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Banjército, fiscalía CDMX, Rocío Nahle… ¡Ni a cuál irle! 

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¿Por qué AMLO y Sheinbaum siguen defendiendo a la zacatecana Nahle? ¡Si es corrupta y miente!

Baste decir que:

(Especial)

1.- La mansión que tiene en el Country de Villahermosa, Tabasco, la compró el 31 de enero de 2019, apenas dos meses después de tomar posesión como titular en la Secretaría de Energía.

2.- Declaró haber pagado sólo 2 millones de pesos en efectivo, pero esa mansión, repito, en el Country, tiene 457 metros de terreno y 314 de construcción, por lo cual evidentemente miente.

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3.- Una residencia similar ahí mismo vale más de 12 millones de pesos.

(Especial)

4.- Paga de luz 33 pesos al bimestre, sí, en su mansión. O sea, ¿Manuel Bartlett le hace un superdescuento o tiene un diablito? ¡Pues no me digan que con esos calores nunca prende el abanico!

Aquí le dejó los documentos oficiales.

La cuarta transformación tiene razón cuando dicen que no son iguales a otras administraciones, son peores: sí, mienten; sí, roban, y sí, traicionan al pueblo. En más de cinco años, Román Meyer Falcón, el arquitecto de la corrupción e hijo del historiador Lorenzo Meyer Cossío, hizo de Sedatu su mina de oro.

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Café con doble piquete

En esta historia de la gallina de los huevos de oro, Román y su hermano Lorenzo Meyer, así como su primo Alfonso Martínez Meyer, son protagonistas y responsables de obras de pesadilla que están inconclusas o abandonadas; de licitaciones sin proyectos; de contratos millonarios a modo para beneficiar a su círculo cercano, y violaciones a la ley, cuyo común denominador es siempre la corrupción.

Los hijos del ideólogo de la ‘4T’ son el claro ejemplo de que la prepotencia y la corrupción no se destruye, sólo se transforma. Los Meyer Falcón ya no pueden con el desmadre que traen en Sedatu. Si creen que esto es la punta del iceberg, apenas si hablamos de una astilla que tiene molestos a muchos constructores y empresarios.

Proyectos sin proyecto

Lo que mal empieza, mal acaba… la Sedatu no estaba preparada para ejecutar obra pública, pero igual se le dio toda la responsabilidad, de modo que los recursos para el desarrollo y construcción de proyectos se dejaron de dar directamente a los estados o municipios para entregarse en especie.

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La centralización de los recursos para el desarrollo de la infraestructura urbana jugó a favor de los Meyer, de sus amigos, arquitectos, operadores y empresas, que comenzaron a recibir contratos, a cambio de un porcentaje en efectivo y con ello los primeros millones.

“En este gobierno se licitaban proyectos sin proyecto, entonces no sabías cuánto iba a costar; se estimaba por costos paramétricos y nos pagaban lo que el secretario quería”, revelaron mis múltiples fuentes internas y externas de Sedatu.

El pastel y las rebanadas

Con tal de comerse el pastel completo, los Meyer fueron quitando a los funcionarios que no se quisieron sumar a su red de corrupción. Comenzaron cambiando al primer subsecretario, Armando Rosales; acto seguido quitaron del camino a su principal obstáculo, el arquitecto Daniel Escotto Sánchez, quien entonces estaba al frente de la Unidad de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Urbano, y el responsable de estructurar el equipo para la ejecución de obras, a los arquitectos y a los ingenieros dentro de Sedatu.

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Poco a poco fueron cambiando el personal responsable de las licitaciones con el fin de ocultar su modus operandi para la asignación de los contratos a las constructoras bendecidas por los Meyer. En ese puesto pasaron el ingeniero Luis Soliz, el maestro Josué Cortez y el ingeniero Tomás Candelaria, hasta quedarse acéfala esa Unidad de Proyectos, dejando el camino libre para que se asignaran los contratos a su conveniencia. No sólo con el personal de esta unidad se meten, también han quitado del camino a distintos personajes en puestos estratégicos para quedarse con el pastel completo, puestos designados por Hacienda, como Víctor Manuel Bolaños, titular de Administración y Finanzas de la Sedatu, entre otros.

