ambos plantearon una pregunta incómoda: ¿quién se beneficia realmente de los llamados “planes de rescate estatal”, en particular del recién anunciado “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”? Lo que empezó como un intercambio periodístico se convirtió en un punto de partida para explorar un tema más profundo: la distancia creciente entre lo que el gobierno dice que combate y lo que en realidad termina fortaleciendo.
¿Por qué presentar como “nuevo” lo que ya estaba presupuestado? ¿A quién benefician realmente estas medidas: a la población o a los actores criminales hegemónicos? ¿Es justificable el rescate federal a gobernadores inoperantes o con presunciones de vínculo criminal? ¿Por qué el gobierno federal no impone orden en los estados: por miedo, cálculo político o deuda con poderes fácticos?
A partir de esa inquietud, vale la pena examinar con mayor detenimiento cuatro interrogantes centrales que definen no solo la política de seguridad en Michoacán, sino el sentido mismo de las intervenciones federales en estados marcados por la violencia, la captura institucional y la disputa criminal. En los anuncios oficiales del Plan Michoacán se difundieron cifras llamativas, declaraciones de “refuerzo histórico” y promesas de reconstrucción institucional. Sin embargo, una parte importante de esos recursos proviene de programas de desarrollo ya presupuestados para el siguiente año. La estrategia de empaquetar como “novedad” políticas previamente calendarizadas es un recurso político conocido: genera la sensación de que el gobierno actúa con rapidez, atenúa la presión mediática y permite reorganizar prioridades sin admitir que el presupuesto ya estaba comprometido. Esto plantea dos preguntas relevantes. Primero, ¿por qué se necesita reetiquetar recursos para la paz si supuestamente la política de seguridad ya estaba funcionando? Y segundo, ¿por qué se anuncia como respuesta inmediata lo que lleva meses planificado? La respuesta reside, en parte, en la necesidad de controlar la narrativa: cuando la violencia escala y la percepción ciudadana es negativa, el Estado recurre a la ilusión de acción extraordinaria. Pero también se abre la puerta a reasignaciones discrecionales que escapan a mecanismos de transparencia. El riesgo no es solo comunicacional: es institucional. Repetir este patrón normaliza intervenciones improvisadas y debilita la planeación de largo plazo. En teoría, un operativo federal busca estabilizar la región y restituir el control del Estado. Pero la historia de Michoacán demuestra que las intervenciones mal calibradas suelen favorecer al actor criminal que llega mejor preparado, no necesariamente al más débil ni al más violento. En el contexto actual, ese actor suele ser el CJNG, una organización con mayor capacidad logística, económica y militar que muchos grupos locales. Cuando el Estado irrumpe sin diagnósticos finos ni desarticulación simultánea de redes políticas y económicas, se generan vacíos temporales. Y en esos vacíos, suele entrar el grupo mejor estructurado, desplazando a facciones locales como los Viagras, Blancos de Troya, Tepalcatepec o Acahuato. No se trata de afirmar que el Estado interviene “para ayudar” a un cartel, sino de reconocer un patrón histórico: las acciones superficiales o descoordinadas terminan produciendo reacomodos que benefician a la organización más fuerte. Además, la presencia del Estado puede fragmentar o debilitar temporalmente a grupos locales, reduciendo su capacidad de resistencia ante organizaciones con recursos superiores. En ocasiones, los operativos no desmantelan economías ilícitas, sino que las redistribuyen. Esta es la dimensión menos discutida pero más peligrosa: un despliegue federal que no se acompaña de investigación profunda puede reforzar, sin querer, la hegemonía criminal. La intervención federal en estados gobernados por autoridades cuestionadas es una paradoja: por un lado, es necesaria debido a que la administración local ha fallado; por otro, implica reforzar a quienes precisamente contribuyeron al deterioro de la seguridad. En el caso de Michoacán, las críticas hacia la gestión de Alfredo Ramírez Bedolla se centran en su incapacidad para contener la expansión criminal y en presuntas complacencias que han sido señaladas por distintos sectores. Lo mismo sucede en Sinaloa con Rubén Rocha Moya, cuya actuación frente al poder histórico de grupos criminales ha sido motivo de debate público. El problema es que el gobierno federal suele intervenir sin exigir responsabilidades políticas o administrativas. Es decir, rescata la entidad, pero también rescata al gobernador. Esta falta de contraste entre intervención y rendición de cuentas tiene efectos corrosivos: normaliza la incompetencia, envía la señal de que la federación cubrirá los errores locales y, peor aún, permite que redes criminales con presencia en el aparato estatal sobrevivan dentro del nuevo orden federalizado