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Reforma judicial de AMLO, atole con el dedo para el pueblo bueno y sabio 

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Diría el carnicero, vayamos por partes

¿Se necesita una reforma al Poder Judicial? Sí.

¿La reforma de AMLO es la solución? No, pues es su venganza contra la SCJN por batearle sus caprichos anticonstitucionales y porque para los ciudadanos de a pie no será más sencillo acceder a la justicia.

¿La razón?

1.- La reforma de AMLO no aborda un cambio profundo en la impartición de justicia local, y de plano omite a las fiscalías locales o las defensorías públicas, que son el primer contacto de las personas que buscan justicia.

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2.- Su reforma se enfoca en los juzgadores federales, sacar a los que ya están, reducir el periodo de sus encargos, bajarles el sueldo e imponer la creación de un tribunal para “disciplinarlos”. ¿Se portan mal? ¿De acuerdo con quién?

Café con piquete

Basta ver esto para darse cuenta de que esta reforma no es para robustecer a una institución, fortalecer a la justicia, mejorarla, hacerla más abierta y transparente o para crear nuevos mecanismos para defender derechos humanos.

Así pues, se echa la culpa a la Corte y a los jueces y magistrados de cosas que son responsabilidad de poderes judiciales locales.

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Se acusa a jueces de cosas que son responsabilidad de las fiscalías de cada estado y, ojo, de los presidentes de los tribunales locales, aunque suelen ser designados por los propios integrantes del tribunal; se votan entre ellos.

O sea, sí hacen una elección, pero muchas veces es ‘namás’ para taparle el ojo el macho, pues son impuestos por los gobernadores.

Además, se ha alimentado la idea de que todos los jueces que liberan personas son corruptos y esto puede llegar a que se validen detenciones ilegales o se condene a gente que fue torturada. ¿Y las fiscalías, apá? Son las que no hacen bien su trabajo, léase no investigan y, por lo tanto, no integran bien las carpetas.

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Mordida de pan dulce

La oposición ha cuestionado su viabilidad y sus implicaciones para la independencia judicial, pero sin presentar una propuesta alternativa concreta, ni posicionarse claramente respecto a si consideran que el Poder Judicial requiere una reforma de fondo.

¿Cuáles son los cambios más polémicos de la reforma?

-La elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

-La eliminación del Consejo de la Judicatura Federal; este escenario implicará el cese de mil 665 ministros, magistrados y jueces.

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Las voces más alarmadas entre los expertos ven en esta reforma la justificación de “una purga” que derivará en que la impartición de justicia esté bajo el control político del Estado, pues, en el caso de la SCJN, la iniciativa plantea renovar de golpe a todos los integrantes del máximo tribunal cada 12 años, en lugar del actual sistema escalonado; este modelo podría politizar a la Suprema Corte y comprometer a sus integrantes, así como llevar a una falta de experiencia y conocimiento legal en la misma.

Por su parte, la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, que actualmente tiene funciones administrativas y disciplinarias, abre la puerta a una excesiva concentración de poder y a posibles abusos e injerencias indebidas en un tribunal de disciplina judicial y un órgano de administración judicial. Con esto, se estaría desapareciendo de tajo un contrapeso fundamental dentro del propio Poder Judicial, como advierte el IMCO.

El presidente argumenta que estas medidas ayudarán a “limpiar la corrupción” y a resolver problemas estructurales dentro del Poder Judicial.

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Sin embargo, organizaciones como la Barra Mexicana de Abogados y el Stanford Law School Impact Lab han advertido que la elección popular de jueces viola estándares internacionales y socava la democracia, al poner en riesgo la independencia judicial.

“La elección de jueces por voto popular es una mala idea, pues los convertiría en actores políticos en lugar de árbitros imparciales”, advirtió el exministro de la SCJN, José Ramón Cossío.

¿Y la justicia local, apá?

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Será la gran deuda de la ‘4T’ con la ciudadanía

Hoy en día, quienes hemos tenido la infortuna de utilizar el Poder Judicial sabemos que, cuando llegamos a los tribunales federales, el acceso a la justicia mejora drásticamente. Leído lo anterior, el problema para la ciudadanía de a pie está en los tribunales locales.