Como empresa, obtener un contrato era más sencillo cuando contabas con “la bendición” de Román; de lo contrario, no ganabas, y en este pastel las rebanadas las cortaban Román, Lorenzo y su primo Alfonso, así como, ya sabemos, el arquitecto Alejandro Castro, cercano amigo de Andy López Beltrán.

Pero en esta historia también hay muchos enojados y apuñalados por la espalda. Funcionarios que fueron despedidos por no cooperar, arquitectos a los que nos les pagaron sus servicios y constructoras que fueron invitadas a hacer obra por Lorenzo y que entregaron el moche solicitado y a los que no les pagaron las obras que construyeron.

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A finales de 2020, en noviembre, Román despidió a Daniel Escotto; desde ese momento comenzaron a entrar a la Sedatu personajes que trabajaron con Lorenzo en la CRE.

Los gánsteres de la ‘4T’

Alfonso Martínez Meyer, alias Ernesto (primo de los Meyer), y su contadora Rebeca están a cargo de cobrar a los constructores los moches que solicitan. “A los que no pagan, el secretario les quita el contrato y se lo cede a otra empresa, o les dejan de pagar, por eso no podemos dejar hacer lo que nos piden” afirmó una de mis fuentes.

Toda red de corrupción opera con amigos, familiares, cómplices, aquellos que no abren la boca pero estiran la mano, como los funcionarios coludidos y el despacho externo donde se preparan las licitaciones y las propuestas ganadoras de los contratos.

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Hasta magos salieron…

Para las obras del rescate integral de río Grijalva, en Villahermosa, “desaparecieron” cientos de millones de pesos de los contratos, donde quitaron conceptos como el tablestacado, indispensable para la cimentación y delimitar el río con la tierra, además de ser un requisito de la Conagua, que los puso en la mira de la ASF.

El esquema perfecto

La trampa perfecta se centró en hacer licitaciones de obra pública a precio alzado con proyectos incompletos o inexistentes, un esquema muy poco usado en el sector de la obra pública en el que la Sedatu se especializó completamente, pudiendo así pagar muy por encima de los costos reales y pudiendo modificar los proyectos a modo para beneficiar a las constructoras o, en algunos casos, castigarlas y afectarlas.

Con la auditoría encima y un regaño del Presidente, Román “estaba muy tenso”. La siguiente cabeza que quería era la de Víctor Manuel Bolaños; “no quería perder porque, obviamente, ahí estaba el dinero”. Esto lo sabían hasta en Hacienda y, aun así, lo permitieron.

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Las mismas empresas conocían perfectamente quién era la cabeza, el hermano, el primo, el amigo, y cómo operaban porque no a todas les pedían el mismo porcentaje.

BUMA, de Marco Antonio Burgos, uno de los mejores amigos de Lorenzo, desapareció tras cobrar 95% del contrato con todo y que la obra en Nextlalpan, Edomex, tenía menos de 40% de avance. Ni el secretario ni sus funcionarios hicieron nada contra ellos.

Mientras permitían que unos quedaran mal, otros constructores tenían que salir al rescate de las obras. Al llegar a 2022 la mitad de los proyectos de 2021 no estaba terminada, los contratos se volvían más complicados por la forma de contratación y por arquitectos que querían imponer un diseño más caro.

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“Se vienen ya muchos proyectos que estaban atorados, que les faltaba dinero, que las empresas habían ya abandonado, que Román ya no quería. Llegó un momento donde creía que todo el mundo le robaba”; acto seguido, bajó el presupuesto para obras que dejaron tiradas por las propias empresas que ellos colocaron.Ven cómo no son iguales, resultaron hasta peores. Esta es la familia del ideólogo de la cuarta transformación Lorenzo Meyer. No combatió la corrupción, impunidad y prepotencia, por el contrario, las encabezó y fomentó. Mientras tanto, ¿quién investiga a los amigos del hijo del Presidente? ¿Sólo la prensa?

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La columna se publicó originalmente en El Financiero reproducida aquí con permiso de la autora.

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Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

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El costo de la violencia

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El crimen organizado y la violencia en América Latina suponen un lastre para el desarrollo económico de América Latina. Es lo que sostiene el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe Crimen violento e inseguridad en América Latina y el Caribe: una perspectiva macroeconómica. El principal hallazgo es que la operación de grupos delictivos genera pérdidas equivalentes al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) latinoamericano. Así, el crimen disminuye la productividad laboral, los altos costos de seguridad reducen la probabilidad de que las empresas inviertan en innovación y las pequeñas empresas son las más vulnerables a sus efectos nocivos.