de seguridad. Si el rescate es inevitable, también debería serlo la fiscalización. De lo contrario, la intervención refuerza las condiciones que originaron la violencia. Las razones no son excluyentes. Existe un componente de cálculo político: confrontar a élites regionales puede comprometer alianzas electorales, gobernabilidad o estabilidad interna. También hay un elemento de riesgo: romper abruptamente pactos informales o estructuras de convivencia forzada puede detonar conflictos mayores. Y en algunos casos, operan deudas políticas con actores —formales o informales— que han sido funcionales al proyecto de gobierno. Pero también hay una explicación más estructural: la debilidad institucional de los estados obliga al gobierno federal a intervenir constantemente, creando una dinámica de dependencia que desincentiva la construcción de capacidades locales. A veces, la pregunta no es por qué el gobierno no impone orden, sino por qué insiste en sostener estructuras estatales incapaces de hacerlo. Propuesta: una alternativa para priorizar la seguridad ciudadana genuina. – Auditoría independiente del Plan Michoacán antes de su implementación total, con participación ciudadana, organismos de derechos humanos y contralorías externas. – Diagnóstico territorial granular, elaborado por equipos mixtos de inteligencia, académicos y organizaciones civiles, que permita intervenir con precisión y no con generalidades. – Despolitización de mandos de seguridad, estableciendo plazos evaluables y perfiles profesionales, no cuotas partidistas. – Protección real a denunciantes y periodistas locales, actores clave para identificar alianzas y omisiones. – Condicionamiento estricto de recursos federales a mecanismos verificables de transparencia y combate a la corrupción.
Abrir la discusión, no blindar la narrativa
Esta columna no busca conclusiones absolutas. Pretende abrir un debate que suele eludirse: el riesgo de que las intervenciones federales reproduzcan, en vez de corregir, las estructuras que permiten la expansión criminal. El objetivo último de cualquier plan de paz debe ser proteger a la ciudadanía, no maquillar la crisis ni fortalecer al actor criminal más poderoso. La pregunta que plantearon Balderas y Cárdenas sigue vigente: ¿a quién se está rescatando realmente? La respuesta, sea cual sea, determinará el futuro de Michoacán y de la seguridad nacional en los próximos años. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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Morena no es México, no se engañen
Opinión de Jorge Romero Herrera
El pasado fin de semana, fuimos testigos de dos eventos que mostraron fielmente lo que ya había descrito en pasadas colaboraciones: en México no estamos hablando ya únicamente de una diferencia partidista. Estamos hablando de dos visiones completamente distintas de país.
Por un lado, un oficialismo desesperado encabezado por la propia presidenta de la República que defiende, protege y blinda a sus personajes acusados de involucrarse con bandas de criminales -a costa de poner en riesgo al país-, y del otro lado, quienes siguen creyendo en la libertad, en la legalidad y en la necesidad de construir un México donde el Estado no se arrodille frente al crimen organizado y el combatirlo no genere la persecución política y el descrédito.
Lo vivido este sábado en Chihuahua nos llena de orgullo y de esperanza. Fue una demostración contundente de que no podemos rendirnos. Se sintió en el ambiente. Se vibró en cada mensaje. Se reflejó en la presencia de miles de chihuahuenses que salieron a defender a una gobernadora que no se ha escondido ni un instante y que ha enfrentado cada ataque con determinación y carácter. Chihuahua habló fuerte y claro. No fue una movilización impulsada por el miedo. Fue una movilización impulsada por la convicción de que cuando se comete una injusticia, la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de levantar la voz.
En Acción Nacional estamos con Maru. Lo estamos porque creemos en ella, porque conocemos su trayectoria, porque sabemos de los resultados que ha entregado a las familias chihuahuenses y porque reconocemos, como millones de mexicanas y mexicanos, que lo que hoy enfrenta tiene todos los elementos de una persecución política. Ella tiene el respaldo de su estado, de su partido y de millones de mexicanas y mexicanos en todo el país que observan con preocupación cómo las instituciones del Estado comienzan a utilizarse con criterios políticos y no jurídicos porque ese es el fondo del problema.
Mientras una gobernadora de oposición es sometida a una presión permanente por haber enfrentado al crimen organizado y por haber cumplido con su deber, vemos cómo personajes cercanos al oficialismo reciben protección, silencio o explicaciones que buscan justificar lo injustificable, por eso resulta tan revelador lo ocurrido con el intento de juicio político promovido contra Maru Campos.