Repito, no podemos olvidar que en México los presidentes de los tribunales locales suelen ser impuestos por los gobernadores y AMLO de esto no dice ni pío en su reforma.

Tampoco aborda cómo replantear el papel que desempeñan las policías de investigación y los ministerios públicos en la integración de expedientes que terminan en un juzgado.

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Ni la mejora de las competencias y la pericia de quienes impartirán justicia de los jueces.

Fuerte a pico de botella

En resumidas cuentas, esta reforma no mejorará la terrible experiencia de ir a levantar una denuncia y lidiar con las MP. Cuando usted vaya a denunciar que su hija no aparece, el ministerio público le seguirá diciendo “ay, señora, su hija seguro se fue con el novio. Regresa en tres días”. Cuando usted vaya a levantar una denuncia porque lo asaltaron, no tendrá empatía del ministerio público, tampoco cuando vaya por violencia familiar, pues tampoco toca el tema de cómo apoyar, investigar y juzgar con perspectiva de género.

Tampoco será más fácil el encontrar el cuerpo de una mujer víctima de un feminicidio, pues de los médicos legistas tampoco habla nada la reforma de AMLO. Una familia puede tardar años en encontrar el cuerpo de su familiar porque el médico legista dijo que la víctima tenía veintitantos años y en realidad era menor de edad.

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Lo dicho, está reforma sólo es la venganza de AMLO ante la SCJN, pero nos quiere dar atole con el dedo.

Finalmente, hay que preguntarse cómo se va a financiar la elección de tantos juzgadores si no se destinará dinero público para las campañas. ¿Cómo evitarán que los grupos criminales, el poder económico y los partidos capturen esos puestos?

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La columna se publicó originalmente en El Financiero reproducida aquí con permiso de la autora.

Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

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Un vuelco en la estrategia de seguridad

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Opinión de Alfonso Zárate | El Universal |

Quizás resulte inverosímil, pero hay una materia en la que las exigencias del hombre naranja empatan con las de las fracciones más conscientes de la sociedad mexicana: la de abandonar la simulación y la complicidad y poner en marcha una estrategia que contenga y repliegue a la delincuencia.

El secretario Omar García Harfuch encabeza una estrategia que, sin admitirlo, rompe con años de inacción y simulación (“abrazos, no balazos”). De dientes para afuera el gobierno federal podrá seguir con la cantaleta de que se propone atender primero las causas estructurales de la violencia, haciendo creer que el reparto de los dineros sirve para eso, pero lo crucial es que está empezando a usar los enormes recursos humanos, tecnológicos y bélicos con los que cuenta el Estado para enfrentar a las organizaciones criminales.

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Unos cuantos hechos dentro de estos primeros seis meses del gobierno de la doctora Sheinbaum muestran un vuelco en la estrategia de seguridad que impuso López Obrador: la entrega de Rafael Caro Quintero y 28 narcotraficantes, la utilización de la Plataforma México, la atención a los territorios prioritarios, las capturas de generadores de violencia, el incremento de decomisos de armas y drogas…

Un ejemplo mayor: la noche del 21 de octubre en el ejido Plan de Oriente (El Doce) en Culiacán, tuvo lugar una operación militar para detener a Edwin Antonio Rubio López, alias El Max, integrante de una célula de El Mayo Zambada; de acuerdo con la información oficial, sicarios habrían abierto fuego contra los militares que repelieron el ataque con un saldo de 19 personas abatidas y ninguna baja del Ejército. Los militares aseguraron 4 ametralladoras, 17 armas largas, 5 armas cortas y un fusil Barret. No resulta creíble que tomando por sorpresa a los militares y disponiendo de semejante capacidad de fuego, los sicarios no hayan herido o matado a ningún soldado y que el “enfrentamiento” haya terminado con ese saldo.