Con apenas el 8% de la población mundial, América Latina y el Caribe registra un tercio de los homicidios del mundo. Los grupos delictivos organizados y las pandillas están vinculados al 50% de los asesinatos en América Latina, más del doble del promedio mundial. Existe evidencia creciente de grupos transnacionales de narcotráfico organizado que están expandiendo sus operaciones a la minería ilegal de oro, la tala y el tráfico de vida silvestre en la cuenca del Amazonas. Las actividades ilícitas a menudo implican delitos convergentes como corrupción, extorsión, fraude, lavado de dinero, asalto violento o violencia sexual.

El FMI asegura que la reducción en la tasa de homicidios de América Latina y el Caribe impulsaría el crecimiento del PIB hasta en un 30% de la región, a través de una mayor acumulación de capital y productividad total de los factores. La disminución de la violencia de género también aumentaría el empleo entre las mujeres.

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Las ondas expansivas de los efectos del crimen organizado alcanzan desde el ciudadano de a pie hasta las grandes empresas. Un 30% de las compañías de la región perciben a la delincuencia como su problema clave y los costos directos —el valor de las pérdidas debido al delito y el gasto de las empresas en seguridad— se estiman en alrededor del 7% de sus ventas anuales. El análisis muestra además, que el tamaño de la empresa es importante. Las pequeñas empresas enfrentan pérdidas relativamente mayores debido a la delincuencia y gastan relativamente más en seguridad. Los costos directos de la delincuencia como porcentaje de las ventas anuales son casi el doble para las pequeñas empresas, un 7.8%, mientras que para las grandes empresas sólo supone un 4.1%. El impacto regresivo del delito también podría empujar a las pequeñas empresas hacia el sector informal.

En cuanto a México, el organismo señala que las redes criminales están profundamente vinculadas al tráfico de drogas y la extorsión. Al poner el foco en la segunda economía de América Latina, sólo detrás de Brasil, el FMI señala que la presencia de bandas criminales en México reduce la actividad económica, los ingresos y la educación al obstaculizar la movilidad de la población. La presencia de las bandas delictivas en México se concentra en algunos estados del norte del país, como Baja California, así como en el Bajío y centro de México, de acuerdo con un mapa elaborado por el organismo, a partir de datos oficiales. Como en otros países de América Latina, el órgano multilateral advierte una fuerte percepción de impunidad y corrupción al interior de las corporaciones de seguridad, misma que inhibe que los crímenes lleguen a denuncias.

Dadas las complejidades y los efectos indirectos de la violencia, el FMI insta a seguir dos recomendaciones:

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El fortalecimiento de la cooperación internacional contra las drogas ilícitas, el tráfico de armas y el lavado de dinero mediante la mejora del intercambio de inteligencia y la coordinación de operaciones conjuntas también ayudaría a reducir la rentabilidad del crimen organizado y la accesibilidad a las armas de fuego.

La seguridad se mejora fomentando un entorno de estabilidad económica, con políticas de educación, protección social y seguros bien diseñadas, que contengan la pobreza, el desempleo y las desigualdades. Las políticas que mejoran la educación de alta calidad y las oportunidades laborales para los jóvenes pueden debilitar el reclutamiento de organizaciones criminales al aumentar las recompensas por la educación y el empleo.

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May señala de liderar grupo criminal a jefe de SSP nombrado por Adán Augusto

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Historia de Expansión Política

El morenista Javier May, gobernador de Tabasco, dijo que Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública en los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino, dirigía al grupo criminal ‘La Barredora’. El mandatario acusó a las administraciones pasadas de haber permitido que los grupos de la delincuencia organizada »echaran raíces» en la entidad. ‘Nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada. Va a haber cero impunidad y vamos a atender las causas. Entonces yo creo que quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto’, dijo sobre mantas en las que presuntos miembros de crimen organizado aludieron al actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Tabasco, Víctor Hugo Chávez Martínez, y al comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Morán. ‘La Barredora’ es un grupo criminal local vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