Hicieron anuncios, convocaron conferencias, generaron titulares y pretendieron construir una narrativa de culpabilidad anticipada. Sin embargo, cuando llegó el momento de sostener jurídicamente sus acusaciones, ni siquiera fueron capaces de ratificar la solicitud dentro del plazo legal establecido.
La propia presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Kenia López Rabadán, confirmó que el plazo venció y que los promoventes no acudieron a ratificar su petición. Así terminó un episodio que demuestra que muchas veces el objetivo no es encontrar justicia, sino fabricar escándalos, crear cortinas de humo.
Por eso, a lo largo del encuentro, una consigna fue cobrando fuerza hasta convertirse en la voz de miles de personas: Yo con Maru. No es solamente un lema. Es una definición. Es una manera de decir que estamos del lado de quien enfrenta al crimen y no del lado de quien lo tolera y hay una imagen que retrata perfectamente el momento que vive el país. Por eso miles de panistas en todo México nos hemos puesto con orgullo la camiseta de “Yo con Maru”. Lo hicimos en Chihuahua. Lo hicieron nuestras senadoras y senadores. Lo han hecho dirigentes, legisladores y ciudadanos. En contraste, no hemos visto a un solo morenista ponerse una camiseta que diga “Yo con Rocha”. Ni uno solo, esa diferencia no es casualidad. Cuando hay convicción. Cuando existe certeza moral. Por eso unos salen a defender con orgullo y otros prefieren guardar silencio, por eso unos dan la cara y otros se esconden detrás de comunicados. Preocupa que, frente a los escándalos que involucran a figuras relevantes de Morena en distintos puntos del país, la respuesta del gobierno siga siendo la misma: envolver cualquier cuestionamiento legítimo en una narrativa de confrontación entre patriotas y “traidores” que solo existen en su imaginario. En lugar de aclarar dudas, investigar responsabilidades o rendir cuentas, se recurre al discurso de la soberanía, la defensa de la patria y la transformación como un escudo político para descalificar a quienes exigen explicaciones. Que les quede muy claro: nadie está en contra de México ni del amor a nuestra patria. Nadie está atacando a México. Morena no es México. Es preocupante utilizar esos sentimientos compartidos por millones de mexicanas y mexicanos para desviar la atención de problemas concretos. La defensa de la soberanía nacional no puede convertirse en una excusa para evitar la rendición de cuentas, ni el respaldo popular puede sustituir la obligación constitucional de transparentar decisiones y esclarecer conductas indebidas de servidores públicos o dirigentes partidistas. No vamos a aceptar que se persiga a quienes combaten al crimen mientras se protege a quienes están rodeados de cuestionamientos. No podemos aceptar que existan gobernadores de primera y gobernadores de segunda dependiendo del color de su partido. En Acción Nacional no tenemos dudas sobre de qué lado estamos. Frente a los intentos de intimidación y al uso faccioso de las instituciones, estaremos junto a Maru Campos porque sabemos que esta causa trasciende a una persona o a un gobierno. Lo que está en juego es algo mucho más importante: el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a vivir en un país donde la ley se apliquen con imparcialidad y donde pensar distinto no sea motivo de persecución. Por eso, desde Chihuahua se envía hoy un mensaje que debe escucharse en todo México: no van a dividirnos, no van a doblegarnos y no van a lograr que guardemos silencio frente a una injusticia. Mientras desde el oficialismo el mensaje es de desesperación, impunidad y contubernio. POR JORGE ROMERO HERRERA PRESIDENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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Sheinbaum relanza al PAN
Opinión de Juan Ignacio Zavala | El Heraldo de México |
Lo que el PAN rompió, lo pega Claudia. Jorge Romero, presidente del PAN, ha intentado de manera infructuosa poner a su partido en la órbita de la opinión pública. También ha hecho intentos de reconstruir las relaciones rotas hace mucho tiempo en ese partido con poco éxito. Ha intentado acercarse a los dos expresidentes salidos de ese partido y siempre ha tenido palabras amables para ellos, pero nada de un evento juntos. El PAN continuaba igual que antes: a la deriva y sin causas visibles.
Hasta que Claudia Sheinbaum decidió atacar de frente a la gobernadora panista Maru Campos. En efecto, la Presidenta y su partido emprendieron una ruda ofensiva en contra de la chihuahuense, que jamás se imaginó estar en medio de una polémica nacional y que su nombre destacara en todos los noticieros y redes sociales. El PAN entendió que era su oportunidad de oro y montó enseguida una defensa de su gobernadora y la arroparon desde un inicio. Campos se dedicó a dar entrevistas por doquier y a denunciar la persecución en su contra. Finalmente, la oposición panista tenía una causa propia y quien la representara.