El segundo episodio tuvo lugar el 4 de enero en Bácum, Sonora, donde —según la información oficial— una agresión de hombres armados contra agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dejó un saldo de ocho sujetos abatidos, entre ellos dos que eran objetivos criminales y contaban con órdenes de aprehensión. Sorprende que en ambos sucesos la narrativa oficial fue la de una agresión de los criminales con armas de fuego, a la cual se respondió con una eficacia y letalidad sorprendentes.

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Si, en efecto, en el primer tramo del gobierno de Claudia Sheinbaum los homicidios dolosos se han reducido 12%, los secuestros 9.3% y las extorsiones casi el 13%; una conclusión provisional sería que enfrentar a los criminales con la fuerza del Estado, en vez de darles abrazos, rinde resultados positivos. Pero, más allá de la detención de alcaldes de municipios pequeños coludidos con bandas delincuenciales, sigue ausente un enfoque integral, la participación de todas las instituciones del Estado y actores sociales e intocadas las redes políticas de protección a los grupos criminales.

Presidente de GCI.

@alfonsozarate

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No es la apología, es el tejido social roto

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Opinión de Jorge Nader Kuri | El Universal |

El reciente concierto en Zapopan, donde se proyectó la imagen de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, y se coreó con euforia una canción que lo glorifica, no es un hecho aislado ni un simple exceso artístico. Es el reflejo brutal de un fenómeno más profundo: la fractura del tejido social y la derrota simbólica del Estado en muchas regiones del país.

Limitar la discusión a si se violó o no el reglamento municipal, o si procede una investigación penal por apología del delito, es una respuesta jurídicamente correcta, pero éticamente insuficiente. Porque lo verdaderamente preocupante, más allá de la proyección de la imagen de un capo, es que haya sido celebrada, grabada, compartida y aplaudida por cientos de asistentes.

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Ese aplauso espontáneo, cómplice o inconsciente, es la expresión de un quiebre colectivo. Cuando una comunidad comienza a admirar al que impone el miedo; cuando el narcotraficante se convierte en símbolo de poder, justicia o éxito, estamos frente a un fenómeno estructural: la sustitución del Estado por el crimen organizado como proveedor de orden, recompensa y sentido de pertenencia. Cada ovación a un criminal es un silencio ensordecedor ante la ausencia del Estado.

El problema es esencialmente político, ético y cultural; y mientras se pretenda enfrentar con boletines y carpetas de investigación lo que en realidad exige una estrategia integral de reconstrucción comunitaria, seguiremos perdiendo la batalla por el alma colectiva.

El gobernador de Jalisco ha condenado los hechos y anunciado sanciones, y la Universidad de Guadalajara ha intentado deslindarse institucionalmente del contenido. Pero esa reacción reactiva llega tarde, y no basta. ¿Dónde estaban los controles previos? ¿Qué protocolos existen para evitar que los símbolos del crimen se normalicen en espacios públicos administrados por entidades educativas?

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La verdadera respuesta pasa por recuperar la presencia estatal en los territorios y en el imaginario social. Porque mientras el narco reparta despensas, organice festivales, construya canchas y brinde «justicia» inmediata, seguirá ocupando el lugar que el Estado ha abandonado. La legalidad necesita ser visible, rentable y confiable. De lo contrario, el mito del narco justiciero seguirá siendo más creíble que la promesa vacía de la democracia.

La cuestión no radica en censurar a los músicos ni en restringir los contenidos de sus canciones, sino en reflexionar sobre las condiciones sociales y culturales que permiten que esos mensajes resuenen profundamente en ciertas comunidades. ¿Qué futuro puede vislumbrar un joven que crece en una colonia donde el éxito se asocia con quien ostenta armas, lujos y una legión de seguidores? Estamos formando generaciones para quienes el criminal deja de ser una figura temida y se convierte en un modelo a seguir, y eso es un peligro potencial.

Mientras no reconstruyamos los referentes culturales y los vínculos comunitarios, estaremos combatiendo ídolos con discursos y leyes penales insuficientes, y esto nunca ha funcionado. La legalidad no se impone por decreto cuando el imaginario colectivo ya se rindió ante otros símbolos. Es evidente que el verdadero peligro no es que el crimen se celebre en canciones, sino que se empiece a celebrar en las conciencias.