‘Los que informaban también tendrán que explicar si tienen ellos información de que había pacto con la delincuencia organizada. No es que no hubiese pasado nada en Tabasco, no es que no hubiese secuestro, no hubiera extorsión, era un secreto a voces que había cobro de derecho de piso, que se les cobraba a las fondas, a los comerciantes», expresó May durante la conferencia de prensa. ‘Todos saben, aquí era vox pópuli quién comandaba ‘La Barredora’ ¿O no sabemos?’, cuestionó May. ‘Hernán Bermúdez’, respondió uno de los asistentes al evento. ‘Sí, ¿no?», aceptó el mandatario. »Pareciera ser que tenemos amnesia de lo que pasó, yo llevo en el encargo apenas un mes y medio, y ya vimos cómo se perfilan, cómo van cambiando su línea de comunicación, ahora es la nota roja lo más importante, lo más preponderante de algunos medios, y antes no destacaban nada’, expuso el mandatario que rindió protesta el 30 de septiembre pasado. ‘A nosotros no, ni nos van a buscar porque ya saben que no vamos a pactar. Con nosotros no hay ninguna relación, ningún encuentro con este tipo de cárteles u organizaciones’, expuso. Enero de este año, tras episodios de violencia en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena renunció a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad gobernada en ese momento por Carlos Merino. La salida del secretario se dio tras los asaltos que se registraron en Villahermosa la tarde del 4 de enero y las balaceras, incendios de autos y bloqueos de vialidades acontecidos en diciembre de 2023. Tras la renuncia de Bermúdez, el entonces comisionado de la Policía Estatal José del Carmen Castillo quedó como encargado de despacho de la SSP. Hernán Bermúdez Requena fue nombrado como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tabasco en diciembre 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López. En enero de este 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de propaganda los hechos de violencia ocurridos en Tabasco. Adán Augusto López Hernández gobernó en Tabasco entre el 1 de enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021. Después se unió al Gabinete de López Obrador.

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Y la Gobernadora Evelyn Salgado canta: ‘Si nos dejan…’

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Desde 2021, en su campaña por la Gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado acostumbraba a cerrar sus mítines políticos entonando canciones de Selena Quintanilla.

Sin embargo, ya a cargo de la entidad y mientras la violencia azota a los guerrerenses, la morenista ha sido criticada por estar más presente en “palomazos” que en momentos críticos de su Administración.

La noche del miércoles, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Acapulco (OFA), la Mandataria estatal cantó a dueto con el intérprete Jorge “Coque” Muñiz la canción “Si nos dejan”.

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Esa misma noche, a las 21:30 horas, fueron abandonados a un costado del carril sur-norte de la Autopista del Sol, en el Kilómetro 272, en el paraje conocido como “El Parador de Marqués”, 11 cuerpos desmembrados de comerciantes que estaban desaparecidos desde octubre pasado.

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“Se burlan de Guerrero, tanto su padre como ella, mientras el Estado ardiendo por la inseguridad”, comentó un usuario de redes sociales.

“Se la pasa cantando y divirtiéndose a costa del luto de familias”, apuntó otro.

Y es que la Mandataria se encontraba en la inauguración del recinto turístico y cultural El Partenón de Zihuatanejo, inmueble que pertenecía el ex jefe de la Policía de la Ciudad de México, Arturo Durazo, y que fue incautado por la ex Procuraduría Federal de la República.

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Lo que llamó la atención fue que se trasladó en helicóptero, en lugar de hacerlo por tierra en la carretera federal de la Costa Grande, donde en las últimas tres semanas se han registrado múltiples hechos de violencia y sus pobladores han tenido que encerrarse en sus casas para evitar ser víctimas del crimen.

“Pronto vamos a ir a Tecpan de Galeana y a Atoyac, en donde hay el apoyo de las fuerzas de seguridad que nos están ayudando”, alcanzó a decir la Gobernadora.

Los habitantes de los Municipios de Tecpan, Atoyac y San Jerónimo no han regresado al cien por ciento a la normalidad, luego los enfrentamientos que se registraron entre dos organizaciones de la delincuencia organizada con el Ejército, Guardia Nacional y Policía estatal que dejaron un saldo de al menos 30 muertos.

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Sólo entre el miércoles y el jueves pasado, de acuerdo con informes, Guerrero vivió una ola de violencia con 30 asesinatos: 11 en Chilpancingo; 4 en Coyuca de Benítez; 3 en Teloloapan; 3 en Tecpan de Galeana, y uno en Cochoapa el Grande.

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