Se puede decir que este “relanzamiento del PAN” corrió a cargo de Claudia Sheinbaum. Fue ella la que empezó los ataques contra Campos y, más aún, insiste en mantener los señalamientos. Ya ha sido muy comentado que la intención oficial es igualar los marcadores de la denuncia estadounidense por Rocha Moya, Inzunza y demás morenistas que son reclamados por la justicia de ese país. Por eso a sus gobernantes calificados como narcos quieren equiparar a una panista acusada de traición a la patria por transgredir la ley en la cooperación con la CIA. No es poca cosa. Y en lo que deciden qué hacer con los morenistas y sus relaciones con el crimen organizado, han comenzado un proceso contra la gobernadora de Chihuahua. Con la diferencia de que todo lo que sucede con la chihuahuense lo sabe la población: la acusación, el citatorio, las fecha del citatorio, el recibimiento de éste, quiénes lo entregaron y quiénes lo recibieron. Todo. En el caso de Rocha Moya e Inzunza no sabemos nada. Ellos dijeron que fueron a la FGR, pero nadie vio nada, todo lo hacen a escondidas.
Al igual que en su informe del día de ayer, parece que la Presidenta ha escogido el combate al crimen como eje discursivo para compararse con los gobiernos pasados y marcar una diferencia con Estados Unidos. Su problema no es de discurso, sino de realidad, pues los señalados son de su partido y parece que vienen varios nombres más de esos que la Presidenta les dice “compañeros de lucha”.
El fin de semana, en Chihuahua, los panistas armaron un evento de apoyo a Maru Campos. Lo que quedó claro es que el panismo ya tiene un grito en la calle y se está organizando para dar la batalla en un campo de acción que tendrá que ver con el combate al crimen organizado. En ese evento estuvieron juntos Felipe Calderón y Vicente Fox, algo que no sucedía desde hace años. Los expresidentes panistas se mostraron felices de estar arengando a la gente nuevamente, los panistas muy contentos de tener sus líderes de nivel nacional juntos, y todo gracias a doña Claudia. Nadie sabe para quién trabaja.
POR JUAN IGNACIO ZAVALA
@juanizavala
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Incongruencias
Opinión de Raymundo Riva Palacio
¿Cómo funciona la mente de la presidenta Claudia Sheinbaum? Uno de sus atributos ha sido su formación de científica que utiliza el método científico para generar conocimiento, mediante el análisis de datos basados en evidencias y formular soluciones a los problemas. Sin embargo, después de dos años en el poder, puso seis metros bajo tierra a la cientificidad. Como vieron el domingo, el pragmatismo tecnocrático que mostró en el arranque de su sexenio, lo cambió por la ideología. Su sesgo incubado la sacó del clóset y redefinió su gobierno, la relación con Estados Unidos y, de seguir lo que trazó, la historia mexicana.
Sepultada la cabeza fría y finalmente expuesta su sangre caliente, la presidenta, tardó menos de 24 horas en mostrar la incongruencia intelectual del momento cúspide de su discurso para conmemorar su triunfo electoral hace dos años, la denuncia del intervencionismo de Estados Unidos en la política interna de México y en las elecciones intermedias del próximo año. Lo hizo hablando ayer de Colombia, al sumarse a la posición del presidente Gustavo Petro, y señalar posible fraude en las elecciones presidenciales en ese país. ¿Por qué tenía que meterse?
No hay ninguna diferencia entre lo que denunció del gobierno de Donald Trump y lo que declaró sobre las elecciones en Colombia. Fue tan injerencista como Trump, mostrando la debilidad de su argumento y la forma sesgada y maniquea cómo ve la intromisión en los asuntos internos de otros países: si es para apoyar a gobiernos con quienes tiene identificación ideológica y política, o cuestionar a gobiernos que piensan diferente al suyo, no hay intervencionismo. Todo lo demás, sí. Su mente funciona con parcialidad de variables, donde excluye todas aquellas que son relevantes, pero no se ajustan a su pensamiento.