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Abogado penalista.

jnaderk@naderabogados.com

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El cinismo como manejo de crisis

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Opinión de León Krauze | el Universal |

Una de las muchas cosas que distinguen esta época por la que atravesamos de otras etapas de la vida política es la desfachatez. Comienzo con una aclaración obvia pero necesaria: el cinismo siempre ha sido parte de los políticos y asumir responsabilidades por una equivocación siempre ha sido algo raro. Pero lo de ahora es distinto. Y ejemplos sobran, tanto en México como en Estados Unidos.

El manejo de crisis —que, en otras épocas, al menos, daba cabida a la rendición de cuentas— ahora sigue un método recurrente: negar cualquier responsabilidad y evitar asumir costos en absolutamente todos los casos. Es el mantra del gobierno que encabeza Donald Trump. Y lo es porque ha sido el modo de operar del propio Trump desde su época como empresario. Trump nunca pierde, y cuando pierde trabaja para crear la ilusión de lo contrario. Aunque las circunstancias más esenciales de la decencia —e incluso de la evidencia— así lo sugirieran, Trump nunca admite un error.

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El ejemplo más reciente es lo sucedido con el tristemente célebre chat de Signal, en el que el secretario de Defensa, Hegseth, compartió detalles confidenciales del ataque contra los hutíes. Tan clara y profunda es la falta que el desenlace correcto —e incluso legalmente congruente— sería la salida de Hegseth y, probablemente, del asesor de Seguridad Nacional, Waltz, quien fue quien sumó al periodista Jeffrey Goldberg a la conversación virtual. Si este escándalo hubiera ocurrido bajo cualquier otra administración, la rendición de cuentas sería inevitable.

Pero no con Trump.

Ante el escándalo, Trump se ha atrincherado, negándose a que los miembros de su gabinete rindan cuentas. Los rumores en Washington sugieren que Trump no está dispuesto a despedir a ninguno de los involucrados porque hacerlo implicaría, en su universo, reconocer debilidad y otorgarles un triunfo a sus adversarios. Por la cabeza no le pasa la rendición de cuentas elemental que debe ejercer un gobierno ético.

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El cinismo es el principio rector de su manejo de crisis

Lo mismo pasa en México. Basta ver el caso de Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué el partido oficial se niega a quitarle el fuero a Blanco? Si la evidencia es clara, y la necesidad moral de hacerlo —mucho más para un partido que se dice progresista, que ha prometido renovación moral, que se autodefine como feminista, y bla, bla, bla— es tan evidente, ¿por qué Morena opta por arropar a Blanco?

La respuesta está en el manual de manejo de crisis, uno de los legados esenciales de Andrés Manuel López Obrador. Como Trump, López Obrador asumía cada crisis como una amenaza casi personal a su asidero en el poder. No concebía la rendición de cuentas como un acto de responsabilidad y fortaleza, sino todo lo contrario: quien acepta un error y toma decisiones difíciles para remediarlo, muestra debilidad, pierde puntos políticos y regala una victoria a los adversarios. ¿Cuántas veces escuchó el lector a López Obrador aceptar un error en público? ¿Cuántas veces reconoció un tropiezo propio o de su equipo y actuó en consecuencia, así fuera en contra de sus propios deseos? Se me ocurren muy, pero muy pocas veces, si acaso.

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Todo esto podrá tener sentido como estrategia política populista. Después de todo, proyectar esa aura de invulnerabilidad es esencial para mantener el embrujo sobre la base electoral. Pero no hay que confundirlo con gobierno responsable. Ni mucho menos con gobierno ético.

¿Qué le queda al ciudadano? Recordar frente a las urnas. Los partidos en el poder que le han dado la espalda a la rendición de cuentas y actúan desde el cinismo apuestan por la amnesia colectiva. Trump quiere sacar del ciclo noticioso el chat de Signal y que sus “periodistas” afines desvíen la atención. En México llevamos años en un ciclo similar. Tocará al electorado demostrar que se puede tener memoria y se puede aspirar a gobiernos que asuman que rendir cuentas es de valientes.

@LeonKrauze

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