Esta contradicción es lo que funcionarios estadounidenses califican como una hipocresía. Ella, quizás, ni siquiera lo puede ver. En Barcelona, donde acudió a un encuentro de líderes convocados por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se tomó una fotografía con un letrero donde pedía “justicia” para Cristina Fernández, la expresidenta argentina que está en prisión domiciliaria por un fraude de más de 500 millones de dólares. Sheinbaum ignoró, o no cree, que Fernández fue estuvo involucrada en un escandaloso caso de corrupción institucional y que pasó por la justicia argentina.
No ha cuidado tampoco su inclinación y pleno respaldo por el expresidente de Perú, Pedro Castillo -incluso recibió en Palacio Nacional a su abogado-, que fue condenado a 15 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión, tras un fallido autogolpe en 2022. La presidenta ha dicho que es una “injusticia” porque fue él quien cayó por un golpe de Estado y es víctima de persecución política. La justicia peruana tiene otros datos.
Con Ecuador mantiene un diferendo heredado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que le dio asilo al exvicepresidente Jorge Glas en 2023, pese a haber sido condenado por corrupción y estar sujeto a proceso por otros delitos. En reacción a ello, el presidente Daniel Noboa autorizó el asalto a la Embajada de México en Quito, violando tratados internacionales. Sheinbaum no ha resuelto el conflicto diplomático, y ha asegurado que no restablecerá las relaciones mientras Noboa siga siendo presidente.
Sheinbaum ha sido declarada persona non-grata en esos países, una categoría que solo comparte con dos expresidentes mexicanos, Vicente Fox y Felipe Calderón, que recibieron el mismo tratamiento por el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por criticar el estado de la democracia en ese país. La presidenta, por el contrario, buscó coordinar acciones latinoamericanas para defender a Maduro cuando Estados Unidos intervino Venezuela para extraerlo y llevarlo ante los tribunales en Brooklyn, acusado de narcotráfico.
La presidenta, como antes lo hizo López Obrador, nunca se pronunció contra la falta de libertades en Cuba, Nicaragua y la Venezuela chavista, cuyos regímenes dictatoriales apoyó sin matices. Ella es parte de un movimiento que lleva ocho años en Palacio Nacional, que abiertamente intervino en las elecciones en Estados Unidos, cuando López Obrador pidió votar contra los republicanos, enviando recursos disfrazados de presupuesto para los consulados para hacer activismo político.
En su decantamiento por Petro e intervencionismo en los asuntos internos de Colombia, la presidenta dijo que previamente a las elecciones de este domingo había habido una ofensiva mediática y campañas de desinformación impulsadas por una red internacional, que fue una de sus denuncias el domingo, como parte de una conspiración de la ultraderecha internacional y de Estados Unidos.
Pero no impidió, sino al contrario, permitió que su coordinador de asesores, Jesús Ramírez Cuevas, el jefe de la propaganda obradorista e ideólogo de la polarización, financiara un canal dirigido por el español Pablo Iglesias -que es asesor de Sheinbaum-, por donde entró la maquinaria de propaganda del Kremlin, que se ha documentado generó por años campañas de desinformación a través de noticias falsas para incidir en procesos electorales en Estados Unidos y provocar desestabilización.
La posición binaria de Sheinbaum sobre el injerencismo y el intervencionismo es muy propio de la cultura del obradorismo, al igual que la discrecionalidad con la que aplican la Doctrina Estrada, siempre a flor de boca de la presidenta, pero que se aplica acorde de sus filias y fobias ideológicas. Esta dualidad intelectual y política la quita espacios de maniobra frente a Estados Unidos y anula sus demandas de no intervencionismo. Para poder mantener esa posición con eficacia, requiere de tener una autoridad política y diplomática, además de moral. Si no la tiene, ¿cómo puede esperar que la tomen en serio cuando aplica en otros lo que no quiere que le hagan a ella?
Funcionar bajo un pensamiento con parcialidad de variables, lleva en política a diagnósticos equivocados y conclusiones fallidas. Le ha quitado coherencia diplomática a su discurso -perdiendo autoridad en el mundo, cuando alguna vez fue respetado por la consistencia de sus principios-, y potencia argumentativa. La presidenta sigue perdiendo credibilidad y no lo ve de esa manera, lo que explica su posición intervencionista en Colombia.
No puede esgrimir neutralidad y tener la fuerza para denunciar el intervencionismo de Washington, porque su palabra ha perdido credibilidad frente a Estados Unidos. Al perder consistencia con su doble rasero de la autodeterminación, quedó expuesta por la mezcla de soberanía con protección política de criminales que hizo en su discurso, en momento donde su endurecimiento también existe del otro lado del Río Bravo.
rrivapalacio2024@gmail.com
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